L.V. publico.es
Una clausula en el documento que 50 países negocian en secreto inhibe ante futuras regulaciones en esta materia.
El TiSA, el tratado que negocian en secreto cincuenta países (entre ellos EEUU y la Unión Europea) para un acuerdo comercial de los servicios, no pasará de largo sobre el medio ambiente. El texto que se discute en estos momentos y que Wikileaks ha desvelado en exclusiva para doce medios de comunicación internacionales, entre ellos Público, incluye un anexo dedicado a los servicios medioambientales que, entre otros muchos peligros, supone un «retroceso de las salvaguardas normativas sobre medio ambiente».
Esta es una de las conclusiones principales sobre el documento que ha hecho la organización Amigos de la Tierra en EEUU –Friends of Earth– en un análisis para Wikileaks en el que también advierte de que será prácticamente inviable para los países aprobar nueva legislación en materia medioambiental una vez que entre en vigor el acuerdo. Una clausula en el pacto establece que «los términos, limitaciones y condiciones que afecten al mercado de la provisión de servicios medioambientales deberán ser aquellas medidas que el estado miembro mantiene en la fecha en que entre en vigor este acuerdo, o la continuación o pronta renovación de esas mismas medidas». En la práctica, dice la ONG, lo que se pretende es «excluir» o «inhibir» futuras iniciativas medioambientales.
Así, aunque el TiSA reconoce a los estados «el derecho de regular y de introducir nueva normativa para cumplir sus objetivos de políticas públicas», también concede a los tribunales internacionales el poder de dictar, en represalia, sanciones comerciales contra un país que viole sus obligaciones dentro del tratado, en un claro desincentivo a desafiar sus normas. Además, estos acuerdos suelen incluir lo que se denomina una «clausula de la nación más favorecida», que supone que, al otorgar un trato favorable a una de las partes, se extiende automáticamente al resto de miembros en el acuerdo. Bajo el criterio de Amigos de la Tierra, esto supondrá que en materia medioambiental se aplique el «mínimo denominador común».
El comercio multilateral de servicios está ya en gran parte regulado desde 1995 dentro el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, por sus siglas en ingles) de la Organización Mundial del Comercio, que incluye también algunos servicios sobre medio ambiente. El objetivo del TiSA, asegura la ONG ecologista, es «ir más allá» de la OMC, que con el paso de los años y el surgimiento de nuevas economías emergentes como Brasil o India, ha resultado insuficiente para los intereses de la coalición de países desarrollados.
En este sentido, el TiSA centra su interés en la regulación medioambiental y los servicios públicos que supuestamente interfieren y entorpecen la eficiencia del libre mercado, en lugar de en otros conceptos más típicos de este tipo de acuerdos comerciales como la rebaja de impuestos, etc. Esas «barreras» al libre comercio, según Amigos de la Tierra, pueden ser servicios como el agua, la energía o la recogida de basuras. La organización advierte de los «riesgos» de su privatización y las pocas o limitadas excepciones que el TiSA concede a algunos de estos servicios básicos que, como el agua, han sido declarados un derecho humano por las Naciones Unidas.
«Basándose en anteriores acuerdos comerciales de EEUU, las declaraciones de los funcionarios y los documentos filtrados, parece que el objetivo de las negociaciones del TiSA es conceder a las multinacionales y a los burócratas comerciales amplios derechos para desafiar las políticas de los gobiernos democráticos», sentencia el análisis, redactado por el especialista en comercio Bill Waren.