México

La familia de Mariano Abarca y la REMA presenta petición en contra de la diplomacia económica de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Publicada el 09/06/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de junio del 2023

Esta semana, representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvimos en Canadá para anunciar que hemos interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas. La “diplomacia económica” es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense. El caso de Mariano Abarca presentado en la denuncia ante la CIDH, así como en la petición presentada en contra de México por el mismo caso en 2017, resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.

Desde antes de que Blackfirepusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto. En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos percatarnos que la información que tuvo la embajada fue muy detallada. También, pudimos darnos cuenta de que la empresa consideraba esencialel apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego, para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso, misma con que nos hemos topado en México, en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan. Por ello, queremos denunciar que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que hemos recorrido en Canadá demuestra el singular interés del gobierno canadiense en promover y proteger el capital canadiense, no a las personas. En el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza.

Vale recordar que unos pocos meses después de presentar nuestra denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno, y los compromisos ante la ONU hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos “no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente”, por lo que la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La corte federal y, posteriormente, la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado. Sin embargo, el Juez Federal Boswell admitió: “Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado quela Embajada hubiera actuado de cierta manera, y [de haber sido así] tal vez el Sr. Abarca no habría sido asesinado“.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson. Éstos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una respuesta que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo.

Considerando las condiciones actuales de tanta violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo. Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso. Por ello hacemos un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en este caso, tal como planteamos en nuestra petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

¡Basta de la impunidad por los crímenes de las empresas mineras en Canadá y México!

¡Detengan la diplomacia económica colonialista del gobierno canadiense!

¡Justicia para Mariano Abarca y todxs que han perdido la vida defendiendo su territorio!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

El resumen de nuestra petición a la CIDH que se puede ubicar en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/resumen_cidh_esp.pdf

Más información:

En la prensa:

¡Alto a la desinformación y amenazas en contra del Ejido El Bajío en Sonora!

Publicada el 18/05/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciamos la campaña de desinformación y señalamientos en contra del Ejido El Bajío a través del periódico El Universal y declaraciones difamatorias y peligrosas del Senador José Narro Céspedes de Zacatecas.

El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.

Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.

En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.

Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Ejido El Bajío

Más información:

Carta desde la Montaña-Costa Chica de Guerrero

Publicada el 17/05/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos con ustedes este análisis hecho por Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. PIAP – A 9 de mayo del 2023

Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista…

Corre el socialista tras el capital…..fragmento de la canción: Un Precio https://www.youtube.com/watch?v=CDP8gojSKkk

Sigue sin concluir el frenesí de la reformada e “histórica” ley de minería y por ello las reacciones se mantienen en el mismo tono previo a su dictamen, la cual, hasta el día de ayer 8 de mayo, por fin se publicó en el DOF, y con ello tendremos más idea sobre los rumores en donde las empresas nacionales y extranjeras usarán el arbitraje internacional previsto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los varios tratados de protección de inversión transnacional multilateral o bilateral que hay para demandar a México, lo que suponemos retardo un poco su publicación, a la vez que el ejecutivo federal ya pone en el tintero la necesidad de una revisión mayor, sin que ello nos perita tener una idea clara sobre lo que refiere. Una vez más el sector minero, utilizando su poder y cabildeo “acordaron” con AMLO, Gobernación y la Secretaría de Economía y, previo a la discusión en el Senado, varios ajustes y cambios sobre la iniciativa los cuales parecían “materializados” durante una reunión emergente de increíble obediencia entre el ejecutivo, las/os senadores y los aspirantes de Morena a la presidencia. La foto del encuentro es elocuente y sólo faltó acompañarla con la frase célebre: “quien se mueva se sale de la foto”. Por otro lado, quienes la celebran, aunque suponemos con la versión final ya no tanto, enfatizan los avances históricos acariciando como propios aquellos que consideran más importantes, que dicen no se deben minimizar e intentan de diferentes maneras, colocar argumentos en auto-debates realizados en espacios que hace tiempo controlan y ponderan a partir de una oratoria por la defensa de los derechos humanos y ambientales, aunque la realidad sea contraria. Todo lo que vimos en estos días, tiene un sustento teórico social burdamente conocido como Relaciones Alineadas, esas que ya fueron construidas desde el consenso de Washington totalmente útiles bajo las premisas del modelo de Integración Comercial Internacional en la que se utiliza a La Cooperación como la causal para formar proyectos comunes a pesar de tener diferencias estructurales de todo tipo.

En síntesis, los barones del sector en gremio, pero también en lo individual, entre ellos Slim que es gran amigo de la presidencia, continuarán permutando con el ejecutivo las modificaciones más pertinentes para hacer funcional el negocio extractivo, mientras los “procesos sociales y pueblos en rebelión”, tendremos que mostrar solides para soportar los nuevos embates legales y desregularizados e inciertos por enfrentar, en donde, por cierto, debemos mostrar una solides que ni el propio estado ha tenido. Nada que no sepamos, nada que nos sorprenda, nada nuevo sobre el comportamiento de la “legalidad democrática”.

No haré más estridencia de los hechos ni citaré desatinos sobre el contenido de la “nueva ley de minería” porque a toro pasado me parece más importante colocar en la opinión de quien lea este texto, los por qué soy anti-minero, argumentar desde otros elementos los por qué otras y otros somos anti-mineros y, a partir de ello al menos le encuentren coherencia a nuestras aspiraciones sobre la urgente necesidad de establecer la prohibición de la actividad minera en México.

No se trata de ser activista, por cierto, palabra que se usa para denostarnos y que en lo personal me ofende, tampoco soy ambientalista ni me interesa la vida del oso panda, mi posición anti-minera se ha edificado a partir de ver la larga resistencia contra el saqueo que han vivido los pueblos originarios, de tal manera que, en el fondo de mi corazón, a pesar de ser mestizo, me habría encantado haber nacido indígena y por supuesto ser campesino, para entender mejor esa tenacidad de soportar tantos agravios durante tantos siglos. Mi posición anti-minera se basa principal y permanentemente en repensar LA VIDA, bajo los indicios manifiestos de lo que actualmente nos ocurre con la utilización del Modelo Extractivo y en particular el modelo minero, sin dejar de observar y reconocer que cada mineral está adscrito a mi cotidiano y me hace coparticipe de retroalimentar la voracidad de su comportamiento.

Comienzo por señalar que la actividad minera en sí misma no es depredadora de la vida, sin embargo, si lo es la forma en la que esa actividad ha sido utilizada para sostener un modelo económico que crea dependencia permanente, que utiliza como base fundamental para esa “permanencia” minerales metálicos y no metálicos que se transforman con el uso energético a base de hidrocarburos, al mismo tiempo que consumen biomasa de forma descomunal sabiendo de antemano que todos ellos son bienes naturales finitos o por lo menos, acotados a lo que existe en este planeta. Tomando en cuenta lo anterior, desde la lógica del Modelo Extractivo y la forma de apropiación en el que se desarrolla, no hay posibilidad de establecer una regulación suficiente, responsable, sostenible, sustentable, ni viable, ni social, ni justa, ni sana. Es importante entender que tenemos límites materiales y naturales para continuar con el modelo de desarrollo o crecimiento que nos han impuesto (Thanatia 2021), por lo tanto, no es casual estemos subordinados a las “lógicas” del progreso y desarrollo como la única opción de crecimiento económico, tampoco es casual la clasificación entre países desarrollados y subdesarrollados porque desde los primeros han creado condiciones aspiracionistas reflejadas en modelos socioeconómicos diferentes a los nuestros, no son casuales las promesas que nos han hecho a partir del uso de nuestra “riqueza ambiental” como palanca para nuestra propia condición de crecimiento soberano, a la vez tampoco es casual el diseño e implementación de una férrea estrategia para, al parecer, nunca perder el control del consumo y que la dupla inversión/deuda pueda ser intercambiada como viable a costa de los bienes naturales los cuales “tienen” que estar disponibles para el mundo entero, hoy bajo las reglas de la ya conocida globalización que no es más que una expresión del capitalismo resiliente.

Constantemente en las comunidades en las que nos dan oportunidad de hablar intentamos explicar el efecto del modelo extractivo a partir de entender la relación entre; 1. El Crecimiento Poblacional el cual les pongo a reflexión bajo dos perspectivas: a). Somos 8 mil millones de habitantes y aproximadamente cada 10 años tenemos mil millones de habitantes más y b). Cosas tan básicas como la implantación de la obsolescencia programada nos hace consumidores frecuentes de elementos vinculados al modelo extractivo minero que conocemos como el frenesí o locura del consumo, sin obviar, por supuesto, que de ninguna manera el tamaño del consumo de los países ricos del norte/“desarrollados” (seguridad y confort) es siquiera cercano al consumo de los países pobres del sur/“subdesarrollados” (miseria y violencia), por lo tanto, es muy importante hacer énfasis en las gigantescas asimetrías creadas a partir del modelo de desarrollo que nos han impuesto https://tintalimon.com.ar/public/m1s3oeqpblrv0v2eq4m9epbzybga/Tinta%20Limon%20-%20Modo%20de%20vida%20imperial%20-%20Ulrich%20Brand%20%20Markus%20Wissen.pdf. 2. El Modelo Extractivo se alimenta prácticamente de cinco macro bienes naturales: a). La biodiversidad incluyendo todos sus componentes en donde la vegetación y los bosques son elementos significativamente importantes para generar riqueza. Ahí se implementan constantes procesos para el control de la biodiversidad que se manifiestan en manipulación genética, registro de patentes, medicamentos, biocombustibles, creación de alimentos relacionados con cadenas de valor, por ejemplo, la engorda de ganado, su uso para la disrupción con transgénicos, la ocupación territorial para fines de investigación, así como la implantación de zonas recreativos vinculados a servicios turísticos VIP, la instauración de áreas naturales protegidas en donde se realiza la compensación de industrias mega-contaminantes a partir de sanar su contaminación con la entrega de certificados a los que le asignan un valor comercial ($) por ejemplo para la captura de carbono o para los servicios hidrológicos, entre otros elementos mercantiles a nombre de la naturaleza. b). Minerales metálicos y no metálicos los cuales con los avances tecnológicos se logra una extracción de tipo exponencial, a tal grado que solamente en los últimos 20-25 años se ha extraído la misma cantidad de cobre que se extrajo 100 años atrás (USGS, 2018). Su extracción incluye la pérdida de toda la cubierta vegetal que interfiere con las áreas destinadas al diseño del proyecto de ocupación, por supuesto su extracción no sólo destruye fuentes de agua, sino también las contamina, además que durante el procesamiento de los minerales hay un uso excesivo de agua que acelera la aparición de condiciones de estrés hidrológico sobre cuencas enteras. c. Fósiles combustibles convencionales y no convencionales, a los que conozco como la trilogía perfecta; petróleo, gas natural y carbón que son en sí mismos el pilar de la economía hegemónica mundial ya que con ellos generamos el 85% de la energía que consume este modelito extractivo (Thanatia 2021), así que ni caso mencionar los daños al respecto que hoy de manera simplista conocemos como calentamiento global. d). Agua, bien natural para la vida en constante disputa con el modelo agropecuario de producción, la industria, la generación de energía y el consumo doméstico. Sin ella, el modelo extractivo en su conjunto perece, por lo tanto, la disputa por ella es significativamente importante. e). Viento, sol, mareas, los cuales, tal cual insaciables somos la humanidad, ya “controlamos” a partir del uso de nuevas tecnologías que les aprovecha, sin embargo, en vez de significar fuentes alternativas diferentes, estas se consolidan como complementarias y se implementan bajo la misma lógica de acumulación por desposesión que es el centro del modelo extractivo. Basta señalar que hoy tumbamos los bosques integrados por selvas caducifolias y vegetación del desierto para ocuparles con miles de hectáreas de fotoceldas (Plan Sonora) o de aerogeneradores (como los ya integrados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), al mismo tiempo que nos hacen creer que con el programa “Sembrando Vida” estamos restituyendo parte de los daños causados por deforestación. Cierro con el tercer elemento. 3. La Globalización esa que nos vendieron para integrarnos comercialmente, aprovechar las ventajas comparativas, facilitar los flujos financieros, ser dependientes unos de otros, aunque coloquialmente se le conoce como interdependencia porque significa unirnos para transformarnos y lograr por fin la liberación democrática tan esperada por todas y todos. En síntesis, todo lo anterior se reduce a; una sola regla comercial con protección de inversiones privadas y transnacionales, bienes naturales limitados/finitos mercantilizados para su extracción sin importar el daño social y ambiental que suceda y, una población de 8 mil millones de habitantes con intensas proyecciones inducidas de consumo, pero descomunalmente asimétricas.

Sirva un ejemplo para darme a entender mejor tomando en cuenta una pequeñísima porción de lo que significa una “ocurrencia comercial” de la compañía Apple al elaborar solamente dos millones de relojes (0.025% de la población mundial), con 18 quilates cada uno. Ello implica 3.6 gramos de oro para cada reloj, por lo tanto, necesita el equivalente al 70.58% (7,200 kilogramos de oro) de la producción anual de oro de la mina “Los Filos” operada en un periodo de sólo 15 años por tres empresas canadienses -primero de la compañía Goldcorp, luego Leagold y ahora de Equinox Gold, ubicada en Carrizalillo, Gro-. Imaginemos ahora la tan proyectada transición energética en la que nos hipnotizan cuando nos dicen que pretenden sacar del mercado aproximadamente 1,500 millones de autos que se estima hay en el mundo, para empezar a rodar un

A 13 años no llega la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Publicada el 12/05/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la busqueda de #JusticiaParaBetyCariño y #JusticiaParaJyriJaakkola – A 10 de mayo del 2023

Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jury fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.

Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.

Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.

¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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El modelo extractivo sigue vigente con la ley minera

Publicada el 11/05/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 9 de mayo del 2023

En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) partimos de la premisa de que no existe la minería verde, sustentable, socialmente responsable, ambientalmente amigable, climáticamente inteligente, descarbonizada o cualquiera de los mecanismos y oximorones que han querido poner a esta actividad para ocultar su verdadera naturaleza destructiva. En la REMA reconocemos que el modelo extractivo se basa en la existencia de condiciones de tremenda desigualdad (mismas que profundiza) y que a partir de estas condiciones hace un gran negocio de la destrucción masiva, al externalizar los daños y costos socioambientales de su acción. Por estas razones, desde la REMA no apostamos a “mejorar” la actividad minera sino a prohibir su entrada dentro de nuestros territorios.

En la REMA no apostamos por “nivelar” jurídicamente las condiciones entre los implicados (pueblos y empresas) para hacer así de la minería un negocio “mejor administrado” o “más justo”, sino que apostamos por fortalecer la autodeterminación de las comunidades para que tengan la información sobre los impactos a corto y largo plazo que conlleva esta actividad, y ejerzan sus derechos colectivos para evitar convertirse en una zona de sacrificio más de este modelo de falso desarrollo. Por esto, creemos que cualquier reforma a la ley minera que no plantea la prohibición y cierre planificado de esta actividad nociva en el país, justificada y acompañada por la reparación de daños por décadas y siglos de acumulación de desechos tóxicos en cientos de puntos del país, es una simulación que solamente va a seguir legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo.

En la REMA sabíamos que tratar de modificar la ley minera, tal como se hizo el viernes 28 de abril por el pleno del Senado y que aún no ha sido publicado, no resuelve el grave problema de la devastación en los territorios por el Modelo Extractivo Minero que aceleró la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio los Estados Unidos y Canadá (ahora conocido como el T-MEC) que la 4T no ha querido tocar. Tampoco resuelve el despojo, el desplazamiento forzado, los daños a la salud de la población, así como la militarización y la violencia del crimen organizado, entre muchas otras causas de colapso territorial que muchas comunidades enfrentan en una guerra sin cuartel, en donde estos proyectos de muerte se instalan de manera impune. Era de esperar que las cámaras terminaran cediendo a las presiones de las empresas mineras (empresas nacionales, extranjeras y embajadas de países como Canadá) por medio de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), imponiendo sus cínicas condiciones. Tampoco sorprende que las empresas mineras norteamericanas ahora siguen amenazan al país con docenas de posibles amparos de inconstitucionalidad o demandas bajo los términos de los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones, dando lugar al pronunciamiento de AMLO que las reformas a la ley minera no van a afectar a las más de 23.000 concesiones mineras ya otorgadas en el pais.

Nos preocupa, sin embargo, que la participación de organizaciones proceso pueda terminar legitimando la continuidad y expansión del modelo extractivo aun cuando no se considere preferente y con la consulta en mano, reposicionando la actividad minera como “más responsable”. Esto nos parece especialmente factible en el contexto de los demás decretos y otras modificaciones a leyes para impulsar el neoextractivismo que se ha aprobado durante el último periodo. Podemos tomar el ejemplo de la apertura que se ha dado a las asociaciones públicas-privadas en torno a la extracción de litio o de otros megaproyectos de la 4T como el Corredor Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas u el Tren Maya, por citar algunos, que funcionan bajo la misma lógica de imposición y de acumulación por desposesión, sólo que ahora a nombre de una noción hueca de “soberanía nacional”.

Si bien coincidimos en que la antigua ley minera estaba diseñada para el saqueo, también sabemos que los cambios a la ley no resuelven los problemas en la cual nos enfrentamos de manera cotidiana en los territorios: la antigua ley minera en ninguno de sus artículos estipulaba que las empresas mineras tenían derechos sobre los pueblos y territorios donde operan, ni les daba derecho de engañar, criminalizar, contaminar, enfermar, desplazar y acabar con la vida; todo esto lo hacen porque es su naturaleza. Tampoco las leyes mexicanas o la Constitución estipulan que las empresas privadas pueden co-actuar con el crimen organizado para resguardar e imponer sus actividades. Sin embargo, es lo que está pasando a lo largo del país. Esto nos muestra que el problema no es solo lo que dice la ley sino el laxismo y la corrupción existente en su aplicación. Como sociedad requerimos entender la agresividad del modelo extractivo minero y sus formas estructurales de operación, lo que vuelve a cualquier ejercicio legal de intento de regulación a la actividad minera, algo imposible de lograr con efectividad. Si hay algo que hacer en materia jurídica, es avanzar hacia su prohibición, como lo han hecho ya algunos países en nuestra región (El Salvador, Costa Rica y varias provincias de Argentina).

También nos parece que existe un cierto desfase entre varios de los puntos de “controversia” en las modificaciones a la ley y la realidad de los territorios y pueblos afectados por la minería.

Por ejemplo, reducir de 100 a 80 años la vigencia de las concesiones mineras no limita en absoluto los impactos generados por las exploración y explotación minera. Si todos los daños que la minería causa al entorno, las personas y demás seres con quien compartimos el territorio, es reconocido (supuestamente) por los actores que toman las decisiones en este país, no entendemos qué les hace pensar que servirá de algo bajar el número de años de una concesión minera. Actualmente, la duración de una mina a ciclo abierto no es mucho mayor a 10 o 15 años en promedio. ¿De qué le va a servir a una comunidad el que ahora se incentive a que todas las concesiones entren en exploración más rápidamente? ¿De qué le sirve saber que la concesión donde está su casa, su iglesia, su cementerio, su parcela, sólo tendrá vigencia por 80 años y no por 100? En REMA sabemos que las afectaciones de la minería comienzan desde el primer día en que la empresa toma la decisión de entrar a una comunidad, y que algunos meses o años han sido más que suficientes para generar gravísimas e irremediables afectaciones a la salud, y para acabar con los bienes comunes naturales, el tejido social y para generar procesos de desplazamiento forzado a lo largo y ancho del país.

Bajo la misma lógica también nos parece perversa la discusión de si las empresas mineras deberían de pagar 10, 7 o 5 % de sus utilidades en contraprestaciones a las comunidades. Por un lado, porque la discusión refuerza la lógica de mercantilización de los bienes, de seguir pensando que todo se puede resolver y remediar con dinero, donde actores ajenos a nuestros territorios vayan discutiendo y poniendo precios sobre lo que valen nuestros territorios y nuestras vidas. Así mismo, sabemos que esta supuesta derrama económica para los pueblos , termina siendo un mecanismo de presión hacia las autoridades para que dejen entrar a las mineras, como ha pasado con el impuesto llamado fondo minero, y puede reforzar también las divisiones y desigualdades comunitarias al momento de decidir cómo repartir y gastar este dinero. Nos queda claro que esto no es más que una estrategia empresarial hacerlo no sobre la producción, sino sobre las ganancias. Este último, es un dato que es fácilmente manipulado por las empresas.

Lo propuesto al respeto de las concesiones mineras dentro de las Áreas Naturales Protegidas nos genera también cierto ruido. Si bien coincidimos en la importancia de mantener nuestras áreas naturales libres de proyectos extractivos, creemos que cualquier cerro, bosque, pastizal, o río tiene un valor biocultural fundamental para los pueblos que los habitan, sin importar que sean considerados o no de valor ambiental por criterios científicos definidos desde instituciones del Estado o bajo políticas conservacionistas que reproducen lógicas paternalistas, capitalistas y neocoloniales. ¿Dónde cabe dentro de esta lógica el valor y el cariño que tiene cada pueblo con su territorio basado en su cosmovisión y sus formas de vida? ¿Cuál es el sentido de crear “islas de conservación” libres de actividad minera si a sus alrededores el modelo extractivo minero puede seguir destruyendo de la misma manera? Nos parece que eso termina jerarquizando de manera discriminatoria a los territorios y pueblos, definiendo los que valen e importan más que otros.

El supuesto logro de haber podido mantener en la propuesta final lo relacionado con la consulta nos parece lo más grave. Sabemos que dichas consultas realizadas por las empresas o el propio gobierno, a pesar de lo que especifica el convenio 169 de la OIT ratificado por México, siempre son manipuladas en condiciones desiguales bajo presión y amenazas ¹. En los hechos estas consultas reglamentadas, disfrazadas y promovidas como un derecho, terminan siendo un mecanismo de administración de conflictos y legitimación del despojo y de ello hay pruebas claras, particularmente en este sexenio. Es absurdo que el derecho a la consulta sea de carácter preferente por sobre los otros derechos que serán colapsados por la actividad minera (derecho a la vida, al agua, a la salud, al medio ambiente sano). Las consultas se usan como “negociaciones” o “procesos de diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes”, que bien pueden ser impuestas vía desinformación, coacción, amenazas, aterrorizando con grupos armados legales y/o ilegales, o asesinando a quienes se oponen al despojo como sucedió por ejemplo en el caso del Proyecto Integral Morelos a través de contubernio empresas-gobiernos-y crimen organizado. Desde la REMA no creemos en las consultas impulsadas por las empresas ni por el Estado, creemos que los verdaderos ejercicios de toma de decisión son ejercidos desde los pueblos según sus usos y costumbres en su pleno derecho a la autodeterminación, por medio de sus asambleas agrarias, comunitarias y ciudadanas. Son estas asambleas y espacios de toma de decisión colectivas las que debemos fortalecer.

En lugar de buscar regular los mecanismos de consulta, nos parece más importante que el ejecutivo enfoque su energía en regular sus propias instituciones como la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, quienes desde años actúan de manera facciosa y en contubernio con especuladores de la tierra para poner trabas en el registro de las actas de asambleas agrarias para declarar territorios libres de minería. ¡No necesitamos que nos consulten, sino que respeten nuestras decisiones!

Para terminar, nos parece que todo este debate sobre las modificaciones a la ley minera invisibiliza el problema de fondo. Frente a la grave crisis socioambiental que vivimos a nivel mundial y al agotamiento paulatino de los recursos, inclusive la escasez del agua limpia, creemos que no es regulando las actividades extractivas como se resuelve la devastación. El cambio profundo que necesitamos pasa en primer lugar por cuestionar esta idea hegemónica de supuesto desarrollo, que es indisociable y dependiente del modelo extractivo. Cuestionar que nuestro buen vivir pasa por extraer más minerales, más combustibles fósiles, más energía, más agua u otros bienes naturales. Cuestionar la idea de que este extractivismo es esencial, crítico, indispensable. Hay que cuestionarlo fuertemente, argumentando su incompatibilidad con el abasto de agua limpia y suficiente, la permanencia de la blodiversidad, los lugares sagrados y la riqueza blocultural de este país, y el bienestar de los pueblos, y visibilizando que hay otros modos de vida y mundos posibles fuera de esta lógica enferma del crecimiento infinito que mantiene a flote este modelo extractivo. Y si realmente queremos pensar en trabajar leyes quizás podríamos trabajar en una más sencilla, con un solo artículo: Está prohibida la actividad minera en México.

Esto sería para nosotrxs una propuesta realmente “sensata” y soberana, y es lo que nos anima cada día a seguir luchando. Así que mientras siguen debaticndo sobre sus leyes en esos espacios, donde no cabemos los pueblos o nos utilizan para justificar y legitimar sus reformas, nosotros seguiremos, desde distintos rincones, fortaleciendo nuestros procesos organizativos comunitarios y construyendo territorios libres de minería para la salud de los pueblos.

¡ALTO A LA SIMULACIÓN!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

1 REMA (abril, 2019). Las consultas “buenas” no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!. https://ia803008.us.archive.org/8/items/Com Consultas 104/Com%20consultas%201%2004. pdf

Imagen: Mina en Mazapil, Zacatecas

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Informe: El derecho a la tierra y la participación para mujeres y jóvenes rurales: la agenda pendiente de la política agraria en México

Publicada el 26/04/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este informe de Fundación para el Debido Proceso DPLF sobre la participación de las mujeres y las juventudes en la defensa de la tierra – A 20 de abril del 2023

El acceso a la tierra es un factor clave para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. En muchas regiones de México, marcadas por una intensa migración masculina, las mujeres son quienes cuidan los grupos familiares, así como las tierras y los recursos naturales.

Este informe busca visibilizar la exclusión histórica de las mujeres y jóvenes rurales en cuanto a la propiedad ejidal y comunal, así como su limitada participación en las asambleas de ejidos y comunidades, órganos de autoridad máxima en el control de las tierras comunales. El documento también revela cómo esta situación se ha agravado en las últimas dos décadas frente a procesos de privatización y mercantilización de las tierras ejidales y comunales, legalizados en 1992.

Por lo que esta publicación constituye un análisis a la política agraria mexicana contemporánea desde los aportes del feminismo de la igualdad y los movimientos sociales que reclaman equidad entre mujeres y hombres, equidad intergeneracional y justicia socioambiental.

El informe está conformado por cinco apartados en los que se analiza la situación actual de las mujeres y jóvenes rurales en México ante persistentes desafíos para garantizar el acceso a la tierra y la participación efectiva de mujeres y jóvenes en el ámbito rural. Así como un conjunto de recomendaciones para avanzar en la construcción de una política agraria más inclusiva y justa.

Lee el resumen ejecutivo aquí.

Lee el informe completo aquí.

Otro territorio Libre de Minería en la montaña de Guerrero

Publicada el 24/04/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este comunicado de la REMA sobre los logros y avances de la lucha por la vida y la resistencia a la minería en Guerrero – A 19 de abril del 2023

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería nos congratulamos enormemente al recibir la noticia de que el Ayuntamiento de San Luis Acatlán, en el Estado de Guerrero presentó, ante más de 150 personas que asistieron al encuentro organizado por el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), su Acta de cabildo abierto en donde, ejerciendo su derecho a la libre determinación, se toma el acuerdo de negar permisos y viabilidad de cualquier acción de prospección, exploración, obra y/o proyecto relacionado con concesiones mineras en su territorio.

En octubre del año pasado varias personas de distintos estados del país integrantes de la REMA participamos en el “Encuentro por la Defensa de la Autonomía de los Pueblos Originarios de la Montana de Guerrero” que, con motivo de su décimo aniversario, realizó el CRAADET en la Comunidad de Iliatenco en coordinación con Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), así como otras organizaciones. Frente a cientos de autoridades agrarias y personas de Comunidades de la región, en una fiesta mágica llena de música y alegria escuchamos decir: “Hoy les decimos que, a pesar de seguir invadidos por concesiones mineras que el gobierno federal actual se negó a cancelar, no ha logrado entrar, ni cntrará, una sola empresa minera a nuestro territorio comunitario”.

En ese encuentro también informaron que en Guerrero existen 20 concesiones que afectan a más de 53 mil hectáreas, y hay 14 más en trámite, que abarcan más de 673 mil hectáreas que afectan a 55 núcleos agrarios.

Fue en ese mismo evento en el que el Presidente Municipal de Iliatenco anunciara que este Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de Cabildo asumió el compromiso de negar permisos a cualquier trabajo de prospección, exploración y explotación minera en Iliatenco.

Con esta noticia de San Luis Acatlán de liberar a su territorio de la minería, vemos con mucho gusto que el CRAADET no ha parado de trabajar para cumplir con su firme compromiso de proteger el territorio de la montaña de Guerrero, de las garras y avaricia de las empresas mineras que lo único que dejan a este país es destrucción y mayor pobreza en las comunidades.

Felicitamos al cabildo del Ayuntamiento de San Luis Acatlán, al CRAADET y a PIAP por que cada territorio que se libera de la minería en la montañia de Guerrero, fortalece la lucha que a nivel nacional se está llevando a cabo contra estos proyectos de muerte y por la defensa de la vida.

¡VIVAN LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA! ¡VIVAN LOS PUEBLOS ORGANIZADOS! ¡FUERA MINERAS DE MÉXICO!

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Una Nueva Ley, para Renovar la Continuidad del Despojo

Publicada el 20/04/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este comunicado de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos PIAP a través de la REMA – A 17 de abril del 2023

Desde la Montaña-Costa Chica a 17 de abril del 2023

Mientras esta semana a nivel nacional crece la expectativa para la discusión, cambios y aprobación de la iniciativa de ley que el 24 de marzo presentó el presidente de la república, en la que se tocan aspectos relacionados con cuatro leyes donde la central es la ley minera, en Guerrero las comunidades indígenas, afros, mestizas y campesinas integrantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los municipios de Iliatenco, San Luis Acatlán y Malinaltepec ubicados en las regiones la Costa Chica-Montaña, les mandan un fuerte mensaje a quienes esta semana estarán argumentando a favor y en contra de la iniciativa y las reformas que al final acuerden.

El presidente municipal del municipio de San Luis Acatlán el pasado sábado 15 de abril entregó a la representación del CRAADET el acta de cabildo abierto municipal quienes de forma unánime prohíben la minería en el municipio, porque su conciencia e información sobre los efectos de esta actividad, saben que ponen en tela de juicio prácticamente todos los derechos que los pueblos hoy pueden disfrutar, como el del uso de su territorio el de un ambiente sano y el derecho al agua limpia de calidad y suficiente, entre muchos otros.

Acá en la Montaña y Costa Chica los pueblos han demostrado que no es necesario defender el territorio con decretos ficticios que hablan de la rectoría, la sustentabilidad, las consultas usadas como herramienta para el despojo, la salud. Acá se ejerce la autonomía, libre determinación y autogestión legal de los procesos colectivos que hacen de la Consulta y el Consentimiento previo libre e informado un acto de discusión colectiva permanente en el cual se dirimen las ventajas y las desventajas no sólo de la actividad minera, sin duda la actividad más depredadora, sino de todos los proyectos relacionados al Modelo Extractivo.

La población sabe que un decreto para el establecimiento de una reserva de biósfera es poner a disposición de las farmacéuticas y de la industria alimentaria el banco genético para que sigan, a través del protocolo de Nagoya, poniendo nuestras biodiversidad como reservas genéticas para patentar y comercializarla. Acá la población ha asistido a ver proyectos mineros en la vida real y no en el papel y la discusión sin fundamento, en donde saben perfectamente que un proyecto minero en solamente 10 años destruye totalmente el ecosistema y, en consecuencia desencadena a partir de la pérdida de un ambiente sano una serie de enfermedades y daños irreversibles tanto a la biodiversidad como a las personas incluyendo por supuesto los daños irreversibles al agua que secan, contaminan y utilizan porque esa es su naturaleza y es por ello que ponerle trabas, reglas ingenuas e inútiles que lo único que garantiza es que, este gobierno y los anteriores, siguen siendo sumisos y obedientes al capitalismo, un capitalismo que se regula desde lo sustentable, lo verde, lo socialmente, desde nuevos y eficientes mecanismos de supervisión como las NOM que son una burla al respecto”, que dicen deben respetar los derechos en el mejor de los casos como Canadá, el país más depredador del plantea que ha y sigue destruyendo su propio país y los del resto del planeta. Si algo nos ha enseñado el capitalismo es que ha encontrado la forma de autorregularse a su favor, justo utilizando e parlamento abierto como acto de inclusión social en donde se discuten verdades a medias, argumentos sin sentido y siempre se pondera el desarrollo y crecimiento como sustento y lo que significa el colapso financiero de que los depredadores ya no tengan condiciones para invertir.

En síntesis, lo más progresista termina regulando y resolviendo los daños y efectos permanentes utilizando como centro la principal fuerza del propio capital, el pago con dinero para solventar la resarcida de daños, aunque estos sean irreversibles.

Da orgullo saber que los pueblos de la Montaña y costa Chica tienen un dialogo horizontal ya abierto desde hace 10 años, en donde se dirime desde la política local con políticos locales una nueva forma de discutir el progreso y desarrollo de los pueblos y por supuesto lo hacen cuestionando al modelo extractivo en su conjunto, a las estructuras de gobernanza que siguen firmando acuerdos internacionales y nacionales que son incapaces de implementar, respetar o por lo menos no molesten, como sucede por ejemplo con el penoso papel que juegan los operadores del Registro Agrario Nacional quienes de forma sistemática y persistente niegan el registro e inscripción de actas, estatutos y reglamentos emanados de los procesos de autodefiniciones que las asambleas de los pueblos determinan. Ahí se determina defender el territorio no en un falso proceso de consentimiento como los que hace el gobierno para imponer sus proyectos en donde en cuestiones de tres o cuatro horas dicen la gente está totalmente satisfecha de información como para tomar una decisión que cambiarán su vida para siempre.

Los pueblos de la Montaña y Costa Chica se dan tiempo para discutir, en este caso son 10 años, para entre ellos tomar decisiones y si hay dudas sobre las amenazas y consecuencias de entregar la biodiversidad, los minerales, los bosques, el agua y la comunalidad entonces establecer no una estrategia ridícula de un pueblo que a través de un mecanismo de despojo implementado por el gobierno y las empresas una sola comunidad ponga en riesgo a todas las del rededor aguas arriba y aguas abajo. Demasiada soberbia de quienes creen que lo dictado por la OIT en el 169 es suficiente bajo las aplicaciones que sin duda este gobierno ha manipulado una y otra vez y que otros gobiernos ni siquiera saben que existe, al mismo tiempo que muestran una gran ingenuidad pensando que al firmar los acuerdos de Escazú entre muchas otros tratados que firma México pero que no sirven para nada, ante los embates del capitalismo, el modelo de consumo y la irracionalidad persistente en la continuidad de explotación y exfoliación los bienes naturales con siempre nuevos discursos de cambios progresivos como actualmente sucede con los proyectos verdes y sustentables. Los pueblos de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero saben que nada de ello es cierto.

Mientras que todos los sectores felices y contrariados por la iniciativa presidencial están listos para “debatir” el futuro de la minería y de los pueblos en México, acá en la Montaña y Costa Chica les preocupa el intenso crecimiento de la violencia y ya discuten como es a través de ella que nuevamente el territorio entra en disputa. Basta un dato para poner en consideración: En la zona centro, tierra caliente y norte el estado de Guerrero hay cinco minas operando, ahí mismo hay 12 cárteles trabajando en contubernio con instancias estatales y federales, ahí por lo menos hay cerca de 35 mil desplazados por las disputas mineras y el control del territorio, ahí todavía se dirime si el jefe supremo de las fuerzas armadas es lo suficientemente jefe para que las fuerzas militares le obedezcan y por fin entreguen los oficios y expedientes que, además de ratificar la participación de ellos en la desaparición de los alumnos, se logre encontrarlos, se logre saber la verdad y sea hasta entonces que se inicie con la rendición de cuentas.

Cerramos diciendo después de muchas lecturas a la iniciativa del presidente y de escuchar las reacciones derivadas en distintos sectores, constatamos lo mal preparados que estamos en este país para discutir el fondo y no las formas de lo que somos como país para cambiarlo a lo que en realidad deberíamos ser rompiendo de facto las inercias regulatorias que ahí nos colocaron.

A los pueblos de la Montaña y Costa Chica nuestra gratitud eterna por defender desde su libre determinación un pedacito del territorio nacional para siga vivo, sano y bello. Al RAN nuestro repudio total por ser operadores fastuosos y obedientes violadores recurrentes de los derechos de los pueblos al negarles su registro e inscripción de sus actos, al presidente de la república he de decirle que debe discutir consigo mismo qué está entendiendo por rectoría del estado, por soberanía y por regulación, porque en su iniciativa nada de ello se identifica, más allá de la retórica de una estéril exposición de motivos que en la iniciativa no se atiende, así como de los temas que plantea, los cuales serán abordados en las siguientes intensas pero inertes discusiones entre los sectores que abonan a favor o en contra de la misma.

Ambos sectores discuten como maquillar una ley para que siga la explotación de minerales y el modelo extractivo siga vigente entre nosotras/os. Sin embargo, los pueblos de la Montaña y Costa Chica no son coparticipes de la regulación o mejor dicho de la desregulación que pretende continuidad. Acá la minería está prohibida con o sin el consentimiento del estado.

Miguel A. Mijangos Leal

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Tres décadas de opacidad en gestión ambiental de minería en México

Publicada el 19/04/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la voracidad minera en México – A 13 de abril del 2023

PorÑaní Pinto

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

Tipo	Número de operaciones identificadas	Superficie (ha)
Carbón	62	18,073.2
Metálica	249	79,606.1
No metálica	182	8,256.8
Salina	38	56,022.0
Metálica (exploración)	343	26,362.4
Total	874	188,320

^{Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático}

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.

Imagen: Avispa Midia

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Posicionamiento urgente ante los hechos ocurridos al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez

Publicada el 30/03/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este pronunciamiento firmado por 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual a través del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria sobre la tragedia en la estación migratoria en Chihuahua – A 28 de marzo del 2023

Ciudad Juárez, Chihuahua a 28 de marzo de 2023.

Lo ocurrido el 27 de marzo por la noche en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez es responsabilidad del gobierno federal. La situación refleja la ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, 41 personas fallecidas y más de 20 lesionadas por un incendio son el resultado de una serie de omisiones por parte de las autoridades encargadas del espacio y de rutas de evacuación para atender este tipo de siniestros. Al momento, desconocemos el total de personas que se encontraban dentro de la estación; sin embargo, sabemos que estaba con sobrecapacidad.

Ver la versión completa del comunicado

Las autoridades continúan utilizando términos como “alojamiento” o “albergue” para referirse a la detención y privación arbitraria a la libertad en las “estancias” migratorias, respectivamente, el INM categoriza los espacios con diferente nombre pero la finalidad de todos es la misma, privar de la libertad a personas en situación de movilidad. El uso de eufemismos por parte de la autoridad intentan minimizar la grave situación de lo acontecido y evadir la responsabilidad al INM sobre el manejo de sus instalaciones y de protección que tienen que brindar a quienes están bajo su custodia.

Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar. Hacemos un llamado a no desinformar cuando el hecho está en proceso de investigación.

En septiembre de 2022, en el marco de una visita in situ a Ciudad Juárez, organizaciones de sociedad civil denunciamos las condiciones de privación de libertad y hacinamiento en las que se encontraban las personas al interior de la estancia provisional, así como una práctica sistemática de detención, disuasión y deportación. El espacio físico en el que se mantenía a las personas migrantes era reducido y sin ventilación. Organizaciones que tienen base en la entidad y realizan visitas regulares, han documentado la falta de atención médica y acceso a agua potable, incomunicación y desinformación para disuadir a las personas para no solicitar asilo. En el caso de la organización Uno de Siete Migrando, se le restringió el ingreso durante todo 2022 a pesar de tener autorización nacional para entrar a documentar las condiciones en las que se encuentran los espacios y las personas en situación de movilidad.

Esta lamentable e indignante tragedia ocurrió luego de un operativo a cargo de autoridades municipales y federales, quienes, indolentes, continúan criminalizando a través de los discursos y plataformas oficiales que son replicadas por los medios de comunicación. Organizaciones de la sociedad civil hemos llamado en reiteradas ocasiones a un cese al hostigamiento institucional que la población en contextos de movilidad está padeciendo en la localidad. Situación similar ocurrió en 2020 con un incendio en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, en donde a la fecha, las medidas implementadas por el Estado no han generado garantías de no repetición.

Declaramos que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad y los derechos de las personas, y en conformidad con lo que dice el Comité de las Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios, la detención debe ser utilizada únicamente como último recurso.

Por tanto, pedimos al Gobierno Federal:

Garantizar el acceso a los servicios de salud y facilitar las gestiones necesarias para las familias afectadas.
Adelantar el proceso de identificación y entrega digna de restos a las familias de las personas fallecidas bajo los más altos estándares de derechos humanos, conforme a lo establecido en la Ley y protocolos pertinentes.
Asumir los costos de repatriación de cuerpos de las personas fallecidas.
Investigar los hechos ocurridos identificando a las personas funcionarias públicas responsables del fallecimiento de las personas migrantes, garantizando que no quede en impunidad.
Destitución e inhabilitación inmediata del Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

Exigimos al Instituto Nacional de Migración:

Responsabilizarse y explicar lo sucedido en conjunto con las autoridades involucradas.
Que notifique a los consulados sobre las personas que se encuentran hospitalizadas o fallecidas, ya que aún hay personas en calidad de «desconocidas».
Garantías eficaces y oportunas de no repetición.
Facilitar y respetar el ingreso a organizaciones de sociedad civil para labores de monitoreo y documentación independiente de la situación de las personas detenidas.
La no contratación de personal militar o con antecedentes en SEDENA, Marina y Guardia Nacional en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales.
Alto a la militarización de las fronteras y a la participación de la Guardia Nacional en las acciones de control migratorio.

Pedimos al Congreso de la Unión, particularmente a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado, y a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados:

Legislar por la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación.
Eliminar el uso de eufemismos como “presentación” y “alojamiento” de la Ley de Migración, lo cual invisibiliza la práctica de detención migratoria.
Acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisión migratoria que se efectúa en lugares distintos al de tránsito internacional que deriva en la detención y alojamiento en estaciones migratorias del INM.
Limitar y exigir la regulación en la apertura de instalaciones de detención migratoria por parte del INM, las cuales enmarcan como estaciones migratorias, estancias provisionales u oficinas de canalización.
Solicitar la comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, para rendir cuentas sobre este y otros hechos de violaciones a derechos humanos sucedidos en estaciones migratorias y estancias provisionales.

Exigimos al Gobierno Municipal de Juárez:

Cese inmediato de los operativos de detención y explicación de aquellos donde han resultado detenidas personas en contextos de movilidad, específicamente el realizado el día 27 de marzo.
Renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta.
Alto a los discursos de odio, criminalización y estigmatización a personas en situación de movilidad, y en su lugar, emita enérgicos mensajes públicos a sus servidores de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada.
Disculpa pública del presidente municipal por todos los discursos de odio, estigmatización y criminalización realizados a lo largo del año.

Sostenemos que, tal como lo señaló el Grupo Impulsor Contra la Detención Migratoria y la Tortura, las estaciones migratorias son entornos torturantes y su operación atenta contra los derechos, la dignidad, y como se muestra en este caso, también contra la vida de las personas migrantes. Desde las organizaciones firmantes, expresamos nuestra solidaridad a las familias de las personas fallecidas y heridas.

Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos.

La política migratoria en México, mata.

FIRMAN: 210 organizaciones, 11 redes y 230 personas a título individual

Ver la versión completa del comunicado

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Sierra norte de Puebla: Comunidad nahua Tecoltemi logra que no haya nuevas concesiones mineras en su territorio

Publicada el 21/03/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por la vida en la sierra norte de Puebla – A 6 de marzo del 2023

PorSare Frabes

La Secretaría de Economía (SE) declaró, a finales de febrero de 2023, que “no es factible” otorgar nuevamente los títulos de concesiones mineras Cerro Grande y Cerro Grande 2, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Sierra Norte de Puebla, las cuales abarcan los territorios de por lo menos 20 comunidades.

La comunidad nahua Tecoltemi logró, en febrero de 2022, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que canceló las concesiones que pertenecían a la minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals. La comunidad había interpuesto un juicio de amparo en 2015 para la impugnación de las concesiones.

En dicha sentencia el juez ordenó, primero, que se dejara “insubsistentes

las concesiones mineras”, explica la abogada del caso Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali. Segundo, que se “analizara por parte de la SE la factibilidad de nuevas emisiones de las concesiones”.

La SE señala, según la abogada, que no es factible otorgar concesión en el municipio de Ixtacamaxtitlán por cuestiones ambientales, sociales y culturales.

De manera que, con la decisión de la SE, la empresa Almaden Minerals no cuenta, definitivamente, con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y ya no le serán otorgadas nuevamente. “Lo que queremos es que se vaya definitivamente de nuestro territorio. En ningún lugar los queremos”, sostiene Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, y quien vive a 300 metros de donde se pretendía hacer las excavaciones.

Un tercer punto que dicta la sentencia judicial es la necesidad de que se lleve a cabo una consulta a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que la empresa, por medio de comunicados ha anunciado que es necesario hacerla, Pérez sostiene que solamente en el caso de que se señalara factible la emisión de nuevas concesiones habría la necesidad de un proceso de consulta. “Al no ser factible la emisión de concesiones, es improcedente la realización de cualquier consulta”, explica la abogada.

“No queremos la consulta, queremos que se respete el dictamen de la Secretaría de Economía”, señala Zamora.

La asamblea ejidal de Tecoltemi ya tomó su decisión. Aprobó un acta que declara la comunidad territorio libre de minería. “Ya hemos decidido. Queremos que respeten nuestra decisión”, dijo el inspector de vigilancia de la comunidad, Raimundo Romano, quién inició el litigio en el año 2015.

“Nuestro municipio es un municipio de historia que viene desde antes de 1519. En todos estos cientos de años no ha habido una persona que se muera de hambre. Nosotros tenemos de donde vivir. Lo que nosotros producimos ahí es la agricultura, cosechamos maíz, frijol, habas, cebada, trigo. Nosotros vivimos de la tierra. Donde querían construir el proyecto se encuentra un manto acuífero muy importante, que abastece a cuatro municipios y que es fundamental para la vida de los pueblos”, señala Zamora contrarrestando la argumentación de la empresa de que llevará empleos a la comunidad.

Los ejidatarios también rechazaron las declaraciones de la empresa de que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras. “Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”, sostuvieron.

La comunidad Tecoltemi y la Unión de Ejidos exigen que, con la decisión de la SE, la justicia federal de por terminada, definitivamente, la ejecución de la sentencia dictada en febrero de 2022.

Pendiente

Tecoltemi también había reclamado, en el juicio de amparo, la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Minera, entre ellos, los que determinan que las actividades mineras son de utilidad pública y preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y que el titular de las concesiones tiene el derecho de obtener expropiación de terrenos, así como de aprovechar las aguas presentes en el territorio para las actividades mineras.

Sin embargo, la Suprema Corte dejó intacta la legislación, reafirmando su constitucionalidad. “Queda pendiente la modificación de la Ley Minera y del actual régimen de concesiones”, dijo Jorge Peláez, de la Colectiva “Cambiémosla Ya”.

“Hay un marco regulatorio que no cumple los principales estándares internacionales en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas. (Las comunidades) Se enteran que hay concesiones en su territorio cuando lo ven en la Gaceta Ecológica.”, añade.

Según datos actualizados del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, se han entregado 25, 267 concesiones mineras que abarcan una superficie de 21 millones de hectáreas del territorio nacional.

Imagen: Ejidatarios y pobladores del Ejido Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla . Avispa Midia

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“Tenía que ver con mis propios ojos que las máquinas perforaban la cortina de la presa”

Publicada el 14/03/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota de Zona Docs vía Chiapas Paralelo sobre la defensa de la vida en Temacapulín, Jalisco – A 27 de febrero del 2023

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

La lucha claramente valió la pena, es la sensación que tienen las y los pobladores de Temacapulín que acudieron puntuales a observar la destrucción de parte de la cortina de la presa El Zapotillo, megaproyecto que amenazaba con inundar Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los cuales defendieron con dignidad hasta lograr frenar un proyecto que, desde el inicio, se hizo a sus espaldas.

Texto y fotografías: Mario Marlo

Con sus dos bastones apoyados firmemente en el suelo y sus pasoslentos y cuidadosos, doña Isaura Gómez Guzmán, una mujer de 87 años oriunda de Temacapulín, Jalisco, finalmente logró acercarse a unos metros de las obras de reacondicionamiento que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo en la Presa El Zapotillo, un megaproyecto contra el cual ha luchado durante más de 16 años para evitar que su pueblo sea inundado.

Conocida cariñosamente como Chagua, esta valiente mujer necesitaba ver con sus propios ojos las máquinas que perforaban la cortina de la presa que le había causado tantas noches de insomnio, angustia y rabia a ella, su familia y sus vecinos durante tantos años.

“Tenía que verlo con mis propios ojos, aunque los de la Conagua me aseguraban que las obras ya habían comenzado, yo no les creía,nos mintieron muchas veces. Ahora me siento tranquila porque finalmente pude constatar que no era una mentira”, expresó con firmeza.

A su lado, con sus ojos atentos y haciendo esfuerzos por escuchar a los oradores que explican los avances, se encuentra Alfonso Íñiguez, un hombre de 86 años que se ha convertido en un símbolo de la resistencia de Temaca, también observó detenidamente cada una de las láminas que muestra Yasser Abiuth García, el responsable de la obra.

“Ahora sí van bastante avanzados, la visita anterior mostraba muy poco, pero ahora parece que el presidente está cumpliendo”,dijo con optimismo.

Desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa, cada mes los pobladores y sus asesores han visitado el lugar para que los representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les informen sobre el avance de la obra. Para doña Isaura y para don Alfonso, esta lucha ha sido larga y agotadora, pero su resistencia y perseverancia les han permitido ver con sus propios ojos: la no inundación de sus comunidades.

De 105 metros a 46 metros de altura

Como cada mes desde que iniciaron las obras de reacondicionamiento de la presa El Zapotillo, los habitantes de las comunidades deTemacapulín, Acasico y Palmarejo, acompañados de sus asesores, llevaron a cabo una visita de inspección el pasado viernes.

Durante la visita, las autoridades de la Conagua les informaron sobre el progreso de las adecuaciones de la presa, en cumplimiento con los acuerdos firmados el 10 de noviembre de 2021. En dichos acuerdos, el presidente de México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptaron la contrapropuesta de los pueblos para el megaproyecto, que incluía algunos cambios.

El cambio principal en el megaproyecto aceptado fue la decisión de no construir un sólo vertedor físico, sino seis ventanas vertedoras de 12 metros de altura por 72 metros de largo, a una altura de 46 metros del punto más bajo de la presa. Con esta modificación, se garantizaría que, en caso de una gran avenida de agua, las tres comunidades no sufran inundaciones.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico:

“actualmente las ventanas vertedoras tienen un avance del 9.5% en la excavación, mientras que el proyecto de reacondicionamiento en su totalidad tiene un avance del 25%. Se espera que el proyecto se concluya en diciembre de 2023.”

Abiuth García Sánchez destacó que la decisión de construir las ventanas vertedoras fue la mejor opción para evitar que la presa se convirtiera en un elefante blanco que sólo requeriría gastos de mantenimiento. Con las nuevas obras, se asegura que las comunidades no se inunden y se aprovecha el agua para Guadalajara.

Yasser Abiuth García Sánchez detalló que dentro de las obras de la presa está dividida en dos acciones, las seis ventanas vertedoras y el tanque amortiguador que tiene como objetivo evitar que cuando venga la crecida y empiece a verter, el agua que caiga al suelo no erosione el tanque amortiguador, pues si eso pasa podría ocasionar alguna falla estructural.

Según Yasser Abiuth García Sánchez, director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, el tanque amortiguador está en proceso de construcción y ya lleva un 90% de avance. Se espera que su conclusión tenga lugar en el mes de mayo.

En cuanto a la presa El Zapotillo, las obras de reacondicionamiento en su totalidad se encuentran actualmente en un 25% de avance, y se espera que concluyan para finales del mes de diciembre de este año. Las autoridades de la Conagua planean comenzar a llenar la presa en julio de 2024.

“Es probable que el siguiente año ya esté en operación. La presa se cerrará y se llenará hasta el nivel de las ventanas, empezará a verter y también se empezará a aprovechar para llevar agua a Guadalajara. Si la temporada comienza en julio, para agosto ya estará a nivel de las ventanas y comenzará a verter”, resaltó Yasser Abiuth García.

Claudia Gómez Godoy, encargada por el gobierno federal de la Presa El Zapotillo y del Plan de Justicia para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, enfatizó que la ejecución de las obras es elcumplimiento de uno de los compromisos del presidente con los pueblos.

“El presidente se comprometió el 10 de noviembre de 2021 a que las comunidades no sufrirían inundaciones y a terminar el proyecto de la empresa del Zapotillo. Este acuerdo histórico respeta los impactos sociales y los derechos humanos”, dijo Gómez Godoy.

Por su parte, María González Valencia, directora del IMDEC, organización que acompañó a las comunidades durante su lucha,destacó que el reacondicionamiento técnico de la presa El Zapotillo se logró gracias a la exigencia y los conocimientos técnicos comunitarios acumulados a lo largo de su lucha.

Según González Valencia, es importante recordar que la propuesta inicial presentada por Conagua el 21 de agosto de 2021 planteaba unriesgo significativo de inundación para las comunidades. Fue gracias a la insistencia de las comunidades, junto con sus asesores y especialistas nacionales e internacionales, que se planteó el vertedor físico como medida de seguridad y solo con esa condición aceptaron el replanteamiento de la presa.

“Hoy podemos constatar que sí era posible modificar el proyecto, incluso rompiendo la cortina, a pesar de los grandes intereses, la corrupción y los agravios. Estos hoyos que vemos en la presa representan años de lucha, vidas, violaciones y despojos. Pero también nos reiteran que es posible agrietar el sistema”,añadió González Valencia.

La Presa El Zapotillo

La presa El Zapotillo, un proyecto hidráulico impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, conocida también como “la presa de la corrupción”, generó controversia desde su inicio en 2005 debido a que nunca se consultó a las comunidades, convirtiéndose en una imposición.

Después del fracaso de dos proyectos hidráulicos en Jalisco en ese mismo año – la presa San Nicolás, sobre el río Verde, y la presa de Arcediano, sobre el río Santiago, ambos cancelados debido a la movilización social – se lanzó el proyecto de la presa El Zapotillo.

El proyecto se justificó en el argumento de abastecer de agua potable a 14 poblaciones de los Altos de Jalisco y las áreas metropolitanas de Guadalajara y León. Sin embargo, esto trajo consigo la transformación de la vida de las comunidades afectadas.

La construcción de La Presa El Zapotillo consistía en la construcción de una cortina de 105 metros sobre el Río Verde y un acueducto de 140 kilómetros para abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato y la Zona Metropolita de Guadalajara, megaproyecto que dejaría inundadas a las comunidades de Temacapulín, Acasico,Palmarejo y alrededor de 4,800 hectáreas de tierra fértil.

Ante esta situación, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento(CEAS) y el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón, Jalisco, propusieron el Plan de Desarrollo Urbano del Nuevo Centro de Población Temacapulín (PDUNCPT), el cual consistía en la reubicación de los pobladores en un lugar denominado Talicoyunque y Nuevo Acasico.

En respuesta a la construcción del megaproyecto, los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, iniciaron una digna resistencia por más de 16 años contra la inundación de sus hogares, cultura y territorio.

A pesar de la fuerte oposición de los afectados, las autoridades mantuvieron una postura intransigente y recurrieron a la represión, la criminalización y la violación de derechos humanos para imponer el proyecto.

Después de años de lucha y resistencia, las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, junto con sus asesores el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Colectivo de Abogadxs, lograron firmar un acuerdo con el gobierno federal para evitar su inundación por la presa El Zapotillo.

El 10 de noviembre de 2021, se firmó el acuerdo para evitar inundar las tres poblaciones, lo que representó una victoria histórica para estas comunidades y para todos aquellos que luchan por la defensa del agua y el territorio.

Imagen: Mario Marlo

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