Acompáñanos a la presentación del informe “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?
El 23 de febrero 2023 por Zoom. México 4 PM / 5 PM Perú / 6 PM Bolivia / 7 PM Argentina / Chile / Brasil
*Este evento será realizado en español y inglés, con interpretación simultánea a través de Zoom.¡Registrate aquí!
Les invitamos cordialmente a la presentación del informe, “Explotación del litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y MiningWatch Canadá, – una actualización importante al documento de 2021 donde presentamos un análisis sobre las implicaciones socioambientales que la expansión del extractivismo minero proyecta en México, comandado por la Transición Energética Capitalista.
Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los habladores del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante esto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y posicionar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.
Escucharemos el posicionamiento que frente a esto tiene la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería en México, con reflexiones desde Bolivia y de otros países en torno a la extracción de litio en sus países.
Con la participación de:
La Red Mexicana de Afectadas/os por la minería
Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) – Bolivia
Otros panelistas por ser confirmados!
Moderado por: MiningWatch Canadá
Contexto: Este informe brinda elementos para cuestionar la supuesta necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial, explicando que en realidad esta ola extractivista en México es dinamizada por la política neoliberal del Tratado entre México, Estados Unido y Canadá (T-MEC) y el sector automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente a el dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos. Por otro lado, el informe cuestiona la idea de que este extractivismo es parte de un proyecto que fortalece la “soberanía nacional”, y que por ello es positivo y necesario para el desarrollo del país, cuando en realidad lo que avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado, de alto riesgo para el erario público, y basado en el despojo de los pueblos y la destrucción de sus territorios. El informe actualiza la información en torno a los proyectos más avanzados de explotación de litio y agrega el mapeo de las zonas de prospección minera impulsada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), haciendo una revisión de las implicaciones hídricas que estos proyectos tendrían.
Compartimos este pronunciamiento de Global Just Transition, Institute for Policy Studies y la invitación al presentación del manifiesto y campaña por una transición energética justa – A 10 de febrero del 2023
Un llamamiento a líderes, instituciones y nuestros hermanos y hermanasA más de dos años después del estallido de la pandemia de COVID-19, a lo que se suman las catastróficas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, vemos surgir una «nueva normalidad». Este nuevo statu quo global refleja un empeoramiento de varias crisis: social, económica, política, ecológica, biomédica y geopolítica. Se acerca el colapso ambiental. La vida cotidiana se ha militarizado cada vez más. El acceso a buenos alimentos, agua potable y atención médica asequible se ha vuelto aún más restringido. Más gobiernos se han vuelto autocráticos. Los ricos se han vuelto más ricos, los poderosos más poderosos y la tecnología no regulada solo ha acelerado estas tendencias.
Los motores de este statu quo injusto —el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, las relaciones depredadoras con la naturaleza y diversos fundamentalismos— están agravando la situación. Por lo tanto, debemos debatir e implementar urgentemente nuevas visiones de transición y transformación ecosocial que sean justas respecto al género, regenerativas y populares, que sean a la vez locales e internacionales.
En el presente Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, sostenemos que los problemas del Sur Global geopolítico son diferentes de los del Norte Global y de las potencias emergentes como China. Un desequilibrio de poder entre estas dos esferas no solo persiste debido a un legado colonial, sino que se ha profundizado debido a una economía global neocolonial. En el contexto del cambio climático, de la creciente demanda de energía y la pérdida de biodiversidad, los centros capitalistas han aumentado la presión para extraer la riqueza natural y depender de la mano de obra barata de los países de la periferia. No sólo sigue vigente el conocido paradigma extractivo, sino que la deuda ecológica del Norte con el Sur va en aumento.
Lo nuevo de este momento actual es la ‘transición energética’ del Norte a las energías limpias, que han ejercido aún más presión sobre el Sur Global para producir cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, madera de balsa para turbinas eólicas, brindar superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno. Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte. Una prioridad para el Norte Global ha sido asegurar las cadenas de suministro globales, especialmente de materias primas críticas, y evitar que ciertos países, como China, monopolicen el acceso. Los ministros de comercio del G7, por ejemplo, recientemente abogaron por una cadena de suministro ‘responsable, sostenible y transparente’ para minerales críticos a través de políticas de cooperación internacional y finanzas, que incluye el comercio de bienes y servicios ambientales en el marco de la OMC. El Norte Global ha presionado para que se firmen más acuerdos comerciales y de inversión con el Sur Global para satisfacer su necesidad de recursos, en particular aquellos que son parte integral de la ‘transición energética’. Estos acuerdos, diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los estados a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde.
Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, los gobiernos se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción. Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.
Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse, desde la producción y distribución hasta el consumo y la disposición de residuos. La sustitución de coches de combustión interna por vehículos eléctricos es insuficiente, pues es necesario cambiar todo el modelo de transporte individualista, reduciendo el consumo de energía y promoviendo opciones de movilidad colectiva y pública sostenible.
De esta manera, las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo. Las élites corruptas del Sur Global también han colaborado en este sistema injusto lucrando con la extracción, reprimiendo a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza y perpetuando la desigualdad económica.Más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas.
Como activistas, intelectuales y organizaciones de diferentes países del Sur, hacemos un llamado a las y los agentes de cambio de diferentes partes del mundo a comprometerse con una transición ecosocial radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular que transforme tanto el sector energético como las esferas industrial y agrícola, que dependen de insumos energéticos a gran escala. Según los diferentes movimientos por la justicia climática, “la transición es inevitable, pero la justicia no”.
Todavía estamos a tiempo de iniciar una transición justa y democrática, que desmonte las relaciones (neo-)coloniales entre Norte y Sur Globales. Podemos alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí, reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente, y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa tanto de la diversidad como de nuestra casa común planetaria.
La transición energética debe ser parte de una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva la democracia energética. Debería restar importancia a las instituciones a gran escala (agricultura corporativa, grandes empresas de energía), así como a las soluciones basadas en el mercado. En cambio, debería fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y las organizaciones sociales. Por lo tanto, desde el presente Manifiesto, establecemos los siguientes ocho puntos:
Alertamos que una transición energética liderada por megaproyectos corporativos, provenientes del Norte Global y aceptados por numerosos gobiernos del Sur, implica la ampliación de las zonas de sacrificio en todo el Sur Global, la persistencia del legado colonial, el patriarcado y la trampa de la deuda. La energía es un derecho humano elemental e inalienable, y la democracia energética debe ser nuestro objetivo.
Llamamos a los pueblos del Sur a rechazar las falsas soluciones que vienen con nuevas formas de colonialismo energético, ahora en nombre de una transición ‘verde’. Hacemos un llamado explícito a continuar la coordinación política entre los pueblos del Sur y al mismo tiempo a buscar alianzas estratégicas con sectores críticos del Norte.
Para mitigar los estragos de la crisis climática y avanzar en una transición ecosocial justa y popular, exigimos el pago de la deuda ecológica. Esto significa, ante la responsabilidad desproporcionada del Norte Global por la crisis climática y el colapso ecológico, la implementación real de un sistema de compensación al Sur global. Este sistema debe incluir una considerable transferencia de fondos y tecnología apropiada, y debe conllevar la cancelación de la deuda soberana para los países del Sur. Apoyamos una política de reparaciones por las pérdidas y daños sufridos por pueblos indígenas, grupos vulnerables y comunidades locales debido a proyectos de minería, grandes represas y energía sucia. También apoyamos las luchas para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera en nuestros países —a través del fracking y proyectos offshore— y repudiamos el hipócrita discurso de la Unión Europea, que recientemente declaró al gas natural y a la energía nuclear como “energías limpias”. Como ya se planteó en la Iniciativa Yasuní en Ecuador en 2007, siendo una idea que hoy es apoyada por muchos sectores y organizaciones sociales, apostamos por dejar los combustibles fósiles bajo tierra y a generar las condiciones sociales y laborales necesarias para abandonar el extractivismo y transitar hacia un futuro post combustibles fósiles.
De manera similar, rechazamos el colonialismo verde bajo la forma de acaparamiento de tierras para parques solares y eólicos, la extracción indiscriminada de minerales críticos y la promoción de «soluciones» tecnológicas como el hidrógeno azul, verde y gris. El cercamiento, la exclusión, la violencia, la invasión y el atrincheramiento han caracterizado las relaciones energéticas Norte-Sur pasadas y actuales y no son aceptables en una era de transiciones ecosociales.
Exigimos la protección efectiva de los y las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, en particular los pueblos indígenas y las mujeres que están en la primera línea de la resistencia al extractivismo.
La eliminación de la pobreza energética en los países del Sur debe estar entre nuestros objetivos fundamentales, así como de la pobreza energética de partes del Norte Global, a través de proyectos de energía renovable alternativos, descentralizados y distribuidos equitativamente que sean propiedad de las comunidades y sean operados por ellas mismas.
Denunciamos los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Debemos detener el uso de acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales que, en última instancia, promueven una mayor extracción y refuerzan un nuevo colonialismo.
Nuestra alternativa ecosocial se basa en innumerables luchas, estrategias, propuestas e iniciativas comunitarias. Nuestro Manifiesto se conecta con la experiencia vivida y las perspectivas críticas de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades locales, mujeres y jóvenes en todo el Sur Global. Se inspira en el trabajo realizado sobre los derechos de la naturaleza, buen vivir, vivir sabroso, sumak kawsay, ubuntu, swaraj, los comunes, la economía de los cuidados, la agroecología, la soberanía alimentaria, el postextractivismo, el pluriverso, la autonomía y la soberanía energética. Sobre todo, hacemos un llamado a una transición ecosocial radical, democrática, popular, con justicia de género, regenerativa e integral.
Siguiendo los pasos del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, este Manifiesto propone una plataforma dinámica que invita a unirse a nuestra lucha compartida por la transformación ayudando a crear visiones y soluciones colectivas.
La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.
El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.
Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.
El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.
Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.
Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.
El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3 por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.
Más agua
Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.
“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.
Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.
El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.
Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.
Imagen: Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los derechos humanos
A los Medios libres y alternativos
A los Medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Al Pueblo de San Pedro Chenalhó
Hermanas y hermanos:
Recordamos que el sagrado agua es vital para nuestra vida humana y la de otros seres vivientes en esta tierra. Que es un regalo de la Vida y el uso, así como el acceso al agua es un derecho humano contemplado en el artículo 4º de nuestra Constitución Mexicana y que los tres niveles de gobierno es su responsabilidad garantizar el cumplimiento de este derecho humano. Pero ya suman seis familias de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que les han quitado el agua y energía eléctrica.
En sentido de lo anterior denunciamos con indignación que el día de ayer 15 de diciembre, en un lapso de tres horas (entre las 5pm- 8.30pm), la familia Pérez Pérez integrada por Pedro Pérez Pérez, Guadalupe Pérez Días madre de familia, quienes comparten servicio de agua y luz eléctrica con su hijo Jaime Pérez Pérez y su esposa Flor de María Jiménez Hernández junto con sus dos hijos menores de edad; miembros de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, les fue cortado el servicio de agua y energía eléctrica. El corte de los servicios fue realizado por los partidistas acompañados de su agente y patronatos de la comunidad Campo Los Toros. Esta violencia y violación a los derechos humanos cometidos en contra de la familia se debe a que le compartía el uso de electricidad a Juvencio Pérez Solís, miembro de la familia quien ya vive en otro hogar y que le habían cortado los mismos servicios junto a 4 familias más desde el 8 de febrero del 2021.
Como recordarán, el pasado 10 de noviembre del 2022, realizamos una conferencia de prensa1 en frente de la presidencia municipal de Chenalhó, para denunciar una serie de violaciones a los derechos humanos2 de nuestros compañeros y compañeras de la Organización de las comunidades Bach’en, Campo Los Toros, colonia Puebla y Nuevo Yibeljoj, que tanto el ayuntamiento de Chenalhó, presidido por el C. Abraham Cruz Gómez y sus agentes municipales de las respectivas comunidades en mención, no han tenido voluntad política y sensibilidad humana para resolver dichos conflictos de manera seria y transparente.
Desde nuestro espíritu y convicción política de la No Violencia, le exigimos a las autoridades municipales restablecer todos los derechos de nuestros compañeros y compañeras al agua y luz eléctrica, en un lapso de 11 días después de dicha conferencia. Sin embargo, el presidente de Chenalhó decidió mantenerse callado y haciendo caso omiso de una intervención realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de fecha 14 de noviembre del presente, dirigido al: Gobernador de Chiapas, a la Secretaria general de gobierno del estado de Chiapas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al citado munícipe. Y hasta el 1 de diciembre el alcalde de Chenalhó mandó un mensaje vía whatsapp diciendo:
“Directiva buenos, Buenas tarde, seraque me puede marcar cuando puedas porque kiero desirte algo sobre los asuntos pendiente”. Obviamente, no le marcamos porque decidimos que después del 10 de noviembre cualquier comunicación respecto a los conflictos, debe tener seriedad.
A lo que el día 3 de diciembre enviamos una carta formal al alcalde municipal, exigiéndole que lo que queremos es el restablecimiento del agua y luz eléctrica de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los toros.
Y hasta el 10 de diciembre, el presidente de Chenalhó y el síndico municipal C. Juan Erasto Rodríguez Pérez, nos mandan una invitación escrita para asistir a una plática en la comunidad Bach’en para el día 20 de diciembre de este año, según para “dar seguimiento a la problemática” de la comunidad Bach’en.
A lo que el 15 de diciembre, les respondimos dicha invitación mediante un escrito y entregado a una de las secretarias del presidente municipal, en donde rechazamos caer en juegos, e insistirles si de verdad tienen voluntad de resolver dicho problema, es demostrando con la reconexión del agua y electricidad de nuestros compañeros de las comunidades Bach’en y Campo Los Toros.
Y grande fue nuestra sorpresa e indignación, mientras estábamos entregando la carta en la presidencia de Chenalhó para exigir la reconexión del agua y electricidad de las comunidades de Bach’en y Campo Los Toros; el agente y patronato de agua y luz de Campo Los Toros, llegaron a la casa de nuestro compañero Pedro Pérez Pérez para desmantelarle los servicios de agua y luz eléctrica.
Es indignante que después de la Masacre de Acteal y como respuesta a nuestras exigencias de justicia y respeto a la construcción de nuestra autonomía, el Estado mexicano ha creado con la impunidad de que en las comunidades y autoridades comunitarias afiliadas al municipio de Chenalhó, nos castiguen de manera absurda; cortándonos el servicio de agua y luz eléctrica, porque saben que son necesidades básicas y así creen lograr nuestra renuncia a nuestra lucha y resistencia como organización.
Ante todo lo anterior, por la burla y humillación del agente y patronato de agua y de luz eléctrica de la comunidad Campo Los Toros, nuestros compañeros han tomado la decisión de darles una última oportunidad hasta el día domingo 18 del presente para que reconsideren y remienden sus errores, reconectando los servicios de agua y luz eléctrica de las 6 familias afectadas y violentadas por los supuestos usos y costumbres y acuerdos comunitarios y que 4 de ellas se les ha privado del derecho humano del agua desde hace 23 meses.
Pero, si no hay respuesta favorable a nuestra exigencia dentro de 2 días, nuestros compañeros realizarán ellos mismos la reconexión del agua y electricidad, el día 19 de diciembre, ya que es su derecho, porque no han faltado en los trabajos de mantenimiento de dichos servicios en cuestión. Y responsabilizamos a las autoridades competentes de nuestra seguridad e integridad física y psicológica durante ese día.
Al respecto, hermanas y hermanos de organizaciones y pueblos hermanos; a los medios de comunicación y al público en general; les pedimos estar atentos este día lunes 19 de diciembre, y si los partidistas de la comunidad Campo Los Toros cometen algún acto violento hacia la integridad física y psicológica de nuestros compañeros y compañeras durante y después del trabajo de reconexión del agua y electricidad; reiteramos que los responsables inmediatos serán el presidente Abraham Cruz Gómez, el síndico municipal Juan Erasto Rodríguez Pérez y el agente y patronatos de agua y de luz de la comunidad mencionada.
Esta es la situación de derechos humanos y el trato que nos dan los partidistas y el ayuntamiento de Chenalhó, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Masacre de Acteal y de la celebración de los 30 años del nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Petición:
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a lo largo de sus casi 30 años de caminar han enfrentado diversas agresiones, hostigamientos y violencia a familias pertenecientes a la organizaciones en sus 25 comunidades. Este año no fue la excepción.
Ahora familias en la comunidad Campo los Toros sufren del corte de servicios públicos como energía eléctrica y el agua potable por parte del Ayuntamiento del Municipio de Chenalhó, encabezo por el señor Abraham Cruz Gómez
Por eso pedimos alto al hostigamiento y violación de derechos humanos a estas familia y todas las familiar que integran a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Así mismo exigimos que restablezcan de inmediato los servicios básico y esenciales para estas familias.
Compartimos con ustedes esta serie de 3 relatos digitales basados en la técnica del “digital Storytelling”; son relatos testimoniales creados a partir de la experiencia compartida de las mujeres chicomuselenses que aceptaron participar en el proyecto de investigación “Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses” que tuvo lugar entre enero 2020-enero 2022, realizada por Linamar Campos
Sipnosis: Tres compañeras de lucha de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento opositor a la extracción de barita en Chicomuselo por parte de la minera canadiense BlackFire Ltd., comparten sus experiencias y las razones que las motivaron a participar en la defensa de sus espacios y el medio ambiente.
Compartimos con ustedes algunas fotografías y en video del foro y presentación de informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina que se realizó el pasado viernes 21 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Compartimos esta carta abierta sobre el caso en la amazonia ecuatoriana – A Septiembre del 2022
Campaña global para Reclamar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad
Señor Guillermo Lasso Mendoza
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dr. Íñigo Salvador
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Señor Juan Carlos Holguín
CANCILLER DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LLAMAN A ECUADOR A APELAR ANTE LA CORTE SUPREMA DE LOS PAÍSES BAJOS
Septiembre, 2022
El 11 de diciembre 2020, muchas organizaciones y redes que luchamos por el respeto de los derechos humanos, de la naturaleza y el acceso a la justicia, hemos solicitado al gobierno del Ecuador, que realice la defensa tecnica adecuada ante el sistema judicial neerlandés, para que logre la nulidad del laudo arbitral que amenaza los derechos humanos de más de 30.000 personas, campesinos e indígenas de seis pueblos amazónicos. Más de 260 organizaciones y colectivos, que representan a más de 280 millones de personas que firmaron este pedido. Sabemos que el 28 de junio de 2022, la corte de apelación de los Países Bajos rechazó en segunda instancia la reclamación de Ecuador para anular el laudo arbitral en favor de Chevron. Este laudo demanda en particular que el Estado pague una indemnización multimillonaria a Chevron y que el Estado ecuatoriano impida la ejecución de la sentencia de Lago Agrio, en el cual se condena a la petrolera a pagar más de 9.5 mil millones de dólares, para reparar el daño ambiental social y cultural que causó con sus operaciones petroleras en la Amazonia de Ecuador. Esta sentencia ha sido ratificada por todas las instancias judiciales de Ecuador.
Hasta ahora la UDAPT, Unión de los Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (hoy Chevron) no ha recibido ninguna información indicando que el gobierno tiene la intención de apelar la decisión neerlandesa en la Corte Suprema de los Países Bajos. A nuestro entender, el 28 de septiembre de 2022 vence el plazo para introducir una apelación ante la Corte Suprema de los Países Bajos. Organizaciones y redes sociales ecuatorianas (CONAIE, CONFENAIE, COICA, CDES, INREDH, FIAN- Ecuador, Amazon Watch, UDAPT) han escrito esta semana al Procurador a Ecuador para exhortarle este recurso, ver carta aqui.
Este caso, preocupa enormemente a los colectivos sociales, de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, defensores de la naturaleza, campesinos, defensores de los derechos humanos, entre otros de todo el planeta. Nuestra preocupación radica en el grave precedente que se estaría generando, al permitir, que un laudo arbitral basado en un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (BIT), tenga supremacía ante una sentencia constitucional de un Estado, y que cuya sentencia tutela y protege los derechos elementales de más de 30.000 personas. Adicionalmente, vemos con mucha preocupación las acciones del Gobierno de Ecuador. Ecuador, que preside el grupo de trabajo, proceso para la construcción y aprobación del Tratado Vinculante, en cumplimiento de la resolución 26/9, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y derechos humanos, con el objetivo de poner fin a la impunidad corporativa de las transnacionales como Chevron, que cometen graves vulneraciones a los derechos humanos en el mundo.
Recordemos que el Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger sus ciudadanos y a la naturaleza; y, de garantizar el acceso efectivo a la justicia; debe comprenderse con la ejecución de una sentencia como parte del acceso a la justicia. Impedir que se ejecute una sentencia es vulnerar ese derecho. El laudo arbitral es contrario a la Constitución ecuatoriana y viola la separación de los poderes. La sentencia del caso Lago Agrio encuentra a Chevron culpable y la condena a pagar la reparación del daño causado. Además, Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales de DD.HH., como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos que estipula en el Capítulo I, en su artículo 25 sobre la Protección Judicial que «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales…» y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estipula en su artículo 8 «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos.»
En esta perspectiva, le instamos a no interferir en el juicio privado entre los afectados por las operaciones petroleras y Chevron y a cumplir con su deber de garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos y la seguridad jurídica, especialmente de:
– introducir el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de los Países Bajos antes del 28 de septiembre, fundamentada en una defensa adecuada, conforme al derecho constitucional ecuatoriano, a los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales de DD.HH., ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas.
– respetar la sentencia de Lago Agrio para reparar los daños causados por las operaciones petroleras de Chevron y no intervenir en las cortes extranjeras, para impedir las acciones de ejecución (exequátur) de los demandantes del caso Lago Agrio.
– informar de forma oportuna, adecuada, suficiente y transparente a los firmantes de ésta carta, y en particular a los afectados y afectadas organizados en la UDAPT, a fin de que puedan defenderse de cualquier amenaza sobre sus derechos.
Le instamos a apelar la sentencia neerlandesa para no sentar un precedente en favor de la impunidad corporativa en el mundo y de garantizar el acceso efectivo de las comunidades ecuatorianas en su larga batalla por la justicia y la reparación.
Compartimos este video del Movimiento Mundial por Los Bosques Tropicales WRM apropósito del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
En este marco, queremos compartir el nuevo video “Uganda: Resistir a las plantaciones industriales de palma aceitera”, producido por la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales de Palma Aceitera en África Occidental y Central.
El video (disponible en inglés [1] y francés [2]) destaca la resistencia de las comunidades en las islas de Buvuma, en Uganda, donde la empresa Bidco -parcialmente propiedad de la empresa transnacional Wilmar- está tratando de expandir sus plantaciones de palma aceitera. Con falsas promesas, incluido el uso de esquemas de pequeños agricultores, la empresa quiere expandir su control sobre los territorios y la vida de las comunidades.
Sin embargo, las comunidades están decididas a resistir y crear conciencia al exponer las prácticas engañosas de la empresa. Su objetivo es que comunidades en Uganda y en otros lugares no caigan en las mismas trampas.
¡Comparte el video para apoyar la lucha de las comunidades de las islas de Buvuma!
Día Internacional del Lucha contra los Monoculitvos de Árboles 2022
El 21 de Septiembre, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, organizaciones, redes y movimientos celebran la resistencia y alzan sus voces para exigir que se detenga la expansión de las plantaciones industriales de árboles.
Estas plantaciones invaden territorios y afectan la vida de pueblos y comunidades. El Día fue declarado en 2004, durante un encuentro de una red comunitaria que lucha contra las plantaciones industriales de árboles en Brasil. Se eligió el 21 de septiembre porque en esa fecha Brasil celebra el Día del Árbol.
“Donde se asoma el venado” es un documental realizado por Sandra Gayou y Víctor Romero, ambos recorrieron diversas comunidades mayas de Yucatán para retratar las otras luchas que ahí se dan contra diversos megaproyectos de energías renovables que crecen a borbotones generando daños ambientales, sociales y culturales que están siendo eclipsados por la construcción del Tren Maya.
Por Carlos Underwood / @carloselunder
Más allá de la batalla mediática en el Tramo 5 (Cancún-Playa del Carmen-Tulum) donde el Tren Maya —pese amparos y resistencia social— devasta selva, menoscaba cuevas inundadas, vestigios arqueológicos y fragmenta el corredor biológico de especies protegidas y en peligro de extinción, pobladores mayas de Yucatán libran una batalla legal por defender su territorio de megaproyectos de energías renovables y del mismo mal llamado Tren Maya, obra emblemática del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ante la Invisibilización de la lucha de las comunidades mayas en Yucatán por proteger su tierra y recursos naturales, los documentalistas Sandra Gayou y Víctor Romero, respectivamente, han emprendido un filme de corte social para brindar luz a un proceso de defensa del territorio por un intento de despojo recurrente, minimizado y ocultado por la propaganda de Estado.
En Yucatán, sumado a la devastación del Tren Maya y la preocupación por la creación de polos de desarrollo en sus estaciones, los megaproyectos de energías solares y eólicos —entre otros males como las granjas porcícolas— son una realidad en el estado desde 2016 y actualmente hay casos de corrupción por parte de los comisarios ejidales que confronta a los pobladores, dueños de la tierra.
“Donde asoma el venado” es el nombre de la pieza audiovisual, cuyo estreno se espera en enero de 2023. El documental de ambos autores es un proyecto de investigación respaldado académicamente por UAM-Xochimilco, pero económicamente independiente.
Por ahora, Sandra Gayou y Víctor Romero documentan con cámara en mano las voces de aquellos comuneros que resisten, alzan la voz y preparan articuladamente una defensa sustentada en las leyes, en base al derecho mexicano: la resistencia de aquellos hombres y mujeres con puño en tierra es pacífica y en el papel, invisible también para los medios de comunicación que buscan la trifulca y la confrontación contra el Estado como faro para guiar a una audiencia ávida de choque.
“Desde que se inició la construcción del megaproyecto del Tren Maya se ha invisibilizado lo que sucede en las comunidades mayas en Yucatán, específicamente frente a las energías renovables”, explica Sandra Gayou para Zonadocs, en entrevista online desde Yucatán.
“Es una problemática de despojo del territorio que viene desde el 2016, cuando se le asignó a Yucatán 9 de 18 proyectos de energía renovable”, entierra.
El Plan de Transición Energética promovido a nivel nacional ha llevado megaproyectos al estado de Yucatán que, más allá de beneficiar a un modelo sustentable de energía:
“la implementación incrementa el grado de vulnerabilidad territorial de la península y no contempla un modelo de transición energética, pues tan sólo busca que mediante megaproyectos privados se expanda la generación de energía para los grandes consumidores”(1).
Es ahí donde ambos documentalistas enfocan sus esfuerzos para orientar la mirada de la gente en un país sumido en una disputa visceral por un tren cuya atención mediática es para el Tramo 5, debido a que abarca la zona norte de Quintana Roo, de importancia turística y biodiversidad inigualable.
En ese Tramo 5 los hoteleros —en su mayoría franquicias españolas— evitaron proteger la selva: los empresarios de complejos turísticos de la Riviera Maya presionaron al gobierno federal para que el Tren Maya Tramo 5 cruzara la selva virgen y no la carretera federal, como se tenía planeado en un inicio. El gobierno y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) cedieron ante las presiones del poder económico, de los hoteleros españoles.
También la propaganda de Estado sobre el tema, repetida hasta el hartazgo por López Obrador en su “Mañanera” y secundada por Youtubers o supuestos periodistas cuya trayectoria antes del nuevo régimen era desconocida, ha opacado los hechos de despojo en Yucatán, en las comunidades mayas.
“El cortometraje documental plantea cómo ha sido el proceso de defensa del territorio, primero, por el despojo de tierras, o el intento de despojo para hacer estos megaproyectos tanto solares como eólicos, y por la coyuntura política abordamos el Tren Maya, por impactos que ya hay en Yucatán”, explica Sandra Gayou, también comunicóloga social.
Víctor Romero, quien tiene una vasta experiencia en proyectos cinematográficos, reconoce que al visitar las comunidades se encontraron con que “hay sectores que están de acuerdo con esos polos de desarrollo” —incluidos en el megaproyecto del Tren Maya—, pero también hay un “descontento por cómo el gobierno se apropia de los territorios”.
“El problema está en cómo se da la apropiación del territorio, se hace de forma legal, aparentemente, pero cuando reclaman las tierras no se hace de manera legal o los pagos no son los adecuados, se hace por los comisarios ejidales: hay comunidades que denuncian corrupción en el tratamiento en la venta de las tierras”.
La comunidad de San José Tipceh frenó con amparos la instalación de una planta fotovoltaica (energía Solar Ticul A y Ticul B), lo que se traduce en una historia de éxito para una comunidad organizada, documentada en “Donde asoma el venado”.
“Ahí el proceso de defensa fue legal, a través de amparos se demostró que las tierras eran ejidales, y no de una persona que quería comprar a precios bajos. Fue un proceso exitoso para la comunidad, con aristas”, puntualiza Romero.
Los documentalistas también visitaron a Maxcanú, punto clave para el proyecto del Tren Maya en el Tramo 3 (Calkiní a Izamal). Rogelio Jiménez Pons, entonces director general de la Fonatur, en un discurso con tintes nacionalistas el 2 de junio de 2021, recalcó en esa ocasión que la estación serviría como ejemplo para “rescatar la historia con una visión a futuro”.
“Sobre nuestra investigación, sobre los derechos de vía para el Tren Maya, nos dimos cuenta de que esta historia también tenía una deuda, una deuda con el pueblo de Yucatán. Encontramos que existían cuentas pendientes con comunidades y propietarios que no recibieron sus pagos por sus tierras cuando se construyeron las vías de ferrocarril, algunos datan de mediados del siglo 20. Desde abril Fonatur-Tren Maya comenzó a saldar esa deuda histórica pagando a los propietarios de los terrenos donde pasan las vías férreas: se trata de un acto de justicia con el Sureste”, gritó Jiménez Pons ante los medios nacionales en ese cercano 2021.
Sandra explica que visitó Maxcanú en esa ocasión, donde Fonatur remozó el caso de la estación, pero actualmente ni siquiera se conservó la estructura. Es decir, fue utilería, escenario para la presentación del Tramo 3.
“Finalmente, la estación o el polo turístico quedará kilómetros antes de la entrada al pueblo”, ejemplifica Sandra, quien es clara al decir que las afectaciones por los megaproyectos ya son visibles en las comunidades.
Víctor relata que justo en esa zona, en Maxcanú, hay una devastación de selva sin precedentes, con troncos a pie de carretera e irónicamente hay una vía paralela de tren a la antigua. En otras palabras, no se utilizó la vía “vieja” ferroviaria para el trazo del Tren Maya.
“Para empezar, donde será la estación levantaron la selva, los troncos están a pie de carretera, en el tramo a Halachó se construye un paso que implica abrir la selva y hay una vía del tren vieja y paralelamente está la del Tren Maya y no se usa la ruta anterior”, relata Víctor.
“Donde asoma el venado” documentó cómo a los pobladores de esa comunidad el gobierno les hizo un ofrecimiento por las tierras, donde el comisario ejidal acepta y el dinero recibido fue menor.
“La compra ya estaba hecha. Y construcción (del Tren Maya) no se detiene”, dice Victor.
Ambos documentalistas destacan que en Yucatán la “defensa del territorio ha sido legal”, y las comunidades han aprendido cómo defenderse, aunque también son grupos pequeños.
Actualmente la atención sobre las afectaciones del Tren Maya se dirige al Tramo 5, donde el presidente López Obrador y su equipo de comunicación han encabezado una campaña de desprestigio contra activistas. Pero no todo es el Tramo 5, en Yucatán, los despojos son una realidad: los megaproyectos ya han minado los territorios y el tejido social de las comunidades mayas.
“Donde asoma el venado” llega como vehículo de denuncia, de investigación, de rigor, de cine documental de un hecho mal entendido, mal informado y desvirtuado en México por el oficialismo y el fanatismo mediático y culto al régimen.
Contexto
El 28 de julio de 2020, Patricia Escalante Pliego, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) —en un foro virtual donde participaron la bióloga y Rogelio Jiménez Pons, entonces director del Fondo Nacional del Fomento para el Turismo (Fonatur) y también responsable de Tren Maya—, vaticinó que la construcción del Tren Maya traería “destrucción de la selva, tráfico de especies, maderas preciosas y daño del tejido social por involucrar a la comunidad en actividades ilícitas o ponerlas en riesgo”.
“Son problemáticas que actualmente experimentan zonas cercanas a las áreas naturales protegidas, como en Calakmul, donde cruzaría el Tren Maya, en el sureste mexicano”, señaló en aquella ocasión la especialista.
Dos años después, el Tren Maya devasta selva, despoja tierras y ha dividido al país, además la desinformación gana terreno y los discursos de odio contra los defensores de la selva y el territorio cobran vida en las redes sociales.
Los proyectos independientes como “Donde asoma el venado” brindan una alternativa de información y acercan al público a problemáticas invisibles, sin foco mediático.
Similitudes
En mayo de 2018, Bettina Cruz Velázquez, integrante del Consejo Indígena de Gobierno, activista y férrea defensora de los derechos humanos —oriunda del pueblo binni`zaa, en el sur de Oaxaca—, en una visita a Valencia, España, denunció que la corrupción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, el narcotráfico y el poder económico y devastador de las multinacionales europeas y anglosajonas han hecho del Istmo de Tehuantepec un infierno para sus habitantes.
La activista denunció que los megaparques eólicos instalados en la región, y otros más que están proyectados —como los de Yucatán—, han generado pobreza, segregación, daños socioambientales, migración y distorsión del sistema democrático a través de manipulación de políticos para la obtención de licencias y permisos.
Iberdrola, Unión Fenosa, Acciona, Gamesa y Renovalia Energy, entre otras más, lideran la invasión de multinacionales en el Istmo: las empresas españolas, con un discurso “verde”, son las primeras en violentar los derechos humanos de la comunidad y destruir el ecosistema de la zona.
En esa ocasión, Cruz Velázquez explicó que el gobierno mexicano cobija el avance de las multinacionales en territorio indígena, lo que genera despojos y persecución. Un ejemplo de contubernio entre gobierno y empresas extranjeras es la creación del corporativo Zapoteca de Energía, cuyo dueño es un funcionario estatal quien apoyó a las multinacionales en la obtención de permisos y licencias.
“Nos ha sido difícil hablar de cómo la energía supuestamente renovable afecta a los pueblos. Se ve como una panacea sin verla en el contexto que se desarrolla. La energía renovable es buena: nosotras no estamos en contra, pero si vemos cómo se está desarrollando y en manos de quién está, vemos las otras aristas, de lo que representa”, refirió Bettina.
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Coordinación y revisión del texto: José Augustín Vázquez Investigación y redacción: Anne-Marie Schömig Textos y diseño: Anne-Marie Schömig Ilustraciones: Marlene Sandner Una Producción de Otros Mundos A.C.
Gracias al apoyo de: Global Greengrants Fund (GGF) y American Jewish World Service (AJWS)
Otros Mundos filosofía
Alter Natos – Muchas Maneras, esa es nuestra filosofía.
Hoy en día nos enfrentamos a grandes retos, ya sean las guerras, las enfermedades, la crisis climática o el capitalismo, el caos reina en todas partes. En medio de este mundo caótico y agitado, en Otros Mundos buscamos alternativas que contrarresten las crisis sociales, ecológicas, económicas y políticas. Denunciamos la concentración de poder y de capital de las empresas individuales que acumulan sus beneficios a costa de los derechos humanos y de la explotación de los recursos naturales.
La independencia desempeña un papel importante en la defensa del territorios. A través de modelos energéticos alternativos y sostenibles, intentamos hacer posible la autosuficiencia energética de los pueblos y, al mismo tiempo, contrarrestar la contaminación de la tierra a través de fuentes de energía convencionales como el carbón y el gas.
Porque parte de nuestra visión es un mundo limpio con un modelo de sociedad socialmente solidario. Nuestra convicción es que hay diferentes caminos y puntos de partida en la vida. La diversidad de los problemas actuales exige abordarlos a distintos niveles. Por eso es importante no centrarse en un solo camino, sino utilizar diferentes vías, es decir, Alter Natos.
El cambio climático
Cambio climático: ¿Qué significa realmente este término? Para muchos, el término cambio climático sigue siendo muy abstracto, aunque los efectos ya son claramente perceptibles hoy en día. Para entender el proceso en el que nos encontramos actualmente, hay que distinguir primero entre el efecto invernadero natural y el efecto antropogénico, es decir, provocado por el hombre: El efecto invernadero natural es un proceso natural necesario para la vida en nuestro planeta. Nuestra atmósfera se calienta por la radiación solar. La radiación entrante se refleja desde la superficie de la Tierra hacia el espacio, pero los gases de nuestra atmósfera, como el CO2(dióxido de carbono) y el CH4 (metano), impiden que nos llegue parte de la radiación térmica. El calor atrapado hace que la temperatura media de la Tierra no sea de -18 °C, sino de +15 °C, lo que hace que la vida en la Tierra sea posible para nosotros en primer lugar.
Sin embargo, el efecto invernadero antropogénico hace que la temperatura media siga aumentando. Cada vez se liberan más gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles o la cría de animales de granja. Desde la industrialización, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado enormemente; este incremento de los gases de efecto invernadero intensifica el efecto natural y calienta la tierra cada vez más. Además de alimentar activamente el cambio climático, también estamos privando a la naturaleza de su capacidad para regular el propio efecto invernadero. Los árboles absorben el CO2, y al talar los bosques estamos inhibiendo la capacidad de la naturaleza para equilibrar este ciclo material por sí misma. La mayoría de los científicos coinciden en que el ser humano es responsable del rápido calentamiento global.
Los efectos
Los efectos del calor creciente son enormes para nuestro ecosistema extremadamente sensible. Los casquetes polares se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y las concentraciones de agua en los océanos están cambiando drásticamente. Esto, a su vez, influye en las corrientes oceánicas y, por tanto, también en las corrientes meteorológicas y eólicas. Los fenómenos meteorológicos extremos siguen aumentando y destruyen los hogares de muchas personas y animales, las hambrunas y las sequías se convierten en un peligro para cada vez más personas. En el sector agrícola, las lluvias atípicas están causando grandes dificultades a los agricultores, con períodos prolongados de sequía que se alternan con lluvias extremadamente intensas, que a veces provocan inundaciones. Los arrecifes de coral, que albergan cientos de especies, están muriendo. Un número extremadamente grande de especies está en peligro de extinción, y la desaparición de una especie afecta a todo el ecosistema. La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y los humanos son mayores que nunca.
Justicia energética
Aunque el calentamiento global es un problema mundial, las emisiones que contribuyen al mismo no están distribuidas por igual en todo el planeta. Las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero son significativamente mayores en los países industrializados. Nuestro sistema de liderazgo global: el crecimiento económico infinito en un mundo finito con recursos limitados, sólo alimenta una profunda injusticia social. La disponibilidad de energía también está distribuida de forma desigual. La pobreza energética no describe la falta de acceso a la electricidad, que en gran parte ya está disponible en México. Más bien describe el acceso asequible a dispositivos, tecnologías y servicios que proporcionan un nivel mínimo de bienestar. Por tanto, para hacer frente a la crisis climática internacional, primero tenemos que cambiar nuestro sistema y poner a las personas, y no a los beneficios, en el centro. Para ello, necesitamos conceptos más descentralizados y estrategias de suministro local. Pero esto también significa que la mera sustitución de las fuentes de energía convencionales por las renovables no es suficiente si se sigue construyendo sobre un sistema económico de explotación.
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio FPDS – A 20 de junio del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<
¡7 años de lucha defendiendo nuestra tierra, el agua y los ríos! ¡Exigimos se respete nuestro territorio!
A 7 años de conformar nuestra organización “Frente Popular en Defensa del Soconusco” seguimos fuertes en nuestra posición de no permitir ninguna actividad minera y extractiva en nuestro municipio, porque nuestros ríos y territorio siguen amenazados por la minería, hidroeléctricas y el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala. Todos proyectos asociados a la extracción en la región costa de Chiapas, lugar explotado y contaminado durante muchos años también por la palma aceitera.
A pesar de que los proyectos “Casas Viejas” y “El Bambú” han sido suspendidos por la PROFEPA, los empresarios de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y Grupo Male S.A. de C.V. han conformado el “Comité Regional de Minería”, con el objetivo de seguir mal informando a las personas sobre los supuesto beneficios de la minería y para mantener negociaciones con los ejidatarios para reaperturar las obras en la Mina Cristina, ubicada en el Ejido Libertad. Visitan, mantienen reuniones y ofrecen dinero.
La mina Cristina cuenta con una autorización para las actividades de explotación y exploración emitida en un resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hace 18 años. Después de casi 20 años le decimos a las instituciones responsables de proteger nuestro derecho al medio ambiente sano, que las y los pobladores de Acacoyagua podemos asegurar que de ninguna manera autorizaron una obra inocente de “solo trituración de piedra” y aunque aseguraron que los “jales no contienen soluciones, ni solidos tóxicos”, la mina es aún es un boquete que alberga agua turbia, filtrándose en los cuerpos de agua con las que nos alimentamos y realizamos nuestras actividades diarias. Las leyes ambientales en México nos demuestran que definitivamente la minería en México debe ser prohibida, no queremos más mentiras sobre su regulación o si es sustentable o no. ¡Queremos vida, no muerte!
A la PROFEPA le exigimos nos demuestre información del programa de monitoreo ambiental que realiza en esta zona, especialmente sobre los jales albergados en la mina Cristina. Entendiendo que, si la ley ambiental protege durante tantos años a los empresarios, entonces también debería estar vigilante del territorio antes, durante y después de haber sido explotado.
Al H. Ayuntamiento de Acacoyagua solicitamos que declare el territorio libre de minería, así como anteriormente otros cabildos lo han hecho, de esa manera colaborando por la salud, alimentación y medio ambiente sano en nuestro territorio.
Atentamente
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO (FPDS) RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS
Compartimos con ustedes este video sobre el Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado durante octubre del año 2021
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.
Conocimos como llego la palma de aceite a mesaomerica, cual es el contexto en algunap países, cuales son algunas de las estrategias para introducir la palma y cuales son las consecuencias del monocultivo de esta.
