Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS – A 6 de agosto 2018 (Disponible en Proyecto Puente y Connectas)
El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra cómo para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.
Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.
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Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.
En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.
La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.
Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la Profepa, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1 diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.
En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8.128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.
Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.
Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. “Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones… No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona”.
En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. “Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales”, señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.
Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.
“Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 hrs.)”, detalla el informe.
En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.
“Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río”, recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.
Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México Enrique Peña Nieto.
Profepa advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.
En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. “No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo”, apunta.
El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.
En otro informe de Profepa, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que “las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (..) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad”.
Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.
Perdiendo la vida todos los días
Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano. Su trayecto finaliza en un negocio que -con letras rojas y grandes- tiene escrito en la pared “elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta“. Ya con el recipiente de 20 litros lleno -después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar- el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.
Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.
Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.
Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores, la toxicidad en el Río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.
La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.
El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos, exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.
Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.
Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno Mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.
También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas por la exposición por metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.
Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.
“Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan”, comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.
Así como Dolores, los pobladores le reclaman al gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los pobladores.
No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.
Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario. Sus números han ido en aumento.
“A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la Ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente”, asegura Lamberti.
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