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Compartimos la siguiente petición hecha por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de septiembre del 2023

Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo.

Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo.

El asesinato de Berta no fue solamente un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.

Las comunidades indígenas son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino un saqueo de nuestros territorios. La impunidad no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.

Por lo tanto hacemos un llamado a las instituciones del Estado a actuar de manera urgente:

A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas.
Al Ministerio Público (Fiscalía) para que realice las capturas y enjuiciamiento de todas las personas responsables.
Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, para que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para todas las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios, por los crímenes cometidos.
Firma la petición y únete a nosotros/as en la búsqueda incansable de justicia y en la preservación del legado de Berta Cáceres.

Gracias por tu apoyo.

“Justicia para Berta, es un grito que no se apaga y una lucha que nos descansa”

#JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 9 de mayo del 2023

El COPINH, ante la intención de reelección de Dante Mossi, presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la asamblea de gobernadores de este viernes 12 de mayo de 2023, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

Dante Mossi es responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas.

El Banco BCIE otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares (602.2 millones de lempiras aprox.) en el año 2014 para el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca de la familia Atala, sin realizar la debida diligencia para verificar la legalidad del origen del proyecto, ni la legalidad de los permisos, licencias y concesiones, por lo que hay un juicio en curso. Así mismo, el banco BCIE, junto a los bancos, FMO, Finn Fund y FICOHSA, ignoraron y violaron los derechos de consulta y consentimiento de la comunidad Lenca de Río Blanco al imponer su inversión.

El BCIE falló en el monitoreo del correcto uso de los fondos otorgados a partir de la oposición de la comunidad Lenca y en evitar graves violaciones de Derechos Humanos; financió y respaldó actos de violencia en contra del COPINH y la comunidad Lenca, lo que significó múltiples asesinatos, incluyendo el de Berta Cáceres en 2016. Por estos hechos fueron condenados empleados de la familia Atala.

Dante Mossi, como presidente del BCIE, evitó realizar una evaluación exhaustiva del financiamiento al proyecto Agua Zarca, para la reparación de las víctimas y del daño producido por su inversión; y por el contrario, promovió de manera irregular, la venta del préstamo de 24 millones de dólares, por tan solo medio millón al grupo Bancatlan de su compañero de universidad Guillermo Bueso, lo que incluso constituye una pérdida financiera para el banco. Mossi, mantiene en secretividad la información del proyecto Agua Zarca, lo que evidencia falta de transparencia y obstaculización del acceso a la verdad.

Mossi no solo es responsable de la vulneración de derechos del proyecto Agua Zarca, sino de múltiples irregularidades y arbitrariedades en su administración que deben ser investigados, así como su vinculación con regímenes autoritarios como el de Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, y con las mafias empresariales y bancarias de Honduras.

Por lo anterior, el COPINH:

1. Llama a la presidenta Xiomara Castro, y a la gobernadora por Honduras, Rixi Moncada,  así como a los países miembros a no permitir la reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del BCIE.

2. Demanda que se pare el financiamiento y apoyo a proyectos corruptos, ilegítimos, y extractivistas en nombre del desarrollo y el cierre de los fondos de este banco para proyectos privados de empresarios corruptos que traen miseria y violencia para Honduras y la región.

“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días del mes de mayo de 2023

Imagen: COPINH

Más información:

• Empresas noruegas vinculadas a David Castillo, SCATEC y NORFUND, demandan al Estado de Honduras
• Honduras: Los culpables de la corrupción que asesinó a Berta Cáceres deben ser condenados

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el poder corporativo en el caso #JusticiaParaBerta – A 26 de abril del 2023

Scatec y Norfund, compañías de energías renovables de Noruega, han presentado dos demandas de arbitraje de inversión contra Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI): La razón de estas demandas es debido a la nueva ley de generación de energías aprobada por el gobierno en 2022, que llevó a la ENEE a proponer ciertos cambios en los PPAs que incluyen cambios en los precios de tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.

Con esta acción estas empresas noruegas, una de ellas estatales, demuestran su criminalidad, no solo se asociaron con empresarios corruptos, sino que ahora pretenden que el pueblo hondureño pague por sus “pérdidas” reafirmando la mentira de que son bancos de “desarrollo”Bertha Zúniga, Coordinadora General del COPINH.

En 2015, Scatec empezó a operar en Honduras invirtiendo en dos proyectos de energía solar: Agua Fría y Los Prados adjudicadas a PRODERSSA, empresa que pertenecía a David Castillo; quien está cumpliendo condena por ser declarado coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

PRODERSSA, fue creada en 2013 a través de testaferros, obteniendo los contratos para los proyectos de energía solar Agua Fría y Los Prados sin tener experiencia previa en la industria de la energía en Honduras.

En enero de 2014 se suscribió el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica y Potencia Número 003/2014 entre PRODERSSA y la ENEE. Se trata del proyecto solar Agua Fría en el municipio de Nacaome, Valle, Honduras.

En agosto de 2014, las acciones de PRODERSSA pasaron a propiedad de  David Castillo y la empresa PEMSA, nombrando a Castillo como presidente. 

El 29 de mayo de 2015, se suscribió un contrato para la operación del proyecto solar Agua Fría entre PRODERSSA y SCATEC SOLAR, para la construcción de la primera planta de energía solar construida por SCATEC en América Latina.

Y el 28 de octubre del mismo año, las dos empresas noruegas Scatec Solar y Norfund firmaron un contrato de compra de derechos para construir el proyecto solar Los Prados en el municipio de Namasigüe en Choluteca.

Sin embargo, los pobladores rechazaron la construcción del proyecto que implicaría el desplazamiento de algunos de los habitantes de zona, provocando la criminalización y persecución de algunos de los líderes de la comunidad. A pesar de los rechazos, las grandes empresas decidieron continuar con la construcción del proyecto para la explotación de los recursos naturales.

En marzo de 2018 las autoridades hondureñas confiscaron los activos de la empresa PRODERSSA como parte de una operación que confiscó varias empresas relacionadas con la red criminal y de narcotráfico denominada “Los Cachiros”.

En 2019, luego del arresto de David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, la Junta Directiva de PRODERSSA autorizó la transferencia de las acciones de Castillo y PEMSA al Fondo de Inversión Noruego para Países en Desarrollo (NORFUND).

Para estos proyectos, la empresa hizo acuerdos con la ENEE, para obtener beneficios por la venta de la energía generada durante un lapso de 20 años.

A pesar de ello, en octubre de 2022, el gobierno de Honduras aprobó una nueva ley de generación de energía, lo que provocó que la ENEE propusiera cambios en los PPAs (contratos de compraventa de energía) que incluyen ajustes en los precios de las tarifas para los proyectos de Agua Fría y Los Prados.

Ante esta demanda por parte de Scatec y Norfund nos pronunciamos rechazando las prácticas poco éticas de estas instituciones internacionales que buscan beneficiarse de la explotación de nuestros territorios. Y que han mantenido un vinculo con David Castillo, coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Imagen: COPINH

Más información:

• Honduras: Los culpables de la corrupción que asesinó a Berta Cáceres deben ser condenados

Les compartimos la agenda de actividades para recodar a Berta orginizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

Compartimos la agenda de actividades para este 7mo. Aniversario de la Siembra de nuestra compañera #BertaCáceres.

¡Juntémonos y exijamos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y el pueblo Lenca!

02 de marzo

Centro de encuentros y amistad Utopía, Intibucá. “¡Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan, los pueblos saben hacer justicia!” #BertaVive#BertaSeMultiplicó#JusticiaParaBerta#COPINH

Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH