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Francisco Quiroga; Un vendedor del territorio mexicano

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.

No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.

Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.

Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.

Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.

De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica

Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.

Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?

En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria para todos”.

Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.

No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.

La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.

Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020

¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo

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Sin resolución, demanda colectiva en contra del maíz transgénico

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Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por preservar el maíz nativo en México – A 31 de julio de 2020

Por Jordana Gonzalez

A 7 años de interpuesta la demanda colectiva en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la resolución de ésta continúa pendiente por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe decretar la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados, dijo Mercedes López Martínez, miembro de la campaña nacional “Sin maíz no hay país”.

Y es que, aunque en 2020 la siembra de maíz transgénico está suspendida debido a una medida cautelar otorgada poco tiempo después de interpuesta la demanda colectiva –el 5 de julio de 2013 por 53 activistas y 20 organizaciones– el reto de ganar la demanda persiste, reconoció la doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México durante el webinario “Siete años de la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México”.

Ello, porque desde 2014 la medida ha sido impugnada, mediante todos los medios posibles, por las empresas trasnacionales para que sea revocada y sea posie la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, de acuerdo con Rocío Castillo Toxqui, abogada litigante en el proceso de defensa de las 64 razas y cientos de variantes del maíz nativo.

En la actualidad, la medida cautelar es estudiada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ponencia de la Ministra Piña. Se decidirá si se confirma o se revoca, precisó la abogada Rocío Castillo.

Además, la abogada Castillo Toxqui añadió que una de las dificultades y por la cual el proceso de litigio ha sido tan largo es porque “la tradición procesal jurídica viene de derechos individuales, lo que choca con un procedimiento colectivo”. Para ella, “de lo que se trata es de pulir el procedimiento con la participación social para fortalecer la demanda colectiva”.

Por su parte, la doctora Mercedes López, aseguró que con el proceso judicial no se busca la reparación monetaria sino que los tribunales judiciales declaren como “ineficientes” los límites establecidos en la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, pues existe evidencia de contaminación transgénica de maíz en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.

Asimismo, aseguró que con el proceso judicial buscan dar cuenta que la siembra de transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de estos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y los derechos de las comunidades, detalló la representante de Común Demanda Colectiva.

Y es que, de acuerdo con la doctora López Martínez, el maíz es considerado como bien sagrado por las comunidades indígenas, quienes lo han domesticado por más de 8 mil años; el maíz es la base de la soberanía alimentaria a través de la milpa. En contraste, precisó, las empresas trasnacionales lo miran como una mercancía que pueden patentar y añadir glifosato sin importarles los daños a la salud que causan como el cáncer. Ante ello, pidió a la Secretaría de Desarrollo Rural, entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desistan de litigar a favor de empresas nacionales allanándose de la demanda.

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La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

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[PDF] Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán

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Les compartimos este análisis hecho por Colectivo GeoComunes, Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez Godoy sobre la Península de Yucatán – Junio 2020

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es analizar la expansión que sobre la propiedad social tienen tres de los sectores que dinamizan la acumulación de capital en la Península de Yucatán, a saber: el sector de energías renovables, el desarrollo turístico-inmobiliario y el sector agroindustrial. En particular, nos interesa describir la transformación que sobre la tenencia de la tierra ejidal tiene la expansión de un conjunto de proyectos de desarrollo de dichos sectores, que suponen la explotación intensiva de los recursos naturales (tierra, bosques, agua, viento, semillas) y la privatización y mercantilización de la tierra de uso común de núcleos agrarios. Conocer el patrón espacial y los mecanismos de inserción de dichos sectores resulta relevante en la medida en que permite tener una aproximación precisa de los posibles efectos territoriales que tendría la puesta en marcha del llamado “Tren Maya” y el mega-proyecto de reestructuración del sureste del país que vendría a la par.

El presente documento se divide en dos partes. En la primera describimos la situación actual de la propiedad social en la Península de Yucatán y establecemos las bases jurídicas para comprender la forma de tenencia ejidal. Identificamos además los procesos de privatización activados por el PROCEDE y, más importante aún, por los sucesivos cambios de destino promovidos en un gran número de ejidos tras el paso de este programa. En la segunda parte, realizamos una investigación cartográfica que muestra algunas delas transformaciones experimentadas en las relaciones de propiedad y la tenencia de los ejidos de la Península relativos a los proyectos de energías renovables, el tsunami turístico-inmobiliario y la agroindustria.

Para la elaboración de este documento nos apoyamos en varias fuentes de información y trabajos previos que se irán indicando en cada sección. Los mapas y gráficas se realizaron a partir de las bases de datos e información pública provistos por el Archivo Agrario Nacional (RAN), el INEGI, el SIAP de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y las capas elaboradas por Geocomunes. También se construyeron nuevas bases de datos a partir de información pública solicitada vía Infomex a las mismas entidades de gobierno (RAN y Semarnat). Por otro lado, este documento retoma información y argumentos presentados en otros trabajos citados en la bibliografía. Por su especificidad, detallaremos la metodología utilizada para la elaboración de los mapas de expansión urbana y agroindustrial en los apartados correspondientes.

  • Contenido
  • Introducción 2
  • 1.La propiedad social en la Península de Yucatán: procesos de privatización y mercantilización 31.1
  • 1.1.Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida
  • 1.2.Situación de la propiedad social en la Península de Yucatán (2018)
  • 1.3.PROCEDEy el parcelamiento de los núcleos agrarios en la Península de Yucatán
  • 1.4.Cambios de destino de tierras uso común postPROCEDE1993-2018
  • 2.Análisis cartográfico de las estrategias de acaparamiento de la propiedad social por sector de capital
  • 2.1.Energías Renovables: contratos de usufructo sobre tierras de uso común
  • 2.1.1. Mecanismos de apropiación de tierras ejidales del sector de energías renovables
  • 2.2.Expansión urbana y turística: cambio a dominio pleno y asentamientos humanos
  • 2.2.1 Expansión de la mancha urbana sobre la propiedad social y privada
  • 2.2.2 Urbanización futura sobre la propiedad social
  • 2.3 Agroindustria: formas diversas de acceso a la propiedad social
  • 2.3.1 Expansión de la frontera agrícola según tipo de cultivo (riego o temporal)
  • 2.3.2 Monocultivos, propiedad social y privada
  • 22.3.3 Granjas avícolas y porcícolas

1.LA PROPIEDAD SOCIAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN

1.1 Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida

De acuerdo con la Ley Agraria de 1992, el ejido típico se conforma por tres tipos de tierras: tierras parceladas, tierras de uso común y tierras de asentamiento humano. Las tierras parceladas son aquellas asignadas a ejidatarios de manera individual o colectiva (grupos de ejidatarios), que cuentan con certificados parcelarios registrados en el RAN. El artículo 80 de la Ley Agraria dispone que los derechos parcelarios se puedan enajenar a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Se trata de tierras dedicadas a la agricultura intensiva, ganadería y otras actividades productivas, así como a la urbanización irregular en particular en aquellos ejidos colindantes a alguna ciudad en expansión. Las tierras parceladas pueden cambiar de régimen de propiedad y pasar a dominio pleno. Este cambio supone la desincorporación de la tierra ejidal y su conversión a propiedad privada y lo realizan los titulares de las parcelas de manera individual en aquellos ejidos donde la asamblea aceptó el cambio a dominio pleno.

Las tierras de uso común son aquellas que no han sido parceladas y a las que tienen derecho todos los ejidatarios. En la Península de Yucatán se trata, en la mayoría de los casos, de tierras no laborables que se utilizan para aprovechamiento o conservación forestal, milpa, cacería, apicultura, yacimientos de materiales para construcción y uso turístico. Las normas de acceso a las tierras de uso común se establecen por decisión de la Asamblea ejidal o comunal. Estas normas pueden ser desde ‘acceso abierto’ a todos los ejidatarios y comuneros del ejidos, o pueden establecer cierto tipo de restricciones a distintos sujetos agrarios.

Las tierras del asentamiento humano están compuestas por los terrenos donde se ubica la zona de urbanización y su fundo legal. El fundo legal y el asentamiento urbano son tierras destinadas a usos habitacionales de los ejidatarios y demás vecinos, y fueron asignados o reconocidos con la dotación ejidal cuando los ejidos se crearon. Por su parte, las reservas territoriales son zonas creadas tras el paso de PROCEDE por la Asamblea general de ejidatarios. Es importante señalar que el área de reserva de crecimiento y los asentamientos humanos conforman un área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables en tanto no estén divididos. Sin embargo una vez que estas áreas son divididas y convertidas en solares urbanos asignados individualmente a ejidatarios y avecindados, dichas tierras salen del régimen de propiedad ejidal y pasan al régimen de propiedad privada (Pérez Castañeda, 2003:139).

La política de certificación del RAN permite tres figuras: asentamiento humano delimitado, asentamiento humano sin delimitar y reserva de crecimiento

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Imagen: Geocomunes

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El Escaramujo 99: MÉXICO Y SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 99 en pdf<<

En plena pandemia, en Abril de 2020 se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. Y el 1o. de Julio 2020 entra en vigor la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, llamado T-MEC. Con ello iniciará un nuevo período en que el trabajo, los precios, las mercancías, el medio ambiente, la salud, los servicios y otros aspectos de la vida cotidiana marcarán un futuro distinto para la población. Por lo pronto, hagamos un balance general de todos los TLC’s que México ha firmado para darnos cuenta del reto que implicaría un verdadero proceso de transición a un sistema justo, a una integración entre los pueblos con respeto a las asimetrías de los diversos países, a las soberanías y al medio ambiente, y romper así con el entramado de beneficios y facilidades a las grandes trasnacionales que circulan por todo el mundo por las carreteras y la infraestructura de los TLC’s.

Como hemos mencionado en El Escaramujo No. 98, existen diversas modalidades de lo que normalmente llamamos ‘Tratados de Libre Comercio’ (TLC’s), pero que todos ellos determinan la vida cotidiana de la población. Y si bien un país no puede sustituir todas las importaciones y ser 100% autosuficiente, ya que su territorio, su geografía, sus bienes comunes, su cultura o sus posibilidades técnicas y de mano de obra no le son suficientes, se ve obligado a negociar con otros para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen otras formas de integración, de apoyo solidario, de Economía Solidaria Internacional, en lugar de los TLC’s que sólo benefician a los países y sus empresas más ricas en una correlación de fuerza desigual, en debilidad y desventaja de los países más pobres.

Cabe señalar que el Banco Mundial ha declarado que los países con menor crisis económica por la pandemia y que crecerán más son los menos abiertos con tanto TLC; los más agrícolas ya que producen sus propios alimentos, no dependen de los precios internacionales ni de las grandes corporaciones; y los que dependen menos del sector servicios como el turismo. Sin embargo, junto con el FMI han presionado por décadas para la apertura comercial y la privatización del sector salud que ahora quieren a reforzar con más deuda de los países. Estas son las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que tanto daño han hecho al mundo y que debieran desaparecer.

Según el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en conceptos amplios, México ha realizado 298 compromisos internacionales en materia comercial de los cuales incluyen 173 “Acuerdos Interinstitucionales” y 125 “Tratados”. En todos ellos México se compromete con al menos 82 países. Sin embargo, México tiene 34 demandas de inversores extranjeros por el supuestos incumplimientos a estos ‘Tratados’. Es de los más demandados en el mundo.

De los 173 Acuerdos Interinstitucionales se entienden, por ejemplo, memorándums de entendimiento, acuerdos de implementación, declaración de intenciones, declaraciones conjuntas o acuerdos de cooperación en materia de minera, energía, cooperación técnica, encadenamientos productivos. También los hay para conformar estructuras o instituciones bilaterales, para transferencia tecnológica, de cooperación industrial, asesorías, normas, regulación comercial, consultorías, promoción económica, inversiones, turismo, financiación, formación de grupos de estudio o de expertos; en materia de telecomunicaciones, convenios comerciales, sobre pequeñas y medianas empresas, sobre el arancel o información de algún producto específico (tomate, azúcar, edulcorantes, entre otros).

Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos. Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.

Por lo general, los temas en todos los ‘Tratados’ que México ha firmado incluyen su ámbito de aplicación, el programa de liberalización de aranceles o desgravación, las reglas de origen, las cláusulas de salvaguardia, el retiro de concesiones, los tratamientos diferenciales, las medidas sanitarias y fito sanitarias, los remedios comerciales así como los obstáculos técnicos al comercio. Otros temas son: contrataciones públicas, inversiones, servicios financieros y marítimos, telecomunicaciones, comercio digital; comercio fronterizo, de servicios y de bienes; entrada temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, competitividad, solución de controversias, compras del sector publico, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, comercio electrónico, transparencia, trato nacional, procedimientos aduaneros, antidumping y derechos compensatorios, prácticas desleales, cooperación bilateral, medidas de emergencia, normas técnicas, políticas de competencia y disposiciones finales.

Entre los anteriores ‘Tratados’ destacamos aquellos que son los centrales. Según la Secretaría de Economía y completando la información con el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).

En la medida en que los ‘Tratados’ avanzan, los conceptos se amplían y se flexibilizan. Por ejemplo, de “expropiación directa” a “expropiación indirecta” que incluye la criminalización y judicialización contra el movimiento social que interrumpe por alguna vía la inversión extranjera. Ya no solo es la inversión en capital fijo sino es también la fusión de empresas, su compra o traspaso; las patentes avanzan hacia todo tipo de bienes tangibles e intangibles, genes, plantas, semillas o alimentos; la privatización ya no es solo de empresas sino que abarca las propiedades públicas en el sector primario secundario y terciario; por poner algunos ejemplos.

En el marco de los TLC’s, los países desarrollados miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) protegen los intereses de las grandes transnacionales fitomejoradores, de las empresas semilleras y de biotecnología para que puedan patentar variedades de semillas como el arroz, el trigo, el maíz, entre otros, e incluso las plantas. Facilita el robo del conocimiento tradicional indígena y generan derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en junio de 2020 investigadores mexicanos se pronunciaron contra el proyecto de ley del Congreso para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) basada en los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 1991, ya que México se comprometió a ello en el marco de la firma del Tratado Transpacífico (TPP11) y el T-MEC. Esto implicaría a los agricultores, campesinos e indígenas del país la prohibición de vender e intercambiar las semillas obtenidas de sus cosechas para que sean compradas a las grandes trasnacionales semilleras. Esto agudizaría la dependencia alimentaria y aumentaría la contaminación por los paquetes tecnológicos. Otro ejemplo es el caso de los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que por años han obligado a los países en desarrollo, en el marco de los TLC’s firmados con ellos, a adoptar leyes que protejan las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91. Sin embargo, los Estados de la AELC no cumplen con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. Otro ejemplo es la intención del congreso mexicano para favorecer a las farmacéuticas y preservar sus patentes por más años para cumplir los compromisos de los TLC’s a costa de la población.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales.

Las demandas Corporativas contra México

Como ya hemos mencionado, todos los Tratados conllevan la adhesión a un tribunal o mecanismo dónde disputar los conflictos que pudieran suscitarse entre los países y sus inversores. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o también llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son uno de ellos y ponen las bases para que las empresas demanden al Estado, y no al revés.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es también otra oportunidad para la rapiña del gran capital y enriquecerse a costa de sus consecuencias. Como los gobiernos enfrentaron estallidos sociales ante la pobreza, la falta de empleo y la desesperación social, se prevé que los bufetes de abogados de los países desarrollados, preparen demandas contra los gobiernos que han implementado medidas para enfrentar y mitigar la pandemia ya que supuestamente afectaron sus intereses. Esto implica demandar a los Estados por no garantizar las inversiones, por no dar protección y seguridad frente a las protestas sociales, por intervenir la economía con subsidios en apoyo a un sector vulnerable; por la intervención estatal en algún sector como el de salud para enfrentar el caos sanitario, por fortalecer el sistema eléctrico estatal en el caso de México, por interrumpir operación de empresas, por evitar el corte de servicios básicos privatizados por falta de pago, por beneficios fiscales otorgados generando competencia desleal, o por el mal manejo que dieron a la crisis sanitaria. Por ello, las empresas podrían demandar en el marco de los ‘Tratados’ grandes indemnizaciones y reparaciones.

Según el Informe de ISDS impactos, pese a que México tiene un alto número de demandas, sigue otorgando más derechos y protección a los inversores extranjeros. El TLC México-UE que no contaba con un capitulo de protección de inversiones, con las modernización de dicho tratado finalizado en abril de 2020 se incluye un mecanismo para blindar las privatizaciones y las inversiones en el sector energético en el cual España, por ejemplo, tiene muchas inversiones. Por otro lado, México incluyó el Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión Europea para “substituir” el tradicional sistema de ISDS. En 2018, previo al cambio del nuevo gobierno, México se convierte en el miembro 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para mandar así un mensaje de seguridad a las empresas extranjeras y atraer su inversión.

México ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina de los países más demandados con 34 demandas. El 58,8% de ellas fueron iniciadas por inversores estadounidenses. El resto son, por orden de importancia, de España, Canadá, Francia, Panamá, Argentina, Singapur y el Reino Unido. Solo existen 4 demandas de empresas mexicanaas contra otros paises (2 contra España, una contra Colombia y otra contra Estados Unidos). A pocos años de firmado el TLCAN, México recibió en 1997 la primera demanda por parte de la empresa estadounidense Metalclad que pretendía construir un basurero de residuso tóxicos en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces se han recibido en promedio una 1 demanda y media por año. Durante el Gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2004 se presentaron 4 demandas en cada año. Y en 2017 se recibieron 3 demandas. Tan solo durante el cambio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 hasta la fecha ya suman 5 demandas. Aproximadamente las ⅔ partes de las demandas han sido resueltas; 47% a favor del Estado y 53% a favor de las Corporaciones.

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Las razones de Víctor Toledo

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Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de junio de 2020

El pasado 16 de junio, el Secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, finalmente se dio tiempo para responder a los señalamientos realizados por una serie de exfuncionarios ambientales. Lo hizo sin exabruptos y de forma contundente, pues no hay desperdicio en los certeros comentarios y señalamientos sobre la actuación y la relación que sus antecesores tuvieron en la relativamente joven política ambiental de este país, ya que surge, como bien señala el Secretario Toledo, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, dos años después del inicio de la agenda verde mundial que se establece de forma global durante la “Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo”, la cual supuestamente definía el establecimiento de “una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”.

Vale la pena recordar esta Cumbre, porque ahí nace el grueso de la política verde que de una u otra manera sigue vigente; esa misma que en el artículo del Secretario Toledo, señala que fue construida a través de la introducción de “conceptos aparentemente científicos como desarrollo sustentable, crecimiento y economía verde, y capital natural, pero que en el fondo buscan ocultar la mercantilización de la naturaleza”. Pocos años después, en 1997, con el auspicio de la CONABIO, nace la primera intención regional de darle contenido práctico a la mercantilización de la naturaleza a través del Corredor Biológico Mesoamericano (la segunda región con mayor biodiversidad del planeta). En ese entonces, como ahora, una parte de los planteamientos centrales, “siempre en aras del desarrollo”, era que aquellos sitios de interés biológico o biodiverso que potencialmente quedarán fragmentados de sus “conexiones naturales”, se reconectarían a partir de establecer pasos, túneles, corredores inducidos o naturales, puentes o hasta cableado para que la fauna lograra transitar por ellos. En el ámbito nacional, ese experimento se desarrolló a partir del Programa de Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca (COINBIO).

Estos procesos dieron origen a los grupos de interés verdes que a la postre se convirtieron en la denominada “Mafia Verde”, hoy claramente integrada en su extensa mayoría por quienes forman el Consejo Consultivo del Agua, así como Ceiba y otras Ong´s que han sido formadas o son asesoradas o son consultores que en su momento fueron funcionarios ambientales, tales como el grupo “Política y Legislación Ambiental” (Polea), además del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), esta última, pero no únicamente, desde hace años es una de las principales operadoras de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a quienes, a cambio de financiamiento, le han entregado cientos de estudios y, en consecuencia, información valiosísima sobre la riqueza biológica que tenemos en México, lo cual no es un hecho menor, si entendemos que el verdadero interés mercantil en la biodiversidad proviene de las poderosísimas empresas farmacéuticas Alemanas, Estadunidenses y Francesas por citar algunas; esa misma riqueza que el gobierno de Peña Nieto entregó a los Alemanes gracias a los acuerdos establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que derivó en la firma del “Protocolo de Nagoya, sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización”. No sobra señalar que muchas de esas Ong´s “ambientalistas”, desde hace años también han sido precursoras en la práctica de golpetear los procesos organizativos que desde los pueblos se generan en defensa de su territorio y sus bienes naturales.

Desde 1994, y con un México que amanecía en guerra contra el EZLN y el ingreso al TLCAN, muchos grupos civiles, académicos, científicos y políticos fueron encandilados por la agenda verde internacional y la supuesta puesta en marcha de la nueva agenda ambiental para el país, encabezada por la recién creada SEMARNAT. Muchos de ellos se volcaron en la implementación de programas relacionados con la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), a través de los “pagos de servicios ambientales”, la creación de ANP´s, la imposición de Reservas de la Biosfera, los ordenamientos territoriales y planes de manejo, entre otros componentes, que en sí mismos, como bien señala Toledo, sólo han significado la destrucción, la contaminación y la administración mercantil de la naturaleza, además de volverse para algunas/os sus centros de investigación personal, pero todas ellas iniciativas muy útiles para lavar la imagen de empresas y corporaciones, siendo estas las principales impulsoras del Modelo Extractivo Depredador, ese mismo que se traduce en saqueo y desplazamiento forzado de las comunidades.

Desde la creación de la Semarnat, se han diseñado y utilizado diversas estrategias para desplazar, condicionar o convenir con las comunidades la entrega de su territorio y sus bienes naturales, pero siempre hay un común denominador que le da “transversalidad” a la política verde mexicana: la implementación de un componente de corte desarrollista que supuestamente llevará el “progreso” a las comunidades indígenas y campesinas como son; El Plan Puebla Panamá, El Protocolo de Nagoya, Los Corredores Biológicos, Las Reservas de la Biosfera y las ANP´s, El Acuerdo de Escazú, Las Energías Renovables o Verdes, el Ecoturismo, Los Biocombustibles, el Oro Blanco, el Tren Maya, el Tren Transístmico, etc.

No podemos no estar de acuerdo con los precisos señalamientos que ha realizado el Secretario Toledo contra sus antecesores, quienes, por supuesto, no podrán responder con ética ni tendrán fundamento alguno contra las puntualizaciones que les han hecho, porque sin duda alguna el desastre ambiental actual empezó y continuó con ellas y ellos en México y con otros grupos similares a nivel Mundial. Pocas veces hemos tenido la oportunidad de atestiguar abiertamente este tipo de señalamientos entre políticos y ex políticos, porque se expone tal cual la causa estructural y el fondo del problema ambiental de México y el Mundo.

Y, sin embargo, en aras de la congruencia, hoy tan ausente, y de manera directa y clara le preguntamos: ¿Cuál es su plan, señor Toledo?

El nuestro es continuar defendiendo el territorio, los bienes naturales y las diversas expresiones de comunalidad que en el mismo se expresan, y, por lo tanto, es nuestra intención que la actividad minera se acabe en el país, por una simple razón que usted ya expuso: las grandes corporaciones biotecnológicas, agroindustriales y mineras -no solamente estas, pero principalmente-, están acabando con la vida. Y en aras de la congruencia, de no menor importancia, es necesario señalar que la misma estructura de intereses, la misma mercantilización de la diversidad biocultural, la misma mentalidad desarrollista y colonial y la misma imposición de megaproyectos mediante parodias de consulta, subyace en iniciativas como el Tren Anti Maya, el Canal Seco Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos. De ahí la pregunta.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Archivo presidencia.

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México: Organizaciones denuncian que durante contingencia sanitaria se han recrudecido agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

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Les compartimos el comunicado de la Red Nacional d Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) – A 14 de mayo de 2020

Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.

  • Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
  • Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.

14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].

La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.

A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.

Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.

Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.

Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

Imagen: Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.

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El Escaramujo 96: RADIOGRAFÍA DE LAS REPRESAS EN MÉXICO Parte (III)

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 96 en pdf<<

Desde el año 1550 cuando se tiene registrado la primera en el estado de Guanajuato, hasta el 2018, a lo largo de 468 años, se han construido en México 6,225 represas y bordos, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. El 41.25% de los municipios del país han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa. Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría son del norte del país. Sólo hay tres estados que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al menos 600 Ríos de México se han represado a lo largo de estos 468 años, sin tomar en cuenta otras corrientes de agua como son arroyos, escurrimientos, afluentes, barrancas, canales, cañadas, manantiales, derramaderos, entre otras.1

En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Chihuahua.2 Otra fuente considera que fue en 1883 en Veracruz. Hasta 1888 la planta hidroeléctrica de Echeverría sobre el Río Atoyac en Puebla es considerada la primera para el servicio público.3 Actualmente, en México existen más de 5,163 represas y bordos que almacenan aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos de agua y equivalen a la capacidad de 60 millones de albercas olímpicas.4 De éstas, 4 mil 462 son presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía.5 Tan solo 181 de estas represas almacenan el 82% de esa agua. Todos estos elementos ya los hemos profundizado en el El Escaramujo No. 88 y El Escaramujo No. 90.

Los Años

Según el inventario de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de las 6,225 de las represas y bordos que se han construido desde 1550, se han registrado el año de su construcción del 65% de ellas que equivalen a 4,027 del total. Las que no tienen registro de fecha muy probablemente sean de hace más de 100 años cuando difícil era contar con registros: 142 corresponden a Aguascalientes, 26 a Baja California, 65 a Baja California Sur, 27 a Chiapas, 121 a Chihuahua, 2 a la CdMx, 79 a Coahuila, 8 a Colima, 80 a Durango, 96 al Estado de México, 100 a Guanajuato, 11 a Guerrero, 116 a Hidalgo, 147 a Jalisco, 77 a Michoacán, 24 a Morelos, 16 a Nayarit, 52 a Nuevo León, 64 a Oaxaca, 34 a Puebla, 85 a Querétaro, 106 a San Luis Potosí, 40 a Sinaloa, 161 a Sonora, 31 a Tabasco, 291 a Tamaulipas, 19 a Tlaxcala, 48 a Veracruz y 130 a Zacatecas.

De las que sí existen registro de fechas de construcción son las siguientes:

En el Siglo XVIII la mayor intervención de las Cuencas se realizó en algunos estados del norte y occidente el país. Si embargo, en el Siglo XIX se amplían en esta región, pero siempre destacan las mayores intervenciones los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Durango y el Estado de México, entre otros. En muchos de estas entidades federales, entre ambos siglos, se llevaron a cabo grandes emprendimientos mineros e inicios de la industrialización precaria en el país. Por su lado, los estados del sur prácticamente se mantuvieron al margen del “desarrollo” y afortunadamente las Cuencas no fueron tan intervenidas como en los casos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De las represas y bordos de todos tamaños y tipos que se tienen registradas las fechas de su construcción, en el Siglo XX se registra el mayor repunte de la intervención en las Cuencas del país para el supuesto desarrollo. Entre 1900 y 1999 se dispara de manera alarmante la construcción de las Grandes Represas para generar hidroelectricidad, dotar de agua a las grandes ciudades y a la industria que aumentaban paulatinamente por todo el país, así como para la irrigación que alimentara la Revolución Verde.

En el Siglo XXI llama la atención la intensidad de la intervención sobre las Cuencas nuevamente en los estados del norte del país e incluso en aquellos donde el estrés hídrico es alto como en Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, entre otros. Esto coincide también con la apertura indiscriminada a la actividad minera que se concentra en estas regiones. También el crecimiento de otras industrias que se instalan como la automotriz, bebidas embotelladas, e incluso las maquiladoras.

Los Tamaños

Según CONAGUA6, actualmente existen 5.163 presas y bordos, de los cuales 181 que representan el 3.5% contienen el 80% del volumen total almacenado en México.

Del total de represas y bordos, 667 corresponden a Grandes Represas de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas que especifica que son aquellas que tienen una cortina de más de 15 metros de altura o que almacenan más de tres millones de metros cúbicos.

Pese a que la resistencia social contra las grandes represas que repunta con mayor fuerza al iniciar al Siglo XXI, y que empresas y gobiernos iniciaran el “blanqueo” de su imagen argumentando que son energía limpia y que se transitaría hacia las supuestas “pequeñas represas”, no se han dejado de construir las Grandes Represas. Ejemplos de esto es la presa Rompepicos en Nuevo León con una cortina de 70 metros de altura y que inicia su operación en 2004. En Nayarit la presa El Cajón de 186 metros de altura en 2007 y la Yesca de 220 metros de altura en 2012; en Tamaulipas la presa Las Blancas; o en San Luis Potosí la presa El Realito de 90 metros en el 2012.

Otras más se han pretendido construir como las presas Paso de Reina, Paso Ancho en Oaxaca; la presa La Parota en Guerrero; las 5 sobre el Río Usumacinta, Itzantún, Chinín, entre otras muchas en Chiapas; las del Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco, que se encuentran sin terminar.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pretende construir en su sexenio otras 112 supuestas “pequeñas” represas 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.7

A continuación presentamos algunas de las presas más importantes del país.

ALGUNAS DE LAS GRANDES PRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

Los Daños

Hasta la década de 1990 las Grandes Represas fueron presentadas como una de las mejores vías para obtener la energía para el “desarrollo”. Y aunque se dieron muchas luchas contra la construcción de las represas en el país en las décadas anteriores, como en Oaxaca y Chiapas, poco fueron difundidas en la opinión pública. Todavía en la actualidad, los libros de textos de educación primaria continúan con la narrativa de que las represas son la mejor fuente de energía que aporta al desarrollo económico y socia del país.

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Protección y seguridad, un trato especial para las mineras

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020

En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.

Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.

El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.

No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.

Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

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Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Carta Glifosato Mexico Junio 2020. finalDescarga

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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La violencia contra las mujeres crece en abril: 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911

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Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre el preocupante incremento dela violencia hacia las mujeres en México durante la pandemia por Covid-19 – A 25 de mayo de 2020

En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados por las autoridades como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril –267 homicidios dolosos y 68 feminicidios–, lo que representa un alza de 1.57 por ciento con respecto a marzo pasado que tuvo 330 asesinatos en total, de acuerdo a las cifras que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en el periodo de enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres: 987 homicidios dolosos y 308 feminicidios. El número de asesinatos es 8.91 por ciento superior al del mismo periodo de 2019, que reporta en total 1 mil 189 asesinatos, de los cuales solo 305 fueron clasificados como feminicidios y 884 homicidios dolosos.

Los estados con el mayor número de asesinatos perpetrados en abril son: Guanajuato con 180 (172 homicidios dolosos y 8 feminicidios); Estado de México, 133 (95 homicidios dolosos y 35 feminicidios); Chihuahua, 91 (84 homicidios dolosos y 7 feminicidios); Michoacán, 88 (82 homicidios dolosos y 6 feminicidios), y Baja California, 81 (70 homicidios dolosos y 11 feminicidios).

Con un total de 11 casos, el secuestro de mujeres disminuyó en abril; uno menos que en marzo pasado (13)  y 23 secuestros menos que abril de 2019 (35).

De enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres, el número es 8.91% superior al del mismo periodo de 2019.  Mujeres se han manifestado, constantemente por el alza de feminicidios. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo.

Las denuncias interpuestas por violencia familiar –incluye tanto mujeres y hombres– registraron una caída mensual de 27.9 por ciento, pues de 20 mil 232 denuncias presentadas en marzo, en abril se registraron 14 mil 591.

En relación al delito de violación, en abril se registraron 304 llamadas al 911, lo que representa un descenso de 23 por ciento contra marzo, que registró 395 reportes telefónicos.

En los primeros cuatro meses de 2020 se realizaron al menos 1 mil 291 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, cifra superior en 8.39 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

VIOLENCIA GÉNERO

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril, al registrarse 21 mil 722 avisos telefónicos contra las 26 mil 171 de marzo; sin embargo, la cifra de abril aún es superior (44 por ciento) en comparación con el mismo periodo del año pasado que registró 15 mil 84 llamadas de auxilio.

Este tipo de reportes telefónicos – aunque no son denuncias penales, también dan cuenta de la violencia contra las mujeres en el país– se dispararon desde inicios de año y se han mantenido por encima.

En enero las denuncias al 911 crecieron 52.50 por ciento, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019, a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Y por cuatrimestre (enero-abril) se contabilizan al menos 88 mil 803 llamadas de violencia contra la mujer, es decir, 53.16 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, que registra 57 mil 980 alertas.

Los estados con la mayor tasa de número de avisos telefónicos sobre violencia contra la mujer: Chihuahua, 735.3 llamadas por cada cien mil mujeres; Ciudad de México, 282; Coahuila, 215; Hidalgo, 201.4 y Querétaro con 197.2.

Activistas y expertas en el tema han señalado previamente que el incremento registrado desde inicios de año, en comparación con las llamadas realizadas en 2019, puede ser por diversos factores, desde el mayor conocimiento de las líneas de emergencia, así como las protestas y manifestaciones que se gestaron desde el año anterior.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró en una entrevista previa con SinEmbargo que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

El pasado 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”, dijo en conferencia matutina. Las declaraciones del mandatario estatal generaron críticas y reproche por parte de colectivas feminista y organizaciones especializadas en la violencia de género.

Protestas contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.

PETICIONES DE REFUGIO CRECEN

El número de solicitudes para refugio temporal de mujeres violentadas se disparó 50 por ciento durante el confinamiento por la COVID-19; en tanto que las llamadas para pedir asesoría, atención y los acompañamientos personales por casos de violencia crecieron 77 por ciento, reportó la Red Nacional de Refugio A.C (RNR)

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, explicó que tan sólo del 17 de marzo al 17 de mayo, la organización ha atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños (desde la vía telefónica, redes sociales, y de forma personal en los 69 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional). Esta cifra representa un incremento del 70 por ciento, en comparación al mismo periodo del año 2019.

Del total, 6 mil 978 víctimas –el 65.16 por ciento mujeres y 34.88 por ciento niñas y niños– recibieron acompañamiento personal en los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición integrantes de la Red Nacional de Refugios.

Imagen: Galo Cañas, Cuartoscuro.

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El fracking sigue avanzando en México

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Comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 19 de mayo de 2020

Pese a compromiso presidencial, el gobierno sigue dando permisos y destinando presupuesto público a fracking en formaciones no convencionales.

– En Pantepec, donde se perforó y fracturó un pozo, no se informó a la población, la cual sufrió daños a la salud y al medio ambiente inherentes a esta práctica.

– Los compromisos deben traducirse en hechos, se urge al gobierno y al legislativo a detener el fracking y prohibirlo legalmente para proteger los derechos humanos, el ambiente y el clima.

A través de una investigación realizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la cual se accedió a información oficial, se constató que, pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano. Este compromiso quedó establecido en el Punto 75 del Plan de Gobierno de la 4T, el cual señala “no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Desde entonces, en varias sesiones de “Las Mañaneras”, el presidente ha reiterado su compromiso para detener esta práctica.

Desde que comenzó el gobierno de la 4T, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional. Cabe señalar que, pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este Plan seguía vigente, lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando con las actividades contempladas en él.

En total, en estos planes se contempla la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos (en el escenario base y el escenario incremental, respectivamente) entre 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año −Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1−, lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado. Asimismo, al menos había tres pozos −Maxochitl-EXP1, Kaneni-EXP1 y Pankiwi-EXP1− que se encontraban produciendo gas y petróleo no convencional en 2019.

Ese mismo año, en el la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec en Puebla, donde se sitúa el pozo Pankiwi-EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debidos a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona  también ha habido daños a parcelas donde, repentinamente y sin explicación alguna, ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. La población nunca fue informada sobre el uso de fracking en dicho pozo y solo lo pudieron corroborar que así fue una vez que se obtuvo la información vía transparencia en el marco de la investigación señalada.

Por otro lado, el gobierno ha seguido asignando y ejerciendo presupuesto público en proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requieren el uso de fracking para explotar hidrocarburos en formaciones no convencionales. Aunque estos proyectos −”Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo” − fueron creados en sexenios anteriores, ha habido una continuidad en los mismos durante la presente administración. De esta manera, en 2019 se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 6,603,959,696 pesos a los mismos, mientras que en 2020 este presupuesto se aumentó a 10,837,382,324 pesos, lo que, en términos reales, significó un incremento de 58.4%. En cuanto al presupuesto efectivamente gastado en 2019, asciende a 5,318,771,761 pesos según la Cuenta Pública de ese año, mientras que a primer trimestre de 2020 ya se han erogado 1,196,761,113 pesos, lo cual es una muestra irrefutable de que esta actividad sigue siendo impulsada por el gobierno actual.

Por último, cabe señalar que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio anterior sigue vigente y operativa en la actualidad. Esto incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH, los cuales incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra” de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA). Finalmente, los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo cual implica que las empresas y las entidades públicas implicadas en esta actividad siguen contando con un marco normativo que les permite realizarla.

Todo lo señalado muestra que es necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica cuyos daños no pueden ser evitados al ser inherentes a la misma, como se ha demostrado por su uso en otros lugares. Por ello, urgimos a que se tomen medidas administrativas y legislativas que prohíban el fracking en México, como lo demandan ya 88 mil personas a través de su firma, y como lo han hecho responsablemente otros países y territorios del mundo, entre ellos: Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Uruguay, la provincia de Entre Ríos en Argentina, el estado de Victoria en Australia, la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, el Estado de Paraná en Brasil, y varios estados y localidades dentro de Estados Unidos (Vermont, Nueva York, Maryland, ciudad de Pittsburgh, condado de Monterey y territorios Chippewa y Cherokee).

Contacto de prensa: Alejandra Jiménez, nofrackingmx@gmail.com, Cel. 784 117 6209

La investigación está disponible aquí.

Imagen: Protesta en contra de la práctica del ‘fracking’, en imagen de archivo de La Jornada. Foto Alfredo Valadez

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