Compartimos con mucha alegría este manual sobre los Biodigestores y la producción de biogas y biofertilizantes – A julio 2022 >>Descargar el manual en pdf<<
Coordinación y revisión del texto: José Augustín Vázquez Investigación y redacción: Anne-Marie Schömig Textos y diseño: Anne-Marie Schömig Ilustraciones: Marlene Sandner Una Producción de Otros Mundos A.C.
Gracias al apoyo de: Global Greengrants Fund (GGF) y American Jewish World Service (AJWS)
Otros Mundos filosofía
Alter Natos – Muchas Maneras, esa es nuestra filosofía.
Hoy en día nos enfrentamos a grandes retos, ya sean las guerras, las enfermedades, la crisis climática o el capitalismo, el caos reina en todas partes. En medio de este mundo caótico y agitado, en Otros Mundos buscamos alternativas que contrarresten las crisis sociales, ecológicas, económicas y políticas. Denunciamos la concentración de poder y de capital de las empresas individuales que acumulan sus beneficios a costa de los derechos humanos y de la explotación de los recursos naturales.
La independencia desempeña un papel importante en la defensa del territorios. A través de modelos energéticos alternativos y sostenibles, intentamos hacer posible la autosuficiencia energética de los pueblos y, al mismo tiempo, contrarrestar la contaminación de la tierra a través de fuentes de energía convencionales como el carbón y el gas.
Porque parte de nuestra visión es un mundo limpio con un modelo de sociedad socialmente solidario. Nuestra convicción es que hay diferentes caminos y puntos de partida en la vida. La diversidad de los problemas actuales exige abordarlos a distintos niveles. Por eso es importante no centrarse en un solo camino, sino utilizar diferentes vías, es decir, Alter Natos.
El cambio climático
Cambio climático: ¿Qué significa realmente este término? Para muchos, el término cambio climático sigue siendo muy abstracto, aunque los efectos ya son claramente perceptibles hoy en día. Para entender el proceso en el que nos encontramos actualmente, hay que distinguir primero entre el efecto invernadero natural y el efecto antropogénico, es decir, provocado por el hombre: El efecto invernadero natural es un proceso natural necesario para la vida en nuestro planeta. Nuestra atmósfera se calienta por la radiación solar. La radiación entrante se refleja desde la superficie de la Tierra hacia el espacio, pero los gases de nuestra atmósfera, como el CO2(dióxido de carbono) y el CH4 (metano), impiden que nos llegue parte de la radiación térmica. El calor atrapado hace que la temperatura media de la Tierra no sea de -18 °C, sino de +15 °C, lo que hace que la vida en la Tierra sea posible para nosotros en primer lugar.
Sin embargo, el efecto invernadero antropogénico hace que la temperatura media siga aumentando. Cada vez se liberan más gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles o la cría de animales de granja. Desde la industrialización, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado enormemente; este incremento de los gases de efecto invernadero intensifica el efecto natural y calienta la tierra cada vez más. Además de alimentar activamente el cambio climático, también estamos privando a la naturaleza de su capacidad para regular el propio efecto invernadero. Los árboles absorben el CO2, y al talar los bosques estamos inhibiendo la capacidad de la naturaleza para equilibrar este ciclo material por sí misma. La mayoría de los científicos coinciden en que el ser humano es responsable del rápido calentamiento global.
Los efectos
Los efectos del calor creciente son enormes para nuestro ecosistema extremadamente sensible. Los casquetes polares se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y las concentraciones de agua en los océanos están cambiando drásticamente. Esto, a su vez, influye en las corrientes oceánicas y, por tanto, también en las corrientes meteorológicas y eólicas. Los fenómenos meteorológicos extremos siguen aumentando y destruyen los hogares de muchas personas y animales, las hambrunas y las sequías se convierten en un peligro para cada vez más personas. En el sector agrícola, las lluvias atípicas están causando grandes dificultades a los agricultores, con períodos prolongados de sequía que se alternan con lluvias extremadamente intensas, que a veces provocan inundaciones. Los arrecifes de coral, que albergan cientos de especies, están muriendo. Un número extremadamente grande de especies está en peligro de extinción, y la desaparición de una especie afecta a todo el ecosistema. La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y los humanos son mayores que nunca.
Justicia energética
Aunque el calentamiento global es un problema mundial, las emisiones que contribuyen al mismo no están distribuidas por igual en todo el planeta. Las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero son significativamente mayores en los países industrializados. Nuestro sistema de liderazgo global: el crecimiento económico infinito en un mundo finito con recursos limitados, sólo alimenta una profunda injusticia social. La disponibilidad de energía también está distribuida de forma desigual. La pobreza energética no describe la falta de acceso a la electricidad, que en gran parte ya está disponible en México. Más bien describe el acceso asequible a dispositivos, tecnologías y servicios que proporcionan un nivel mínimo de bienestar. Por tanto, para hacer frente a la crisis climática internacional, primero tenemos que cambiar nuestro sistema y poner a las personas, y no a los beneficios, en el centro. Para ello, necesitamos conceptos más descentralizados y estrategias de suministro local. Pero esto también significa que la mera sustitución de las fuentes de energía convencionales por las renovables no es suficiente si se sigue construyendo sobre un sistema económico de explotación.
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio FPDS – A 20 de junio del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<
¡7 años de lucha defendiendo nuestra tierra, el agua y los ríos! ¡Exigimos se respete nuestro territorio!
A 7 años de conformar nuestra organización “Frente Popular en Defensa del Soconusco” seguimos fuertes en nuestra posición de no permitir ninguna actividad minera y extractiva en nuestro municipio, porque nuestros ríos y territorio siguen amenazados por la minería, hidroeléctricas y el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala. Todos proyectos asociados a la extracción en la región costa de Chiapas, lugar explotado y contaminado durante muchos años también por la palma aceitera.
A pesar de que los proyectos “Casas Viejas” y “El Bambú” han sido suspendidos por la PROFEPA, los empresarios de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y Grupo Male S.A. de C.V. han conformado el “Comité Regional de Minería”, con el objetivo de seguir mal informando a las personas sobre los supuesto beneficios de la minería y para mantener negociaciones con los ejidatarios para reaperturar las obras en la Mina Cristina, ubicada en el Ejido Libertad. Visitan, mantienen reuniones y ofrecen dinero.
La mina Cristina cuenta con una autorización para las actividades de explotación y exploración emitida en un resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hace 18 años. Después de casi 20 años le decimos a las instituciones responsables de proteger nuestro derecho al medio ambiente sano, que las y los pobladores de Acacoyagua podemos asegurar que de ninguna manera autorizaron una obra inocente de “solo trituración de piedra” y aunque aseguraron que los “jales no contienen soluciones, ni solidos tóxicos”, la mina es aún es un boquete que alberga agua turbia, filtrándose en los cuerpos de agua con las que nos alimentamos y realizamos nuestras actividades diarias. Las leyes ambientales en México nos demuestran que definitivamente la minería en México debe ser prohibida, no queremos más mentiras sobre su regulación o si es sustentable o no. ¡Queremos vida, no muerte!
A la PROFEPA le exigimos nos demuestre información del programa de monitoreo ambiental que realiza en esta zona, especialmente sobre los jales albergados en la mina Cristina. Entendiendo que, si la ley ambiental protege durante tantos años a los empresarios, entonces también debería estar vigilante del territorio antes, durante y después de haber sido explotado.
Al H. Ayuntamiento de Acacoyagua solicitamos que declare el territorio libre de minería, así como anteriormente otros cabildos lo han hecho, de esa manera colaborando por la salud, alimentación y medio ambiente sano en nuestro territorio.
Atentamente
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO (FPDS) RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS
Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.
Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.
Compartimos con ustedes esta nota de Chiapas Paralelo sobre nuestras experiencias instalando biodigestores con diferentes familias en los altos y la meseta comiteca de Chiapas – A 7 de abril del 2022
*Un biodigestor es un sistema de tecnología apropiada, sirve para producir biogás y un fertilizante orgánico. Estos sistemas se adaptan a las condiciones y necesidades de comunidades rurales que se dedican a la producción ganadera.
En la actualidad, la crisis climática es uno de los mayores retos que enfrenta el mundo.
La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y las personas son mayores que nunca. Pero, ¿Qué podemos hacer para detener este proceso?, cuestionó Schpomig. Puesto que las empresas prometen salvar el futuro con las energías renovables, pero abusan de la protección del medio ambiente, el motivo, acumular enormes beneficios a través de megaproyectos a costa de la población y a veces con violaciones de los derechos humanos.
No se puede hablar de desarrollo sustentable. Muchos de estos megaproyectos destruyen la naturaleza y amenazan los territorios de nuestras hermanas y hermanos. En Otros Mundos Chiapas A.C., siempre estamos buscando modelos de energía alternativa, dijo la voluntaria.
En ese sentido, se encontraron con los sistemas de biogás, a pesar de ser pequeñas soluciones sustentables, refuerzan la autosuficiencia energética de los pueblos, una herramienta importante en la lucha contra la explotación capitalista y la defensa de los territorios.
De modo que el año pasado instalaron 18 pequeñas plantas de biogás en la Región V Altos Tsotsil-Tseltal y la XV Meseta Comiteco Tojolabal en Chiapas.
La especialista explicó que una bolsa de lámina negra impermeable al gas funciona como un pequeño biodigestor, y el material para la biomasa se obtiene de los excrementos de animales, convirtiéndose en biogás (metano CH4).
El biogás producido puede utilizarse para cocinar con una estufa de dos quemadores y el producto residual puede esparcirse en los campos como “biol”, un biofertilizante de calidad para nutrir plantas y recuperar suelos. Esto, trae consigo un alivio para las familias, pues desde la instalación ya pueden renunciar a la compra de los tanques de gas licuado de petróleo (gas LP) y del abono adicional.
En estos casos, Schpomig dijo que sólo el biogás y la leña son suficientes. Ya que las familias no sólo se ven aliviadas en lo económico, sino que contribuyen de manera activa a la producción de energía renovable, biofertilizante para las plantas y tratamiento de residuos de las pequeñas explotaciones.
A principios de febrero celebramos nuestra primera reunión de la Red de usuarias y usuarios de biodigestores en Chiapas. Se invitó a todas las familias en las que hemos establecido un sistema hasta ahora. Nos alegramos especialmente de la presencia de tantas mujeres y niños. De hecho, hay tantas mujeres como hombres que trabajan a diario con los sistemas, indicó la técnica.
El encuentro fue un intercambio de experiencias. Cortesía: Otros Mundos Chiapas
Por ello, se reunieron en la finca de Alermo López en la comunidad Cajcam, ubicado en Comitán de Domínguez, con el fin de compartir experiencias recogidas hasta el momento. Lo más importante es que todos los participantes se mostraron entusiasmados y deseosos de contribuir con el intercambio.
De manera que la diversidad del uso de las plantas de biogás es impresionante. Ya sea en las montañas, cerca de la ciudad o en las afueras, han surgido pequeñas soluciones descentralizadas por todas partes, enfatizó Schpomig. Por ejemplo, uno de los sistemas está conectado de manera directa al inodoro y se alimenta en un principio de excrementos humanos.
Otro participante está experimentando con el biogás y quiere utilizarlo para el transporte. “La magia del biodigestor inspira a todos los usuarios”, tal es el caso de Pedro Ruiz, usuario de biodigestor.
Es decir, la particularidad de la planta de biogás es que los productos utilizados proceden de la naturaleza y se convierten directo en energía, sin necesidad de emplear tecnología a gran escala. Incluso, el biol vuelve a encontrar su lugar en la naturaleza como abono.
Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas
Durante el intercambio de experiencias, la ingeniera en energías renovables destacó el diálogo sobre los problemas encontrados, uno de ellos es la reparación de los sistemas dañados. Como se necesita un equipo técnico especial, la reparación actual es cara.
Ya estamos planeando adquirir un dispositivo de este tipo en el futuro para estar preparados para estos casos. Es bonito ver cómo, además de una economía energética más sustentable, se está creando aquí una red entre usuarios. Ya estamos esperando el próximo encuentro con nuestras compañeras y compañeros, finalizó la técnica en protección ambiental.
Una alternativa encaminada a la autogestión energética
Por otra parte, Otros Mundos instaló biodigestores en diferentes puntos de Chiapas, para la generación de biogás y biofertilizante, pues están convencidas y convencidos que se puede transitar hacia un nuevo modelo energético. Por eso, apostaron a alternativas como esas, donde las comunidades y pueblos se van caminando hacia la autosuficiencia y autogestión de sus recursos naturales.
Instalaciones de biodigestores en diferentes puntos de Chiapas. Cortesía: Otros Mundos Chiapas
Además, el uso de los fogones abiertos afecta la salud, en especial de las mujeres, adultos mayores, niñas y niños. En muchas regiones del campo, la dificultad de conseguir leña o su uso exclusivo está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, pobreza de los suelos, entre otras consecuencias.
Aunado a ello, el consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretenden eliminar por el cambio climático. En el ámbito urbano o semiurbano, se da la crianza de cerdos y borregos, generando malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello, consideraron que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar esos efectos y problemáticas, tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.
Imagen: Encuentro de la Red de Usuarias y Usiarios de Biodigestores en Chiapas – Febrero 2022 – Otros Mundos
Compartimos este informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 18 de marzo del 2022
El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de los Bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Estas causas, identificadas en 1999, no sólo siguen siendo importantes sino que han sido profundizadas.
Desde 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) promueve el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. El tema de este año es “Los bosques y la producción y el consumo sostenibles”.
Surge una pregunta: ¿Qué es lo sostenible en la producción y el consumo cuando cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque? Claramente, las numerosas iniciativas y políticas de sostenibilidad relacionadas con los bosques creadas con el apoyo de la FAO y de otros actores internacionales no han logrado detener la devastadora destrucción.
El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de la destrucción sostenible de los bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Las Causas Subyacentes identificadas en 1999 no solo siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace más de 20 años sino que incluso han sido reforzadas de variadas maneras.
Las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques, a diferencia de las causas directas más visibles, como la tala, el agronegocio o la minería, tienden a estar ocultas y a ser menos discutidas y mal comprendidas. Están estrechamente ligadas al sistema capitalista-racista-patriarcal, y también relacionadas con el legado colonial. Entre los ejemplos figuran el no reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques; el control centralizado sobre los bosques que facilita el avance de actividades tanto destructivas como de “conservación de la naturaleza”; y las políticas macroeconómicas, por mencionar algunos.
Al escoger no abordar las causas subyacentes de la feforestación, la FAO y los procesos de políticas internacionales que encabeza seguirán siendo una causa de la deforestación.
Un ejemplo es la definición de bosque de la FAO. Esta definición es un obstáculo de larga data para detener la pérdida de bosques. Considera que una plantación industrial de monocultivos de árboles es un bosque, lo que significa que para la FAO talar un bosque para establecer una plantación de monocultivos de árboles no cuenta como deforestación.
Mas aún, las políticas e iniciativas impulsadas por la FAO en días como el 21 de marzo, que sugieren que la destrucción provocada por las empresas se ha vuelto sostenible y ecológica, son factores clave. Algunos ejemplos son el Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés), la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés), la Mesa Redonda para la Soja Sostenible o el Foro de Bienes de Consumo, de 400 miembros, que promueve la “deforestación neta cero” para 2020 en las cadenas de suministro de carne vacuna, soja, aceite de palma, celulosa y papel. Tales iniciativas no están concebidas para interrumpir la dinámica de destrucción de los bosques de la que dependen sus empresas patrocinadoras para obtener ganancias, señalamos en el informe.
El informe advierte que la formulación de políticas y reglamentaciones que simplemente ignoren las causas subyacentes de la deforestación no sólo está condenada al fracaso sino que fomenta aún más la deforestación a gran escala.
Montevideo, 18 de marzo de 2022 Secretariado Internacional del WRM
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el mal llamado Tren Maya – A 10 de marzo del 2022
El Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito sobre el amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal: la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya deben permanecer paralizadas.
El 30 de noviembre del 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), autorizó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) la MIA en modalidad regional (MIA-R), para la ejecución del proyecto del Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3; que van de Palenque, en Chiapas, a Izamal, en Yucatán.
Ante ese panorama, el 20 de enero del 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal, presentó un amparo por las violaciones al derecho al medioambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario, entre ellos, a obtener información y participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales, tal y como indica el Acuerdo de Escazú, ratificado en la actual administración.
Como consecuencia de ese amparo, el Juzgado Cuarto de Distrito determinó conceder la suspensión definitiva. Ordenó a la Semarnat y DGIRA dejar sin efectos la MIA-R.
Por ello, el 9 de abril del 2021, Semarnat y DGIRA impugnaron la resolución del Juzgado Cuarto ante el Tribunal Colegiado, el cual confirmó la suspensión definitiva.
Pese a la resolución del Juzgado, las obras no han cesado. “Es preocupante la reacción del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en señalar que el Tren Maya no se detendrá a pesar de lo resuelto de manera definitiva por un Tribunal Federal”, señaló la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
De acuerdo con la asamblea, “esto evidencia una tendencia autoritaria que viola la separación de poderes”. Además señalan las “descalificaciones permanentes que el titular del Ejecutivo Federal ha hecho hacia quienes de manera legítima se oponen a este proyecto, (…) poniendo a quienes viven en las comunidades indígenas afectadas en riesgo, dado el contexto de alta vulnerabilidad en que se encuentran”.
Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021
Por Carmen Reina*
Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021. Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.
Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.
El despojo histórico y la desigual concentración de la tierra
La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios. Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:
Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980. Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías. En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.
Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra. En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.
En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.
Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.
Las amenazas al territorio en la región del Polochic y El Estor
Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.
Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]
Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.
Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]
A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.
La extracción de níquel en El Estor
La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno. Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones. Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.
Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.
En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).
Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas
En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Fuente: Observatorios de Industrias Extractivas
Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.
La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.
El acuerdo entre los demonios: Giammattei y los intereses rusos
Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente. Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).
Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.
El amañamiento de la consulta
Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.
En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso. En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]
La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta. Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.
Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q´eqchi´ de El Estor
Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres. La resistencia se desarticuló con el terror militar.
Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.
En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos. Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.
Reflexiones finales
Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá. Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.
El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.
Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.
Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!
[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.
[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.
[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades Q´eqchi´ de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.
[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021
*Socióloga, feminista, defensora de derechos humanos, investigadora y analista política.
En nuestra emisión mensual de abril del programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre la situación actual del agua en San Cristóbal de Las Casas, nos acompañara el Ingeniero Jesús Carmona, así que acompáñanos este martes 5 de abril a las 6 pm.
Acompáñanos este martes 5 de abril a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “¿Llegaremos al día 0 en San Cristóbal?, Problemáticas del agua en el Valle de Jovel” Charlaremos acerca del agua, los manos freáticos, los manantiales y demás temas relacionados al agua en San Cristóbal de Las Casas. Nos acompañará el Ingeniero Jesús Carmona, investigador del Colegio de la Frontera Sur.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 5 de abril a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022
El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.
En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que “Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano” y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones”.
Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.
Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.
Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.
TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)
Compartimos este comunicado del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc – A 5 de febrero de 2022
El frente comunitario denuncia firmemente y señala al grupo de Hugo Gómez Santiz como los autores materiales de la quema de casas, retención de vehículos y todos los actos de violencia que se están viviendo en estos momentos en Oxchuc, Chiapas.
Lamentamos la actitud criminal de Hugo Gómez Santiz al generar este ambiente de terror en la cabecera municipal de nuestro pueblo, ya que al momento han quemado alrededor de 6 casas, dentro de ellas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc.
Al gobierno del estado de Chiapas queremos decirle nuevamente que no ha cumplido con sus responsabilidades, ha hecho caso omiso a nuestras peticiones, siendo su única estrategia la de negociar los puestos en el ayuntamiento de Oxchuc, negociando los tiempos, son los primeros en violentar los derechos colectivos de los pueblos originarios, nos queda muy claro que existe una incompetencia grave en sus funciones.
A la sociedad en general, les pedimos que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.
A las organizaciones sociales de derechos humanos, a los medios de comunicación, a todos aquellos que quieran solidarizarse con el Frente Comunitario pedimos que realicen un pronunciamiento y que este grupo criminal cese la violencia y sean responsables de sus acciones, en una acción urgente exigimos todo el peso de la ley a Hugo Gómez y sus lideres.
¡HUGO GOMEZ RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA EN OXCHUC! ATENTAMENTE FRENTE COMUNITARIO POR LA DEFENSA DE LA LIBRE DETERMINACIÓN DE OXCHUC
Les compartimos el comunicado del Pueblo Creyente – A 25 de enero del 2022
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
A la sociedad civil
A las diferentes creencias religiosas
A los tres niveles de gobierno
A los medios de comunicación
A los hombres y mujeres que construyen la paz.
“… Mantener una constante práctica de análisis de la realidad, con sus luces y sombras, que nos permitan un mejor entendimiento y sensibilidad de la problemática social que se vive, de los esfuerzos que se hacen para construir una alternativa y tener una claridad de conciencia para actuar responsablemente ante los engaños del sistema dominante”. (Carta Pastoral ¡Caminemos Juntos a la luz del Señor! #54).
El año pasado por la situación de la pandemia por Covid-19 no pudimos celebrar nuestra peregrinación de la manera acostumbrada cada año. Hoy nuevamente como Pueblo Creyente peregrinamos este día, celebrando los 11 años de la Pascua de Jtatic Samuel Ruíz García, profeta del pueblo que sufre y que entregó su vida de manera generosa a esta diócesis; y los 2 años de haber sembrado la Carta Pastoral de nuestro obispo Rodrigo Aguilar: ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!
La pandemia ha traído como consecuencias en nuestro país el alza de precio de la canasta básica, del gas L.P., de la gasolina y otros servicios indispensables. Subió el precio del pasaje a las comunidades lo cual aumenta el precio de los productos del campo. También se ha visto en los pueblos y ciudades el aumento de comercios ambulantes y bazares de ropa americana. Existe desempleo y falta de oportunidades para progresar. Nuevas variantes del covid-19 han surgido. Y la posibilidad de una nueva crisis económica mundial está a la puerta.
Como Pueblo Creyente nos unimos, en este día, para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos. Así como supuestos problemas agrarios en Ejidos y Rancherías, o entre pueblos, como el caso más conocido de Santa Marta y Aldama. También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.
En el asesinato del hermano catequista y compañero Simón Pedro todavía no se ve la acción de la justicia.
Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipuladas por partidos políticos, caciquismo y empresariado. Un sistema neoliberal que busca el control del territorio y los recursos, a toda costa, con tal de obtener la máxima ganancia. Seguimos observando la tala inmoderada de árboles y el tráfico de los mismos, sin que las autoridades correspondientes hagan algo.
Como Pueblo Creyente denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos.
Queremos justicia, que actúe el gobierno y no pasa nada, pero si nosotros nos comprometemos podemos hacer algo.
Ante la situación que se vive la Sociedad Civil organizada ya está haciendo algo. Las mujeres han logrado prevalecer y organizarse en las comunidades, lo cual hace visible la importancia de su protagonismo en la historia. Nosotras y nosotros nos unimos también a esta lucha en la construcción del Buen Vivir.
Ha aumentado el flujo de migrantes de distintos países y sobre todo de Haítí, en diferentes rutas de nuestro estado de Chiapas. Estos últimos tienen problemas para comunicarse porque muchos no entienden ni hablan el español.
Algunas y algunos migrantes son empleados en negocios, también como barrenderos y peones.
Todo este éxodo migratorio hace que la Pastoral de Movilidad Humana redoble sus esfuerzos en el apoyo solidario a estas hermanas y hermanos. Pero a la vez existen también amenazas e intimidaciones contra personal que colabora en las casas de migrantes coordinados por Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.
Por otra parte nos enteramos con tristeza, coraje e indignación de la muerte de 58 migrantes, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, provocado por llevar ocultos en un tráiler a más de 100 migrantes. Con lo cual se evidencia la otra cara del crimen organizado.
La Arquidiócesis de Tuxtla en su comunicado decía: “Un lamentable hecho como este, no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. Además, pone en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?
Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada “migración segura, ordenada y regular”, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria.
La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo”.
Otro aspecto que afectó a nuestras comunidades en 2021 es el covid-19, y a finales del año enfermedades como tos y gripe que se parecen al covid, a veces se puede controlar y a veces no. No se sana con medicinas o jarabes.
Como Pueblo Creyente hemos mantenido nuestra convicción del respeto a la Madre Tierra y la defensa de Tierra y Territorio. Cada vez se nos dificulta hacer conciencia de esto en nuestras comunidades pero seguiremos firmes en hacerlo.
También continuamos construyendo alternativas de Acuerdos Comunitarios que den vida a nuestros pueblos y que no nos dejemos absorber por la “globalidad de la indiferencia” como nos dice el Papa Francisco (cf. Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016).
Como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.
Hacemos un llamado a todas las personas, sin importar su credo religioso, a reconocer la importancia de la vida comunitaria, que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, comprometernos y organizarnos para la defensa de la vida en nuestros pueblos, buscando recuperar nuestros valores y el camino de fe que Dios nos señala para vivir en un mundo de hermanos y hermanas. Y abrirnos en la búsqueda de caminos de esperanza junto con los pueblos de otros países.
Pedimos sabiduría al Corazón del Cielo y Corazón de la Madre Tierra para saber cómo acompañar los procesos de los pueblos y que surjan profetisas y profetas, individuales y colectivos, que acompañen al pueblo en las diferentes dimensiones que abarcan al ser humano. Y ser un signo de esperanza de esta transformación que Dios quiere para la humanidad “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia” (2Pe 3,13).
Buscaremos alternativas para caminar como Iglesia Diocesana en la exigencia de la sinodalidad a la que nos está empujando el Ch´ul Espíritu.
Como Pueblo Creyente seguimos decididos y decididas a seguir construyendo una alternativa ante la violencia e inseguridad.
Como Pueblo Creyente Invitamos a todos los pueblos a construir juntas-juntos la justicia y la esperanza.
“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”
Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
A 25 de enero de 2022.
Imagen: SERAPAZ México y Diócesis de San Cristóbal
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021
El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.
De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.
Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.
Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.
No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.
En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.
Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.
El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.
Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.
Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.
Diciembre 2, 2021
ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
