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Radiografia del poder transnacional: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias

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Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024

En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.

(publicado en Mayo 2024)

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¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?

El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista.
ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan:
• La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales.
• La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros.
• Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo.
• El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales.
• Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda.
• Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para
acceder a la justicia.

El universo de tratados de protección de inversiones de México

México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.

Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados

1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)

Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.

2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera

Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.

3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida

Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.

4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales

Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.

5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión

Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.

6) Estándar de Plena Protección y Seguridad

Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.

Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.

El T-MEC (TLCAN 2.0)

México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.

A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.

MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.

CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado

El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado.
El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.

México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.

El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.

Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.

El ingreso al CIADI

En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.

MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN

México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).

Los inversionistas que demandan

El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.

El número de demandas por año

México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.

El resultado de las demandas

Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.

Los costos de las demandas

Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México.
Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.

México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras

De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.

Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.

En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.

“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.

Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.

Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.

Sectores de las demandas

México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación,  manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.

Para ello, recomendamos:
• Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana.
• Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta.
• Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado.
• No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino
›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas.
›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión.
›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo.
›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño.
›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen.
›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.

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Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Podcats: Atizando el Avispero: Crisis climática, falsas soluciones y alternativas

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Compartimos el primer capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 26 de mayo del 2024

Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.

Este espacio sonoro busca fomentar el diálogo sobre la crisis civilizatoria, invitando a reflexionar colectivamente sobre posibles soluciones. La audiencia es invitada a escuchar, compartir y participar en la conversación para generar conciencia y acciones transformadoras.

Este es el 1er episodio de 10 del podcast “Atizando el Avispero” con el tema: Crisis climática, falsas soluciones y alternativas

Un espacio de reflexión sobre las respuestas que se proponen desde diferentes entes, como las promovidas por Estados y corporaciones. Destrabamos discursos como la transición energética, desentrañando sus verdaderos alcances y efectividad. Pero también, y quizás más importante aún, hacemos eco de la voz de comunidades y organizaciones que luchan incansablemente desde sus territorios por la preservación de los bienes comunes como: el agua, tierra y bosques. Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y la reflexión colectiva, buscando alternativas que no solo provengan de entidades gubernamentales, sino que broten desde lo más profundo de nuestras comunidades y relaciones cotidianas.

Puedes escuchar este episodio en cualquiera de las siguientes plataformas:

https://open.spotify.com/embed/show/4NNNZpDBBGq72c2G4qCYG5?utm_source=generator

https://www.ivoox.com/player_ej_129422829_6_1.html?c1=cf9d4e

Petición: Brasil: paren de fumigar con veneno sobre personas y cultivos

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Compartimos esta petición de Salva la selva sobre el uso de agroquimicos en monocultivos- A mayo 2024

Las comunidades campesinas del estado de Maranhão, nordeste de Brasil, sufren ataques de parte de los productores de soja que rocían veneno con aviones y drones sobre sus cuerpos y cultivos familiares. Los gobiernos de Maranhão y Brasil, no hacen ningún esfuerzo significativo para supervisar o prohibir esta práctica.

En el este del estado amazónico de Maranhão se expande el agronegocio para la exportación. Desde hace al menos tres años, hacendados del municipio de Timbiras utilizan el veneno de sus monocultivos como arma química para expulsar a los pequeños campesinos de sus territorios.

Desde aviones y drones vertieron en enero, febrero y marzo, pesticidas que están destruyendo toda la producción de maíz, mandioca, legumbres, verduras y frutas de las comunidades. Los peces no sobreviven a la contaminación de los ríos.

Los miembros de 50 familias campesinas afectadas se encuentran mal de salud por el envenenamiento. Mujeres, hombres, personas mayores y niños sufren llagas en la piel, dolores de cabeza, vómitos, mareos, dificultad respiratoria, tos y otros síntomas de envenenamiento. No tienen acceso a la sanidad pública. No hay hospitales en sus comunidades y en la ciudad, el personal médico les diagnostica sarna o infecciones víricas.

En 2024, los ataques empeoraron. Una lluvia de veneno en marzo acabó con toda la producción de alimentos campesinos y contaminó aún más las fuentes de agua. La inseguridad alimentaria provocada por los hacendados podría llevar a las familias, a corto plazo, a un escenario de hambre y sed.

En Brasil, sólo Ceará, uno de los 26 estados del país, cuenta con una ley que prohíbe la fumigación aérea. En la Unión Europea, esta práctica está prohibida desde 2009 debido a los graves y demostrados riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

La región de Maranhão donde suceden las fumigaciones está envenenada. En 2023, la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado y la Fundación Oswaldo Cruz sacaron un dossier que confirma, con análisis de laboratorio, la contaminación de las aguas de las comunidades por el veneno lanzado por los sojeros.

En abril de este año, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão (CEDDH) realizó una inspección in situ de las comunidades atacadas y constató en un informe la grave situación.

Digámosle al gobierno de Maranhão y al gobierno de Brasil que prohíban urgentemente la fumigación aérea con veneno.Más información Carta

Reporter Brasil, 16/6/2023. Depois do CE, dez estados podem proibir aplicação de agrotóxicos por aviões (Después de Ceará, diez estados pueden prohibir la aplicación de pesticidas por avión): https://reporterbrasil.org.br/2023/06/depois-do-ce-dez-estados-podem-proibir-aplicacao-de-agrotoxicos-por-avioes/

Diario Oficial de la Unión Europea, 2009. DIRECTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32009L0128

Lopes, Helena Rodrigues, 2023. VIVIR EN TERRITORIOS CONTAMINADOS: un dossier sobre plaguicidas en las aguas del Cerrado: https://campanhacerrado.org.br/images/biblioteca/dossie-agrotoxicos-aguas-cerrado.pdf

Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão, 3.2024. INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA IN LOCO Nº 001/2024: https://drive.google.com/file/d/1w9hzROUtxCXgoaHplHeCGXAOUmDnMdKs/view

Fundación Heinrich Böll, 12/2023. Atlas de los plaguicidas. Datos y cifras sobre el uso de estas sustancias en la agricultura 2023: https://br.boell.org/sites/default/files/2024-01/atlas-do-agrotoxico-2023-revisao2024.pdf

Terra de Direitos, 25/4/2024. Organizaciones latinoamericanas denuncian a Bayer ante la OCDE por violaciones sistemáticas de los derechos humanos: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/organizacoes-da-america-latina-denunciam-bayer-a-ocde-por-sistematica-violacao-dos-direitos-humanos/24005

Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), 25/4/2024. El modelo de negocio agrícola de Bayer en Sudamérica viola las directrices de la OCDE: https://www.ecchr.eu/en/case/bayers-agricultural-business-model-in-south-america-violates-oecd-guidelines/

Esta petición está disponible en los siguientes idiomas:

Desaparecidos y violencia en Chiapas a la alta

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Compartimos este informe sobre personas desaparecidas en Chiapas y el sureste de México realizado por la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Análisis de contexto – Región Sureste

Actualizado: 15 de abril de 2024

Parte del éxito de la desaparición de personas como estrategia para sembrar terror, es la confusión que provoca su aparente generación espontánea e inconexa, como si la desaparición surgiera de la nada.

Mapa análisis de contexto Región Sureste México
Montaje de los mapas IMDHD y personas participantes de los talleres.

Lo que hoy sabemos es que este fenómeno nace en contextos de impunidad, corrupción, militarización, extractivismo, ataques a periodistas, lavado de dinero, destrucción ambiental, trasiego de droga, entre muchos otros delitos.

Partiendo de esta premisa y del reconocimiento de que lo que ocurre en los territorios ocurre también en los cuerpos de las personas: no somos cuerpos que habitan en un territorio, somos Cuerpo-Territorio, se planteó la metodología de cartografía social para trabajar el análisis de los delitos asociados con la desaparición de personas.

Este trabajo fue realizado de manera presencial en encuentros por región, en el que familiares de personas desaparecidas, periodistas, académicos y académicas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas expertas en la materia, se agruparon por estado para trabajar sobre los mapas con división municipal que se muestran en las fotografías y, a partir de una propuesta de simbología representada con calcomanías y ayudándose con plumones, trazaron las heridas abiertas que identifican en sus territorios, los dolores que no han sido sanados, las grietas por las que se escabulle la verdad y la justicia y explicaron al resto de las compañeras y compañeros cómo este entramado de delitos y violaciones a derechos humanos ha sostenido la desaparición de personas en impunidad y en aumento en sus estados.

Mapa violencias y desaparición en Yucatán

Yucatán

Las compañeras del estado de Yucatán identificaron como las problemáticas más apremiantes de los años recientes: la gentrificación de las ciudades, el daño ambiental ocasionado por el Tren Maya y los mega granjas porcícolas y el aumento en los casos de suicidio y abuso sexual.

Simbología

Problemas ambientales

Los cenotes, son la reserva más grande de agua del país, pero están bajo amenaza por  tres razones principales:

1. La venta de terrenos indiscriminada, sobre todo en Mérida con el desarrollo inmobiliario enfocado en población extranjera, contribuyen a la gentrificación de la ciudad, aumentando el costo de vida. En Yucatán no estaba permitido hacer edificios muy altos por los huracanes, pero con el gobierno del PRI de Ortega se cambió la regulación del uso de suelo, por lo que estamos viendo un crecimiento desorganizado sin planeación urbana, dificultando el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua y a la energía, especialmente en la zona sur donde se encuentra la población con menor poder adquisitivo.

Gentrificación: viaje a la Mérida 2023 a través de los arquetipos futuros.

2. Los puntos rojos en el mapa señalan las mega-granjas porcícolas del estado, identificadas por el daño ambiental que causan, principalmente en la contaminación de los mantos acuíferos, considerando que de los tres mantos que tiene Yucatán, dos están contaminados y uno se encuentra en riesgo.

En Yucatán las “granjas” de cerdos ascienden a más de 500; aumentan los problemas ambientales y sociales.

3. La ruta del tren maya que ha dejado un daño ambiental profundo, entre la deforestación, el daño a los cenotes, la destrucción del hábitat y de la flora y fauna.

México: organizaciones denuncian que obras del Tren Maya han deforestado hasta el momento 6 659 hectáreas.

Desapariciones y violencia

Respecto a las desapariciones se ubica en Tekax dos mujeres que siguen en calidad de no identificadas, además se perdieron las muestras de ADN y no se tomaron las denuncias por desaparición.

Peto, Akil y la zona sur son conocidos por las rutas de narcomenudeo; sobre los carteles hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tekax hay casas de seguridad relacionadas con el crimen organizado, hay documentación de rutas de narcomenudeo por las que en estos municipios las mujeres son usadas como “mulas” para transportar droga, en Tekax también hay granjas de cristal, llegan a Uman, y de ahí a Mérida donde también hay casas de seguridad. Una de las rutas para el tráfico de drogas es Valladolid, Tizimín y Progreso, funcionando como ruta costera.

En el tema de migración, se ubica que a partir de la actuación de la Guardia Nacional y de las mega caravanas de migrantes, se ha modificado la dinámica de la migración, considerando que en Mérida se transportan en autobús o avión a la Ciudad de México para evitar la deportación. También, en el río Lagarto se han encontrado cuerpos de migrantes víctimas de naufragios.

Respecto a la violencia contra las mujeres, hay más casos de supuestos sucidios que feminicidios, sin un programa de prevención en el estado y sin protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que los suicidios podrían estar ocultando otros delitos.Se conocen tres casos de mujeres que se han suicidado debido a la violencia que recibían, también 5 casos de mujeres víctimas de violencia que asesinan a sus violentadores ante una falta de protección del estado. Existe también una mayor incidencia de suicidios dentro de la población LGBTQ+, por la discrminación y abusos de las que son objeto

Actualmente, se percibe al gobierno como uno empresarial, corrupto y al servicio del capital.

En el mapa se observa el daño ambiental como un fenómeno extendido en todo el estado al igual que los suicidios y el abuso sexual. Para Yucatán se utilizó la categoría de trans feminicidio y mega granjas porcícolas, las cuales no se encontraban dentro de la simbología básica proporcionada a cada estado.

18% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.

Hay 15 casos sin edad de referencia.

Explora el informe estatal de Yucatán completo

Mapa violencias y desaparición en Quintana Roo

Quintana Roo

En el mapa se puede observar que el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la zona más turística del estado como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, se concentra también la mayoría de delitos y fenómenos identificados como el feminicidio, la presencia de megaproyectos y con ellos el daño ambiental, la militarización, las ejecuciones, la trata de personas, las desapariciones, el narcomenudeo y las extorsiones a trabajadores.

Quintana Roo es percibido como un estado corrupto tomado por los carteles.

Se identifica un aumento en casos de abuso sexual, violación, suicidios y feminicidios. En el municipio de Lázaro Cárdenas hay niñas que van a trabajar a los bares donde son prostituidas. El fenómeno de la desaparición de personas se ha extendido, antes se encontraba solamente en el municipio de Benito Juárez y actualmente hay casos en toda la zona norte, siendo esa parte del estado donde se concentra la mayoría de los delitos.

Simbología

La construcción de la ruta del Tren Maya ha generado ecocidios, el estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona de cenotes, en los que se han puesto pilotes de cimentación para sostener las vías del Tren Maya, dañando los cenotes de forma irreparable. Este tipo de terreno ha sido efectivo para ocultar cuerpos de personas desaparecidas ya que hay cenotes en todas las regiones, también se ocultan cuerpos en huecos, pozos o socavones que quedan tras labores de construcción. Existen fosas clandestinas en todo el estado.

Foto: Paola Chiomante/ReutersTuristas, drogas y violencia en la Riviera Maya de México

Existe un subregistro por parte del Estado para la invisibilización de delitos como la desaparición, los homicidios y los feminicidios, esto con la intención de no perjudicar el turismo en la zona al ser la principal fuente de ingreso de Quintana Roo.

Al ser un estado costero existe ruta de migrantes principalmente de Cuba y Belice que llegan al estado en barca, de la misma forma ingresan al país armas y drogas, lo que favorece el delito de desaparición y el tráfico de personas. 

Foto: gatopardoExtorsiones en el paraíso: derecho de piso en cada rincón del Caribe Mexicano

Los principales cárteles que operan en el estado son el cártel de Sinaloa, el cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado en años recientes episodios de violencia como balaceras y homicidios en zonas turísticas como Cancún o Tulum.

También han aumentado los casos de extorsiones a la clase obrera que trabaja en la construcción de hoteles, donde se han encontrado cuerpos enterrados debido a que ante la falta de pago en la que pueden incurrir los trabajadores, estos son asesinados o desaparecidos.

En la zona de Bacalar y Carrillo Puerto existen sembradíos de droga.

Incremento de personas desaparecidas y no localizadas por año en Quintana Roo

Conoce el informe estatal completo de Quintana Roo

Mapa violencias y desaparición en Tabasco

Tabasco

Dentro del territorio del estado de Tabasco se identifican afectaciones medioambientales como la explotación de la flora y la fauna por la construcción del Tren Maya en los municipios de Balancán y Tenosique. En Paraíso, donde se ha construido la refinería petrolera Dos Bocas se ha observado la contaminación del agua y con ello la afectación del cangrejo azul.

Simbología

En el municipio de Centla se han hecho estudios de suelo para explotar el petróleo de la zona, lo que ha afectado a los pescadores de la comunidad, quienes han metido quejas y denuncias que no han sido respondidas. Por otro lado, existe robo de hidrocarburos en los municipios en los que se explota el petróleo, es decir, en Paraíso, Comalcalco, Huimanguillo, Centro y Cárdenas. 

Deforestación, derrames de crudo, gases tóxicos… ante la nueva refinería, un Paraíso inerme (segunda parte).

En el mapa, los municipios sin señalamientos no han sido marcados por la falta de información en esas regiones y no por la ausencia de delitos o violaciones a derechos humanos.

En los municipios Centro, Huimanguillo y Cárdenas ha sido más evidente la presencia de cárteles del crimen organizado, desde el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), en el que aumentaron los asesinatos en el estado y el despliegue de estrategias para infundir terror en la población utilizando para ello el espacio público. En estos municipios controlados por grupos delictivos existe una pelea por la plaza entre los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Los Pelones.

Cárdenas es el municipio más violento por la circulación de droga y la cercanía con el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene conocimiento de desapariciones de personas que viajan por la carretera de Coatzacoalcos hacia las Choapas o hacia Villahermosa. De forma general, en el estado de Tabasco circula la droga que entra por el Golfo o por el municipio de Tenosique y se tiene mayor presencia de narcomenudeo en Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas.

Violencia tabasco Foto: InfobaeCómo llegó el CJNG a Tabasco; el cártel que tenía un rito caníbal para sus nuevos reclutas

Las y los migrantes ingresan al estado a través del municipio de Tenosique y se concentran en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde en las calles se pueden observar a muchas personas migrantes, provenientes principalmente de países de Centroamérica.

Existe corrupción en todos los municipios y en diferentes niveles. En el trabajo con víctimas es frecuente que las autoridades les insinúan que sus procesos no pueden avanzar sin algún tipo de compensación económica, para la gasolina para realizar diligencias, para la comida, etc.

A partir de la pandemia se dio un aumentó en el número de suicidios, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, y personas adultas entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Durante 2022 se contabilizaron 38 suicidios en el estado pero no existe un análisis profundo que permita identificar a qué razones alude este aumento.

Existen casos de feminicidio en casi todos los municipios del estado, con mayor prevalencia en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas. Diferentes organizaciones han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género pero no se ha tenido respuesta.

El municipio de Centro, en el que se encuentra la capital Villahermosa, pasó de 119 a 143 casos de personas desaparecidas en un año.

Al 16 de mayo de 2023

El municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado, para mayo de 2023, continuó como el municipio con más casos, pasando de 119 a 143 casos. Los demás municipios muestran también un ligero aumento en el total de personas desaparecidas, con excepción del municipio de Macuspana que pasó de 16 a 15 casos en un año.

Explora el informe estatal completo de Tabasco

Mapa violencias y desaparición en Chiapas

Chiapas

Actualmente, se identifican en Chiapas como problemáticas principales el drástico aumento de la violencia lo que ha generado el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa y Aldama. Y por otro lado, el clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos entorno a las personas migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur donde son objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte del crimen organizado y/o de funcionarios públicos.

Simbología

Chiapas es un estado con gran diversidad natural y cultural, la cual actualmente se ve amenazada por los megaproyectos y las actividades extractivas de empresas multinacionales. De estos conflictos se identifican principalmente:

  • Las afectaciones a la naturaleza por el paso del Tren Maya en el municipio de Palenque, lo que ha implicado deforestación y el daño a la flora y fauna local.
  • La extracción ilegal de ámbar en el municipio de Simojovel, donde una banda local conocida como Los Chinos, busca extraer esta piedra semipreciosa.
  • El robo de agua que realiza la planta de Coca-Cola en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha dejado sin agua a diversas comunidades y por la cual se han realizado movilizaciones sociales para resistir al saqueo.
  • La siembra de palma para la explotación de su aceite ha implicado la deforestación de la selva Lacandona.

Foto FRayba

Chiapas es estado de tránsito, de llegada y expulsor de migrantes. En torno a la migración, se ha generado en el estado un clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos. La política migratoria se ve como una política de seguridad nacional, desplegada en toda la frontera de Chiapas. Desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra de forma permanente en la frontera con facultades para hacer verificaciones migratorias. Esto ha representado aumento de la violencia especialmente en Tapachula, un municipio concentrador de personas migrantes, donde se encuentra la estación migratoria “Siglo 21”, también conocida como la cárcel para migrantes más grande de América Latina. Esto viene asociado a la desaparición de personas migrantes, su reclutamiento para grupos del crimen organizado, para trata de personas con fines de explotación sexual o para extorsionar a sus familias en su países de origen, siendo afectados hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que ingresan a México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Chenalhó, Chamula y Tecpatán, son otros municipios por los que atraviesan las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos, por lo que se tiene conocimiento de desapariciones. 

Foto: Animal PolíticoTortura, asesinatos, violaciones: lo que CNDH ha ocultado sobre secuestros a migrantes en 2019 y 2020

Las historias de los delitos y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en México a manos del crimen organizado pero también por parte de servidores públicos, son crueles e inhumanas y algunas de ellas salieron a la luz por una investigación realizada por Animal Político que da cuenta de los testimonios recogidos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha buscado ocultar y silenciar esta realidad.

La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos, a continuación se presentan los municipios donde se identifica una mayor incidencia de los siguientes delitos:

  • Feminicidios en Comitán, Tapachula, Margaritas y Frontera Comalapa.
  • Desaparición de mujeres en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas.
  • Desaparición de niñas, niños y adolescentes en la región de los altos de Chiapas y Comitán.

Foto: FraybaDesplazarse para salvar la vida: Crisis humanitaria en Chiapas

También se tiene registro de desapariciones forzadas a partir de problemas en comunidades. Actualmente, Chiapas está viviendo una época de mucha violencia lo que ha generado el desplazamiento interno de decenas de comunidades que ven sus vidas amenazadas por grupos del crimen organizado, principalmente en municipios como Comalapa y Aldama. Esto ha generado la creación de grupos de autodefensa y con ello la desaparición de personas que no quedan en los registros.

De forma general, la desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno en el que las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema.

Convocatoria: Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio

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Compartimos esta invitación de Witness, Laboratorio Popular de Medios Libres, CEFO Indígena y Guardian Project sobre esta Escuela de Comunicación y Tecnologías para defensores y defensoras – A mayo 2024

Laboratorio Popular de Medios Libres, WITNESS, CEFO Indígena y Guardian Project invitan a comunidades, movimientos, organizaciones y colectivos de Abya Yala que estén en procesos de defensa del territorio a participar de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio.

La escuela consiste en el aprovechamiento de técnicas de reporteo, recolección de datos, edición, archivo y almacenamiento seguro de material multimedia para fortalecer la incidencia en medios de comunicación como también fortalecer estrategias jurídicas de defensa territorial.

La fecha límite para postular es el 15 de junio de 2024. El formulario de postulación está disponible en escuelacomun.yanapak.org (o pueden descargarlo y enviarlo por correo electrónico a contacto@yanapak.org). Los resultados de la convocatoria se informarán el 15 de julio de 2024 por correo electrónico.

Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de Cultural Survival y WACC – Global.

Invitamos a todas las interesadas en participar de la Escuela Común que nos acompañen este sábado 25 de mayo para una sesión informativa donde daremos más detalles y resolveremos dudas.

9am México, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica. 10am Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 11 am Chile, Bolivia, Venezuela. 12 pm Argentina.

Conéctate desde https://jitsi.sutty.nl/EscuelaComun

A días de las elecciones en México, comunidades la califican de “farsa”

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre un foro organizado por diferentes organizaciones – A 18 de mayo del 2024

PorSare Frabes

Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.

Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.

“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.  

“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.

Foto: Ké Huelga Radio

Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.

Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.

Agresiones contra zapatistas

Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio. 

En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad. 

Habitantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio han reportado el incremento de las agresiones armadas contra su comunidad autónoma.

En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre. 

Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.

La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.

Guerra 

De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización. 

La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.

En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal. 

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“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.

Protestas de Pueblos Unidos para exigir la clausura de las operaciones irregulares del relleno sanitario en la Región Choluteca.

La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa. 

Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes. 

La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones. 

Pese a la negativa del ejército para entregar información y los intentos de división de las autoridades, los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúan la lucha.

“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.

Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.

Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.

Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan Cancuc, Saúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba. 

En un llamado a la acción, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se sumó a la iniciativa zapatista de “el común y la no propiedad” para mantener su lucha por autonomía y autodeterminación.

Imagen: En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F

¿Cuántas líneas rojas va a cruzar Israel en Gaza? Poned fin al genocidio YA

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Compartimos este comunicado Amigos de la Tierra Asia Pacifico a través de Amigos de la Tierra España – A 17 de mayo del 2024

Desde Amigos de la Tierra queremos difundir y compartimos el comunicado emitido por Amigos de la Tierra Asia Pacífico ante los últimos ataques perpetrados por el ejército israelí contra la población en Rafah

“Amigos de la Tierra Asia Pacífico condena enérgicamente la ofensiva de Israel en Rafah y las graves violaciones ambientales, humanitarias y de derechos humanos que han cometido de forma sistemática a lo largo de esta invasión. Nos solidarizamos con las palestinas y palestinos y con nuestras compañeras de PENGON/Amigos de la Tierra Palestina mientras siguen enfrentándose a este desastre tanto a nivel humanitario como medioambiental.

La semana pasada, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación a los palestinos y palestinas de Rafah, donde se habían refugiado 1,4 millones de desplazados. Desde entonces, se han intensificado los bombardeos y ataques aéreos contra la ciudad y se han atacado más zonas residenciales. La población de Gaza ya no tiene un lugar seguro al que ir y está siendo desplazada a la fuerza a zonas que no son aptas para la habitabilidad humana. Estos ataques no sólo violan las leyes internacionales, sino que además siguen privando a los palestinos y palestinas de su derecho a un entorno sano y seguro, al que todos los seres vivos tienen derecho, tal y como reconoció el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución 48/13 y posteriormente la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 76/300.

Desde que Israel comenzó su asalto a Gaza hace más de 200 días, el enclave se ha enfrentado a la devastación de infraestructuras como viviendas, escuelas y hospitales. Según Charles Birch, responsable del programa UNMAS en los territorios palestinos, en Gaza hay aproximadamente 37 millones de toneladas de escombros, más escombros que en Ucrania. Todo ello aumenta el riesgo de exposición a sustancias nocivas como el amianto y los contaminantes liberados por las instalaciones que contienen materiales peligrosos, contaminando la atmósfera y empeorando la salud pública.

Esto, junto con las fuentes de agua contaminadas y el aumento de las emisiones de carbono procedentes de las armas y los vehículos de guerra, forma parte de una creciente lista de preocupaciones sobre cómo este genocidio medioambiental ha destruido y seguirá destruyendo todos los aspectos de la vida en Gaza. DEBEMOS tratar este asunto con la urgencia que merece.

No hay un final claro para la guerra, especialmente teniendo en cuenta que Israel rechazó la reciente propuesta de alto el fuego y redobló su intención de invadir Rafah a pesar de todo. Si no se toman medidas, las palestinas y palestinos se verán obligados a soportar niveles catastróficos de contaminación del agua, la tierra y el suelo, con efectos irreversibles a largo plazo. Ya estamos viendo estos impactos a través de la propagación de enfermedades infecciosas, la hambruna y la destrucción de la agricultura y las fuentes de alimentos. Hay que tomar medidas inmediatas para evitar que la situación siga empeorando.

Amigos de la Tierra Asia-Pacífico hace un llamamiento a todos los gobiernos para que exijan el fin de la escalada de ataques de Israel que pone en peligro los derechos humanos y medioambientales. En los últimos meses hemos visto a algunos líderes mundiales utilizar sus palabras para advertir contra una nueva escalada de las hostilidades. Pero las palabras duras y las críticas no están deteniendo el genocidio que se está desarrollando. Los gobiernos deben utilizar todos los mecanismos diplomáticos y económicos a su alcance para disuadir los ataques de Israel contra Gaza, empezando por cesar la venta de armas a Israel para evitar más muertes y daños en la tierra, detener las relaciones económicas con Israel y las empresas israelíes y considerar la posibilidad de cortar los lazos diplomáticos. Los gobiernos que no hagan todo lo que esté en su mano para detener los ataques corren el riesgo de ser declarados cómplices de genocidio.

Los movimientos sociales, incluido el movimiento ecologista, deben seguir alzando la voz en apoyo de Palestina, presionando a sus gobiernos e instituciones, contrarrestando la propaganda sionista y pidiendo que se respete el derecho internacional.”

Desde Amigos de la Tierra nos sumamos a esta denuncia y seguimos demandando al gobierno que ponga fin a la compra y venta de armas con Israel y la suspensión de las relaciones económicas y diplomáticas.

Nos sumamos a la convocatoria de la RESCOP de la 5ª Jornada de Movilización Estatal contra genocidio en Palestina el próximo 18 y 19 de mayo 2024. ¡Urge seguir presionando y alzar las voces  para que el gobierno español acabe su complicidad!

Webinario 4: Tren Maya y Corredor Interoceánico: El reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica

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Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:

Tren Maya y Corredor Interoceánico: El reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica

30 de mayo de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)

Cuarta sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.

Para sumarte al conservatorio, te invitamos a registrarte en el siguiente enlace: https://es.stay-grounded.org/permanecer-en-la-tierra-jornadas-reflexion/
Si ya te has registrado, recibirás el enlace cerca a la fecha del conversatorio.

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Invitamos también a la última sesión de las Jornadas de Reflexión:
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Brasil: Solidaridad Internacionalista ante las inundaciones en Río Grande Do Sul (RS)

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Compartimos esta información sobre la terrible situación de que se vive en Brasil y nos solidarizamos con nuestras compañeras que Amigas de la Tierra Brasil – A 10 de mayo del 2024

La emergencia es climática, la responsabilidad es política.  La solidaridad es nuestra fuerza.

Amigos de la Tierra Internacional y Amigas de la Tierra Brasil en solidaridad con los pueblos afectados en Rio Grande do Sul

Apenas ocho meses después de lo que se creía que era la mayor tragedia climática en Rio Grande do Sul, un estado en el extremo sur de Brasil con una superficie mayor que el Reino Unido (281 km²) y 11 millones de habitantes, volvemos a vivir una situación aún peor, con el 80% del estado en situación de calamidad y más de 200.000 refugiados climáticos sin hogar en la actualidad. La emergencia climática exige la movilización de la solidaridad de clase internacionalista y de la organización popular para la reconstrucción y el cuidado de la sustentabilidad de la vida, frente a la incapacidad de respuesta de un Estado neoliberal con servicios tercerizados, empresas públicas privatizadas y racismo ambiental estructural.

QUÉ ESTÁ HACIENDO AMIGAS DE LA TIERRA BRASIL

Como Amigas de la Tierra Brasil, nuestra sede, CaSAnAT en Porto Alegre, se ha inundado y nuestro personal (la mitad de los cuales han sido evacuados debido a las inundaciones) están trabajando para responder a las emergencias en sus barrios, acogiendo a la gente y escuchando y grabando sus testimonios.

Nuestros esfuerzos en Brasil consisten en promover y dirigir las peticiones de donaciones a las iniciativas de los movimientos sociales de base aliados, que trabajan en las Cocinas Solidarias y otros servicios de emergencia, basándose en su experiencia de organización de las poblaciones afectadas, de las mujeres, de la producción de alimentos y también en la fuerza del poder popular que tenemos juntos/as para influir en los poderes públicos.

En este momento de accesos bloqueados por las aguas, más que los recursos financieros, el trabajo de articulación política y de facilitar la llegada de ayuda material -alimentos, agua, ropa- y psicológica ha sido el sentido prioritario de nuestras acciones como pueblos afectados por el caos climático.

En este contexto y alianzas, como organización del movimiento por la Justicia Ambiental y miembro nacional de la Federación Internacional Amigos de la Tierra, tenemos las condiciones, la capacidad y el deber de movilizar la solidaridad internacional, porque sabemos que esta es y será nuestra fuerza para reconstruir y transformar la vida después del trauma que se profundiza con las desigualdades sociales, la violencia creciente y el desmantelamiento del Estado.

Nuestro compromiso y objetivo es fortalecer nuestra organización y nuestra capacidad de apoyo a los Territorios de Vida de Rio Grande do Sul, con los que caminamos juntos en defensa de la tierra, el agua, la biodiversidad, las formas de vida y contra todas las formas de violencia y opresión sistémica para garantizar la sostenibilidad de la vida.

Los fondos recaudados serán valiosos para reconstruir estos territorios y los lazos de solidaridad de clase real y radical en el campo y en la ciudad, ya sean huertas urbanas y cocinas comunitarias lideradas por mujeres en las periferias, comunidades de pescadores y pueblos tradicionales resistiendo a la minería, asentamientos de reforma agraria produciendo agroecología y resistiendo a la fumigación de pesticidas, quilombos defendiendo sus derechos a ser y existir frente a los proyectos de infraestructura, retomadas indígenas garantizando la preservación de la naturaleza frente al avance de la especulación inmobiliaria, comunidades organizadas y trabajadores construyendo políticas y proyectos para una transición justa, popular y feminista.

CÓMO PUEDEN AYUDAR

ConsidereN la posibilidad de donar fondos y ayúdenos a recaudar dinero.

La capacidad contable y de gestión de Amigas da Terra Brasil nos permite recibir donaciones libres de impuestos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro en el extranjero, utilizando los siguientes datos bancarios:

Nombre del banco: Banco Bradesco (Código 237)

Dirección del banco: Avenida Protásio Alves 78, CEP 90410-004, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil

Número de cuenta: 2417-1 (Número de agencia: 2603)

Nombre titular de la cuenta: Núcleo Amigos da Terra/Brasil

Dirección del titular de la cuenta: R. Olavo Bilac, 192, Bairro Azenha, Porto Alegre – RS, CEP 90040-310

Código SWIFT banco: BBDEBRSPSPO

Nota de AT Brasil

Agradecemos la fuerza de la solidaridad internacionalista, a los miembro de la federación, al SSI de ATI, SoLiResp y organizaciones sociales amigas de todo el mundo que vienen acompañando la tragedia climática en nuestro estado del sur de Brasil y consultándonos sobre formas de ayudar y actuar.

Seguimos unidos/as en la solidaridad y en la lucha por transformar el sistema y construir sociedades sustentables y libres de todas las opresiones.

@amigasdaterrabr y el equipo de SSI de ATALC y ATII

LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A LA SOLIDARIDAD ANTE LAS INUNDACIONES EN RIO GRANDE DO SUL (RS), BRASIL


La emergencia es climática, la responsabilidad es política.
La solidaridad es nuestra fuerza.

Amigas de la Tierra Brasil en solidaridad con las personas afectadas en Rio Grande do Sul

Apenas ocho meses después de lo que se creía la mayor tragedia climática en Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, volvemos a vivir una situación aún peor, que exige la movilización de la solidaridad de clase internacionalista y de la organización popular para la reconstrucción y el cuidado de la sustentabilidad de la vida, ante la incapacidad de respuesta de un Estado neoliberal, con servicios tercerizados, empresas públicas privatizadas y racismo ambiental estructural.

Lluvias intensas y copiosas, que alcanzaron los 800 mm en algunos lugares, azotaron casi todos los municipios del estado a partir del 29 de abril. La precipitación acumulada igualó toda la precipitación media prevista para cinco meses. Los arroyos y ríos alcanzaron niveles incluso superiores a los sucesos de septiembre de 2023. Hubo desprendimientos de tierras, destrucción de carreteras y autopistas, inundación de ciudades, muertes y destrucción.

Las cifras de la defensa civil de RS el 8 de mayo indican que hay 100 muertos, 128 desaparecidos y 372 heridos en 417 de los 497 municipios, lo que afecta a una población de más de 1.4 millones de personas. Es probable que estas cifras aumenten, ya que se han producido socavones en zonas aisladas del campo y pueblos inundados en la región metropolitana. Innumerables animales domésticos y de subsistencia muertos. Más de 66.700 personas en refugios y 163.700 desplazadas.

Desde hace una semana, el ejército, los bomberos, la defensa civil, la policía militar y civil de Rio Grande do Sul y de varios otros estados, voluntarios individuales y activistas de organizaciones y movimientos sociales rescatan vidas en helicópteros, barcos, motos acuáticas y por tierra, abren caminos a través de la selva, distribuyen agua, alimentos y asistencia médica y ecológica. Los daños materiales ascienden a miles de millones. Reconstruir ciudades, economías y vidas llevará mucho tiempo.

Las carreteras de acceso a la capital están cerradas. El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta el 30 de mayo. Más del 70% de los 2 millones de habitantes de Porto Alegre están sin electricidad ni agua, con dificultades en las comunicaciones y en el suministro de artículos básicos de supervivencia. El agua potable ha sido un dilema diario para toda la población, y escasea en las estanterías de muchos supermercados y en fuentes naturales poco fiables. Regiones y municipios del interior de Rio Grande do Sul permanecen aislados, incapaces de recibir ayuda. Muchas familias no tienen noticias unas de otras.

Las regiones golpeadas por las inundaciones del año pasado, especialmente los valles de los ríos Jacuí, Taquari y Pardo y la Serra Gaúcha, han sufrido un nuevo impacto de mayores proporciones. Municipios que ni siquiera habían reconstruido, como Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Lajeado, Santa Tereza y Estrela, acabaron total o parcialmente destruidos una vez más. Municipios del litoral norte, como Maquiné, y de los valles de los ríos Paranhana, Caí y Sinos, que fueron el foco de las inundaciones de junio de 2023, volvieron a sufrir daños, especialmente ciudades de la región metropolitana, la 5ª más poblada de Brasil, con cerca de 4.3 millones de habitantes.

Porto Alegre está sufriendo la peor inundación de su historia. Los sistemas de contención del agua se diseñaron teniendo en cuenta la inundación histórica de 1941, cuando el río Guaíba alcanzó los 4,77 m e inundó parte del centro de la ciudad y la orilla. Esta vez, el río Guaíba, que recibe agua de las regiones norte y centro del estado, alcanzó los 5,35 m, recuperando lo que fue su cauce y avanzando hacia varias partes de la ciudad, que ahora se encuentra sitiada. Incluso la sede de Amigas de la Tierra Brasil fue alcanzada por las aguas después de que se desconectaran las bombas por riesgo de electrificación, lo que provocó que el río avanzara sobre los barrios de Cidade Baixa y Azenha, donde se encuentran nuestra organización, sindicatos y también las cocinas solidarias.

Todos los esfuerzos conjuntos siguen con objetivo de salvar vidas. Hemos sido testigos de una red de solidaridad pocas veces vista, involucrando a todo el país en rescates, donaciones de alimentos, ropa, materiales de higiene y limpieza y dinero para ayudar a las personas sin hogar y desplazadas, montando refugios y proporcionando paquetes de alimentos. Amigas de la Tierra Brasil sigue trabajando en solidaridad activa, colaborando en el comedor comunitario de Morro da Cruz con la Marcha Mundial de las Mujeres y Periferia Feminista, y en el Comedor Solidario MTST de Azenha (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo), que ha unido fuerzas con otros movimientos como el MAB (Movimiento de Afectados por Represas) y el MPA (Movimiento de los Pequeños Agricultores), proporcionando hasta 1.800 comidas al día para los afectados de Porto Alegre y la región metropolitana. En este momento de luto por las vidas perdidas, en medio del dolor y el sufrimiento, ofrecemos nuestros corazones y brazos para ayudar a quienes necesitan lo básico para seguir vivos.

En el impacto de esta tragedia, recordamos lo que venimos defendiendo hace mucho tiempo, que son también agendas históricas de tantos territorios de vida en lucha, como vienen alertando los pueblos indígenas de Brasil: necesitamos enfrentar la crisis climática. Este enfrentamiento no vendrá con las nuevas tecnologías de mercado, ni con la caridad de los dueños de las empresas transnacionales y sus campañas de marketing sobre sustentabilidad y solidaridad, que componen prácticas que son la continuación de un proyecto colonial, racista, sexista, lgbtqifóbico y destructor de la naturaleza y de la comunidad.

La emergencia climática es una realidad que se impone a las desigualdades estructurales y sistémicas: las injusticias medioambientales recaen sobre los menos responsables históricos del problema, que son los más indefensos para hacer frente a las consecuencias. Es tan real como el contexto en el que vivimos hoy, donde hay mucha vida por la que luchar. Ahí radica el sentido de estar aquí. Es posible frenar las lógicas nefastas que avanzan sobre la tierra, reducir drásticamente los impactos y aumentar la capacidad de reconstrucción en situaciones como la que estamos viviendo. Eso pasa por la política.

Pasa por nuestra lucha contra el agronegocio, especialmente cuando el cambio de uso de la tierra en Brasil es el principal factor de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y cuando las políticas del gobierno estadual de Rio Grande do Sul fomentan la práctica y la liberación de productos fitosanitarios, muchos de los cuales no están permitidos en sus países de origen, lo que genera una serie de violencias y conflictos en el campo, además de obstaculizar e incluso desincentivar la agricultura familiar y la agroecología, que traen respuestas reales a las crisis de este siglo. El agronegocio nos mantiene en una relación económica y social de dependencia de los países del norte global, centro del capitalismo, lo que genera aún más desigualdad y devastación de la naturaleza, convirtiendo barrios y ciudades enteras en zonas de sacrificio.

La ofensiva de la minería en el estado de Rio Grande do Sul también nos lleva a un escenario catastrófico: la mayor parte del carbón disponible en el país, alrededor del 90%, se concentra en ese estado, y su extracción supone una amenaza para la crisis climática e incluso podría incrementarla. El proyecto Mina Guaíba, por ejemplo, preveía la explotación de la mayor mina de carbón a cielo abierto de Brasil, entre las localidades de Eldorado do Sul y Charqueadas (RS), a 16 kilómetros de la capital, Porto Alegre. El proyecto, que afectaría al territorio indígena de los Mbya Guaraní, sin consultar a las comunidades para obtener la licencia previa, estaría hoy bajo el agua, generando drenaje ácido y contaminando las aguas dulces que tenemos. Afortunadamente, la movilización popular y las denuncias de las fallas y omisiones en los estudios de la minera COPELMI lograron que la mina fuera archivada. La mina de Guaíba también afectaría a los asentamientos de la reforma agraria, al Parque Estadual Delta do Jacuí y a los municipios de los alrededores que se verían muy afectados por el agua, así como al bioma de la Pampa, que almacena una de las mayores reservas de agua potable del mundo, el Acuífero Guaraní.

Ahora, seis represas relacionadas con procesos mineros corren el riesgo de romperse y afectar a más personas. Como dijo el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en un comunicado, destacando el colapso parcial de la represa de la Usina Hidroeléctrica (HPP) 14 de Julho, ubicada en la cuenca del río Taquari-Antas, en Cotiporã (RS): la emergencia climática aumenta el riesgo de colapso de las represas. Ante los fenómenos extremos de la crisis climática, ninguna represa está a salvo.

Las políticas adoptadas en los últimos años en Rio Grande do Sul han flexibilizado la concesión de licencias y garantizado el avance del extractivismo sobre la vida. Municipios como São José do Norte, próximo a la Laguna de los Patos, se encuentran actualmente en estado de alerta debido a las aguas que se precipitan hacia ellos desde todo RS para desembocar en el mar. Las comunidades tradicionales que viven de la pesca y de la agricultura familiar están siendo evacuadas, las mismas comunidades que ya resisten al Proyecto Retiro, que planea extraer titanio, poniendo en riesgo las aguas, así como el sustento de las comunidades tradicionales de pescadores, de agricultura familiar y del Quilombo Vila Nova.

Sostenemos que la solución para evitar y enfrentar las catástrofes de la emergencia climática es la gente en los territorios: la demarcación de las tierras indígenas, la titulación de las comunidades quilombolas, la reforma agraria, la reestructuración de la tierra en las ciudades, con inversión pública permanente basada en políticas sociales construidas cerca de los territorios, con participación popular y con la garantía del derecho de los pueblos y comunidades tradicionales a ser y existir, preservando sus formas de vida, que se ha comprobado que causan el menor impacto socioambiental sobre el planeta. Las soluciones sólo vendrán con el fin de las políticas de austeridad, con la reversión del proceso de profundización neoliberal, que en la práctica privatiza bienes comunes como el agua y la energía para que el poder corporativo y los grandes empresarios puedan ampliar sus márgenes de ganancia. Porque cuando los gobiernos no están comprometidos con el interés público y al servicio de la sociedad, el pueblo es abandonado a su suerte y puede pasar hasta una semana sin electricidad, como ocurrió en Porto Alegre en enero de este año, y esta vez un tercio de su población está sin luz y sin agua. Destacamos las privatizaciones de CEEE, de Corsan y del DMAE, el desmantelamiento de las capacidades de saneamiento urbano y de las funciones de planificación del Estado, como procesos que nos han llevado al colapso actual.

Las constantes tragedias ocurridas en Rio Grande do Sul demuestran que los municipios que celebrarán elecciones este año en Brasil no están preparados para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos. Los alcaldes han tardado en advertir a la población sobre los impactos de las fuertes lluvias pronosticadas por los institutos meteorológicos y la Defensa Civil. Parte de los sistemas de contención de agua, diques y presas se desbordaron, obligando a evacuar a la población. La mayoría de las inundaciones se produjeron en lugares que históricamente han sufrido problemas de drenaje no resueltos. La gran mayoría de los afectados son personas empobrecidas y de clase trabajadora, que viven en terrenos inundables, a orillas de ríos y arroyos, o en laderas, privadas de políticas concretas en materia de derechos básicos, como el acceso al agua y a una vivienda asequible, para poder abandonar las zonas consideradas de riesgo y llevar una vida más digna.

A pesar de que esta es la 4ª y peor tragedia climática de gran magnitud que enfrenta RS en menos de dos años, todavía hay gobiernos municipales y parlamentarios negacionistas que ignoran los efectos del cambio climático. También hay regiones afectadas que no se han recuperado de otras inundaciones, como el Valle de Taquari, que, además de una serie de violaciones de los derechos humanos, ha recibido innumerables denuncias de los residentes de que los fondos del gobierno federal han pasado sin ser ejecutados por los municipios.

Las investigaciones científicas demuestran que la deforestación, incluso en la Amazonia, tiene un impacto directo en el aumento de las temperaturas y, en consecuencia, en la mayor incidencia de lluvias y fenómenos extremos en Brasil y en el planeta. En Rio Grande do Sul, la devastación del bioma de la Pampa y de la Mata Atlántica para dejar espacio al agronegocio y a su voraz sed de tierras también provoca las fuertes inundaciones que padecemos, así como períodos prolongados de sequía.

El gobierno del estado de Rio Grande do Sul y la intendencia de Porto Alegre, aunque dicen estar preocupados por la emergencia climática, no lo demuestran con acciones concretas. Sus prácticas van en la dirección de intensificar los desastres. El presupuesto estatal propuesto para este año por el gobernador Eduardo Leite (PSDB) preveía sólo 115 millones de reales para hacer frente a los fenómenos climáticos en 2024 en todo RS, incluidas las inversiones en la Defensa Civil estadual. Tanto el gobierno de Leite como el de Melo han trabajado para desmantelar y «relajar» la legislación medioambiental. Esto beneficia a los sectores inmobiliarios de alto nivel, a las grandes empresas, a la agroindustria y a actividades económicas destructivas como la minería, lo que conduce a una mayor deforestación, la devastación de los biomas naturales, la contaminación de los recursos hídricos y la ocupación de áreas abiertas y orillas de los ríos, como el propio Guaíba. En marzo de este año, la Asamblea de Rio Grande do Sul aprobó un proyecto de ley del diputado Delegado Zucco (Republicanos), que modifica el Código Medioambiental del Estado y flexibiliza las normas en las Áreas de Preservación Permanente (APP), permitiendo la construcción de presas y embalses en estas zonas.

En el caso de Porto Alegre, la intendencia ha emitido alertas de evacuación sin dar ninguna orientación sobre cómo se llevará a cabo. A toda prisa, improvisa refugios en zonas con riesgo de inundación, de modo que los refugiados climáticos que han perdido sus hogares tienen que emigrar de nuevo sin ninguna seguridad para el futuro. Ni siquiera existe una política que tenga en cuenta a los trabajadores y su desplazamiento por la ciudad en transporte público, que podría garantizarse con gratuidad del transporte, y salvar vidas. Extremadamente elitista, la recomendación del intendente Melo es que la población, o parte de ella, tome Uber o se vaya a sus casas en la playa.

A nivel del gobierno estadual, destacamos la responsabilidad de Leite en desfigurar el Código Estadual de Medio Ambiente, ignorando las advertencias de la sociedad civil al estado de Rio Grande do Sul y a su gobierno sobre sus responsabilidades frente a la emergencia climática. Y mientras el pueblo de Rio Grande do Sul sufre la mayor tragedia socioambiental de su historia, se tramita en el Senado un proyecto de ley (PL 4.015/2023) que introduce nuevos cambios en el Código Forestal, permitiendo que las propiedades rurales de las ciudades de la Amazonia Legal que tengan la mayor parte de su territorio ocupado por unidades de conservación o tierras indígenas reduzcan la reserva legal del 80% al 50%. La naturaleza no tiene fronteras, lo que impacta en un lugar impacta en todos.

Por primera vez, hemos experimentado refugiados climáticos en masa deambulando por el agua en las ciudades de Rio Grande do Sul, vagando sin rumbo por calles y carreteras con las pocas pertenencias y animales que podían llevar, esperando durante días en los tejados a que los rescaten, acurrucados durante días en refugios porque han perdido sus casas, o sin poder salir de ellas para conseguir comida y agua y temiendo los saqueos y la violencia que se recrudece ante el caos. Lo que nos gustaría evitar para la próxima generación, lo estamos viviendo hoy, aquí y ahora.

La solidaridad es la premisa. Solidaridad de clase, no la «solidaridad S.A.» de las corporaciones en su bazofia de responsabilidad social corporativa. Las personas que más sufren en estos momentos son las que están al margen del sistema, las que no pueden garantizar una vida cotidiana digna. Hoy, más que nunca, son precarios, sufren un proceso de empobrecimiento, negación de derechos e imposibilidad de sostener la vida. Si estas familias ya eran consideradas empobrecidas, lo serán aún más, al perder a miembros de la familia que, con su trabajo, aseguran su día a día, sobrecargando generalmente a las mujeres y el trabajo de cuidados no remunerado. La capacidad de estas familias para mantenerse, para organizarse, se verá reducida. Primero por la pérdida de personas, luego por la pérdida de sus hogares, de sus empleos, de sus condiciones de vida y los traumas, que seguro vendrán.

Frente al desmantelamiento del Estado en varios niveles y la destrucción de los servicios y la capacidad de gestión y planificación en aras del interés público, emerge la fuerza de la unidad. De la diversidad de formas de hacer y de organizar los movimientos populares en el campo y la ciudad, conectando territorios de vida, a menudo aquellos también amenazados y sacrificados por el sistema que da lugar a la emergencia climática. Esta solidaridad de clase real y radical seguirá su marcha, reconstruyendo y movilizando el poder popular para recuperar el lugar de los trabajadores en la política, hacer frente al clima (que ya ha cambiado) y cambiar el sistema.

Amigas de la Tierra Brasil, 8 de mayo de 2024

El Escaramujo 132: CHIAPAS Y LA MINERÍA EN 2024

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

Descargar Escaramujo 132 en pdf

CHIAPAS Y LA MINERÍA EN 2024

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
15 de Mayo 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El Modelo Extractivo Minero es el megaproyecto de mayor impacto ambiental, social, económico, político y cultural. Entre los impactos más significativos está la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de población y la pobreza, la pérdida de soberanía alimentaria, las enfermedades y la disputa por el agua, las divisiones familiares y comunitarias, la corrupción municipal y estatal así como en diversas dependencias del estado; además de amenazas, persecución, asesinatos e impunidad.

En 2015 existían 99 Concesiones mineras vigentes en Chiapas, que abarcaban un total de un millón 57 mil 81 hectáreas concesionadas del subsuelo de tierras campesinas y de territorios indígenas. Estas concesiones representaban el 14,20% del territorio chiapaneco, ubicados en 16 municipios que equivalían al 13% del total de los 123 municipios de la entidad. Estos municipios eran: Acacoyagua (13 concesiones), Acapetahua (3), Ángel Albino Corzo (8), Chicomuselo (13), Cintalapa (10), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), Ixhuatán (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (5), Siltepec (3), Solosuchiapa (6), Tapachula (14) y Tonalá (1).

Posteriormente, las concesiones aumentaron y luego volvieron a disminuir. En 2021 fueron canceladas 58 concesiones mineras que abarcaban 985,758.08 hectáreas del territorio chiapaneco.1 Así, del 14,20% del territorio de Chiapas concesionado en 2015, bajó al 1,86% en 2021. Esto se explica en el contexto de al menos dos sucesos fundamentales que modificaron la coyuntura. Por un lado al crisis del la COVID-19 en el 2020 provocó que disminuyeran las expectativas de inversión y de capital. Todo ello a pesar de que fue la minería el sector menos afectado en el país y al que se le permitió seguir operando las minas en territorio nacional. Por otro lado, el repunte de los actos violentos generados por los cárteles del narcotráfico en el estado, la lucha por el control de los territorios y los fuertes enfrentamientos en las fronteras de disputa, pudo haber provocado el desinterés de seguir pagando las cuotas de las concesiones.

Entre los municipios donde se han registrado hechos violentos agudizados a partir de la pandemia de la Covid-19 y causados por los cárteles de la droga están: Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla. Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, La Concordia, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Siltepec. En todos ellos se cancelaron concesiones mineras.

En 2024 iniciamos el año con 54 concesiones mineras en Chiapas, poco menos de 50% de hace casi 10 años. Esta disminución de concesiones si bien es importante, no elimina las amenazas sobre el territorio y especialmente por la injerencia de los cárteles en todo el territorio del estado, así como su control sobre las ganancias mineras y de otros sectores económicos.

En el caso del municipio de Chicomuselo, el cartel de la droga ha tomado el control de la mina de barita que antes tenía concesionada la empresa canadiense Blackfire, minera que asesinó a Mariano Abarca en 2009. Sin embargo, no se entiende cómo la empresa Blackfire continúan siendo dueño de una concesión minera en el municipio de Pijijiapan cuando la empresa ya no existe ni se tiene registro legal de ella en Canadá.

Otras concesiones mineras vigentes están atrapadas en el control de los cárteles como en el caso de las ubicadas en la sierra de Motozintla, entre otros municipios controlados por el narcotráfico donde la violencia y el control territorial impiden la operación de dichas concesiones.

La concesión minera es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga a particulares, físicos o morales, un derecho condicionado con el fin de aprovechar los recursos minerales en un terreno delimitado y por un tiempo determinado. Contar con una concesión minera no significa que la mina esté ya operando. Tampoco significa que tener el permiso de la posible explotación del subsuelo implica el permiso automático de los dueños con los que tiene que negociar. Hay tres tipos de dueños del suelo: privado, estatal o Ejidos y Bienes Comunales. Hay que tomar en cuenta también que las concesiones se pueden volver a adquirir.

Para adquirir una concesión la persona física o moral, según la Ley Federal de Derechos actualizada el 12 de noviembre de 2021, debe pagar la ridícula cantidad de $8.63 pesos semestrales durante los dos primeros años por cada hectárea de tierra que el Estado le haya otorgado en concesión para la explotación minera.

Durante el tercer y cuarto años el pago es de $12.91 pesos por hectárea; durante el quinto y sexto año se paga $26.68 pesos; en el séptimo y octavo años es de $53.66 pesos; en el noveno y décimo años de $107.32. A partir del décimo año el pago es de $188.86 pesos por hectárea.

Si los concesionarios no llevan a cabo la exploración o explotación minera durante dos años continuos en el lapso de los primeros 11 años de vigencia de la concesión, solo pagan el 50% de la cuota señalada, pero a partir del año 12 pagarían el 100% de la cuota.

Así, al terminar la pandemia de la Covid-19, en el año 2021 se estimaban en el país alrededor de 25 mil 72 concesiones mineras que abarcaban en total 20 millones 853 mil 927 hectáreas. Entre 2017 y 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudó 14 mil 322 millones de pesos por cobro de todas esas concesiones mineras.

El gobierno federal continúa con el impulso de la actividad minera abanderando el litio como la punta de lanza de la transición energética minera. Así, el Modelo Extractivo Minero no termina, solo se cambia de mineral al ritmo en que se descubren nuevos nichos de negocios blanqueados como combate al cambio climático.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) impulsa la estrategia de prevención contra los proyectos mineros. Entre las acciones preventivas está el impulso de crear y decretar “Territorios Libres de Minería” donde los pueblos, comunidades y colectivos blindan su territorio y se organizan para evitar el arribo de los proyectos mineros que destruyen la vida de los pueblos.

Este decreto lo han hecho los mismos ayuntamientos como en el caso del municipio de Escuintla, Chiapas, gracias a los miembros de la REMA del Frente Popular por la Defensa del Soconusco (FPDS).
Del mismo modo, en reunión del Cabildo abierto, se declaró al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, como “Territorio Libre de Minería” gracias al trabajo arduo de resistencia de la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan (APTyBE), también miembros de la REMA. Otras organizaciones miembros de la REMA como el Comité por la Defensa del Territorio de Guadalcázar, San Luis Potosí, declaró al territorio El Realejo como “Territorio Libre de Minería”.

Estos son algunos ejemplos de resistencia y protección de los pueblos, de los bosques, el agua, la vida y la cultura de los pueblos frente al embate del Modelo Extractivo Minero en el país. Sin embargo, existen dos retos fundamentales a enfrentar. Por un lado, el actor que domina cada vez más los territorios con lujo de violencia dificulta esta defensa.

El crimen organizado, los carteles de la droga, poco a poco clavan sus intereses en el sector minero como lo han hecho para tomar el control de los comercios, los negocios, la producción agropecuaria, el tráfico de indocumentados o la infraestructura. Esto obliga al movimiento social a replantearse la estrategias de cuidado del territorio, de la seguridad, de la autonomía y la defensa de las comunidades.

El otro reto fundamental es la continua búsqueda de alternativas locales que no solo satisfagan las necesidades concretas y resuelvan los problemas inmediatos, sino que ayude a rearticular la confianza, la organización, los mecanismos de gobernanzas locales y comunitarios. Las alternativas que generen autonomía alimentaria, energética, de acceso al agua y la salud, a la apropiación del territorio que le disputa el narco a los pueblos.

Descargar Escaramujo 132

Cine debate: Camino de agua- Martes 21 de mayo 6 pm en Kinoki

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En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“CAMINO DE AGUA”

Tras la huella de cambio climático

Martes 29 de mayo de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Sinopsis: El agua es el principal componente de todas las formas de vida conocidas. Las diferentes actividades humanas como la minería, la agricultura o la deforestación han contribuido en la disminución y contaminación del recurso hídrico. CAMINO DE AGUA sigue el trabajo de varios científicos interesados en el estudio de este recurso y su relación con el uso que le damos como especie. Desde los nevados, pasando los páramos y los bosques andinos hasta los océanos Atlántico y Pacífico, el documental sigue el camino del agua retratando no solo la belleza de estos ecosistemas sino el trabajo que realizan algunos investigadores con el fin de disminuir el impacto negativo del hombre sobre estos lugares.

Continúan sin confirmarse las sentencias contra los responsables del asesinato de Berta Cáceres

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Compartimos este comunicado de IM-Defensoras – A 8 de mayo del 2024

A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca, las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser firmes y el proceso de justicia bajo ataque.

En días recientes, Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021, han desarrollado una campaña de falsedades con el interés de afectar el proceso de justicia para Berta Cáceres y la confirmación de las sentencias de los responsables de su muerte.

Este ataque intenta criminalizar a la perito del Ministerio Público y busca entorpecer el deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria contra David Castillo y los demás asesinos de Berta Cáceres.

Los señalamientos hechos por la defensa de David Castillo pretenden crear duda y confusión, sin embargo, han sido desmentidos a través de comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones que le acompañan. Y ya han sido desestimados en juicio por el Tribunal de Sentencia que condenó a Castillo.

Dichas organizaciones señalaron que las propias comunicaciones de los condenados son la prueba fundamental que corroboran su responsabilidad penal. Además que las extracciones de las comunicaciones de los celulares de los imputados realizadas por el Ministerio Público, coinciden plenamente con las realizadas por el perito de la defensa de Castillo, Sean Bodde. La información extraída de los aparatos telefónicos prueba que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres.

Cabe destacar que la supuesta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público. Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción. Fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, caso que evidenció la corrupción en el otorgamiento de licencias inconsultas para la explotación del sagrado río Gualcarque que originó violaciones a los derechos del pueblo indígena Lenca en los departamentos de Intibucá y Santa Barbara.

El pasado 3 de mayo, tanto Carolina Castillo como David Castillo fueron hallados culpables por fraude y Raúl Pineda por usurpación de funciones y falsificación de documentos, sentando un nuevo precedente que demuestra la estructura criminal detrás del proyecto Agua Zarca.

Lo anterior es relevante porque muestra el posible tráfico de influencias para dejar impune este terrible asesinato y porque la causa Berta Cáceres está relacionada con el caso Fraude sobre el Gualcarque.

Paralelamente, acciones por parte de Sergio Ramón Ramírez Orellana, otro condenado por el asesinato de Berta Cáceres, buscan manipular el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas acciones buscan afectar negativamente los resultados que ha ofrecido el sistema penal en este caso, fruto de la exigencia de justicia de la familia, del COPINH y de la lucha contra la impunidad y por la preservación del Estado de Derecho.

Las organizaciones firmantes condenamos estas maniobras que ponen en riesgo el proceso y a las personas que intervienen en él. De igual manera, exigimos a la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Raquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, la inmediata confirmación de la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra  David Castillo, como coautor de este crimen.

Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista,  capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres.

Nos sumamos al llamado del COPINH para que la comunidad nacional e internacional permanezcamos alertas y vigilantes del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo Lenca el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición.

ADHESIONES

Organizaciones internacionales: Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Colectivo Caminando Fronteras, Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos, Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA), Cultural Survival.Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte.Equality Now, FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Foro Honduras Suiza, Hondurasdelegation, International Service for Human Rights (ISHR), Lisangà culture in movimento Italia, Lumaltik Herriak, MUGARIK GABE, Observatoire International des Avocats en Danger, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Red Ecofeminista, Robert F. Kennedy Human Rights, Soldepaz Pachakuti, Solidarity Economy Association, South Feminist Futures (SFF),Synergía, iniciativas para los derechos humanos, Trocaire (Honduras), Witness for Peace – Solidarity Collective, Zehar-Errefuxiatuekin.

Organizaciones regionales: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para Estudio e investigación de la Mujer (FEIM), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Instituto Las Segovias, Jamaa Resource Initiatives, Latin America Working Group (LAWG), Latinas en Poder, MENA Fem Movement For Economic, Development And Ecological Justice, MIRA: feminismos y democracias, Protection International, Oficina para Mesoamérica, Red de Solidaridad para la transformación social (REDS), Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa), Rights Action.

Organizaciones nacionales y locales: Alemania: Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia.

Argentina: Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir (RDBV) de la región de la Patagonia, Unidos por Nuestras Acequias de la región Paravachasca en Córdoba, Red Disidente Santiagueña de Santiago del Estero, VICAM: Vicuñas, camélidos y ambiente, Nómadas Comunicación Feminista de la región de la Patagonia.

Bolivia: Comunidad de Derechos Humanos, Red Nacional Alianza Libres sin Violencia.

Colombia: Tamboras Insurrectas Colectiva Feminista,Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (SINDHEP), Comunidad Guaguas Guaneñas, Catedra de Paz Alfredo Molano Bravo (CEPAZ), Juntanza feminista de mujeres y disidencias sexuales de Cali, Fundación Tejiendo Cultura Caribe, Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) de Cali, Fundación Grupo de Teatro La Mascara de Cali, Escuela Política Travesía por la Paz y la Equidad de Género.

 Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.

 Ecuador: Organización del pueblo kichwa Saraguro SAKIAT.

 El Salvador: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación por el Respeto de los Derechos de la Mujer Salvadoreña (ARDEMUSA), Centro Cultural Casa Bruja, Colectiva Amorales, Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, Colectivo Alejandría, COSAL, Red Salvadoreña Defensoras de Derechos Humanos (RSDDH).

Estado Español: Ecologistas en Acción, Grup Suport Con Vos, SOS Ribagorza, Araba Bizirik de Euskal Herria, AHTrik EZ Arabako Haranak de Euskal Herria.

Estados Unidos: Madre Tierra, Organización de Mujeres Latinas Inmigrantes en Washington, DC, Virginia & Maryland.

Guatemala: Asociación Pop No’j, Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, Consejo del Pueblo Maya (CPO), Organización de Mujeres Tierra Viva.

Honduras: ACI PARTICIPA, Bufete Justicia para los Pueblos, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Red Nacional Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

Kirguistán: Bir Duino Human Rights Movement.

Liberia: Green Advocates International.

México: Alianza Sierra Madre en Chihuahua (ASMAC), Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM), Otros Mundos Chiapas A.C., Consorcio Oaxaca, Colectivo del periódico El Zenzontle, Comunidad Teo Tepahkale en Ciudad de México, El Puente SC. en Chiapas, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM),Taller Integral para el Desarrollo Comunitario TAIDECO A.C., Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C, Sí hay mujeres en Durango A.C., Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional en México,Servicios y Asesoría para la Paz A.C.  (SERAPAZ), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Secretariado Social Mexicano (SSM), Tlalij, yolojtli uan nemililistlij de San Luis Potosí, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).

Mongolia: Oyu Tolgoi Watch.

Nicaragua: Agenda Propia Nicaragua, Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Morada Feminista Nicaragua-UK, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Perú: Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Paz y Esperanza.

Uganda: Women Human Rights Defenders Network Uganda.

Venezuela: Acción Solidaria,Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.