Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
Tren Maya y Corredor Interoceánico: El reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica
30 de mayo de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)
Cuarta sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Te pedimos para difundir/compartir la jornada en las redes sociales: Facebook / Twitter
Invitamos también a la última sesión de las Jornadas de Reflexión: 5. Construcción de alternativas para permanecer en la tierra desde Latinoamérica y el Caribe
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de mayo del 2024
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Chiutzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico desde el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.
La «Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos» operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.
El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo «que el basurero funciona correctamente, no contamina y cumple con la NOM 083». Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresa retiraron los sellos de clausura.
Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del basurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable por su basura; respeto total a la autodeterminación de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.
Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedan sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua
¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS! ¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA! RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Domingo, 5/05 – 18 horas Brasília, 15 horas en México
DIÁLOGOS EM MOVIMIENTO
Ríos Mayas: integración cultural México/Guatemala
El territorio fronterizo entre México y Guatemala se caracteriza históricamente por un alto intercambio cultural y comercial, pero también por múltiples conflictos y situaciones violentas.
¿Cual es el simbolismo de los Ríos Mayas para las comunidades, las culturas y las artes? A partir de la preservacion de los ríos y desde de la construcción de alternativas comunitárias, algunas organizaciones han desarrollado propuestas para la agroforestería, agroecología, baños secos, bioconstrucción, captación de agua de lluvia, biofiltros, tecnologías apropiadas, acciones de soberanía alimentaria, turismo solidario y economía comunitaria etc, cómo forma de contribuir para crear un territorio más pacífico y sustentable.
Invitados: Marco von Borstel. Activista, escritor, comunicólogo y educador popular mexicano, y Francisco Rocael (Chico), dirigente del Consejo de Pueblo Maya, desde Guatemala
Mediación: Dennise Gálvez (Bolívia) e Paulo Santos (Brasil).
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril del 2024
El 27 de abril del 2010 nuestra compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería (REMA) y. el observador internacional finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinadxs cuando participaban en una caravana de solidaridad pacífica de ayuda humanitaria con destino al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca, comunidad sitiada por paramilitares. En septiembre 2023 los presuntos asesinos fueron liberados por un Juez del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca Oaxaquena.
En diciembre del 2023, en el contexto de la exposición dedicada a Bety y Jyri en la Eurocámara en Estamburgo, sus familias y sus acompañantes dieron a conocer que el caso se llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debelando la impunidad del caso en México y los nexos del Estado con grupos paramilitares.
Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS), mujer apasionada y comprometida con los pueblos indígenas, defensora del territorio contra el Corredor Interoceánico, mujer valiente y amorosa que seguirá siendo semilla de lucha para México y el mundo. Bety, como muchas defensoras y defensores del Territorio en México, perdieron la vida en la lucha, demostrando los mecanismos de violencia estatal y corporativa desplegada en defensa del modelo extractivo impuesto en nuestros pueblos.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, hoy en conmemoración de su partida, abrazamos a sus familias desde la solidaridad y seguimos exigiendo al gobierno federal de México y estatal de Oaxaca voluntad política para esclarecer los hechos y castigo a las personas responsables. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los pueblos de América Latina a tejernos en redes que luchen ante la impunidad que rodea el asesinato de defensores de la Madre Naturaleza y defender el derecho legítimo a la resistencia.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Organización Voces Mesoamericanas con quienes platicaremos sobre las mujeres en los procesos migratorios. Acompáñanos este viernes 22 de marzo las 6:00 pm por nuestro facebook live.
En el marco del Día Internacional contra las represas y en defensa de los ríos les invitamos a participar en un conversatorio que tendremos através de youtube sobre el tema con participación desde Tecapulín en Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México y Guatemala.
Martes 19 de marzo de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Antsetik tsa’ik Lekil kuxlejal – Mujeres construyendo buena vida
Área de Comunicación – Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Año: 2012
Duración: 20 minutos
Idioma: Tsotsil
Subtitulos: Español
Sinopsis: Este documental retrata la palabra, la lucha y la construcción de una buena vida de las mujeres de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Mediante organización y trabajo colectivo se enfrentan cotidianamente a la adversidad que significa ser mujer, campesina e indígena.
Nuestras luchas contra la Violencia de Género
Ana Laura Hernández – Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comunicado de las mujeres de Otros Mundos Chiapas /Amigos de la Tierra México en el marco del #8M Día Internacional de la mujer – A 8 de marzo del 2024
En este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, nosotras, mujeres diversas de todas las culturas, edades y lugares del mundo, nos unimos una vez más en solidaridad para afirmar nuestro compromiso continuo de luchar hasta que todas las mujeres sean liberadas de la opresión patriarcal, capitalista y colonial.
Hoy, reafirmamos nuestras demandas y honramos las luchas históricas de las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos con las valientes mujeres defensoras que resisten contra el modelo extractivista y los proyectos que amenazan la vida en todas partes. Reconocemos el derecho fundamental de todas las mujeres a defender sus cuerpos, tierras, aguas y la misma vida. Recordamos que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista.
Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Denunciamos la situación de un país donde el feminicidio es una triste certeza, donde la seguridad de salir a las calles es un privilegio negado para muchos, donde la protección a los agresores prevalece sobre las víctimas. Exigimos justicia, seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres
Homenajeamos a todas las mujeres que han perdido la vida en la lucha por proteger la vida y la tierra, especialmente a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a todas aquellas que continúan en la lucha hoy en día.
Celebramos nuestra resistencia contra la violencia patriarcal, que persiste en todas las esferas de nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y exigimos a las autoridades que dejen de disfrazar cifras y se pongan a trabajar para garantizar seguridad en México para todas y todos. Exigimos que atiendan la situación de violencia en la frontera de Chiapas y el desplazamiento forzado de miles de familias por el mismo hecho.
En este día, recordamos la alegría y la diversidad que nos fortalece en nuestra lucha por la defensa de la tierra y el territorio, reconociendo la importancia de la sororidad entre nosotras. Nos inspira la solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos en esta batalla, celebrando nuestra fuerza colectiva y nuestro compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo.
¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado ya los proyectos que amenazan la vida!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México, América Latina y en todo el mundo!
¡Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas!
Les compartimos esta entrevista que les realizaron a integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo del 2024
La Red de Afectados por la Minería es una organización que existe desde 2008, conformada por comunidades, movimientos, redes y organizaciones afectadas e interesadas en los efectos socioambientales del modelo extractivo minero en México. Isa Velásquez y Esperanza Salazar son parte de esta red, y tuvimos la suerte de charlar con ellas el sábado 24 de febrero.
En un primer momento de la charla abordamos los orígenes de REMA, sus actividades y sus conexiones con múltiples movimientos que defienden el territorio contra la minería en diferentes países de Latinoamérica. Señalaron que las afectaciones de la minería se replican en todos estos lugares, manifestándose especialmente en la salud de las personas y el medio ambiente. Además, se abordó cómo existe una estrecha relación entre la violencia que se manifiesta en estos territorios donde la minería ya está establecida o busca ser establecida.
También se abordó cómo ha sido la actividad minera en el país a lo largo de tres sexenios con gobiernos de distintos partidos políticos, señalando que no notan un cambio trascendental, siendo muy parecido sexenio tras sexenio.
Por último, se abordó la propuesta que forma parte de este paquete de propuestas de reformas a la Constitución generadas por AMLO, específicamente aquella que busca “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto”. Cuestión que es interpretada por REMA como inacabada o no muy bien planteada, pues no queda totalmente claro si se prohibirá conceder mineras de cielo abierto, o si se detendrán las concesiones ya planteadas, en lo que visualizan como una propuesta con trasfondo meramente electoral y no con el fin de detener estas “zonas de sacrificio” que solo buscan aumentar la riqueza de los dueños de las minas.
Les compartimos la siguiente invitación a particiar en la presentación de esta investigación realizado por GeoComunes – A marzo 2024
on mucho gusto les compartimos la información sobre la presentación de la investigación «Reestructuración energética en México: subordinación territorial en el noroeste y sureste de México» realizada por GeoComunes.
Miércoles 6 de marzo: 5 de la tarde Transmisión por medio de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube
Con la participación de Ivan Martínez Zazueta (@geografia.septentrional), Ivet Reyes Maturano (Articulación Yucatánulacionyucatan) y integrante de Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta.
Compartimos este informe de Salva la selva dando seguimiento a una petición que lanzó sobre el mal llamado Tren Maya – A 20 de febrero del 2024
“No vamos a tumbar ni un solo árbol”, decía el presidente mexicano López Obrador en 2018. Hoy, con varios tramos del tren inaugurados, se comprueba que era mentira.
Salva la Selva fue pionera en denunciar el proyecto del Tren Maya a nivel internacional. Casi se puede decir lo mismo a nivel de México, pues tras recibir varias llamadas de socorro, en 2018 comenzábamos la petición Tren Maya arrasará la selva en México. El mayor objetivo era dar a conocer los graves impactos que preveíamos tendría el proyecto insignia del presidente mexicano, que ahora se confirman, de construir un tren turístico que atraviesa cinco estados mexicanos en la península de Yucatán.
Con muy buena resonancia tanto dentro como fuera del país, la petición sumó 282.629 firmas y fue difundida ampliamente y entregada en varias ocasiones a diferentes instituciones del gobierno mexicano. También se adjuntó a procesos legales que por momentos lograron detener tramos de la obra o lograr pequeñas modificaciones del trazado.
Se puede decir que, a pesar de todo, la empecinada priorización del proyecto por parte del gobierno ha impedido que se pudiera detener definitivamente.
Recopilando el sentir de algunos de nuestras organizaciones aliadas en México sobre el avance de la obra y su disque “inauguración” hemos elaborado un informe. Como nos cuentan, por el momento, se van concretando algunos de nuestros temores peores temores y lo reflejamos en el informe Tren Maya ¿Qué Inauguración?
Comienza una nueva fase, que consiste en dar seguimiento a las nuevas realidades que supone el Tren Maya para las comunidades impactadas por su avance.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
