Artículo: Los Gemelos del Popol Vuh

Les compartimos este artículo de Marco von Borstel sobre los Ríos Mayas – A 7 de mayo del 2024

En un sueño que tuve me llegó el mensaje de que los gemelos mayas del Popol Vuh: Hunahpú e Ixbalanqué, se convirtieron, tras su combate contra los Dioses del Xibalba, en ríos, en el Usumacinta y el Grijalva, para darle vida a los hombres y mujeres verdaderos, a los pueblos mayas que aún ahora pueblan estos territorios. Estos afluentes nacen de las montañas de Guatemala y abrazan el Estado de Chiapas para desembocar juntos en el Estado de Tabasco, en México, nutriendo los pantanos y manglares y diluyéndose en el Golfo de México. Estos territorios son una de las cunas más importantes de la cultura maya y hoy en día todavía están presentes pueblos tsotsiles, tseltales, tojolabales, chol, lacandones, chuj, zoques, mam, canjobalanos, mocho, chontales y muchos más, conviviendo con diversas comunidades mestizas y criollas de todo el mundo, en una región asolada por porblemas sociales, intereses corporativos y megaproyectos de muerte, que pareciera quieren destruir su belleza y riqueza natural, así como desaparecer todo vestigio de la dignidad y grandeza de los pueblos ancestrales.

En las cuencas de estos ríos podemos encontrar los sitios sagrados de Tikal, Palenque, Yaxchilán, Bonampak, Toniná, Piedras Negras, entre otros y muchos están en riesgo. Estos gemelos también dan vida a la selva del Petén/Lacandona que es uno de los pulmones más importantes del continente americano y una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y que junto con los demás ecosistemas de la región representan una de las posibilidades de mitigación del cambio climático, que tanto está haciéndose presente en todo el planeta. Como si fuese un mito, el río Grijalva, (uno de los dos gemelos) ha sido desmembrado por el mal llamado desarrollo, por los Dioses del lugar de los muertos; las represas construidas en su cauce no le permiten fluir libremente, y pueblos, tierras fértiles, historias y ecosistemas enteros, han sido inundados por los embalses de esos proyectos de supuestas energías limpias, que son las presas hidroeléctricas, que de limpios, tienen poco o realmente casi nada.

Acá residen los heroicos pueblos zapatistas, las admirables Abejas de Acteal y tantas comunidades y organizaciones que resisten al capitalismo depredador, a los malos gobiernos y a las bandas criminales; y ahora varias comunidades, movimientos, instituciones, investigadores y personas nos hemos unido de los dos lados de.la frontera y de lugares más lejanos para construir una alianza, que nombramos como Rios Mayas, para imaginar y cosechar alternativas y no permitir que se hagan más presas en el Usumacinta, ni en toda la región; para frenar el uso de agrotóxicos y edificar un territorio de integración cultural, donde se valoren las expresiones ancestrales de los pueblos y las nuevas manifestaciones artísticas de los jóvenes; un espacio de paz, de alegría, de justicia y dignidad; un espacio donde demos cabida a nuevos mitos luminosos y no sólo protejamos la biodiversidad que aún existe, sino restauremos los ecosistemas que han sido tan cruelmente devastados.

Acá esgrimimos la cultura como una arma revolucionaria de los pueblos, para generar vida y plasmar sueños, de caminar enarbolando la esperanza y poder encontrarnos con las otras y los otros, donde haya lugar para la diversidad, para los que no piensan igual, para el respeto, para las y los abuelos, pero en especial, para las nuevas generaciones que merecen un horizonte de futuro, nadar en caudales limpios, alimentarse de comida sana y caminar sin miedo por sus comunidades, ciudades y montañas; un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los compas, que aún usan los pasamontañas.

Acá pensamos en la agoroecologia, las culturas comunitarias y las propuestas imaginadas desde abajo, como respuesta ante lo depredador de la avaricia de los poderosos. Así también la música, las danzas, los trajes tradicionales, los idiomas originarios, el hiphop, la gráfica, el rescate y la innovación; todo el arcoiris de flores que crecen alimentados por las aguas de estos ríos y sus subcuencas, está lista para gritar: que vivan los gemelos en libertad, que respiren y fluyan las aguas de los ríos, que el quetzal vuele libre embelleciendo el cielo y que los venados, jaguares y armadillos habiten de nuevo las selvas y los bosques, que se destierren el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo que nos mata.

Así, con trabajo, unión, respeto y cultura derrotaremos a los dioses de Xibalba, a las fuerzas del despojo, a los espíritus del mal que nos acechan, con amor, ritmos y bailando hemos de limpiar las cuencas, derrumbar las presas que ya existen, sembrando milpas de colores y esperanza que perdurarán por siete generaciones más, haciéndonos merecedores de la herencia de los mayas, de los observadores de los astros, de los mejores matemáticos, de los arquitectos de los templos del tiempo, que se sabe contar aún, entre el caos de este tiempo oscuro, de guerras, violencia desmedida y flagelo de utopías. El otro dia tuve un sueño y de pronto desperté, estoy en la cuenca San Vicente, un afluente del Grijalva, y me dí cuenta que el sueño tiene pies y manos y que juntos ya estamos tejiendo esta alianza y que habremos de vencer.

Marco von Borstel
Tzimol, Chiapas, México 7 de mayo del 2024

Puebla: Alto a la brutalidad policíaca contra los Pueblos de Cholula

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de mayo del 2024

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos la brutal represión el pasado 30 de abril por la noche, donde un operativo de la guardia nacional y policías de los municipios de Calpan, Huejotzingo, Chiutzingo, Xoxtla, Tlaltenango, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, dispararon contra la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, que mantienen un plantón pacífico desde el 21 de marzo del presente en el basurero intermunicipal ubicado en San Pedro Cholula, en el Estado de Puebla, que está contaminando aire, suelo y los mantos freáticos, afectando la salud de 250 mil habitantes.

La “Planta Procesadora de Residuos Sólidos Urbanos” operada por la empresa Pro Faj Hidro Limpieza S.A. de C.V., cuyo dueño es Cuauhtémoc Ochoa candidato a senador por Morena, se instaló desde abril de 2016 y recibe los desechos de 21 municipios de la región sin ningún tipo de manejo previo.

El 9 de abril la PROFEPA clausuró el basurero a cielo abierto ya que la empresa no cumplió con medidas urgentes como el manejo de los lixiviados, control de fauna nociva y monitoreo de la calidad del agua, lo que contradice a Norma Angélica Sandoval, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, quien dijo “que el basurero funciona correctamente, no contamina y cumple con la NOM 083”. Sin embargo, el 29 de abril, supuestos trabajadores de la empresa retiraron los sellos de clausura.

Nos unimos solidariamente a las exigencias de cese inmediato a las agresiones y al hostigamiento de la fuerza pública; cierre definitivo del basurero a cielo abierto, su programa de remediación, y un plan de manejo responsable de la basura; que cada municipio se haga responsable por su basura; respeto total a la autodeterminación de los pueblos originarios y su derecho a defender la tierra, el agua y la vida.

Responsabilizamos al gobernador Sergio Salomón Céspedes y los presidentes municipales de San Andrés Cholula y San Pedro Cholula de cualquier daño que puedan sufrir las y los miembros Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua

¡RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: La Jornada Oriente

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Columna semanal del ODEMCA: ¿Cómo reaccionan los movimientos sociales en Chiapas frente a la violenta coyuntura preelectoral?

Les compartimos este análisis hecho por nuestro compañero Gustavo Castro para la Columna del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica ODEMCA – A 30 de abril del 2024

“Contexto pre electoral y movimientos sociales en Chiapas”

Por Gustavo Castro Soto[i] [ii] (Otros Mundos – Chiapas)

El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.

Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y
2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.

En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal. Sin embargo, ahora la violencia política se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades.

Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo, los asesinatos de candidatos, las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Por ello se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar.

No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos con el gorro político que sea. En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política, el candidato de La Concordia “se bajó” del proceso electoral, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufrió un atentado a balazos y en otros municipios de la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones. Desde 2023 Morena ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado y se registra la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas así como el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD.

Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe «Votar entre balas», asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al INE y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.

La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.

Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.

Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia. El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos contra los carteles presentes en todo el país.

[i] Colaboración del autor para el monitoreo que realiza el ODEMCA con investigadores/as, organizaciones y movimientos sociales que participan en el ‘Foro Social sobre democracias otras’.

[ii] Otros Mundos Chiapas: https://otrosmundoschiapas.org/ Correo electrónico: guscastro@otrosmundoschiapas.org

Imagen: Ángeles Mariscal

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COPINH: ¡Exigimos justicia en el Caso Fraude sobre el Gualcarque!

Compartimos este comunicado con Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso del Fraude del Río Gualcarque – A 29 de abril del 2024

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha convocado a audiencia de fallo para el viernes 3 de mayo, momento clave en la búsqueda de justicia en el caso del Fraude sobre el Gualcarque.

En marzo del 2023, concluyó la fase del juicio que expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad Lenca de Río Blanco y resultaron en el vil asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Durante el proceso, se presentaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias que demostraron la responsabilidad penal de los seis imputados en delitos graves como fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y usurpación de funciones.

La evidencia presentada reveló como una red criminal entre funcionarios del Estado operaba en favor de la empresa DESA, violando los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Estos actos de corrupción, ocurridos entre 2009 y 2012, condujeron ilegalmente a la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y a la comunidad Lenca de Río Blanco.

Este caso presenta una oportunidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras y sentar precedentes judiciales sobre la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en el país. No solo se trata de la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, sino también de la estrecha relación entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en 2016 de nuestra compañera Berta Cáceres.

Por todo lo anterior el COPINH demanda:

  1. Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, integrado por Karla María Arita, Nilser Jasmin Ramirez Carvajal y Fernando Gabriel Morazán, cumpla con su deber y emita un fallo coherente con las pruebas y que sancione enérgicamente los actos corruptos de Roberto David Castillo Mejía, Roberto Martínez Lozano, Carolina Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Luis Espinoza Mejía y José Carbajal Flores en el otorgamiento ilegal de la concesión sobre el Río Gualcarque.
  2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe la investigación y enjuiciamiento de todas las personas involucradas en los delitos de corrupción en favor de la empresa de la familia Atala Zablah y que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Es momento de que la justicia hondureña cumpla con su deber de garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 29 días del mes de abril de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”

Bety Cariño y Jyri Jaakkola ¡viven! A 14 años de impune asesinato

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril del 2024

El 27 de abril del 2010 nuestra compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería (REMA) y. el observador internacional finlandés Jyri Antero Jaakkola fueron asesinadxs cuando participaban en una caravana de solidaridad pacífica de ayuda humanitaria con destino al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala en Oaxaca, comunidad sitiada por paramilitares. En septiembre 2023 los presuntos asesinos fueron liberados por un Juez del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca Oaxaquena.

En diciembre del 2023, en el contexto de la exposición dedicada a Bety y Jyri en la Eurocámara en Estamburgo, sus familias y sus acompañantes dieron a conocer que el caso se llevaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debelando la impunidad del caso en México y los nexos del Estado con grupos paramilitares.

Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS), mujer apasionada y comprometida con los pueblos indígenas, defensora del territorio contra el Corredor Interoceánico, mujer valiente y amorosa que seguirá siendo semilla de lucha para México y el mundo. Bety, como muchas defensoras y defensores del Territorio en México, perdieron la vida en la lucha, demostrando los mecanismos de violencia estatal y corporativa desplegada en defensa del modelo extractivo impuesto en nuestros pueblos.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, hoy en conmemoración de su partida, abrazamos
a sus familias desde la solidaridad y seguimos exigiendo al gobierno federal de México y estatal de Oaxaca voluntad política para esclarecer los hechos y castigo a las personas responsables. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los pueblos de América Latina a tejernos en redes que luchen ante la impunidad que rodea el asesinato de defensores de la Madre Naturaleza y defender el derecho legítimo a la resistencia.

¡Hoy clamamos por justicia para Bety y Jyri!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

A 14 años Betty y Jyri en nuestros corazones siempre

BETY Y JYRI, EN NUESTROS CORAZONES SIEMPRE…

A 14 años de su siembra recordamos con profundo amor a nuestros compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola, asesinados por un grupo paramilitar camino a la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, el 27 de abril de 2010. Ustedes siguen siendo nuestra inspiración.
El crimen sigue impune. ¡¡¡No dejaremos de exigir justicia!!!

El 8 de abril recordamos con agradecimiento y admiración a nuestra querida compañera Alberta Cariño Trujillo. Bety, como la llamamos quienes tuvimos la fortuna de conocerla, nació un día como hoy de 1973 en Chila de Las Flores, Oaxaca Haciendo honor a su sangre mixteca, Bety fue defensora del territorio, agua, soberanía alimentaria y derechos de los pueblos originarios, principalmente de las mujeres indígenas.

Luchó con valentía contra megaproyectos mineros y construcción de presas Apoyó la conformación y funcionamiento de radios comunitarias, educación popular, procesos de economía solidaria y acompañamiento a migrantes.

Fundó y dirigió el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, en Oaxaca. Fue también fundadora de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Bety fue asesinada el 27 de abril de 2010, cuando llevaba ayuda humanitaria a la comunidad triqui de San Juan Copala. Con este hecho atroz, a Bety la sembraron, se multiplicó y vive en el corazón de muches que seguimos inspirándonos en ella

El Escaramujo 131: EL CONTEXTO PRE ELECTORAL EN CHIAPAS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL CONTEXTO PRE ELECTORAL EN CHIAPAS

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
25 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

El 2 de Junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.

Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y 2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Compiten por la gubernatura Óscar Eduardo Ramírez Aguilar por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT- PVEM); Olga Luz Espinosa Morales de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Balanzár por el Movimiento Ciudadano (MC).

Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.

En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal, solo detrás de Yucatán, Ciudad de México y Campeche. Sin embargo, cada vez más se impone el control de los territorios por parte de crimen organizado en muchas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia política previa a las elecciones del 2 de Junio se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades. Ahora cunde el miedo.

Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo y hasta los asesinatos de candidatos, o por lo menos las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan estas estrategias en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales.

No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos independientemente del gorro político que se pongan.
En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política al tiempo en que algunos de ellos acuden a las autoridades competentes para solicitar la implementación de mecanismos de seguridad. Otro candidato de La Concordia se bajó del proceso electoral.

Por su lado, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufre un atentado a balazos y en otros municipios como en la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones.
Ya desde el año 2023 Morena también ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado. También hay otros casos como la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas, y el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD. En fin, estas situaciones se repiten por toda la geografía chiapaneca.

Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe “Votar entre balas”, asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia política en Chiapas, el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al Instituto Nacional Electoral y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.

La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa,. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros muchos. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.

Se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar por el miedo y la inseguridad.

Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.

Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia.

El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos y los carteles presentes en todo el país.

Feministas alertan por incremento en agresiones contra defensoras en Centroamérica

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Centroamérica – A 18 de abril del 2024

Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.

Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.

En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.

Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias. 

“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.

Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.

En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores – de que los Estados son los principales agresores – también se repitió en el último registro.

“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados. 

Desplazamiento forzados

Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.

“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.

Imagen: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra. 

REMA: Defendemos la vida, defendemos el territorio; No al oportunismo electoral

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de abril del 2024

Luchar por el territorio es luchar por la vida, la vida de nosotras y nosotros, pero también la vida de los animales, de las plantas, de todo lo que vive aquí.  EL Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, integrante de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) queremos lanzar un mensaje claro: Seguimos en pie de lucha, son 7 años defendiendo nuestro río Atenco y son 7 años demostrando que la unión hace la fuerza, es por eso que rechazamos el respaldo del Frente Popular de Lucha en Zacatecas (FPLZ) a la reactivación de la presa Milpillas, después de que la candidata a la presidencia de México Claudia Sheinbaum, en su pasada visita a Zacatecas, el 4 de abril, dijera que va a reactivar el proyecto.

Exigimos y exhortamos a organizaciones de la sociedad civil, que tienen intereses político electorales en Zacatecas a que dejen de usurpar nuestra lucha y nuestra voz, nosotras y nosotros miembros del Movimiento no apoyamos a ningún partido político y hemos demostrado con tantos años que luchamos por la justicia ante un proyecto que a todas luces fue un elefante blanco que sirvió para que unos cuantos se beneficiaran, un proyecto que no tiene sustento técnico para su realización. Nuestra lucha ha sido transexenal, sin importar quién esté en el poder, nosotras y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro río, nuestro territorio.

¿Por qué insisten en poner nuestra vida en riesgo? Sabemos que existen otras alternativas antes de poner en riesgo a nuestra región, como tecnificar el campo y dar mantenimiento al alcantarillado de la zona centro. También, – sabemos que la Manifestación de Impacto Ambiental para la presa Milpillas tiene inconsistencias graves como sostener que la permitirá que los acuíferos de la zona centro se recuperen ante la sobreexplotación, pero resulta ser falso porque no se presentan datos que respalden dicha afirmación como lo han investigado académicos y académicas de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAZ y de la Universidad Autónoma Metropolitana[1]

El proyecto Milpillas lo quieren imponer como una necesidad que va a acabar con la crisis hídrica, pero es una mentira que no se sostiene en los hechos. ¿Por qué para el estado la presa es la única alternativa? Sería una irresponsabilidad que se lleve a cabo un proyecto con tantas irregularidades técnicas y tan costoso. Además de que no queda clara la forma en que se financiaría el proyecto y, por lo tanto, no hay transparencia, y sin transparencia, se presta para la corrupción.

Desde nuestros ejidos, ranchos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete en Zacatecas, enviamos un saludo combativo a todos los pueblos que como nosotras y nosotros luchan por la vida día con día.

¡No a la presa Milpillas, sí a la vida!

A t e n t a m e n t e,

Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Guatemala: Condenan la detención del Defensor comunitario Tomas Domingo Mateo

Compartimos este comunicado de Consejo del Pueblo Maya CPO y el Consejo de Pueblos Wuxhtaj – A 15 de abril del 2024

CONDENAMOS ENERGICAMENTE LA DETENCION DEL COMUNITARIO TOMAS DOMINGO MATEO ¡

Reactivan persecución legal y política en contra de líderes defensores de los ríos en Huehuetenango

En la ciudad de Huehuetenango fue detenido por parte del Policía Civil el líder comunitario Tomás Domingo Mateo, actual presidente del Comité de Energía Eléctrica de Pojom, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.

Esta detención tiene relación directa con la persecución legal y política de la que han sido víctimas líderes y lideresas defensoras de los ríos en el marco de la imposición de proyectos hidroeléctricos privados en el norte de Huehuetenango. El compañero Tomas Domingo Mateo, fue denunciado arbitrariamente por operadores de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico -PDHSA- desde el 2016 cuando fungía como autoridad comunitaria.

Esta detención forma parte de una serie de desestabilización que se está dando a nivel nacional y la reactivación de la persecución legal y política en contra de los defensores de los derechos humanos en el país.

Exigimos la liberación inmediata de Tomas Domingo, porque es víctima de un montaje judicial como lo han sido los casos de defensores de los ríos que han sido declarados inocentes en diferentes tribunales.

Huehuetenango, 15 de abril de 2024

Consejo de Pueblos Wuxhtaj
Miembros del Consejo del Pueblo Maya CPO

Webinario 3: Militarización e infraestructura aeroportuaria: análisis de la geopolítica en Latinoamérica y el Caribe

Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:

Militarización e infraestructura aeroportuaria: análisis de la geopolítica en Latinoamérica y el Caribe

30 de abril de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)

Tercera sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo. Para sumarte al conservatorio, te invitamos a registrarte en el siguiente enlace: https://es.stay-grounded.org/permanecer-en-la-tierra-jornadas-reflexion/

Si ya te has registrado, recibirás el enlace cerca a la fecha del conservatorio Invitamos también a las siguientes Jornadas de Reflexión:

4. Tren Maya y Corredor Interoceánico: El reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica

5. Construcción de alternativas para permanecer en la tierra desde Latinoamérica y el Caribe

Puedes revisar las dos anteriores jornadas sesión en la siguientehttps://www.youtube.com/playlist?list=PL6mISfziWhFxmzL222_gtngJgDXS5lDvc

Para mantenerte informade sobre las actividades de la red regional, síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555323617123

Permanecer en la Tierra es la red regional en Latinoamérica y el Caribe de la red mundial Stay Grounded.

El Escaramujo 130: LA MILITARIZACIÓN DE MÉXICO

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

LA MILITARIZACIÓN DE MÉXICO

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Mucho se debate sobre la “militarización” en México. Se acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de militarizar el país, lo que él niega rotundamente, por lo que los análisis y las narrativas se encuentran polarizadas. Pero, ¿qué significa militarizar el país? Para responder a la pregunta es necesario definir qué se entiende por militarización y cómo se caracteriza. Cómo ésta se expresa actualmente, cuáles son sus indicadores y a qué realidad está respondiendo. Si la estrategia está acorde a la realidad que se enfrenta y si es eficaz y efectiva. ¿Qué narrativa se construye para justificar su estrategia y cometido?

La ‘militarización’ la podemos definir de muchas maneras. Se puede entender como al aumento de la presencia física de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con más cuarteles o fuera de ellos con retenes o patrullando caminos; o al aumento excesivo de su presupuesto en detrimento de otras inversiones productivas o del gasto social. También se entiende por la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas no convencionales como en la comercialización, operación o construcción y mantenimiento de infraestructura y otras actividades de desarrollo; e incluso como inversionistas, dueños y gestionadores de empresas.

Otra concepción de la militarización es la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad que competen a las fuerzas policíacas civiles de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); o su participación como titulares de muchas dependencias gubernamentales de carácter civil, o en la vida política con altos cargos de responsabilidad o de elección popular, incluso como presidentes de una nación, incidiendo en las decisiones fundamentales y en las políticas del país.

Otra manera de entender la militarización es su participación o sustitución de tareas civiles como control de tráfico y carreteras, de migración, de administración de aduanas, de protección civil, de seguridad y vigilancia interna, o de fletes y mudanzas, o hasta la resolución de problemas públicos bajo la lógica militar.

La militarización se puede expresar en la presencia de las Fuerzas Armadas en el sector de la salud repartiendo vacunas, de la educación con actos militares en los planteles educativos, del comercio vendiendo servicios, de las finanzas ofertando servicios bancarios, y en la vida cotidiana en general como parte del paisaje. Algunas de estas formas pueden estar acompañadas de cambios constitucionales o legales para otorgar seguridad jurídica a su presencia y actuar.

Así, por ‘militarización’ se entiende al proceso en el cual la presencia de las Fuerzas Armadas, de manera legal o ilegal, se hacen visibles, necesarias, determinantes y hasta dependiente de ellas en la diversas esferas, en lo político, lo económico y lo social. La concepción más radical de la militarización es un golpe de Estado donde las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza, violentan los poderes del Estado y destituyen al gobierno en curso para imponer otros intereses o los suyos propios. Es el momento en que un actor poderoso y con armamento rompe su vínculo jerárquico con su Comandante Supremo. Podría también suceder cuando un Presidente viola sistemáticamente el orden democrático, da un maltrato a las Fuerzas Armadas o no se sienten suficientemente consentidas por su Comandante en Jefe.

Quizás sean muy pocos países los que no hayan pasado por algún periodo de militarización, por golpes de Estado, fascismo, dictaduras militares terribles, revoluciones, guerras internas o de sucesión, guerras internacionales o internas, procesos de independencia, etcétera. Sin embargo, no debemos confundir la ‘militarización’ con el ‘militarismo’, entendido éste como las normas, leyes, procedimientos, valores, costumbres o ideales impuestos en la sociedad civil y que crean una cultura militar en torno a la autoridad, los ritos militares, la disciplina, la obediencia ciega y la exaltación del patriotismo. Incluso en la transmisión de esta cultura en la educación formal de las escuelas.

¿Por qué un gobierno elige este camino de la militarización? ¿Cuál es el contexto en que se da? ¿Hay razones y narrativas que puedan justificar la militarización de un país? Por lo pronto podemos apreciar que AMLO ha desarrollado la mayoría de los indicadores arriba expuestos sobre la militarización y descansa su proyecto político en las espaldas de las Fuerzas Armadas, incluidas en ellas al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a la Guardia Nacional.

BREVE CONTEXTO NACIONAL, MARCO DEL ANÁLISIS

La experiencia en México nos indica que la presencia física de los militares en las comunidades principalmente de carácter rural genera descomposición familiar y social. Su presencia física provoca el aumento de los costos de los productos básicos, de la prostitución, del consumo de drogas y de alcohol, entre otros efectos. Según los contextos las narrativas oscilan en los extremos. Para algunos la presencia permanente de militares en estas regiones genera confianza y seguridad, mientras que para otros son aliados de los carteles. Lo que sí es cierto es que la sociedad civil ha sido víctima de asesinatos y torturas por parte de las Fuerzas Armadas. En México, el Ejército y la Marina han sido señaladas durante décadas como uno de los principales violadores de los derechos humanos. Algunos dirán que son daños colaterales e inevitables.

No podemos dudar que la corrupción y los intereses de los carteles de la droga se fueron incrustando paulatinamente en las estructuras políticas e institucionales del estado mexicano, en todos los territorios, en las infraestructuras, en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno con más fuerza a partir de 1988 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Los carteles usaron el sistema financiero para sus transacciones y lavado de dinero. Lograron no solo adueñarse de tierras y territorios, sino que fueron capaces de presionar, comprar o corromper a jueces, magistrados, policías, profesionistas, abogados, altos funcionarios y de muchas dependencias del estado; a diputados y senadores acusados también de tener vínculos con el narcotráfico. Pusieron de rodillas a algunas empresas. Corrompieron a los militares. Todo esto tampoco es nuevo y mucho menos el hecho de que militares, funcionarios de gobierno y narcotraficantes han pisado las cárceles del país.

En México los carteles han logrado controlar muchos aeropuertos por medio de la corrupción a funcionarios aeroportuarios, sus policías, trabajadores e incluso altos mandos del Ejército y de la Marina presentes en ellos. Del mismo modo lograron controlar los puertos marítimos y las aduanas por donde se trafica no solo drogas y armas sino también dinero en efectivo y otros productos. Si en Alemania de los millones de contenedores que llegan a sus puertos solo el 2% logran revisar, en México el sistema de control y verificación de los contenedores que se exportan o importan es bastante más ineficiente. Esto pasa en todos lados.

Los carteles lograron robar gasolina de los ductos y hasta hidrocarburos de las plataformas marinas. Construyeron túneles fronterizos y pistas de aterrizaje para las avionetas cargadas de droga y dinero. Todo esto fue incrustándose en el país especialmente durante los últimos cuarenta años, con una dinámica y lógica propia, como una bola de nieve que va creciendo rápido y con mucha fuerza. Los carteles se convirtieron en un actor con tal presencia y poder que es imposible no reconocerlo. Cualquier gobierno que genuinamente desee combatir esto se preguntará por la mejor estrategia para lograrlo. Y cuando eso suceda quizás sea demasiado tarde. ¿Cómo desterrar la corrupción y los intereses del narcotráfico y sus carteles del territorio y de las estructuras del estado? ¿Cómo sacarlos del poder político, económico, social, territorial, incluso en las mismas Fuerzas Armadas?.

No debe extrañar que algún gobierno se vea obligado a negociar con este actor que logró fundirse en la clase política y empresarial. Los políticos que se convirtieron en empresarios, y éstos en narcos; los narcos que se convirtieron en políticos y grandes empresarios. Y los empresarios que llegan al poder político y luego se convierten en narcos. Por supuesto, aunque esto es real, un gobierno podría aceptarlo en lo privado, pero no en lo público. No aceptar públicamente lo que es evidente para la gente tampoco tiene que asustarnos. Aceptar públicamente esta realidad conlleva repercusiones políticas y económicas de gravedad para un país. Otros lo harán para justificar precisamente la militarización.

Es necesario insistir que la dinámica y la lógica propia interna de este proceso de fortalecimiento de un Narco-Estado ha llevado su tiempo en desarrollarse, y en la medida de su crecimiento más es su fuerza de imposición. Detenerlo y luego desmantelarlo no será tarea fácil no sólo para los gobiernos de América Latina, sino de otros países incluyendo Europa ya controlada por los carteles de la droga. El mismo AMLO ha manifestado que había un Narco-Estado en México. Ingenuo sería pensar que en un sexenio se desmantelaría algo tan complejo. Pero, ¿Cómo disputarle a los carteles de la droga el territorio que ya han conquistado? Y que, por cierto, nadie logra esta conquista si no se compran las voluntades con muchos millones de dólares. La corrupción es la llave que abre puertas a la creación del Narco-Estado. ¿Se tendrá que negociar irremediablemente con ellos? Eso ya se hace en Colombia. ¿Se les enfrenta directamente en el terreno de la guerra armada? Eso ya lo hizo México. ¿Cuál será la mejor estrategia?

Hay que recordar que el mayor consumo de droga desde la clase empresarial y política hasta la gente de la calle, se da en Estados Unidos y en Europa. Este consumo no se puede entender sin la entrada ilegal de la droga a sus países con el contubernio de autoridades en cada país, en sus autoridades aduanales, policías, jueces y otros actores, y en el caso de los Estados Unidos con el contubernio de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés). Por ello, los carteles tienen en jaque a muchos países, entre ellos a Estados Unidos, Italia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, España, Francia, Reino Unido, entre otros.

En AL el crimen organizado de los carteles de la droga inunda el Continente y se incrusta en las estructuras del estado desde hace décadas. Cada gobierno latinoamericano ha desarrollado su estrategia para enfrentar el Narco-Estado, pero los gobiernos siguen sin saber cómo erradicarlo. Declaran mano dura contra el narco y apuestan por estrategias de militarización en diversas formas y niveles. Por ejemplo, Argentina declara la guerra al narco y una lucha sin cuartel en todos los niveles de gobierno aunque la ley prohíbe que el ejército lleve a cabo acciones de seguridad interna, ya que las heridas de la dictadura militar del General Videla están presentes en la sociedad argentina. El gobierno lanza entonces una ‘ley anti bandas’ al mismo tiempo que se ve envuelta en una reacción violenta del narco, lo que justifica el anuncio de más compras de equipo militar y le entrega a Estados Unidos una base en la Patagonia.

El Ecuador califica a los narcos como terroristas, les declara la guerra y afirma que no negociará con ellos. Decreta mano dura contra el narco e impone el Estado de Excepción y toques de queda y le otorga todo el poder al Ejército para su accionar. El gobierno ecuatoriano mantiene el control de los poderes e instituciones del país y hasta con el atrevimiento de invadir con sus Fuerzas Armadas la Embajada de México.

El Salvador lanza la persecución contra las pandillas y construye su mega cárcel, estrategia que algunos gobiernos quieren copiar. Con Estado de Excepción permanente, con el control de los tres poderes del país, con los militares en la calle persiguiendo a las pandillas y con múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos, la opinión sobre esta estrategia de militarización se polariza.

Honduras es otro caso paradigmático de Narco-Estado cuyo ex presidente se encuentra preso en los Estados Unidos, aunque su carcelero fue quien lo engendró. El gobierno hondureño define también un Estado de Excepción e invade las funciones de seguridad pública. En Guatemala, país incondicional a Israel, los militares son parte del paisaje y de la memoria de los guatemaltecos que han sufrido la guerra. Siguen presentes en el territorio nacional que es paso obligado de los carteles de la droga.

Colombia ha probado de todo para el supuesto combate al narcotráfico incrustado en todas las estructuras del estado, desde la aplicación del Plan Colombia hasta verse obligado a negociar con los delincuentes. Costa Rica vive el peor momento de violencia por la presencia de más de 300 organizaciones criminales, cuyo ministro de Seguridad, Mario Zamora, admite que las organizaciones criminales locales asociadas a bandas extranjeras generan una fuerza que “rebasa el modelo policial vigente, la administración de Justicia y las leyes”. Por su lado, Panamá se mantiene como puente del narcotráfico hacia muchos países del mundo incluso a Sudamérica.

Uruguay pide ayuda a la DEA para combatir el tráfico de droga. En Paraguay se advierte un proceso de ‘cocainización’ y de narco-política. Brasil está rebasado por su gigantesco territorio y la invasión de los carteles de la droga. Venezuela convive y vive del problema. En Chile la presencia del narcotráfico aumenta y todavía no llega a las estrategias militarizadas como el resto de los países de la región. En Perú la siembra y tráfico aumenta mientras que su gobierno plantea la salida militar para enfrentarlo. Bolivia se convierte en los principales productores de cocaína y se advierte un Narco-Estado sin capacidad operativa para enfrentarlo.

Por tanto, al parecer no hay país que no se salve de los carteles y de la tentación de militarizar su territorio como único modo de enfrentar el problema.