Les compartimos esta nota de Desinformémonos sobre los 10 años de GeoComunes, agradacemos siempre su trabajo y caminar con los pueblos que resisten – A 10 de diciembre del 2024
Mauricio González González
No es ajeno para quienes se ven afectados por una mina, una presa, un pozo petrolero, una carretera, un programa de desarrollo urbano o cualquier proyecto de este tipo, lamentarse por el infortunio de vivir en el lugar menos adecuado, “–Ora nos tocó a nosotros” me han dicho en más de una ocasión, pero lo que no es legible en esas situaciones es que ello responde a una lógica territorial mayor, una que no sólo expresa los intereses de élites regionales o nacionales, sino que es estructural e históricamente determinada y que, al revelarse, permite dimensionar el tamaño de la afrenta y, por mucho, de nuestras respuestas, de nuestra lucha. Hace una década apareció acompañando a diferentes procesos, los primeros en el Valle de México, un colectivo que empezó a mapear algunos de esos proyectos que afectaban a localidades y regiones enteras y que, de varias maneras, hacían eco a la voz de sus habitantes que se oponían, que les resistían. Se hacían llamar GeoComunes.
Luis Fernando Pérez, integrante del colectivo desde sus inicios explica que “GeoComunes se creó por una coincidencia, un poco, había compañeras, compañeros que querían hacer algo de utilidad en términos cartográficos, en procesos organizativos, que habían comenzado a tener experiencias en algunos lados, Chiapas, Guerrero, y que nos fuimos conociendo a partir de un compañero, Stéphane [Couturier], nos dimos cuenta que queríamos hacer cosas parecidas, que teníamos un horizonte político compartido y que podríamos caminar en conjunto”. Era el 2014, numerosos proceso de despojo en todo el país estaban en curso, bajo la impronta de lo que algunos llamaron “el consenso de los commodities”, cuya expresión desde abajo era de franca disputa y confrontación caracterizada por amplios diferenciales de poder en la gran mayoría de las trincheras pero que, de a poco, fueron adquiriendo experiencia y articulándose, tal como sucedió con el propio colectivo GeoComunes: “procesos de aprendizaje -explica Yannik Deniau- han sido muchos, pero creo que el momento cuando empezamos a integrarnos a ciertas redes, es decir, al trabajo directamente de acompañamiento en el momento en que esos procesos se estaban agrupando en ciertas redes, como ha sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) y otras, también fue potencializando el trabajo, se fue pensando entre muchas personas, perfilando estrategias para procesos de defensa del territorio y procesos colectivos”. A su entender eso ha sido lo fundamental, orientarse por y con los procesos a los cuales se acercan, colaborar, sumar y co-crean colectivamente, en un diálogo permanente que les hace ir y venir del gabinete y las herramientas técnicas a donde está la gente.
Así, un recurso tan sofisticado como lo es la cartografía formó parte de nuestros bastimentos, “hacer de los mapas una herramienta que potencie el proceso político-organizativo de cualquiera”, dice Isabel Velázquez, “que esté pensado desde lo local como reapropiación de sus territorios”. Cartografías colaborativas como formas de acción política. La responsabilidad de la información que se comparte, el acopio y análisis crítico de diferentes fuentes, la construcción de bases de datos y liberación de información no siempre accesible es parte del esfuerzo en conjunto, lo cual han realizado con sobrada generosidad y cuidado: “ir reconociendo corresponsabilidades políticas pero también las emotivas, sentirnos muy cercanos con la gente que acompañamos y con la que hemos podido trabajar”, subraya Isabel, lo cual es patente en el cariño que les profesan no pocos compañeros, compañeras de diversos procesos.
Pero mantenerse como colectivo no es asunto menor, trascender el momento inicial insuflado de activismo a otro con un quehacer político específico como organización, ha requerido conocerse y reconocer necesidades específicas, posibilitar condiciones de trabajo adecuadas para continuar, “servir y hacer el trabajo que creemos puede ser útil, la definición política de con quién sí trabajamos, con quien no, asumir responsabilidades frente a qué hacer y no sólo poner mapas”, reflexión fundamental de un trabajo compañero. servir y no servirse, tal como hacen los consecuentes con las enseñanzas del movimiento indígena que cimbró el final del siglo XX en la sociedad mexicana.
Ante ello en 2022 GeoComunes tomó una decisión largamente acuñada, conformarse como organización civil, “hemos ido construyendo nuestro propio camino, si bien hay alianzas, hemos logrado mantener la capacidad de definir hacia dónde, con quienes sí, con quienes no, y de qué manera, estamos pasando por un nuevo proceso”, explica Luis, del cual sin duda también van allegándose nuevas enseñanzas. Así, GeoComunes se define hoy como “un colectivo que acompaña a las organizaciones de base rurales y urbanas en la lucha por la defensa territorial y en el fortalecimiento de su autodeterminación, a paritr de la realización de investigación y cartografía colaborativa para la defensa de los bienes comunes” (https://geocomunes.org), colectivo del cual hoy celebramos 10 años de existencia, agradecidos siempre por su aporte, sencillez y claridad. Larga vida.
Compartimos con mucha alegría este material de Educación Popular que surgió como una inquietud de entender la Ley Agraria durante la Escuela Popular Ejidal y Comunal elaborado por nuestro compañero Eleazar Gómez – Octubre de 2021 >>Descargar Diccionario en pdf aquí<<
PRESENTACIÓN
En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.
Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.
ABREVIATURAS
CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
LA: Ley Agraria.
LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
PA: Procuraduría Agraria.
PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
RAN: Registro Agrario Nacional.
RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
TA: Tribunal Agrario.
TSA: Tribunal Superior Agrario.
TUA: Tribunal Unitario Agrario.
A
Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera. Actor: persona que presenta una demanda. Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha. Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE. Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”. Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria. Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad. Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.
Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera. Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria. Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa. Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social. Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado. Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas. Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras. Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión. Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).
Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema. Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado o de actores privados. Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje. Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA. Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas. Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas. Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos. Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo. Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.
Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.
B
Baldío: tierras que no tienen dueño. Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad. Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros. Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos. Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.
C
Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan anteellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción. Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería. Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.
Compartimos el informe anual de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 2 de julio del 2021
CARTA DE KARIN NANSEN – PRESIDENTA DE AMIGOS DE LA TIERRA INTERNACIONAL
2020 fue un año plagado de desafíos como resultado de la pandemia de Covid-19 que exacerbó las crisis que enfrentamos. Pero al mismo tiempo, también puso de manifiesto lo vital que es el trabajo inspirador y las soluciones verdaderas de los pueblos y comunidades de todo el mundo.
El campesinado, gran parte del cual son mujeres asumió rápidamente la responsabilidad de alimentar a los pueblos, y sus sistemas alimentarios diversificados y ecológicos se tornaron aún más relevantes para nuestras sociedades. Los mercados locales demostraron ser una alternativa real para la población urbana, que puede evitar así la mortífera especulación de los grandes supermercados controlados por empresas transnacionales y poderosas élites económicas. Resurgieron las ollas y comedores populares, organizados y sostenidos por la clase trabajadora: sindicatos, vecinas/os y organizaciones feministas que alimentaron a millones de personas que perdieron sus empleos, y a inmigrantes. Como siempre, las mujeres estuvieron en la primera línea de la respuesta a la crisis y sostuvieron no sólo el trabajo de cuidados tan necesario para sus familias y comunidades, sino otros tipos de tareas esenciales en nuestras sociedades, como la salud pública, la educación, el procesamiento de alimentos y otros sectores.
En tiempos de crisis, lo que más importante se hace evidente. En todo el mundo, los pueblos comenzaron a entender una vez más que el derecho a la alimentación, el agua, la energía, la biodiversidad y un ambiente saludable, así como el trabajo de cuidados, los sistemas de salud pública, los servicios públicos y la seguridad social son claves para sostener la vida. Con la pandemia y sus enormes impactos, se hizo más claro que nuestras sociedades deben organizarse para apoyar a quienes más lo necesitan, y al mismo tiempo exigir políticas públicas que pongan la vida en el centro y garanticen el cumplimiento de sus derechos. Quedó más claro que nunca que el neoliberalismo no tiene como prioridad salvar vidas, y que se necesita urgentemente una transformación radical para hacer avanzar la justicia ambiental, social, de género y económica y para garantizar la sustentabilidad de la vida. Por eso, la necesidad de respuestas que contribuyan al desmantelamiento de los sistemas de explotación y opresión, incluido el poder empresarial que genera y exacerba las crisis sistémicas resultó crucial, al igual que las respuestas basadas en la solidaridad internacional.
En este difícil contexto de 2020, nuestras profundas raíces nutridas por la larga trayectoria de trabajo local y nacional con las comunidades y los movimientos sociales de todo el mundo, combinadas con nuestra perspectiva internacionalista construida junto con nuestras/os aliadas/os, le permitieron a Amigos de la Tierra Internacional organizarse rápidamente en múltiples niveles para ofrecer respuestas estructurales frente a la pandemia, basadas en la justicia, y encarar a la vez otras crisis sistemas interrelacionadas.
Nuestro trabajo a nivel local, nacional, regional e internacional se nutrió y fortaleció con nuestros principios comparticos para una Recuperación Justa. Estos principios fueron el resultado de un trabajo conjunto de la Federación para llegar a una comprensión y análisis en común de las causas estructurales de la crisis sanitaria y sus vínculos con las otras crisis sistémicas, y de sus impactos devastadores que se extienden más allá de la trágica pérdida de vidas humanas, para evitar volver a lo que se consideraba “normal”, tomando medidas en pos de la construcción de la sociedad que queremos.
Nuestro compromiso de desmantelar el patriarcado adquirió aún más vigencia y se hizo más apremiante a medida que fuimos atestiguando la violencia creciente contra las mujeres: atrapadas en hogares poco seguros con sus agresores; en sus comunidades mientras lideran luchas colectivas contra el poder empresarial, el acaparamiento de tierras, la deforestación, los combustibles fósiles, las megarrepresas y la minería; en sus empleos donde su trabajo y sus cuerpos son explotados; e institucionalmente cuando sus derechos son constantemente violados.
Desmontar la división sexual del trabajo y reorganizar el trabajo de cuidados como responsabilidad compartida de la sociedad en general y del Estado, es un asunto verdaderamente urgente. Viendo cómo la crisis sanitaria y sus consecuencias amenazaron las vidas de Pueblos Indígenas, pueblos y comunidades negras, gente que sufre racismo, mujeres y población LGBTQ, reafirmamos priorizar la lucha contra todas las formas de opresión en nuestra agenda política. Junto con nuestras/os aliadas/os de la Marcha Mundial de las Mujeres y La Vía Campesina pudimos conocer e integrar el análisis y los principios de la economía feminista en nuestro trabajo.
Fue difícil movilizarnos en las calles o hacer trabajo de incidencia de manera presencial, sin embargo, a través de seminarios virtuales y reuniones de estrategia con aliadas/os, y la movilización, participación y monitoreo virtual de las negociaciones internacionales, nuestros programas internacionales lograron transmitir una crítica sólida contra las falsas soluciones con que se pretende que todo siga igual pero con fachada verde, e impugnar la cooptación empresarial de los procesos de toma de decisiones. Junto con nuestras/os aliadas/os, nos movilizamos a nivel internacional contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales y su impunidad, así como contra los privilegios excesivos que se les otorgan a través de los tratados de libre comercio e inversión y los rescates de grandes empresas.
Cabe destacar además que continuamos avanzando en nuestra agenda en pos del cambio de sistema. Dimos un salto cualitativo al proponer vías para fomentar soluciones populares sistémicas verdaderamente emancipatorias y propuestas claras de políticas para propiciar el manejo comunitario de bosques, la soberanía alimentaria y la agroecología, la justicia económica, la justicia climática y una Transición Justa. Nuestras regiones y programas avanzaron por igual en darle un encuadre feminista a la Transición Justa, en un rico diálogo con nuestras/os aliadas/os.
Fortalecimos la solidaridad internacionalista en nuestra federación, y nuestros grupos miembro y regiones aunaron esfuerzos para participar en acciones de solidaridad y resistir la ofensiva de la derecha y las grandes empresas contra los pueblos y el medioambiente, desplegada actualmente en tantos lugares en todo el mundo.
Fuimos testigos una vez más de cómo un sistema estructurado en torno a la opresión y la explotación hará lo que sea para silenciar las voces de quienes lideran las luchas colectivas contra el racismo estructural y la destrucción y el acaparamiento de sus territorios.
Denunciamos el asesinato de Jehry Rivera, líder indígena del pueblo Naso Bröran de Costa Rica. Jehry luchaba por la autonomía de los Pueblos Indígenas frente a proyectos extractivistas y usurpadores de tierras como el proyecto hidroeléctrico de Diquís, que estaba afectando negativamente a la comunidad.
Repudiamos el asesinato de George Floyd, Breonna Taylor, Tony McDade y Ahmaud Arbery y los asesinatos y violencia sistémicos contra la población negra en Estados Unidos, avalados por el Estado. Expresamos nuestra solidaridad y aunamos fuerzas para denunciar el racismo sistémico y la opresión institucionalizada.
También condenamos el asesinato de Mama Fikile Ntshangase en Sudáfrica. Como integrante de la Organización de Justicia Ambiental Comunitaria de Mfolozi (MCEJO), Mama Fikile manifestaba abiertamente su preocupación por la operativa de la mina de carbón de Tendele. Nos solidarizamos con su familia y toda la comunidad de Somkele en su reclamo por justicia para que la impunidad de los autores intelectuales y materiales de este horrendo crimen no prevalezca.
Nuestra lucha continúa y sin duda tenemos enormes desafíos por delante. Pero nuestra estructura descentralizada y democrática, que es bastante singular, nos permite estar profundamente arraigadas/os en las luchas locales y trabajar juntas/os a nivel internacional compartiendo un profundo compromiso por la justicia. Nuestro análisis y agenda política compartidos, tanto dentro de Amigos de la Tierra Internacional como con otros movimientos y organizaciones sociales, es una base firme para una mayor convergencia en pos de la construcción de poder popular, soluciones de los pueblos verdaderas y solidaridad internacionalista, al mismo tiempo que enfrentamos los sistemas de opresión y explotación que son el origen de las crisis sistémicas.
Valoramos enormemente su apoyo constante, que es fundamental para nuestra lucha y para lograr una transformación radical de nuestras sociedades basada en la justicia.
Carta de la Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional 4
Informe sobre la pandemia de Covid-19 6
Justicia climática y energía 12
Justicia económica y resistencia al neoliberalismo 16
Soberanía alimentaria 20
Bosques y biodiversidad 24
Integración de la justicia de género 28
Sistema de solidaridad internacionalista 30
Temas transversales e hitos regionales 32
Finanzas 38
Nuestro comité ejecutivo 39
Grupos miembro 40
INFORME ANUAL 2020 |
7P: ¿CÓMO CUIDAMOS DE NUESTRA FEDERACIÓN DURANTE LA PANDEMIA?
“A pesar de ser un año muy complicado y extenuante, también cambió la forma en que trabajamos y nos organizamos,” constató Amigos de la Tierra Asia Pacífico, que en pocas palabras resume el parecer compartido por toda Amigos de la Tierra Internacional.
A medida que las medidas de confinamiento se extendieron por todo el mundo, la mayor parte de la actividad pasó a formato virtual por Internet, desde las actividades de formación hasta los grandes eventos como nuestros populares talleres de la Escuela de la Sustentabilidad y nuestras AGA. Para nuestros grupos miembro cuyo trabajo está basado en la movilización de las comunidades con el fin de llevar a cabo acciones colectivas, esto significó un cambio drástico que exigió nuevos métodos de trabajo y aplicaciones, encuestas y proyectos piloto, así como subvenciones para apoyar a quienes más lo necesitaban.
En marzo creamos un grupo de bienestar que ha seguido funcionando en 2021. Organizamos una encuesta sobre los impactos de la pandemia de Covid-19 en los grupos miembro, gestionamos subvenciones de emergencia y llevamos a cabo un evento de solidaridad que fue muy bien recibido, además de un taller sobre bienestar.
Las respuestas de 37 grupos miembro a nuestra encuesta virtual (20 de marzo – 19 de abril) mostraron que todos se vieron enfrentados a un incremento muy marcado del trabajo en formato virtual. Algunos de los problemas que surgieron fueron:
Necesidad de investigar y recibir capacitación sobre herramientas virtuales para videoconferencias y comunicaciones. Como el 90% de nuestros grupos estaban trabajando en la virtualidad o desde sus hogares, realizamos tres seminarios en formato virtual (en inglés y castellano) para facilitar el trabajo en equipo a distancia, propiciar el bienestar y compartir consejos sobre cómo organizarnos mejor y crear espacios inclusivos por vía electrónica. En diciembre también organizamos una sesión abierta para todos los grupos miembro con el fin de compartir historias de esperanza, solidaridad e inspiración.
Trabajar desde casa implicó más responsabilidades con respecto a los cuidados (de las/os hijas/os y otros familiares, entre otras) para varias/os de las/os voluntarias/os e integrantes clave del personal de nuestros grupos miembro, particularmente mujeres, debido al rol socialmente construido que tienen como cuidadoras. Muchos grupos respondieron con flexibilidad, acordando a menudo reducir la carga de trabajo/horaria sin recorte salarial.
El confinamiento forzoso con la familia/amigas/os, perder el empleo o contraer el virus, y la dificultad para acceder a tratamientos médicos en algunos países, repercutió de variadas maneras en el personal y voluntarias/os clave, incluida una menor motivación del personal y problemas de salud mental. Algunos grupos miembro realizaron chequeos colectivos o individuales del personal y establecieron sistemas de acompañamiento. Algunos proporcionaron equipos de protección y desinfección en caso de ser necesarios. También brindamos materiales de comunicación para compartir, como videos y artículos donde mostramos nuestras soluciones en pos del cambio de sistema una vez pasada la crisis.
Incertidumbre respecto del financiamiento. Algunos grupos miembro están ideando nuevas estrategias de financiamiento, en la medida que nos vemos obligados a adaptar los planes de las subvenciones o perdemos potencialmente donaciones regulares del público. También compartimos fondos de emergencia con grupos miembro y comunidades para solventar necesidades humanitarias (productos sanitarios, medios de sustento y cuidado de las/os hijas/os) especialmente de quienes trabajan con defensoras y defensores de los derechos humanos para fortalecer la solidaridad internacionalista (ver p30).
La necesidad de resolver temas de seguridad digital y conectividad. Tras nuestro taller de seguridad digital en mayo y la encuesta realizada con 83 personas descubrimos que 30 seguían teniendo problemas de conexión a Internet. Esto llevó a que se otorgaran subvenciones a 18 personas con cargos regionales o internacionales para ayudarles a resolver los problemas de conectividad.
[A] cinco años [del Acuerdo de París], el mundo sigue estando plagado de desigualdades, crisis más profundas de desempleo creciente, proyectos de combustibles fósiles y rescates para las empresas más contaminantes, además de la pandemia deCOVID-19. El origen de todas estas crisis interrelacionadas es en todos los casos el capitalismo extractivista movido por el afán de lucro. Exigimos uncambio de sistema,sistemas energéticos renovables de propiedad comunalyderechos para los PueblosIndígenas y comunidades que están en la primera línea del frente para que puedan seguir protegiendo los ecosistemas que nos nutren a todas/os y al planeta.
https://www.foei.org/es/comunicados_prensa/cinco-anos-acuerdo-paris-clima-cop, dipti Bhatnagar, Coordinadora internacional del programa de Justicia Climática y Energía diciembre de 2020 (ver p12 por más información sobre nuestro programa de Justicia Climática y Energía).
P: ¿CÓMO AFECTÓ LA PANDEMIA DE COVID 19 A NUESTRAS CAMPAÑAS?
Nuestra visión de una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 está basada en la justicia ambiental, social, de género y económica. Apoyadas/os en nuestras redes, pudimos predecir acertadamente que los sectores más afectados serían la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, quienes sufren racismo, las/os migrantes, los pueblos que viven en zonas de guerra y conflicto, la población LGBTQ, los pueblos de países que enfrentan bloqueos económicos. Nuestra respuesta fue ejecutar mejor el trabajo transversal a los programas para que todas las regiones y la Federación en su conjunto trabajemos por una Recuperación Justa de la pandemia de Covid-19 que ayude al mundo a avanzar hacia el cambio de sistema.
Nos pronunciamos sobre el modo en que la pandemia de Covid-19 es atizada por el sistema político-económico actual que privilegia el lucro y las ganancias antes que los derechos de los pueblos y el medioambiente. Mostramos cómo el neoliberalismo y la financiarización de la naturaleza imponen obstáculos importantes a las respuestas estructurales, lo que a su vez empeora la crisis sanitaria mundial. Por ejemplo:
Debilitando los sistemas de salud pública y seguridad social y los servicios públicos (ver p16 JERN).
Desmantelando los derechos de las/os trabajadoras/es y flexibilizando el empleo y las condiciones de trabajo, ver acuerdo entre el Mercosur y la UE (ver p16 JERN) y Soberanía Alimentaria (ver p20 SA).
Explotando cada vez más el trabajo de las mujeres (ver p9 Recuperación Justa, p12 JCE y p28 JGDP).
Cediéndoles más poder y privilegios a las empresas transnacionales a través del neoliberalismo, y reduciendo a la vez el papel y la figura del Estado (ver resistencia a los ADPIC p16 JERN, soberanía alimentaria p20 y Marco Posterior a 2020 p24 ByB).
También fuimos las/os encargadas/os principales de la autoría de la mayor evaluación popular de la pandemia de Covid-19 y los sistemas alimentarios, que reúne as voces de millones de productoras/es de alimentos a pequeña escala, trabajadoras/es, consumidoras/es, mujeres y jóvenes representadas/os en las organizaciones que participan en el Mecanismo de la sociedad civil y Pueblos Indígenas (MSC) para reclamar que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU coordine una respuesta mundial justa a la crisis alimentaria derivada de la pandemia de Covid-19 y a los problemas estructurales que enfrenta el sistema alimentario, basada en los derechos humanos. Este informe fue publicado en octubre. Ver p20 para mayor información sobre nuestro trabajo en torno a la soberanía alimentaria.
La pandemia puso al desnudo las desigualdades que existen en todo el mundo, y trajo consigo muchas prácticas antidemocráticas y un aumento de la pobreza y la violencia. En todos los países, las medidas de confinamiento afectaron negativamente a las pequeñas empresas, agricultoras/es, comerciantes informales y el transporte. El resultado ha sido un aumento de los precios de los alimentos descomunal, sumado a la pérdida de millones de puesto de trabajo y fuentes de ingreso.
Amigos de la Tierra África informa haber sido testigo de abusos de poder acompañados de la militarización creciente en varios países, atropellos y abusos de la policía, y respuestas ineficaces y desarticuladas de los gobiernos, tanto frente a la crisis sanitaria como a las crisis socioeconómicas cada vez más extendidas. A nivel mundial, las medidas de algunos gobiernos para lidiar con la pandemia de Covid-19 representan ataques contra las libertades civiles y acaparamientos de tierras que han aumentado la vulnerabilidad de las defensoras y defensores del medioambiente (ver p30 para mayor información sobre nuestro Sistema de Solidaridad Internacionalista)
Nuestros grupos miembro denunciaron un crecimiento brutal de la violencia basada en género en sus sociedades, especialmente en el hogar, acompañada de nuevas y mayores exigencias para las mujeres con relación al trabajo de cuidados y en términos de la supervivencia en circunstancias extremas. La pandemia ha demostrado cuán crucial es el trabajo de cuidados para la sustentabilidad de la vida en nuestras familias, comunidades y sociedades, así como para la defensa de nuestros territorios.
Dejamos en claro que la recuperación no significa volver a la ‘vieja normalidad’. Este es el momento de dar prioridad a la sustentabilidad de la vida, los derechos de los pueblos y la protección de los medios de sustento y el planeta. En agosto de 2020 propusimos cuatro principios para una Recuperación Justa:
Abandonar el neoliberalismo y la austeridad y adoptar políticas y medidas inmediatas basadas en la justicia, reconociendo los límites ecológicos.
Las medidas de recuperación deben estar fundadas en la cooperación multilateral y la solidaridad internacionalista y potenciarlas.
Fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos y de los pueblos.
Los gobiernos tienen que responder a las múltiples crisis sistémicas — de la pandemia, desigualdad, clima, alimentación y biodiversidad, y a la crisis de los cuidados — y a sus causas estructurales, proponiéndose una agenda transformadora de cambio de sistema.
Este contundente análisis político colectivo ayudó a la mayoría de los grupos miembro de Amigos de la Tierra a compartir una comprensión común de la crisis de Covid-19 y abogar por una Recuperación Justa a nivel nacional y local. Juntos, los movimientos progresistas y ambientalistas han contribuido a que la Recuperación Justa sea parte de la agenda a nivel mundial. Muchas agendas públicas y políticas nacionales han usado el lenguaje de una Recuperación Justa como encuadre para responder a la Covid-19. Por ejemplo el secretario general de la ONU, el presidente de China, la UNCTAD y muchas ciudades y gobiernos locales usaron el concepto o instaron por una ‘Recuperación Justa’ o verde, aunque el Foro Económico Mundial está haciendo uso del término para promover sus propias falsas soluciones empresariales. Sin embargo, el discurso de la llamada ‘recuperación justa’ y las políticas adoptadas por los gobiernos o las instituciones internacionales a menudo contienen solamente algunos elementos de lo que Amigos de la Tierra Internacional consideraría una Recuperación Justa que pueda dar lugar a sociedades sustentables
P: ¿CÓMO LLEVAMOS ADELANTE LAS CAMPAÑAS CUANDO NOS VIMOS ENFRENTADOS A LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE ACARREÓ LA PANDEMIA DE COVID-19?
Muchas reuniones internacionales como las COP de la ONU sobre el clima y la biodiversidad se pospusieron hasta 2021, ya que sólo se permitían viajes esenciales. A nivel nacional, muchos países prohibieron las reuniones de más de tres a diez personas, mientras se aprobaban leyes de distanciamiento social o se declaraban estados de emergencia, que pusieron en suspenso los eventos públicos, las manifestaciones y los viajes internacionales.
Reunirse con funcionarias/os gubernamentales se tornó imposible, y hacer trabajo de incidencia a favor de la justicia ambiental fue más difícil.
Identificamos que es incluso más difícil para los grupos defender la justicia ambiental y los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales y proteger el medioambiente. Esto nos llevó a asignar subvenciones a nuestros grupos miembro en Georgia, Honduras, Palestina y Sri Lanka para atender situaciones asociadas a la Covid-19. Ver p24 para mayor información sobre Bosques y Biodiversidad.
Al mismo tiempo, el apoyo a proyectos de solidaridad y comunitarios creció exponencialmente. Muchos grupos y activistas de Amigos de la Tierra están trabajando directamente con campesinas/os, aliadas/os de las comunidades, del movimiento social o de semillas en estos proyectos. También apoyamos activamente los servicios públicos y particularmente a las/os trabajadoras/es de la salud.
Al mismo tiempo que las campañas se posponían o suspendían, nuestros grupos miembro resaltaron que la crisis de Covid-19 es, al igual que las otras crisis que enfrenta el planeta, una alerta y llamado de urgencia por un programa de recuperación justa y sustentable. Muchos grupos dieron inicio a nuevas campañas:
Cuestionando las políticas gubernamentales de respuesta al coronavirus (ver p24 para mayor información sobre derechos ByB).nDe denuncia contra medidas autoritarias (ver p30 SSI).
De vigilancia a los gobiernos y grandes empresas que aprovechan la crisis para obtener ganancias (ver todos los programas).
Exigiendo que ningún rescate gubernamental se destine a empresas contaminantes (ver p12 JCE y p24 ByB).
Exigiendo que todos los fondos de recuperación gubernamentales se destinen a la recuperación justa y sustentable, nuestra Recuperación Justa (ver p12 JCE).
Haciendo énfasis en la necesidad de una respuesta feminista a la crisis (ver p28 JGDP).
Necesitamos una nueva economía al servicio de los pueblos y el planeta y que integre una perspectiva feminista. Mientras la pandemia sorprendía al mundo, creamos un Grupo de Trabajo Político al que confluyeron todas nuestras estructuras internacionales para construir colectivamente como Federación un análisis político coherente y en profundidad al respecto de la crisis, su contexto e impactos, – incluidas las amenazas crecientes a la justicia ambiental, social, económica y de género – y para el poder popular y la soberanía de los pueblos y los cambios más urgentes en materia de políticas que se requieren para encarar y resolver estos problemas.
LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”
Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.
En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.
En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.
La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.
En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes (comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.
Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía.
Un listado que argumenta aún más nuestra postura:
Las consultas no son previas, sino pre elaboradas. Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.
Las consultas no son libres, sino forzadas. La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un sí o un no. Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.
Las consultas no son informadas, sino manipuladas. El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.
Las consultas son vinculantes cuando les conviene. Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el «consentimiento vinculante». La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado. Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.
Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas. Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción -como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.
Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.
Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo. Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.
MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO DE LOS PUEBLOS
