Categoría: Tratados de Libre Comercio

Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – construyendo soberanía» – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía» se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de «alternativas verdes», pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el «buen vivir» propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

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Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía»

Más información:

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

 

Boletín de prensa conjunto de Amigos de la Tierra Estados Unidos y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 1º de septiembre 2017

WASHINGTON, D.C. – La segunda ronda de negociaciones secretas hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre hoy, primero de septiembre, en la Ciudad de México.

Pueden consultar también nuestro artículo «Las diez maneras en las que el nuevo TLCAN de Trump amenaza a la gente y al planeta»

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, hizo el siguiente pronunciamiento:

El TLCAN ha sido un desastre para el planeta. Y también para toda la gente de América del Norte, en particular para los Mexicanos. Pero no podemos confiar en Donald Trump para renegociar el TLCAN por dos razones. La primera es que Donald Trump es el más indignante negador del cambio climático y difamador de defensores del medio ambiente en el mundo. La segunda es que por sus vergonzosos prejuicios xenófobos hacia los Mexicanos, no es moralmente apto y es incapaz de negociar un tratado justo.

Donald Trump se ha referido a los inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos como «bad hombre», o «hombres malos». Quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, considerado como un «monumento racista», y con razón, por muchos Mexicanos, incluso por el expresidente conservador Vicente Fox. Y Trump quiere que México pague por dicho muro. Además, Trump ha prometido castigar financieramente las ciudades santuarios como Los Angeles,  Denver y Austin que buscan proteger a los inmigrantes de México y otros países de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos que encarcelaron y deportaron cruelmente a madres que tienen sus hijos viviendo legalmente en el país, a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, a niños supuestamente protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), entre otras víctimas. La lista de sus políticas y declaraciones xenófobas sigue y sigue.

Michelle Chan, vice-presidenta de Amigos de la Tierra Estados Unidos, hizo el siguiente pronunciamiento:

Donald Trump es incapaz de negociar un nuevo TLCAN basado en la justicia ambiental para los pueblos sin distinción de raza, color, o nacionalidad. Necesitamos un nuevo TLCAN que corrija sus reglas injustas que favorecen las industrias contaminantes las gigantes corporaciones multinacionales por encima de los pueblos y el planeta. Pero no lograremos tal acuerdo hasta que tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos quien crea en la igualdad racial y en la necesidad de una acción pronta y eficiente para contrarrestar el cambio climático y otras amenazas ambientales inminentes.

Contactos:
Expertos:  Gustavo Castro, guscastro@otrosmundoschiapas.org; Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Comunicación: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

— ENGLISH VERSION —

Trump brings a xenophobic, flat Earth agenda to Mexico City NAFTA talks

WASHINGTON, D.C. – The second round of secret negotiations on a new North American Free Trade Agreement (NAFTA) opens in Mexico City today, September 1.

For more information, please see Friends of the Earth’s blog on how Trump’s new NAFTA threatens people and the planet.

Gustavo Castro, Coordinator of Otros Mundos AC/Friends of the Earth Mexico, issued the following statement in response:

NAFTA has been a disaster for the planet.  It also has been a disaster for all the people of North America and the Mexican people in particular. Donald Trump, however, cannot be trusted to renegotiate NAFTA for two reasons. First, Trump is the world’s most egregious climate change denier and traducer of environmentalists. Second, Trump’s shameful and xenophobic prejudice against Mexicans makes him morally unfit and incapable of concluding a fair deal.

Donald Trump has referred to Mexican immigrants as «bad hombres.» He wants to build a border wall between the U.S. and Mexico which many Mexicans even including the reactionary former Mexican president Vicente Fox have appropriately called a «racist monument.» And, Trump wants Mexico to pay for it. Trump also has promised to financially punish sanctuary cities like Los Angeles, Denver, and Austin which seek to protect Mexican and other immigrants to the U.S. from his ICE police who have been cruelly jailing and deporting mothers with legal children, women who have been subject to domestic abuse, and  children who are supposed to be protected by the DACA program, among other victims. The list of his xenophobic policies and statements goes on.

Additionally, Michelle Chan, Vice President of Friends of the Earth, U.S, issued the following statement in response:

Donald Trump is incapable of negotiating a new NAFTA deal based on the principle of environmental justice for people regardless of race, color, or national origin.  We need a new NAFTA that corrects its unfair provisions that favor polluting industries and giant multi-national corporations over people and the planet. But, we will only get that deal when we have a new President of the United States who believes in racial equality and the need for swift and effective action to counter climate change and other imminent environmental threats.

Expert contact: Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Communications contact: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

Observatorio de Multinacionales en América Latina

por Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Uno de los aspectos más destacables de la fortaleza de la lex mercatoria es la existencia de tribunales arbitrales internacionales. Y es que estos tribunales, caracterizados por la efectividad de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores [1]. Para ello, en los tratados de “libre comercio” y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros; es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés. Como nos recuerda Alejandro Teitelbaum, “los Estados renuncian así a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales nacionales” [2].

 La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, etc. Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Según la UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 696 casos conocidos [3].

El hecho de que en los tratados de “libre comercio” —tanto en los firmados en las pasadas décadas como en los que hoy se están negociando [4]—se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los Estados representa una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los derechos sociales [5]. Que una minera canadiense, por poner un caso actual, amenace con demandar al Estado español ante el CIADI —a través de una filial suya en Panamá y acogiéndose al tratado bilateral de inversiones entre ambos países— porque le sea denegada la licencia para explotar una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) certifica que las empresas transnacionales disponen de un poder jurídico que les hace situarse por encima de los Estados y la ciudadanía.

El CIADI, símbolo de la lex mercatoria

Entre las instituciones que operan en el arbitraje internacional, el CIADI es la más relevante de todas ellas. Este tribunal arbitral depende directamente del Banco Mundial y fue creado en 1965 como resultado del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados; en base al mismo, los Gobiernos de los Estados firmantes son requeridos a garantizar tres grandes principios: preservar la seguridad de la inversión, inhibirse en los procesos en los que la empresa decida transferir su capital a otros países y custodiar la igualdad en el tratamiento a las empresas nacionales y extranjeras.

El CIADI, que entró en vigor un año después de su creación y ha llegado a tener 159 Estados signatarios en 2015, funciona de acuerdo al Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ADIE), que define el instrumento al cual se acogen las demandas, la composición de los tribunales que intervendrán en el litigio y la vinculación del laudo final. Así, para cada litigio, se elige a dos árbitros y un presidente: un árbitro es designado por el Estado demandado y otro por la multinacional, mientras el presidente se propone en común por ambas partes. De hecho, el propio CIADI cuenta con una lista de árbitros de diferentes nacionalidades que se pone a disposición de las partes. Estos árbitros, que en un 96 por ciento son hombres, reciben una remuneración por hora dedicada al procedimiento que oscila entre 275 y 510 euros la hora; teniendo en cuenta que la duración media de los procesos se estima en unas 500 horas, puede constatarse que este tipo de procedimientos resulta muy atrayente para muchos juristas. Entre ellos, por ejemplo, destacan nombres como el de Francisco Orrego Vicuña, quien antes de dedicarse al arbitraje internacional desempeñó importantes funciones de gobierno en Chile durante la dictadura de Pinochet; Orrego, por cierto, fue propuesto por Repsol como árbitro en la demanda interpuesta contra Argentina en 2012 por la expropiación de YPF.

Y no son solamente los árbitros quienes sacan un gran rendimiento a estos procesos; entre las partes implicadas, encontramos también casos de multinacionales que han logrado salvar sus cuentas gracias a los laudos emitidos por el CIADI. Tal es el caso de la corporación estadounidense Cargill, que se embolsó 66 millones de euros procedentes del Estado mexicano tras ganar una demanda motivada por la creación de un impuesto que el Gobierno de México había establecido a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. Y eso mismo podría pasar si prosperase la demanda que ha interpuesto la multinacional francesa Veolia frente a Egipto al considerar que el aumento del salario mínimo —de 400 a 700 libras egipcias al mes, esto es, de 41 a 72 euros— atenta contra sus inversiones en el país.

 

El CIADI y las multinacionales españolas

Uno de los casos más conocidos es probablemente el de Repsol, que en 2012 presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje contra la República de Argentina, amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado por España y Argentina en 1991, por la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández del 51 por ciento de la que hasta entonces había sido su filial YPF. Pero este caso, que se resolvió dos años después con un acuerdo amistoso entre las partes —según el cual el Gobierno argentino entregaba a la multinacional petrolera títulos de deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares más un paquete nominal de otros 1.000 millones, junto con el disentimiento mutuo de las acciones legales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones—, no ha sido, ni mucho menos, el único en que una empresa española ha recurrido al CIADI cuando ha visto peligrar sus inversiones en otros países.

En total, han sido una treintena las veces en que las multinacionales españolas han recurrido al CIADI; en el 90 por ciento de los casos, estas demandas se han dirigido a países de América Latina —sobre todo a Argentina, Venezuela, México y Ecuador [6]— ,la región donde “nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Iberdrola, Abertis y Abengoa figuran también en la lista de multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI. Por citar solo uno de estos casos a modo de ejemplo: Abengoa, en consorcio con COFIDES —una compañía financiera dedicada a ofrecer apoyo a los proyectos de inversión privados de empresas españolas en el exterior—, logró que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralización del funcionamiento de una planta de gestión de residuos industriales peligrosos ubicada en el parque natural Los Mármoles, en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo (México), en una zona que fue declarada área protegida por la UNESCO. En la sentencia del tribunal de arbitraje se dictaminó que, a cambio de que Abengoa restituyese la propiedad del territorio donde se construyó la planta al Estado mexicano, la empresa fuera indemnizada con 31,1 millones de euros por los beneficios dejados de obtener después de que las instituciones estatales —tras un fuerte proceso de movilización social en su contra— decretaran el cierre definitivo de la planta.

 

España ante el CIADI

A la vez que las transnacionales españolas han utilizado el Derecho Corporativo Global para demandar a otros países ante los tribunales internacionales de arbitraje, España ha pasado a estar en los últimos años entre los países del mundo que más demandas ante el CIADI han recibido; concretamente, ocupa el cuarto lugar del ranking con un total de 26 casos. De todas estas reclamaciones, únicamente dos han sido concluidas; el resto han sido interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se han interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los sucesivos Gobiernos españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector de las energías renovables. En todos estos casos, el instrumento invocado como referencia para iniciar el proceso de arbitraje ha sido el Tratado de la Carta de la Energía.

Este tratado, firmado a mediados de los años noventa con los objetivos de garantizar el suministro de hidrocarburos a la Unión Europea y de potenciar el sector energético de los países de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de grandes inversores —entre los que destacan diferentes multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión— para ir demandando al Estado español ante el CIADI por “una expropiación indirecta de los beneficios que según sus cálculos (estimatorios) podrían haber obtenido con la legislación de partida sobre la cual se basaron para invertir”. Es decir: hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante.

Este caso es relevante, además, porque representa un ejemplo de cómo los Gobiernos están tomando decisiones y regulando a favor de las grandes corporaciones a pesar de que, aparentemente, parezca todo lo contario. Dicho de otro modo: el Gobierno español ha recortado las primas a la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos y eso ha afectado, fundamentalmente, a los pequeños productores y a las pymes de ese sector, no así a los intereses del oligopolio eléctrico que han sido favorecidos; al mismo tiempo, no parece que los grandes fondos de inversión vayan a salir perdiendo demasiado porque, si prosperan sus demandas ante el CIADI, van a poder reclamar importantes indemnizaciones a cuenta del presupuesto público.

 

Propuestas y alternativas

En este contexto, para reinterpretar esta arquitectura jurídica de la impunidad que se ha venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre comercio” y a los tribunales internacionales de arbitraje [7], pueden proponerse alternativas como las siguientes: denunciar los tratados comerciales —bilaterales, regionales y multilaterales— cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI —como ya han hecho diferentes países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela—; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; eliminar los tribunales arbitrales y crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, a la vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

*Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Notas:
[1] Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro (2015): Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.
[2] Teitelbaum, Alejandro (2012): “Tribunal arbitral internacional”, en Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (eds.), Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 239-242.
[3] Datos de la UNCTAD. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/
[4] Como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA), el acuerdo sobre el comercio de servicios (TiSA) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
[5] Hernández Zubizarreta, Juan: “El TTIP, TPP, TISA, CETA…vulneran el sistema internacional de los derechos humanos”,ALAI-América Latina en Movimiento, 4 de enero de 2016.
[6] Destaca, especialmente, el caso de Argentina, que ha sido llevada en 9 ocasiones ante el CIADI y ha sido objeto de una de cada tres demandas presentadas por parte de las compañías españolas en todo el mundo.
[7] Teitelbaum, Alejandro (2010): La armadura del capitalismo, Icaria, Barcelona.

Vía:  Movimiento M4

RadioMundoReal

El pasado 4 de febrero fue firmado el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), constituyendo un nuevo mojón en el avance de las negociaciones iniciadas oficialmente en marzo de 2010 para la liberalización del comercio entre 12 países, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las movilizaciones en contra de este ambicioso acuerdo, también llamado NAFTA 2.0 en referencia al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vienen ocurriendo en muchos de los países que lo integran. En Chile, un centenar de distintas organizaciones se han reunido en la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP y llevan adelante una fuerte agenda de resistencia a la implementación del tratado que ahora debe pasar por la aprobación de los parlamentos de cada país para su entrada en vigencia.

Esta semana dialogamos con Camila Montecinos, integrante de la organización GRAIN, para conocer el estado de las negociaciones del TPP y las amenazas que representa para Chile uno de los países, tanto a nivel latinoamericano como mundial, con más tratados de libre comercio firmados. Sobre cuánto más puede avanzar el TPP en términos de políticas neoliberales en ese país, Camila comienza afirmando que el mismo: «profundiza los niveles de pérdida de autonomía y posibilidades de defenderse económica y legalmente frente a las exigencias del capital trasnacional. Lo que hace este tratado es profundizar todo lo que se ha firmado en los tratados anteriores”.

Uno de los primeros aspectos que denuncia la militante chilena es el hecho de que el TPP obliga a que todas sus cláusulas sean revisadas periódicamente (máximo cada 5 años), habilitando la posibilidad de que sus cláusulas sean transformadas en caso de que los capitales trasnacionales consideren que sus intereses no sean contemplados: “Lo que tenemos aquí, a diferencia de muchos otros tratados, incluido el que tenemos con Estados Unidos, es un tratado abierto que cada vez le va a dar más garantías al capital transnacional”.

En segundo lugar, el TPP intenta aparentar que no amenazará derechos laborales, ambientales u otros derechos básicos: “El tratado contiene una serie de palabras de buena crianza que son solamente eso. Dice que todo país tiene derecho a proteger sus leyes laborales, que debe cuidar que efectivamente todos los derechos se cumplan, que nada en el tratado puede interpretarse contrario a las leyes laborales o a la salud pública, pero se añade en seguida ’siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a este acuerdo’”.

A estas aclaraciones, Camila suma un segundo elemento por el cual es factible pensar que el TPP implicará la vulneración de derechos básicos de la población: “El acuerdo trae un capítulo especial sobre lo que se llama ’armonización legislativa’. A partir de esto, los países se comprometen a hacer equivalentes todas sus normas, hacer todos los cambios necesarios legales necesarios para que las leyes sean las mismas en los distintos países».

“Esto abre las puertas para que haya todo tipo de presiones para que haya cambios en las leyes laborales, empeorándolas. Porque, también lo dice el tratado, cualquier cosa que haga un país, puede ser una ley, un reglamento, una práctica, una medida, se considera que puede ser algo cuestionable ante los tribunales internacionales de resolución de disputas”, alerta Camila.

Una amenaza aún mayor para los bienes comunes

Actualmente cientos de familias de pescadores artesanales se encuentran sin sus medios de vida debido al fenómeno de la marea roja en el sur del país. Esto mismo es un ejemplo según Camila de cómo los bienes comunes de un país pueden ser severamente comprometidos mediante los tratados de libre comercio: “En Chile se privatizó el mar para la acuicultura, y hoy día los niveles de contaminación son tan altos que hemos tenido una explosión de algas tóxicas […] Y esto es debido fundamentalmente a que las empresas trasnacionales de salmonicultura usan el mar como basurero. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso porque eso significaría atentar contra la ganancia de esas empresas”. Además, continua Camila, en esta crisis las empresas “se lavan las manos”, y el Estado es quién se tendrá que encargar de otorgar “una especie de subsidio para que la gente tenga como comer”.

El TPP pretende llevar a su máxima expresión la propiedad también sobre seres vivos, haciendo retroceder aún más las posibilidades de construcción de Soberanía Alimentaria y defensa de la biodiversidad. Al ser consultada sobre si el acuerdo obligaría el gobierno chileno a suscribir el último Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, la militante responde: “Hay que aceptar UPOV 91 sin lugar a dudas si se ratifica, pero se va mucho más allá: por ejemplo se abre la posibilidad de patentar plantas y animales”.

Las organizaciones y movimientos sociales chilenos se encuentran ahora abocados a intentar impedir que el parlamento chileno ratifique el TPP, cuya votación aún puede ocurrir antes de finalizar este año.

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“El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos”

Así se titula una nueva publicación de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay que realiza un análisis del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), con el que Uruguay ha estado “coqueteando”. Lo hace en forma comparativa con el Tratado sobre Comercio de Servicios (TISA, también por sus siglas en inglés), al que finalmente el país decició no adherir.

El texto se enfoca particularmente en la reflexión acerca de los cambios en el régimen internacional de comercio e inversiones que implicaría el TPP. Es parte además de un esfuerzo más amplio de REDES-AT por aportar regularmente nuevos productos que llamen al análisis, generen información y contenidos, y provoquen debate sobre los cambios que están ocurriendo en ese “nuevo” régimen.

Acceda al trabajo en formato pdf en este link: http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2016/04/PublicacionTisaTPP1.pdf

(Montevideo, 26/04/16) El 4 de febrero el TPP fue votado en Auckland, Nueva Zelandia, por los 12 países que lo integran, que son, además del propio Nueva Zelandia: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.

La firma del acuerdo no siginifica su entrada en vigencia, ya que requiere de la ratificación parlamentaria de todos los integrantes del convenio en un periodo de dos años. Se considerará aprobado si en esos dos años al menos seis países, que representen el 85 por ciento del PBI combinado de los 12 estados que conforman el acuerdo, aprueban el texto final.

El nuevo trabajo de REDES-AT, a cargo de las licenciadas Viviana Barreto y Natalia Carrau, estipula en su introducción: “Lo cierto es que más allá de los nombres técnicos y las especificidades de las disciplinas que se negocian, los acuerdos no dejan de ser un conjunto de reglas e instituciones a las que se comprometen y adhieren los países que los firman. Al mismo tiempo, estos acuerdos y su lógica imponen indirectamente obligaciones a países no firmantes que interactúan comercialmente con los países firmantes”.

“(…) Por tanto, en cierta forma estamos frente a lógicas de negociación comercial que tienen vocación hegemónica e imponen directa e indirectamente normas, instituciones y reglas que generan importantes impactos en los países, en particular en los países en desarrollo”, sentencian las autoras.

REDES – AT alerta que no es casual que desde hace unos cinco años estén surgiendo los llamados “acuerdos de nueva generación”. Estos tratados vienen a acompañar los cambios que están ocurriendo en las redes de producción global y en las formas en que las corporaciones transnacionales están generando capital.

Es necesario insistir en deconstruir los preceptos de la teoría respecto al aporte de las reglas del comercio internacional al crecimiento y desarrollo de los países, e introducir nuevamente un marco de análisis que observe y tenga en cuenta la división internacional del trabajo y a las empresas transnacionales como actores corporativos de enorme influencia.

Por mayor información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

El TPP restará derechos y libertades de toda la ciudadanía a cambio de beneficios económicos mínimos. Actualmente esperando la ratificación del Senado, es un tratado que se debe analizar y debatir con detenimiento.

Gisela Pérez de Acha, Horizontal.mx

Secretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional
4 de febrero de 2016

Los ministros de comercio de 12 países miembro del Acuerdo de Asociación Transpacífico realizaron una firma simbólica del acuerdo comercial que establece normas económicas favorables a las empresas para el 40% de la economía mundial.

Amigos de la Tierra internacional advierte que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se convertirá en una amenaza para la vida de la gente y el planeta en caso de ratificarse.

Sam Cossar-Gilbert, Coordinador del programa de Justicia Económica – Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, dijo:

«La ceremonia de firma del TPP no es nada más que una oportunidad para sacarse una foto e intentar apuntalar este acuerdo profundamente impopular y ambientalmente destructivo. Los ministros de comercio saben que será muy difícil ratificar el TPP en los parlamentos nacionales, especialmente en Estados Unidos donde los principales candidatos a la presidencia se oponen a él».

“Las miles de personas que protestaron hoy en las calles de Nueva Zelanda son una muestra del rechazo generalizado que existe en contra de este acuerdo comercial empresarial en todo el Pacífico.  La lucha contra el TPP crece y debemos asegurarnos de que esta injusticia de 6000 páginas no consiga ver la luz del día.

«El TPP socavaría las normas ambientales relativas a una amplia gama de asuntos, incluyendo la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos, la modificación genética, el uso de sustancias químicas y el cambio climático.  Por ejemplo, protegería el «libre comercio» de productos de energía sucia y conllevaría el aumento de las exportaciones de carbón, petróleo y gas, exacerbando el calentamiento global.”

«El TPP incluye el polémico mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) que permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por adoptar políticas que podrían perjudicar sus ganancias esperadas. Recientemente, TransCanada anunció que utilizaría el sistema ISDS para demandar a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por negarle autorización para la construcción de un oleoducto de arenas bituminosas. El TPP además socavará el «derecho a reglamentar» de los gobiernos, y es por esta razón que los legisladores deberían rechazar este mal acuerdo.

 

Joseph Stiglitz, The Guardian
Versión no oficial al español de RMALC/A.V. 10-01-2016

El año pasado fue una experiencia inolvidable para la economía global. No sólo por el rendimiento general decepcionante, sino por los profundos cambios – tanto para bien como para mal – ocurridos en el sistema económico mundial.

Lo más notable fue el Acuerdo de Paris sobre el clima alcanzado el mes pasado. Por sí mismo, el acuerdo está lejos de ser suficiente para limitar el aumento en el calentamiento global a la meta de 2ºC por encima del nivel preindustrial. Pero puso a todos sobre aviso: el mundo se está moviendo, inexorablemente, hacia una economía verde. Un día no muy lejano, los combustibles fósiles serán en gran parte una cosa del pasado. Así que cualquiera que invierte en el carbón ahora lo hace a su propio riesgo. Con más inversiones verdes a un primer plano, los que los financien ellos serán, debemos esperar, los que contrarresten el poderoso cabildeo de la industria del carbón, que está dispuesto a poner el mundo en riesgo de promover sus intereses de corta visión.

De hecho, el abandono de una economía de alto contenido de carbono, donde a menudo los intereses del carbón, gas y petróleo dominan, es sólo uno de varios cambios importantes en el orden geoeconómico mundial. Muchos otros son inevitables, dada la altísima cuota de China de la producción y la demanda global. El Nuevo Banco de Desarrollo, establecido por los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se puso en marcha durante el año, convirtiéndose en la primera institución financiera internacional importante liderado por los países emergentes. Y, a pesar de la resistencia de Barack Obama, se creó el Banco de Inversiones en infraestructura de Asia liderada por China, así inician la operación de este mes.

Los EE.UU. actuó con mayor sabiduría cuando se trataba de la moneda china. No obstruyendo la entrada del renminbi a la canasta de monedas que constituyen activos de reserva del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Además, un lustro después de que la administración de Obama accedió a cambios modestos en los derechos de voto de China y de otros mercados emergentes en el FMI – un pequeño guiño a las nuevas realidades económicas – el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente las reformas.

Las decisiones geoeconómicos más polémicas del año pasado son las relacionadas con el comercio. Casi desapercibido después de años de conversaciones inconexas, a la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio – inició para corregir los desequilibrios en los acuerdos comerciales anteriores que favorecían a los países desarrollados – se le dio un entierro tranquilo. La hipocresía de Estados Unidos – en defensa del libre comercio, pero se niega a abandonar los subsidios al algodón y a otros productos agrícolas – había planteado un obstáculo insuperable para las negociaciones de Doha. En lugar de las negociaciones comerciales mundiales, los EE.UU. y Europa han montado una estrategia de divide y vencerás, basado en la superposición de bloques y los acuerdos comerciales.

Como resultado de ello, lo que se pretende que sea un régimen de libre comercio global ha dado paso a un régimen de comercio administrado discordante. El comercio de gran parte de las regiones del Pacífico y del Atlántico se regirá por los acuerdos, miles de páginas de extensión y repleta de complejas reglas de origen que contradicen los principios básicos de la eficiencia y la libre circulación de mercancías.

Los EE.UU. concluyeron negociaciones secretas sobre lo que puede llegar a ser el peor acuerdo comercial en décadas, la llamada Alianza Trans-Pacífico (TPP), y ahora se enfrenta a una batalla cuesta arriba para su ratificación, ya que todos los candidatos presidenciales demócratas principales y muchos de los republicanos han pesado en contra de el. El problema no es tanto con las disposiciones comerciales del acuerdo, sino con el capítulo de «inversión», que restringe severamente, la salud, y la regulación de la seguridad ambiental, e incluso las regulaciones financieras con impactos macroeconómicos significativos.

En particular, el capítulo –específico- da a los inversionistas extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del TPP (inscritos en más de 6,000 páginas). En el pasado, esos tribunales han interpretado el requisito de que los inversores extranjeros reciban un «trato justo y equitativo» como motivo para derribar nuevas regulaciones del gobierno – aunque sean no discriminatorias y se adopten simplemente para proteger a los ciudadanos de los atroces daños recién descubiertos.

Mientras que el lenguaje es complejo – invitando a costosas demandas enfrentando a las poderosas corporaciones contra los gobiernos mal financiados – incluso las regulaciones que protegen al planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero son vulnerables a las demandas. Las únicas regulaciones que aparecen a salvo son los relacionados con los cigarrillos (demandas presentadas contra Uruguay y Australia para exigir el etiquetado modesto acerca de peligros para la salud que han llamado la atención demasiado negativo). Pero sigue habiendo una serie de preguntas acerca de la posibilidad de demandas en una miríada de otras áreas.

Por otra parte, una disposición de «nación más favorecida» asegura que las empresas pueden reclamar el mejor trato que el que se ofrece en cualquier de los tratados de un país de acogida. Eso establece una carrera hacia abajo – exactamente lo contrario de lo que el presidente estadounidense, Barack Obama prometió.

Incluso la forma en que Obama abogó por el nuevo acuerdo comercial mostró como su administración está fuera de contacto con la nueva economía mundial. En repetidas ocasiones dijo que el TPP podría determinar quién – América o China – escribirían normas comerciales XXI del siglo. El enfoque correcto es llegar a esas normas en conjunto, que todas las voces sean escuchadas, y de una manera transparente. Obama ha tratado de perpetuar los negocios como de costumbre, por lo que las normas que rigen el comercio mundial y la inversión son escritos por las corporaciones estadounidenses para las corporaciones estadounidenses. Esto debería ser inaceptable para cualquier persona comprometida con los principios democráticos.

Aquellos que buscan una mayor integración económica tienen una responsabilidad especial para ser firmes defensores de las reformas de gobernanza global: si la autoridad sobre las políticas nacionales se cede a los organismos supranacionales, a continuación, la elaboración, implementación y aplicación de las normas y reglamentos tiene que ser particularmente sensibles a las preocupaciones democráticas . Por desgracia, eso no fue siempre el caso en 2015.

En 2016, debemos esperar la derrota del TPP y el comienzo de una nueva era de los acuerdos comerciales que no recompensen a los poderosos y castiguen a los débiles. El acuerdo sobre el clima de París puede ser un presagio del espíritu y la mentalidad necesaria para sostener una auténtica cooperación global.

L.V. publico.es
Una clausula en el documento que 50 países negocian en secreto inhibe ante futuras regulaciones en esta materia.

El TiSA, el tratado que negocian en secreto cincuenta países (entre ellos EEUU y la Unión Europea) para un acuerdo comercial de los servicios, no pasará de largo sobre el medio ambiente. El texto que se discute en estos momentos y que Wikileaks ha desvelado en exclusiva para doce medios de comunicación internacionales, entre ellos Público, incluye un anexo dedicado a los servicios medioambientales que, entre otros muchos peligros, supone un «retroceso de las salvaguardas normativas sobre medio ambiente».

Esta es una de las conclusiones principales sobre el documento que ha hecho la organización Amigos de la Tierra en EEUU –Friends of Earth– en un análisis para Wikileaks en el que también advierte de que será prácticamente inviable para los países aprobar nueva legislación en materia medioambiental una vez que entre en vigor el acuerdo. Una clausula en el pacto establece que «los términos, limitaciones y condiciones que afecten al mercado de la provisión de servicios medioambientales deberán ser aquellas medidas que el estado miembro mantiene en la fecha en que entre en vigor este acuerdo, o la continuación o pronta renovación de esas mismas medidas». En la práctica, dice la ONG, lo que se pretende es «excluir» o «inhibir» futuras iniciativas medioambientales.

Así, aunque el TiSA reconoce a los estados «el derecho de regular y de introducir nueva normativa para cumplir sus objetivos de políticas públicas», también concede a los tribunales internacionales el poder de dictar, en represalia, sanciones comerciales contra un país que viole sus obligaciones dentro del tratado, en un claro desincentivo a desafiar sus normas. Además, estos acuerdos suelen incluir lo que se denomina una «clausula de la nación más favorecida», que supone que, al otorgar un trato favorable a una de las partes, se extiende automáticamente al resto de miembros en el acuerdo. Bajo el criterio de Amigos de la Tierra, esto supondrá que en materia medioambiental se aplique el «mínimo denominador común».

El comercio multilateral de servicios está ya en gran parte regulado desde 1995 dentro el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, por sus siglas en ingles) de la Organización Mundial del Comercio, que incluye también algunos servicios sobre medio ambiente. El objetivo del TiSA, asegura la ONG ecologista, es «ir más allá» de la OMC, que con el paso de los años y el surgimiento de nuevas economías emergentes como Brasil o India, ha resultado insuficiente para los intereses de la coalición de países desarrollados.

En este sentido, el TiSA centra su interés en la regulación medioambiental y los servicios públicos que supuestamente interfieren y entorpecen la eficiencia del libre mercado, en lugar de en otros conceptos más típicos de este tipo de acuerdos comerciales como la rebaja de impuestos, etc. Esas «barreras» al libre comercio, según Amigos de la Tierra, pueden ser servicios como el agua, la energía o la recogida de basuras. La organización advierte de los «riesgos» de su privatización y las pocas o limitadas excepciones que el TiSA concede a algunos de estos servicios básicos que, como el agua, han sido declarados un derecho humano por las Naciones Unidas.

«Basándose en anteriores acuerdos comerciales de EEUU, las declaraciones de los funcionarios y los documentos filtrados, parece que el objetivo de las negociaciones del TiSA es conceder a las multinacionales y a los burócratas comerciales amplios derechos para desafiar las políticas de los gobiernos democráticos», sentencia el análisis, redactado por el especialista en comercio Bill Waren.

Emilio Godoy, Revista Proceso

México debe prepararse para un mayor escrutinio estadunidense sobre la adaptación a las leyes internas que deberá realizar para adaptarse al contenido del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), lo que podría derivar en mayores compromisos no contenidos en el texto acordado.

En Tratados de Libre Comercio (TLC) previos, Estados Unidos ha aplicado una certificación unilateral para corroborar, en función de sus demandas, que sus socios han cambiado marcos legales domésticos.

“La aprobación del TPP implica hacer compatibles las leyes nacionales. Estados Unidos quiere asegurarse de que las legislaciones son compatibles con los objetivos del tratado”, dice a Apro Manuel Pérez Rocha, investigador del estadunidense Instituto para el Estudio de Políticas.

Los 12 países involucrados en las tratativas del acuerdo anunciaron la mañana del lunes 5 en Atlanta, Georgia, que habían concluido un nuevo acuerdo del TPP, aunque los equipos negociadores trabajan para pulir el texto y así poder divulgarlo.

El TPP entró en vigor en enero de 2006 para Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Otros ocho países se sumaron luego: Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, con la salvedad de que no podían cambiar lo acordado en principio.

El acuerdo abarca asuntos como aduanas, textiles, inversión, telecomunicaciones, comercio electrónico, solución de diferencias, asuntos laborales y ambientales.

Los presidentes de los socios deben suscribir el documento para que pase a los congresos nacionales para su debate y aval. Ese camino se recorrería en 2016.

“En Estados Unidos inicia la lucha en el Congreso. Vamos a ver qué pasa. Instamos a todos los gobiernos a considerar cuidadosamente si este es el camino que desean tomar antes de firmar”, declaró Judit Rius, directora y asesora legal de la campaña de Acceso de Medicamentos de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Estados Unidos.

El Congreso estadunidense no puede enmendarlo y sólo puede decidir si avala o no el acuerdo, debido a que el presidente Barack Obama cuenta con la autoridad fast track para negociar y firmar un TLC. Esa misma limitante aplica al Congreso chileno y al Senado mexicano.

El pasado 12 de mayo parlamentarios de cinco países del TPP firmaron una carta abierta en la que urgen a sus líderes políticos a proteger la soberanía nacional del proceso de certificación de Estados Unidos. El grupo incluye a exfuncionarios, excongresistas, dirigentes políticos, voceros de organizaciones comerciales y miembros de comités relacionados con temas del TPP de Australia, Japón, Malasia y Nueva Zelanda.

La misiva expresa “una preocupación grave” sobre que el gobierno de Estados Unidos ha requerido a las partes en tratados de libre comercio previos cambios en sus leyes, regulaciones y procedimientos para cumplir con la interpretación estadunidense de las obligaciones de los países antes de que la nación norteamericana avale la entrada en vigor del acuerdo.

En las leyes ejecutivas de sus recientes TLC, el gobierno de Estados Unidos ha incluido como requisito la retención de la autorización de ese acuerdo hasta que otro gobierno cambie sus leyes, regulaciones y procedimientos con el propósito de que sean acordes con las demandas estadunidenses. Hasta que eso ocurre, Estados Unidos no completa el intercambio de cartas con ese país, lo cual es necesario para que el acuerdo entre en vigor entre ellos.

Los firmantes de la carta argumentan que esto ha derivado en que Estados Unidos obtiene concesiones adicionales, sus funcionarios bosquejan las leyes del otro país, los acuerdos rigen en diferentes momentos para diferentes países y ocurren prolongados retrasos en la aplicación de los pactos comerciales para algunas naciones.

Por ello piden garantizar que el TPP contenga una provisión efectiva que “proteja nuestra autoridad legislativa soberana de tal influencia externa” y que reafirme “nuestro derecho constitucional a determinar exclusivamente si nuestro gobierno ha tomado todas las medidas necesarias para cumplir con las provisiones del acuerdo antes de su vigencia”, así como resistir cualquier intento de otro socio del TPP de “influir en el diseño de nuestras leyes previamente a su entrada en vigencia”.

 

Presión continua

En los TLC más recientes suscritos por Estados Unidos es práctica recurrente que esa nación supervise la actualización legal interna acorde con el contenido de los acuerdos. “Los funcionarios de Estados Unidos transmiten una lista de los cambios a las leyes y políticas internas del otro país que el gobierno requiere antes de permitir que el tratado entre en vigor. Luego, el gobierno de Estados Unidos monitorea el cumplimiento y presiona hasta que sus demandas son satisfechas”, escribieron en el sitio electrónico TPP: No certification en agosto de 2014 Jane Kelsey, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), y Sanya Reid Smith, asesora legal e investigadora senior de la Red del Tercer Mundo.

Aunque el Congreso estadunidense apruebe el TPP, el pacto no regiría en relación con cada socio hasta que Washington lo certifique; es decir, que ha satisfecho la visión del cumplimento.

Las investigadoras sostienen que el proceso provee de margen adicional para que el Congreso y la industria estadunidenses impongan su propia interpretación de las obligaciones del socio.

La Ley Bipartidista de Prioridades Comerciales de 2014 contiene requerimientos nuevos y adicionales para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) consulte al Congreso sobre el apego a los requisitos de la certificación.

El proceso aplica a una gama de medidas, como leyes, regulaciones, arreglos institucionales y normativos, firma de tratados internacionales y decretos ejecutivos. Estados Unidos ha requerido a otros países para que cumplan con lo que considera que fue acordado, aunque no esté escrito en el texto del acuerdo.

Luego de concluir las tratativas del TLC entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), El Salvador tuvo que mantener al menos tres ruedas de negociaciones, dos en suelo estadunidense, sobre asuntos como la aceptación de las inspecciones estadunidenses de carne y pollo.

Washington validó el lenguaje de siete leyes sobre derechos de propiedad intelectual y de autor, telecomunicaciones, aduanas, agricultura, procedimientos penales y arreglos de distribución para empresas extranjeras antes de ser adoptadas por Costa Rica. El gobierno estadunidense revisó las versiones finales para asegurarse de que no hubiera cambios.

Nicaragua envió la ley de aplicación del DR-CAFTA a Estados Unidos antes de que fuera firmada por el presidente. La nación norteamericana pidió que la ley fuese publicada para garantizar que el país centroamericano había completado el proceso de aplicación.

En el caso de la República Dominicana, otro socio de ese acuerdo regional, Washington pre-avaló el lenguaje de siete leyes y luego revisó la legislación final para asegurarse de que no hubiera variaciones antes de proceder a la certificación.

Guatemala aprobó su legislación para aplicar el DR-CAFTA a finales de mayo de 2006 luego de intensas consultas con USTR, pero tuvo que esperar meses para recibir la garantía de que el marco legal cumplía con las condiciones estadunidenses.

El caso de Perú es muy evidente, como lo constatan 15 documentos del USTR de 2008 y 2009 desclasificados bajo la Ley de Libertad de Información.

Estados Unidos revisó que Perú diseñara unas 35 leyes sobre protección de datos farmacéuticos, arbitraje para inversiones, cambios a la propiedad indígena de la tierra y el sistema educativo. De hecho, dos equipos de abogados estadunidenses asesoraron a la nación incaica en el bosquejo de leyes ambientales y de negocios. De esa forma, Estados Unidos certificó a Perú para que el TLC entre ambos iniciara el 1 de febrero de 2009.

 

El costo de decir “no”

Edward Alden, asociado Bernard L. Schwartz y director de la Iniciativa Renovando Estados Unidoslanzada por el Consejo de Relaciones Internacionales, considera complicado que el Congreso rechace el TPP, a pesar del contexto electoral actual.

“Si el Congreso rechaza el TPP, es una bofetada en la cara de los otros 11 países, incluyendo aliados estrechos como México, Canadá, Australia y Nueva Zelanda que han tomado domésticamente decisiones difíciles para ser capaces de concluir el acuerdo. Al final de cuentas, el Congreso va a ser muy reacio a hacer eso”, comentó Alden durante una conferencia con medios el día 7.

Alden recordó que hay políticos populares en ambos partidos e industrias como la tabacalera y la farmacéutica, bastante descontentos con las tratativas.

“El costo de decir no es enormemente alto, pero pienso que no será fácil y que va a ser un gran peso para la administración”, resumió.

En mayo último, un grupo encabezado por el exministro de Agricultura japonés, Masahiko Yamada, interpuso una queja constitucional contra las negociaciones, porque ni siquiera los miembros del Parlamento habían tenido acceso a los documentos oficiales.

Otro caso relacionado con la secrecía está pendiente en Nueva Zelanda.

El acuerdo abarca un mercado de 800 millones de personas y equivale a 40% de la economía mundial.

El texto fue negociado en secreto y con escaso debate en México, aunque USTR ha divulgado un sumario que aporta algunos elementos.

En productos agrícolas, las partes eliminarán o reducirán tarifas y otras políticas restrictivas, lo cual aumentarán el comercio agrícola en la región y “fortalecerán la seguridad alimentaria”.

Las naciones acordaron mayor transparencia y cooperación en algunas actividades relacionadas con la biotecnología agrícola, léase los transgénicos.

El capítulo de textiles incluye reglas de origen específicas que requieren el uso de tejidos y fibras de la región, con un mecanismo que permite la utilización de ciertos materiales no disponibles en el bloque.

El TPP incluye compromisos específicos sobre la transferencia de información para procesamiento de datos.

Las partes se comprometen a garantizar el libre flujo de la información y datos globales, sujeto a objetivos legítimos de política pública, como la protección de los datos personales.

El documento insta a las partes a cooperar en políticas sobre protección de datos personales y del consumidor electrónico, así como cooperación en ciberamenazas y capacidad en ciberseguridad.

Además, las partes acuerdan combatir el tráfico ilegal de especies, proteger variedades amenazadas e incentivar iniciativas ambientales voluntarias, como los programas de responsabilidad social corporativa.

Así mismo, las naciones coinciden en medidas estrictas contra la falsificación y la piratería y la sujeción de los Estados a un tribunal internacional en cuestión de inversiones.

“No veo ventajas para México. Entra en competencia con otros países que le pueden ganar mercados, especialmente en Estados Unidos. Cedió el sector energético y el automotriz, sacrifica lácteos y textiles, que tenían cierta ventaja” en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 para Canadá, Estados Unidos y México, señala Pérez Rocha.

Para Rius, el capítulo de propiedad intelectual significa para México “un paquete de obligaciones que va a extender y fortalecer las patentes más allá de 20 años y en los medicamentos biológicos, un compromiso de protección de 5 a 8 años, durante el cual no se van a poder registrar productos genéricos o biosimilares”.

Por su parte, Artículo 19, Derechos Digitales y la Red en Defensa de los Derechos Digitales demandaron al gobierno mexicano la apertura del texto.

“Si el TPP tendrá impactos en materias tan sensibles como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, lo que se requiere es más debate público. No existe ninguna razón para que un tratado de esta magnitud haya sido negociado a espaldas de la ciudadanía, donde mayor opacidad sólo resta legitimidad y confianza”, señalaron.

por Alfredo Acedo, CIP Americas

Negociado a puerta cerrada—clandestinamente, diríase—la Asociación Trans-Pacífico (TPP por sus siglos en inglés), significa la venta final de México a las corporaciones multinacionales, en otras palabras, tocarle Las Golondrinas a lo que queda de la soberanía nacional y eliminar cualquier posibilidad de recuperar la soberanía alimentaria.

Mientras la ONU celebra este 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación y La Vía Campesina conmemora el Día de Acción Global por la Soberanía Alimentaria en contra de las corporaciones transnacionales, organizaciones campesinas e indígenas en México repudiaron el nuevo acuerdo comercial y se preparan para demandar al Senado de la República el rechazo a la firma del TPP, el cual—en su opinión—debería ser sometido a consulta pública.

 

Pequeños y medianos productores integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y de El Barzón aseguraron en sendos comunicados que el TPP agravaría aún más la dependencia del exterior al imponer condiciones que volverían imposible la soberanía alimentaria.

Las corporaciones trasnacionales y un puñado de políticos tecnócratas y grandes empresarios son quienes han participado en las negociaciones “en lo oscurito”. Aunque no hay acceso a los documentos del acuerdo, es obvio que el proceso ha sido desarrollado de una manera sigilosa con el fin de garantizar los intereses de la élite económica global, en contra de las sociedades y naciones involucradas. Los borradores filtrados indican que se trata de un acuerdo comercial peor que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TPP, como el TLCAN, no es comercio ni “libre comercio”. No se trata de bajar barreras arancelarias. Estos acuerdos abordan más la creación y extensión de privilegios para las corporaciones multinacionales. Permiten a estas empresas colocarse por encima de los gobiernos, de las leyes y decisiones judiciales para evitar impactos negativos en sus inversiones. Se convierten así en una amenaza para el medio ambiente, la soberanía alimentaria, la salud pública y otros derechos de la población.

Precisamente, la principal preocupación de expertos y de los productores del campo mencionados es que las leyes soberanas y los sistemas judiciales de los países signatarios de tratados como el TLCAN y el TPP, quedan subordinados a tribunales establecidos por los acuerdos, sin garantías ni derecho al debido proceso, sometidos a cortes más favorables a las empresas privadas que al interés público.

“La mayoría de la gente estaría en peores condiciones como resultado del acuerdo. Peor aún, las disposiciones del TPP que fortalecen y alargan las patentes y la protección del derecho de autor, tendrían un impacto en la distribución del ingreso. No es una exageración cuando los opositores al TPP se refieren al acuerdo como la ‘toma del poder por las trasnacionales’”, asegura el experto Mark Weisbrot, del Centro para la Investigación Económica y Política.

De acuerdo con los estudios del Programa de las Américas, a México le fue bastante mal en los primeros 20 años de TLCAN. “Desde que el acuerdo entró en vigor en 1994, el crecimiento anual per cápita del país se estanco en un promedio de solo 1.2 porciento—una de las más bajas del hemisferio. Su salario real ha disminuido y el desempleo ha incrementado, escribió su directora Laura Carlsen en el New York Times. También generó desempleo y pérdida de salario en Estados Unidos.

En este contexto, destaca Weisbrot, “Las lecciones del TLCAN son una gran parte de la razón por la que el gobierno de Obama tendrá tantos problemas para conseguir la aprobación del TPP en el Congreso. Los defensores del TPP también han aprendido del TLCAN: por eso el contenido del nuevo acuerdo ha sido mantenido en secreto a través de todo el proceso de negociaciones”.

Para la UNORCA, México y sobre todo el medio rural está siendo víctima de un nuevo atropello de dimensiones mayúsculas y casi nadie está poniendo atención debido a los múltiples problemas y crisis en curso. “Está en puerta otra peligrosa traición del gobierno de México”, afirmó su dirigente nacional Olegario Carrillo. 

El común de la gente nunca ha oído hablar del TPP, y la mayoría de quienes han escuchado sobre él no saben qué es exactamente. Eso no es casualidad. Una enorme cantidad de personas de varios países a uno y otro lado del Océano Pacífico, incluido México, va a ser gravemente afectada y no se le ha pedido su opinión ni ha sido consultada la ciudadanía sobre el tema.

El TPP contiene 30 capítulos, que incluyen temas como medio ambiente, medidas sanitarias, acceso a mercados, reglas de origen, obstáculos al comercio, defensa comercial, competencia, compras públicas, servicios, inversiones, comercio electrónico, telecomunicaciones, servicios financieros, propiedad intelectual, cuestiones laborales, entre otros. Incorpora además los llamados temas horizontales: coherencia regulatoria, competitividad, desarrollo y pequeñas y medianas empresas. Y a nivel industrial, el acuerdo involucra las áreas automovilística, textil, farmacéutica y agrícola.

Según Beatriz Plaza y Gorka Martija, del Observatorio de Multinacionales en América Latina, los puntos clave del acuerdo son:

Prohibición de etiquetado obligatorio para los productos transgénicos.

Protección de patentes y derechos de autor, (incluido un sector tan sensible como los medicamentos genéricos, favoreciendo a las trasnacionales farmacéuticas mediante el reforzamiento de la propiedad industrial).

Reconocimiento mutuo de numerosas regulaciones, lo cual implica la aplicación de aquellas menos garantistas y más beneficiosas para los intereses de las corporaciones.

Detrimento de la contratación pública en favor de la privatización (reducción en la compra de productos locales en pro de productos internacionales).

Regulaciones ambientales (se pactan asuntos relacionados con energía nuclear, contaminación y sostenibilidad).

Y desregulación financiera.

En efecto, no se trata de comercio, no se trata de “libre mercado”; se trata de poder y control. El poder desplazado cada vez más lejos de los pueblos, y acaparado por una clase reducida de magnates y accionistas de las corporaciones trasnacionales que están por encima hoy más que nunca de gobiernos y naciones.

El TPP crea un sistema de tribunales comerciales internacionales que permitirá a las empresas trasnacionales ignorar y anular las leyes nacionales de cualquier país miembro. Son tribunales extrajudiciales, es decir, su autoridad se encuentra fuera y por encima de los sistemas nacionales de justicia. Sus integrantes no son electos y no tienen que rendir cuentas a los ciudadanos.

Las leyes que estarán sujetas a este nuevo acuerdo son, entre otras, el derecho a la alimentación, la propiedad intelectual (patentes), seguridad e inocuidad de alimentos, subsidios, normas ambientales, y prácticamente cualquier regulación que afecte los negocios de las corporaciones. Los cambios en este configuración institucional y legislativo tendrán un impacto mayor en el acceso a alimentos suficientes y sanos por parte de la población mexicana, y en particular, los sectores más empobrecidos.

Si un país aprueba una ley para proteger a sus ciudadanos, para garantizar la calidad de los alimentos o para reducir la contaminación, la multinacional que se vea afectada puede llevar el caso a esos tribunales. Las sentencias serán vinculantes. No importa que la gente haya votado a sus legisladores y aprobado sus propias leyes.

“Rechazamos tajantemente la participación del gobierno de Enrique Peña Nieto en la negociación de estos acuerdos secretos a favor de las trasnacionales y en contra del pueblo de México”, expresó la UNORCA.

El gobierno mexicano, que se sumó a las negociaciones cuando estos ya habían llegado a algunos acuerdos y que se sometió a los intereses del gobierno de EEUU y las trasnacionales, hace referencia a los supuestos beneficios que se conseguirán con la firma del TPP. El presidente Enrique Peña Nieto lo llamó en un tuit, “acuerdo de vanguardia con el que México fortalece su integración comercial con el mundo” como si la integración en si mismo fuera un beneficio. Agregó: “El Acuerdo de Asociación Transpacífico se traducirá en mayores oportunidades de inversión y empleo bien remunerado para los mexicanos”.

Para desmentirlo, sólo tendríamos que vernos en el espejo del TLCAN. A 21 años de su entrada en vigor, el campo es un desastre. Su aportación al PIB se ha ido decreciendo, la migración del campo a las ciudades y a los Estados Unidos ha alcanzado niveles alarmantes y se ha mantenido estancada la economía con un promedio de 2% de crecimiento anual, reducido a cero por el aumento poblacional y la cifra es peor para el sector agrícola. La dependencia alimentaria del país ha llegado a 42 por ciento, según datos oficiales.

Por su parte, El Barzón asegura que en la mayoría de las regiones el TLCAN no ha generado crecimiento del empleo mientras que el crecimiento de las exportaciones confinadas a un sector reducido de la producción ha descansado en mano de obra barata, empleos precarios y en un aumento de componentes e insumos importados tanto en la agricultura como en las manufacturas.

Tratados nefastos para el campo

En la actualidad México tiene firmados 11 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

O sea, por tratados no paramos, y esta es la prueba de que estos acuerdos no son la solución a la crisis de la producción agroalimentaria, ni el despegue de la economía del país sino el rescate de la planta productiva nacional para poder aprovechar la relación comercial con otros países en condiciones más equitativas.

“Se presume mucho que los productores mexicanos entraremos en contacto con 700 millones de consumidores. En la actualidad los tratados ya nos permiten llegar a más de 500 millones de consumidores, sin embargo, la debilidad de la planta productiva nacional y la existencia de una estructura monopólica en los mercados nacionales, han impedido que nuestro país llegue a niveles mejores de desarrollo”, considera El Barzón.

El TPP no sólo no aportará ninguna solución sino que afectará de manera severa a los productores de arroz, trigo, leche y carne y profundizará la dependencia alimentaria de México, además de llevar a la destrucción y a la quiebra a miles de productores y regiones enteras del país.

Igual que en el TLCAN, el sector agropecuario será uno de los más afectados pues tanto en arroz, carne, leche y trigo nuestro país ha sufrido el desplome de su producción con el aumento de las importaciones lo cual nos ha convertido en un país absolutamente dependiente del exterior..

El TPP y las condiciones sobre las cuales se realizará la apertura total de la desgravación de aranceles nos llevará a la práctica desaparición de los productores pequeños y medianos que se encuentran aún ligados a estos productos y a estas regiones del país.

En realidad el TPP sólo traerá beneficios para las empresas mexicanas que ya tienen presencia multinacional. Así los únicos favorecidos serán el grupo Visur a partir de la empresa Su Karne, las empresas Lala y Alpura, la empresa Bimbo y el grupo Gruma, pues su crecimiento y presencia internacional se ha logrado a partir de la dominancia de los mercados nacionales y de los grandes apoyos que reciben en materia fiscal, de financiamientos y recursos presupuestales del gobierno.

Veamos algunos de los impactos en cada producto:

Arroz

En México sólo quedan 3, 800 productores de arroz y somos dependientes en un 80% de las importaciones para cubrir el consumo nacional. La apertura indiscriminada que se está proyectando en el TPP y los plazos tan cortos para desgravación arancelaria provocará la ruina de estos productores y la afectación grave en los estados de Nayarit, Michoacán, Veracruz y Morelos, entre otros. Frente a la enorme potencia de Vietnam que produce 28 millones de toneladas o Japón con 7.9 millones de toneladas, ¿qué haremos con las 232 mil que producimos en México?

Trigo

Hoy en día México padece una dependencia de aproximadamente 70% del consumo de trigo pues sólo tiene capacidad de producir al año 3.6 millones de toneladas. Estados Unidos produce casi 60 millones de toneladas anuales, altamente subsidiados por el estado. Ha sido esta relación desventajosa lo que ha llevado prácticamente a desaparecer a los productores nacionales de trigo.

Las nuevas ventajas que el TPP daría a Estados Unidos y Canadá afectarían de manera severa a Sonora, Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Jalisco donde los productores cada día sufren la falta de apoyo gubernamental y el crecimiento de los costos de producción.

Carne y leche

La participación de Nueva Zelanda, la desgravación arancelaria y los plazos tan cortos van a destruir a miles de productores, con una dependencia del 49.6% de importaciones de las cuales 90% provienen de Estados Unidos, 5% de Nueva Zelanda y 1.5% de Canadá.

En el caso de la carne, el 87% de las importaciones provienen de Estados Unidos, el 11% de Canadá. EU tiene una producción de 11.05 millones de toneladas. En México hay 1.5 millones de productores de carne, con una producción de 1.8 mdt, siendo los principales estados productores: Veracruz, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Michoacán.

Finalmente, los pequeños y medianos productores reiteran su condena a la secrecía y la clandestinidad con la que se han llevado a cabo estas negociaciones y manifiestan su inconformidad porque sólo algunos líderes del Consejo Nacional Agropecuario y representantes de las grandes empresas agroalimentarias del país fueron tomados en cuenta.

Varias organizaciones campesinas han hecho un llamado a todos los afectados por el TPP a sumar esfuerzos para movilizar a la población y evitar que se imponga el interés de las grandes corporaciones agroalimentarias.

Exigieron que el Senado no actúe como oficialía de partes del ejecutivo, sino que analice en detalle y responsablemente este acuerdo. Y demandaron un debate con todos los sectores involucrados y una consulta pública nacional vinculante.

Alfredo Acedo es un periodista Mexicano y el director de comunicaciones para el Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas. Escriba sobre la agricultura, la soberanía alimentaria y la organización de campesinos, la biodiversidad, y los políticos Mexicanos.