El Escaramujo en la Radio jueves 2 de marzo 5 pm- 7 años de la siembra de Berta Cáceres

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en el marco de acciones #JusticiaParaBerta en conmemoración al 7mo aniversario de la siembra de nuestra compañera, hermana y amiga Berta Cáceres tendremos un programa especial donde estaremos platicando con Bertita Zúñiga y recordando la lucha del pueblo lenca, así que acompáñanos este jueves 2 de marzo a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Conmemoración del 7mo aniversario de la siembra de Berta Cáceres

Les compartimos la agenda de actividades para recodar a Berta orginizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH

Compartimos la agenda de actividades para este 7mo. Aniversario de la Siembra de nuestra compañera #BertaCáceres.

¡Juntémonos y exijamos justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y el pueblo Lenca!

02 de marzo

Centro de encuentros y amistad Utopía, Intibucá. “¡Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan, los pueblos saben hacer justicia!” #BertaVive#BertaSeMultiplicó#JusticiaParaBerta#COPINH

Asesinan a dos defensores del territorio Guapinol en Honduras

Compartimos esta noticia publicada en Educa Oaxaca sobre el asesinato de los defensores del río Guapinol en Honduras – A enero 9 de 2023

El 7 de enero del presente año se registró el asesinato de dos defensores comunitarios de Guapinol en Honduras,  Aly Domínguez y Jairo Bonilla eran los líderes comunitarios de la comunidad que durante muchos años se ha mantenido en resistencia ante los proyectos mineros que intentan imponer. Sus familiares exigen justicia ante estos crímenes que se integran a una dolorosa lista de 32 personas criminalizadas por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de Honduras por defender el Parque Nacional Carlos Escaleras ante su proyecto minero ilegal.

La lucha de la comunidad de Guapinol comenzó desde 2012 un año después de que se declarara “parque nacional protegido” a la zona donde nacen dos ríos importantes para estas regiones, los ríos Guapinol y San pedro, un logro comunitario que lograron durante muchos años. Sin embargo en 2012 de manera ilegal el congreso  nacional de Honduras aprobó un decreto donde reducía las hectáreas de protección de dicho parque con el fin de que la empresa minera EMCO (ahora, Inversiones Los Pinares) estableciera una minera en la zona.

Desde entonces la lucha por la defensa del territorio y el agua ha permanecido y con ella diversos ataques a personas de la comunidad y defensores, a pesar de la múltiples denuncias que se han interpuesto, la autoridades estatales no han garantizado para protección a la integridad física de las comunidades en riesgo, pero también no han accionado en contra de las mineras que continúan dañando y contaminado los ríos y el ambiente a causa de la explotación  minera.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales exigen un cese a la violencia contra esta comunidad, las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos para poder acceder a la justicia y al mismo tiempo exigen la cancelación inmediata de las licencias mineras en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

Para conocer más sobre su lucha puedes visitar la Página “Libertad para Guapinol”

Banco ligado al asesinato de Berta Cáceres expande operaciones en Centroamérica

Compartimos esta nota publicada por Avispa Midia sobre – A 7 de noviembre del 2022

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

Imagen: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca– COPINH

Video: Foro y Presentación del informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina

Compartimos con ustedes algunas fotografías y en video del foro y presentación de informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina que se realizó el pasado viernes 21 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Las organizaciones que forman parte de la Coalición en Contra de la Pandemia Minera presentaron el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) La Lucha por lo Esencial: La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19 con participación de compañeras y compañeros de México Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y del Medio Chiapas Paralelo, así como de Honduras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y Perú del Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) reflexionando sobre el informe regional Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera,

Video:

https://fb.watch/gmv9YIK3qe/

Galería de fotografías

Alto a los Desapariciones Forzadas y Ataques a los Movimientos Sociales en Honduras: Una Carta Abierta

Compartimos esta carta de solidaridad con el pueblo hondureño – A 12 de octubre del 2022

>>Firma la carta aquí <<

Antecedentes:

En su lucha por defender sus territorios ancestrales, el pueblo Afroindígena Garífuna de Honduras se ha enfrentado a un ciclo casi constante de agresiones por parte del anterior gobierno hondureño, los elementos de la narco-dictadura que todavía existen en el Ministerio Público y la Corte Supremadel gobierno hondureño, las élites poderosas y el crimen organizado. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), contraparte de Grassroots International, es uno de los blancos de estas agresiones.

El mes pasado, OFRANEH lanzó una serie de acciones nacionales e internacionales para llamar la atención y hacer justicia sobre las desapariciones forzadas de cuatro jóvenes líderes comunitarios. En respuesta, la Fiscalía General de Honduras, controlada por la derecha, tomó represalias abriendo investigaciones penales contra dos dirigentes de OFRANEH y un miembro de su equipo jurídico. La coordinadora general de OFRANEH, Miriam Miranda, que ya se ha enfrentado a múltiples amenazas, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado de OFRANEH, Edy Tábora, han sido objeto de ataques políticos. Además, la Fiscalía General incluyó a nuestra otra contrparte COPINH en su ataque – porque COPINH se solidarizó con el trabajo de los Garifunas por la justicia.

A pesar de que este año se ha elegido una nueva presidenta, lo que supone una ruptura con los doce años de gobierno golpista de derechas, muchas de las estructuras de poder asociadas al anterior gobierno siguen vigentes, incluso en la Corte Suprema y el Ministerio Público. La Fiscalía afirma que una reciente protesta de la campaña «alteró el orden» y «privó ilegalmente de la libertad». Esto se produce después de otros esfuerzos de la derecha por criminalizar los movimientos sociales, incluyendo la reescritura del código penal.

No basta con que estos cargos criminalicen hipócritamente a los mismos organizadores que buscan acabar con la violencia racista contra los Garífunas. Estos posibles cargos conllevan penas de prisión que van de uno a siete años, un golpe devastador para el movimiento.

Los movimientos de Honduras necesitan urgentemente la solidaridad internacional frente a estos y otros ataques. Por favor, únanse a la creciente protesta internacional en apoyo de estos defensores de los derechos humanos y sus demandas de justicia enviando un mensaje a las autoridades hondureñas.

Por favor, actúe firmando su organización en la siguiente carta, así como tomando medidas individuales aquí. Gracias.

Carta abierta

A la atención de Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, Fiscal General Adjunto Daniel Sibrian, Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta, y Carlos Josué Padilla Eveline, representante ante la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

En nombre de las organizaciones abajo mencionadas, les escribimos para expresar nuestra grave preocupación por la creciente ola de violencia y terror contra las comunidades Afrodescendientes e Indígenas en Honduras y la consiguiente persecución de los defensores de los derechos humanos. Esto incluye los recientes ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ambas organizaciones son ampliamente reconocidas y altamente apreciadas por la comunidad internacional de derechos humanos por su trabajo crítico en defensa de los derechos de los pueblos Garífuna y Lenca y sus territorios ancestrales.

Desde la elección democrática de la presidenta Xiomara Castro a principios de este año, los movimientos de Honduras han aprovechado esta nueva apertura política para luchar por la justicia real para los pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Apoyamos sus esfuerzos y nos unimos a ellos para denunciar los intentos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que siguen bajo el mandato del anterior gobierno de Juan Orlando Hernández, de socavar la democracia y los derechos humanos.

Hemos tenido conocimiento de que el 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y Ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado Edy Tábora, miembro del equipo jurídico de SUNLA (Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz) y abogado de OFRANEH. También nos preocupa saber que otros líderes de OFRANEH, SUNLA y COPINH están siendo perseguidos a través de una investigación penal.

El momento en el que se ha atacado a estos defensores de los derechos humanos no es una coincidencia. Viene después de una serie de acciones públicas por parte de OFRANEH, COPINH, y aliados a nivel nacional e internacional exigiendo justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. Los jóvenes fueron secuestrados por hombres armados con uniformes policiales el 18 de julio de 2020. OFRANEH ha estado llamando la atención sobre el hecho de que este espantoso crimen aún no ha recibido una investigación adecuada por parte del gobierno.

En lugar de tomar las acciones necesarias para apoyar a las víctimas del secuestro, como lo pide la Corte Interamericana, el Fiscal Adjunto Sibrían Bueso ridiculizó a OFRANEH en las redes sociales e inició una investigación penal contra los defensores de derechos humanos mencionados.

Las desapariciones forzosas no sólo son violaciones contra los individuos involucrados, sino también contra sus familias, comunidades y movimientos. Los ataques contra los líderes de los movimientos sociales van de la mano de los secuestros, como parte de un asalto más amplio contra las comunidades y los movimientos impulsado por poderosos intereses. Nuestra comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de las desapariciones forzosas del Triunfo de la Cruz, y este reciente ataque a los defensores de los derechos humanos sólo nos hace estar más atentos.

Les exigimos:

1. Diseñar e implementar acciones y planes de búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, basados en los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

2. Crear una fiscalía especial contra la desaparición forzada para investigar la desaparición de los jóvenes líderes de Triunfo de la Cruz y las demás desapariciones que ocurren a diario en el país.

3. La incorporación del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz («SUNLA») como organismo independiente para la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos.

4. El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

5.  Respetar y cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado; y

6. Cesar inmediatamente la criminalización, represalias y persecución judicial de quienes luchan por la defensa de los derechos territoriales, incluyendo a Miriam Miranda, Luther Castillo Harry, Edy Tábora y otros involucrados con OFRANEH y COPINH.

Ministerio Público afín al gobierno golpista de Juan Orlando Hernández persigue a garífunas y niega respuestas

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATI sobre el hostigamiento y criminalización a la comunidad Garífuna – A 16 de agosto de 2022

En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que ordena al Estado de Honduras proteger a las comunidades garífunas y buscar a los cuatro dirigentes desaparecidos el 18 de julio de 2020. El 10 de agosto de este año, hubo una protesta frente a oficina del Fiscal General del Ministerio Público, por falta investigación de numerosas denuncias de violencia y la desaparición forzada de 4 garífunas de Triunfo de la Cruz, hace ya 2 años. A la manifestación asistieron 600 miembros de la comunidad y el SUNLA (Comité garífuna de investigación y búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz). La organización quería participar de las investigaciones por la desaparicion de los 4 jóvenes y no tuvieron lugar, sino que fueron víctimas de racismo.

El ministerio nunca dió una respuesta categórica, en lugar de abrir las puertas, las han cerrado, y han enviado notas a Miriam Miranda, dirigente de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña), Dr. Luther Castillo, Secretario de Estado en el Despacho de Ciencia y Tecnología de origen garífuna, y el abogado Edy Tabora, defensor de derechos humanos, indagando su pertenencia a un grupo étnico, acción que por parte de las organizaciones se considera racista . Este ministerio, nombrado durante el gobierno golpista, continúa haciendo todo lo posible por perjudicar a los grupos violentados de Honduras.

Desde el Centro de Prevención,Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) y Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras están haciendo un llamado nacional e internacional para apoyar las manifestaciones de las próximas horas, cuando se enviarán a organismos solidarios con los afectados, como la Secretaría de Estado y el Ministerio de DDHH, sendas denuncias exigiendo justicia y el cese de las políticas racistas y violadoras de los derechos de los pueblos y derechos humanos de la comunidad garífuna.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) 

Imagen: ATALC

Más información:

Honduras: Los supervivientes Garífunas de los Cayos Cochinos

Compartimos este reportaje especial de El Faro a través de Rights Action sobre la historia y la riqueza, tenacidad y dignidad del pueblo Garífuna – A 31 de juio del 2021

En medio de un paraíso caribeño se libra una batalla: por un lado, un pueblo de indígenas garífunas que reclaman el derecho de sobrevivir en los territorios que habitaron sus ancestros durante más de dos siglos. Por otro lado, grandes conglomerados empresariales, el ejército y un reality Show europeo, que buscan lucrarse de la belleza natural del archipiélago Cayos Cochinos en el litoral Atlántico de Honduras.

Domingo, 31 de julio de 2022

Carlos Martínez*

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 1. La batalla de cayo Palomo

El 22 de febrero de 2019 estalló un conflicto en medio de unas islitas paradisíacas en el Caribe hondureño. 

Aquel día, los pescadores garífunas de la comunidad Nueva Armenia se hicieron a la mar en pie de guerra, a bordo de cayucos de madera y lanchas con motores fuera de borda, usados normalmente para pasear turistas. Reunieron un arsenal de tambores y esencias para prender sahumerios y se fueron a presentar batalla para recuperar el territorio que consideran suyo. Tomaron por asalto el cayo Palomo antes de que la lancha de guardacostas consiguiera impedirlo. Se apoderaron de la playa y tocaron en los tambores los ritmos secretos de sus abuelos guerreros. Entonces, salieron los italianos a bailar. 

Eran  participantes del célebre show “Supervivientes”, que se rueda dos veces al año en los Cayos Cochinos. Se trata de un concurso en el que –a veces unos españoles, a veces unos italianos– juegan a sobrevivir en lo que parecen ser unas islas “desiertas”: pasan pruebas, se enamoran y se odian, hacen alianzas y viven las más apasionadas intrigas para deleite de las audiencias europeas. 

Al parecer, los competidores italianos pensaron que aquel desembarco garífuna era parte del juego y salieron a su encuentro  con sus bikinis diminutos y sus músculos y sus abdómenes a menearse como mejor supieron, mientras  camarógrafos y  sonidistas los orbitaban sin saber qué hacer.  

Carolina Castillo tiene 68 años de edad, nació y creció en Nueva Armenia. Cayoya, como la conocen en la comunidad, hace memoria de su juventud e infancia en los cayos, recuerda la libertad con la que los garífunas podían subsistir de la tierra y la compara con la actualidad, »Tenía años de no venir aquí a Cayo Bolaños, antes cuando mis padres pescaban por aquí hacíamos pausa y después íbamos a Cayo Chachahuate, eso cambió cuando la guardia naval se puso violenta y ya no dejó que nos acercáramos, hoy tengo que venir como turista entre el resto de turistas que viene a este lugar», dijo mientras caminaba por el cayo rodeada de turistas de toda honduras y de extranjeros.

Una de las garífunas que participó en aquel desembarco grabó el encuentro con su teléfono y a simple vista es imposible deducir lo que está ocurriendo: decenas de pescadores negros con  ropas humildes, los tambores sonando, los italianos dándolo todo; una líder de la comunidad, de rodillas en la arena, gritando al mar sus demandas con un megáfono; un grupo de militares con sus fusiles que miran todo desde la lancha de guardacostas, sin tener idea de qué se hace en estos casos, y una productora que camina por la playa con el susto de quien sabe que aquello no es parte del show. 

Cuando al fin alguien puso en orden aquel zafarrancho, los pescadores garífunas y los italianos ya se habían mezclado, y  unos enseñaban a  otros a mover las caderas y todos se aplaudían al final de cada danza.

“¡Ey, paren el tambor un poquito!”

En el video se escucha la voz de Eduard, el líder de la asociación de pescadores de Nueva Armenia, y de Ana Mabel, que encabeza el comité de defensa de la tierra: dos jóvenes garífunas, motores de la organización comunal, dotados de un discurso bien articulado y de una rabia fermentada durante años. 

Dos azoradas productoras se acercaron a los muchachos buscando sacar algo en limpio. “Se les dijo que el problema no era con ellos, sino con la Fundación, que había una serie de agresiones de la Fundación contra la comunidad y que la comunidad no recibía absolutamente nada del dinero que ellos pagaban por alquilar los cayos”, recuerda Ana Mabel.  

De la Fundación hablaremos después. Por lo pronto diremos que es la organización que administra el archipiélago de los Cayos Cochinos y diremos además que los garífunas consideran aquellas islas como parte de su territorio ancestral, donde pescaron sus abuelos por dos siglos, y por ello les resulta insoportable que durante el rodaje de “Supervivientes”, la guardia costera, acompañada siempre de soldados, les impida pescar cerca de los cayos, para no contaminar las tomas ni la atmósfera de isla desierta y virgen que los europeos venden a su público. 

En nombre de la pureza de las imágenes del show televisivo, algún fusil ha sido disparado, algunos pescadores han estado a punto de morir ahogados y una larga lista de humillaciones han podrido desde el inicio la relación entre las comunidades locales y los foráneos. 

Aquel día el rodaje se detuvo. La producción evacuó de Cayo Palomo a los alegres italianos y reclamó por la interrupción a la Fundación, que les había rentado los cayos sin advertirles de la posibilidad del desembarco súbito de aquel grupo de pescadores negros y pobres. 

Los garífunas aprovecharon a tirar sus chinchorros al mar –redes de pesca artesanales– y terminaron la jornada con una comida colectiva de pescado frito. Durante unas horas Cayo Palomo fue enteramente suyo. Recogieron sus tambores y sus redes y volvieron a Nueva Armenia. 

Los Garífunas se abrazan de su historia, tratan de mantener sus principios, el amor por la tierra y el respeto de la vida, de allí que los líderes comunitarios como los de Nueva Armenia se inspiran para ser resilientes, »Nosotros los garífunas tenemos un espíritu de libertad», es la frese Garífuna que desde los comités de defensa de la tierra se transmite a toda la nación ancestral. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Alrededor de dos semanas después, el 10 de marzo de 2019, Eduard, Ana Mabel y otros líderes garífunas fueron convocados para “tratar asuntos de trabajo”. Pero la carta de convocatoria no venía firmada por la producción de Supervivientes, ni por los dueños de los cayos, sino por el Capitán de fragata Henry Geovany Matamoros, comandante del primer batallón de Infantería de Marina de Honduras, quien, luego de saludarles “de la manera más atenta y cordial… deseando que el divino creador del universo derrame ricas y abundantes bendiciones”, les citaba para el día siguiente en la sede de la guarnición militar, en el municipio de Ceiba. 

Y ahí la historia deja de ser pintoresca. 

2. Cuando “mío” llegó al paraíso

Octubre de 2021.

Mientras flotamos sobre el mar Caribe en este cayuco de madera, Pepito mira hacia la costa unos segundos, verifica la altura del Sol, mira la orilla, mira unos árboles, mete el remo al agua un par de veces más para alinearse con quién sabe qué y ordena a Lala saltar: “Si yo le digo que hay piedra, hay piedra; si le digo que se tire, tiene que tirarse”. Y sin rechistar, Lala se lanza al agua, recoge los ganchos que utiliza para atrapar langostas, se asegura a la espalda un tanque de oxígeno y desaparece en lo profundo. 

Pepito es un veterano pescador garífuna, de 56 años, que domina las artes de pescar con cordel y que cuando está sobrio es uno de los mejores “marcadores” de Nueva Armenia y por tanto un compañero muy codiciado en la búsqueda de langostas. Jamás ha buceado, pero heredó de su padre un talento extraordinario: Pepito es una brújula humana, conoce el punto exacto de las piedras submarinas donde se pasean las langostas, piedras que él jamás ha visto, pero que conoce hasta de nombre. “Aquí abajo está Corozo”, me dice, “Es una piedra grande. A veces Corozo es tacaño, pero cuando da, da”. 

Donde yo veo agua y más agua, Pepito ve ángulos y alineaciones de cosas que me son enteramente invisibles. Desde el cayuco decreta que estamos navegando sobre El Cañal, La Cubera o Ariola, sin más instrumento que sus ojos y el conocimiento que acumuló su padre y su abuelo y el padre de su abuelo antes que él. Eso y el hambre, que es sin duda un instrumento poderoso, sobre todo cuando, para aplacarla, no queda otra que saber hablar con el mar. 

Luis Martínez de 19 años, durante un día de trabajo en la pesca artesanal en el caribe hondureño. La pesca es el principal sostén económico para la comunidad Garífuna de Nueva Armenia. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Mientras Lala corretea langostas a unos 15 metros de profundidad, la misión del marcador es seguir las burbujas que el respirador del buzo manda a la superficie, de manera que, cuando el buzo salga, el cayuco esté cerca. Si el rastro de las burbujas se mueve mucho, Pepito dice –se dice a sí mismo en una voz tan baja que podría ser un pensamiento– “está buscando”. Pero cuando las burbujas se detienen en un único punto, él masculla: “está matando, Lala está matando”. 

Tira un cordel con anzuelo y mientras espera que algo pique, saca de su bolsillo una botellita de salvaje Tatascán, el guaro más pirata y más cáustico de estas costas, que toma a grandes tragos, aturrando la cara. Mientras besuquea el Tatascán, recuerda sus años de marinero de barco grande, cuando navegó el Atlántico y pisó tierra firme en varias islas del Caribe, comprobando que su lengua materna, el garífuna, se hablaba más allá de Honduras. 

“Mire el mar, está clarito, qué calma”, y vuelve a la botella y luego a quejarse de que su suegra habla dormida y que por eso él no consigue pegar ojo por las noches. Hasta que se da cuenta que ha perdido el rastro de las burbujas. No hay señales de Lala. Que un buzo deje de generar burbujas es un signo muy malo. Pepito aguza la vista para intentar encontrar unas burbujas en medio del mar, pero no hay rastro. Mete el remo al agua y vuelve a ubicar la posición desde la que el buzo se sumergió. Nada. No hay burbujas. “No me gusta, no me gusta”, ronronea y mira con desesperación el agua que se mueve como una criatura viva y le da con desesperación al remo. Desde el cayuco, el vaivén del mar hace desaparecer a ratos la línea de costa y Pepito se llena de malos augurios. 

A lo lejos, entre espumas, aparece finalmente Lala, que maldijo al salir y no encontrar el cayuco cerca. Pepito rema a todo trapo para acercarse y Lala sube a la embarcación con una única langosta, que será toda la pesca de la jornada. Bien es sabido que, a veces, Corozo es tacaño. 

* * *

Lala –36 años, alto, fibroso, el pelo largo liado en rastas– ha pescado desde los 12. Decidió no entrarle al negocio de su padre, que ya murió y que trabajaba en un rubro en el que también hay que salir al mar, pero no para traer pescado sino “otras cosas”, dice, otras cosas que dejan bastante más dinero que las langostas. Intentó entrarle también al fútbol profesional, pero aquello tampoco resultó bien y hoy tiene en mente “jalar para el norte”. 

Lala durante la preparación de un cayuco para pescar. Pepito el guía marino espera sentado aún bajo los efectos de alcohol de la noche anterior. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Su negocio es sencillo, o se explica de forma sencilla: Lala no tiene su propio cayuco, sino que utiliza el de su patrón, quien también financia los tanques de oxígeno. A cambio, Lala debe venderle a él –y sólo a él– todas las langostas que pesque, a un precio bastante más bajo del que pagarían otros compradores: unos 11 dólares la libra de carnosa cola de langosta caribeña, que luego el patrón vende a los resorts y restaurantes para turistas. 

El cayuco es una estrechísima vaina de madera, labrada de forma artesanal, impulsado por unos artesanales remos de madera y una vela hecha de nylon sujetado a un mástil artesanal. 

Así se gana la vida Lala, pero  estas aguas son merodeadas por otros predadores. Sentado frente a la tienda de su madre, acompañado de otros dos veteranos pescadores, Lala narra sus encuentros con peces más grandes, mientras los otros dos asienten y agregan detalles a sus historias.  

Por ejemplo: en 2019, en pleno rodaje de Supervivientes, Lala buceaba a pulmón cerca de Cayo Bolaño, cuando la lancha de guardacostas lo vio y le dijeron que tenía que entregarles su equipo. “Si me quitás mi equipo es como que me quitaras las manos, ¿cómo le voy a dar de comer a mi familia?”, rogó. Pero los militares se mostraron inconmovibles. Así que antes que entregarles sus instrumentos de trabajo, Lala los destruyó: contra su cayuco partió en dos su careta y con el cuchillo rajó sus aletas. Tampoco quiso entregarles el fruto de su trabajo: así que tiró al mar las diez langostas vivas que había atrapado y las 12 libras de caracol. Esa vez lo dejaron ir, pero regresó a casa, luego de todo un día en el mar, sin nada. 

“Me dijeron que ahí era prohibido pescar, pero cuando es el reality y vienen los españoles y los italianos, ellos pueden barrer con lo que se les ponga por delante. Yo los he visto. Incluso se comen los erizos y las culebras”. Aprieta los dientes y su cara se vuelve angulosa. Algo peligroso le ensombrece el rostro mientras recuerda sus encuentros con la patrulla guardacostas, a la que todo mundo se refiere como “la lancha de la Fundación”. 

El archipiélago Cayos Cochinos está formado por 16 islotes en la caribe hondureño, los cayos es territorio que ha sido ocupado ancestralmente por los Garífunas. Foto de El Faro: Carlos Barrera

En 2018, cuenta Lala, uno de sus compañeros había comprado un pequeño motor, que le permitiría internarse más profundo en el mar y decidieron probarlo. Esa vez atraparon 16 langostas y cuatro peces chancho. En el camino de regreso a Nueva Armenia, fueron interceptados de nuevo por la lancha de la Fundación. Esta vez les ordenaron subir a la patrulla. Lala hizo una propuesta a uno de los soldados: “¿Por qué no me dejás llegar a la orilla y ahí vemos quién es quién?”, a lo que el soldado replicó “¿No te vas a subir entonces, negro? ¿Así que vos andás murmurando, negro?”, y fue más de lo que Lala pudo soportar: se lanzó al agua y desde ahí repitió la oferta al soldado: “Tirate pues y vemos quién sale del agua”. El militar se quitó las botas, se quitó los calcetines, se desabotonó la camisa… y sabiamente se quedó en la lancha, cavilando, supongo, sobre la pésima idea que es pelear en el agua contra un buzo garífuna como Lala. Entonces lo abandonaron en el mar, aproximadamente a dos kilómetros de la costa y remolcaron el cayuco junto a su compañero y las presas del día. Un pescador lo encontró mientras Lala nadaba hacia tierra. El motor recién comprado fue lanzado al mar por los soldados, el cayuco decomisado jamás fue devuelto. Aquella vez también estaban rodando el reality. 

Dos años antes, en 2016, la patrulla los encontró descansando en Cayo Culebra: después de un día de pesca, se habían detenido en el islote para recibir un poco de sombra y prepararse algo de comer. Esa vez los soldados los obligaron a tenderse boca abajo en la arena y los encañonaron con sus fusiles. A los dos compañeros de Lala los atizaron a patadas. A uno le obligaron a quitarse los aretes que llevaba en la oreja y los lanzaron al monte. Lala se salvó de ser apalizado por el respeto que inspiraba su padre, quien entonces vivía y cuya reputación era bien conocida en la zona. Esa vez le robaron sus aletas y su careta. Los otros dos pescadores pasaron semanas con dolor en las costillas. 

Unas semanas después, los soldados tiraron al mar 80 langostas que había atrapado junto con otros tres buzos. Los obligaron a ver cómo las lanzaban al agua, una por una, hasta llegar a 80. 

Otra vez los atraparon con un saco de langostas y uno de los soldados le dijo que se las entregaría a gente necesitada. “¿Y vos creés que yo andaría buceando si no tuviera necesidad?”, replicó Lala. No importó. Los presentaron ante las autoridades en el municipio de La Ceiba. Por falta de juez disponible tuvieron que dormir en las bartolinas policiales. Al día siguiente los dejaron ir. Cuando fueron a firmar su liberación, vieron el saco en el que llevaban las langostas. Vacío. 

* * *

En uno de los rincones de Nueva Armenia, dentro de una diminuta champa de madera y techo de lámina, vive un viejo solitario. Dentro de aquella casucha reina la oscuridad incluso de día: uno de los dos espacios interiores está ocupado por un humilde catre de madera, un revoltijo de ropas y un radio de pilas negro. El otro espacio está coronado por un ataúd, que aquel viejo atesora para sí mismo y que, mientras llega el momento de partir, hace las veces de baúl de los recuerdos: el interior del cofre está lleno de papeles que alguna vez escribió o leyó, todos protegidos por bolsas de plástico. El viejo se llama José. 

José, de 83 años, es uno de los ancianos de Nueva Armenia, vive solo en una pequeña casa, y así como sus ancestros también fue pescador hasta donde la vida se lo permitió. Foto de El Faro: Carlos Barrera

Fue pescador toda su vida, como su padre y como su abuelo. Y lo fue hasta hace unos cuantos años, cuando la salud lo sacó del mar: José se ha quedado ciego. Una fina membrana blanca cubre sus ojos, convirtiendo el mundo en un lugar habitado por siluetas. Es una afección común entre los pescadores que lidian durante años con la sal y el reflejo del sol en el agua. 

Pero José suele volver al mar con el pensamiento, para navegarlo y respirar su fragancia y su luz. En su rostro de anciano sonríe un niño cuando vuelve a su balsa o cuando siente el tirón de un pez en el anzuelo y regresa luego a descansar en las arenas de su cayo, y aquellas estrellas vienen a poblar para él el cielo nocturno. Entonces, unos vientos arrastran el tiempo hacia atrás: 

“El año 1952… iba a pescar a los cayos con unos viejitos que se llamaban Isabel Ávila y Elías Martínez y un indio, que se llamaba Trino Tejedo… Salíamos a pescar mar adentro, a pura vela. Si soplaba viento bajo, nos dirigíamos a cualquiera de los cayitos y ahí nos quedábamos hasta que pasara el mal tiempo. Siempre andábamos en las embarcaciones”.

Los Cayos Cochinos eran refugio y descanso para los pescadores, tenían una belleza virgen y eran de todos. Estaban deshabitados la mayor parte del tiempo, salvo tres meses al año, cuando los garífunas construían refugios estacionales para la temporada de mayor demanda de pescado: la Cuaresma. Los primeros asentamientos garífunas alrededor de los Cayos Cochinos comenzaron a echar raíces desde 1797 y desde entonces aquellas tierras y aquel mar corren por la sangre de esa gente.

Para José y para sus vecinos de Nueva Armenia, hay un cayo en particular que está atado a la historia de la comunidad y a sus ancestros fundadores. Desde el fondo de sus 83 años, José recuerda el día en que lo vio por primera vez, siendo apenas un adolescente, y una risa se le escapa: lo vio desde el cayuco, rodeado de unas aguas tan transparentes y puras que pensó que el fondo marino estaba a un palmo de profundidad, así que en un arrebato saltó al agua y se hundió completamente hasta tocar con los pies la arena suave del fondo. Emergió en la playa y ante él se revelaba, blanca y desnuda, la belleza del cayo Chachahuate. 

Cayo Menor es uno de los islotes más grandes del archipiélago Cayos Cochinos, allí está la sede de la fundación Cayos Cochinos que con el discurso de la preservación del territorio ha intentado despojar a la comunidad Garífuna de su tierra. Foto de El Faro: Carlos Barrera

 “Si usted hubiera conocido los cayos en ese tiempo creo que también hubiera quedado encantado. Los cayos para mí han sido el paraíso que Dios le dejó al hombre. Eso creo que lo voy a llevar hasta mi tumba. Si tuviera la vista, no me estuviera haciendo la entrevista aquí, me la estuviera haciendo en los Cayos Cochinos. Los extraño bastante, bastante. Si el Padre me escucha, mi mayor deseo es que me restaure la vista para volver”, suplica. Pero quizá es el destino de los paraísos vírgenes vivir sólo en el recuerdo de los viejos que ya no pueden verlos más. 

Un día apareció alguien que llamó a aquellas islas “mías”. En la historia oral, que los garífunas se cuentan de generación en generación, Tiburcio Carías Andino –el cruel dictador que gobernó Honduras durante 17 años, entre 1932 y 1949– entregó los Cayos Cochinos a un leal sirviente llamado David Griffith, que los pasó en herencia a su hijo Jano Griffith: “Hombre que no habrá otro igual a él de bondadoso y muy servicial”, asegura José.

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Imagen: Carlos Becerra

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Justicia para Berta y el Pueblo Hondureño, ¡Faltan los Atala!

Comunicado de Otros Mundos tras la sentencia a David Castillo en la búsqueda de #JusticiaParaBerta – A 20 de junio del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<

El 2 de marzo de 2018, en el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, David Castillo Mejía fue aprehendido en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando intentaba huir del país. Quien fuera ex agente de inteligencia militar y Presidente Ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuya familia Atala es dueña, y que impulsaba la construcción de la represa Agua Zarca. En 2021 inicia el Juicio que lo halla culpable y casi un año después, el 20 de Junio de 2022 luego de cuatro suspensiones, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa emitió la sentencia de 22 años y 6 meses de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres en calidad de coautor.

Si bien es un paso más luego de la condena de 7 autores materiales que entraron al domicilio de Berta Cáceres para asesinarla por lo que fueron sentenciados a 30 años de prisión, y por el asesinato en grado de ejecución tentativa contra Gustavo Castro por lo que fueron sentenciados con otros 20 años, la sentencia de 22 años contra David Castillo es sólo un paso tardío más, cuando han pasado más de 6 años de los hechos.

Junto con las voces internacionales, del pueblo de Honduras y en especial del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), nos unimos a las demandas de continuar con el proceso de lograr la justicia cuando los demás coautores y autores intelectuales sean capturados, enjuiciados  condenados, que apuntan presuntamente hacia la familia Atala. Entre ellos a Jacobo Atala Zablah, presidente del Banco BAC Credomatic y Vicepresidente de la Junta Directiva de DESA, y quien presuntamente participó en la planeación y autorización de la serie de ataques contra el Berta Cáceres y el COPINH. Por ello, la organización indígena llamó a testificar al banquero. También se menciona como presunto responsable a Daniel Atala Midence, Gerente Financiero de DESA, quien autorizaría la contratación del señor Douglas Geovanny Bustillo, ya sentenciado, el financiamiento para el personal que cumpliría las funciones de infiltración, seguimiento y atentados contra la libertad, integridad y vida de las personas miembros del COPINH, contra Berta y demás personas de la comunidad de Río Blanco, para el pago de abogados y supuestos sobornos a fuerzas policíacas y funcionarios del sistema judicial.

También se señalan como presuntos autores intelectuales a Pedro Atala Zablah, 33º presidente del club de fútbol Motagua, miembro de la Junta Directiva de DESA y del grupo de comunicaciones llamado “Seguridad PHAZ”. El COPINH incluye también como presuntos involucrados en el crimen de Berta Cáceres a José Eduardo Atala, presidente de la Cámara de Comercio Hondureño Americana (AmCham), Vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica, y quien fuera hasta el 2004 uno de los principales accionistas del Banco Mercantil (BAMER) que fue comprado por el Banco de América Central (BAC), donde la familia Atala aún posee acciones. También fue director por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), parte de la Junta Directiva de DESA y del grupo de comunicaciones llamado “Seguridad PHAZ”.

¡FALTAN LOS ATALA!

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imagen: COPINH

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#JusticiaParaBerta este18 de mayo será la Lectura de Sentencia contra David Castillo

Compartimos esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la próxima lectura de sentencia para David Castillo en la busqueda de verdadera justicia

Meses después del fallo contra David Castillo, luego de haberse pospuesto la audiencia, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera #BertaCáceres.

05 de julio de 2021.
La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Después de cuatro meses del inicio del juicio oral, se conoció el fallo el lunes 5 de julio, ante la expectativa de la prensa nacional e internacional que siguieron de cerca la audiencia transmitida por las plataformas digitales del Poder Judicial.

«De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres».

MP demuestra la culpabilidad del presidente de DESA en el asesinato de Berta Cáceres [1]

      [2]

11 Meses después del fallo contra David Castillo, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

La sentencia debe ser coherente con lo demostrado en juicio y no debe dejar oportunidad para la impunidad.

Acompañemos este momento de exigencia de justicia y de búsqueda de castigo a los autores intelectuales.

📆 Miércoles 18 de mayo
📌 Tribunal de Sentencia en materia Penal de Tegucigalpa
⏰ 01:30 p.m.

🌿¡Justicia para Berta, no más impunidad en Honduras!🌿

      Vea aquí quienes son los máximos responsables del asesinato de

Berta Cáceres. [3]

📌 La documentación de DESA muestra que su junta comprende a miembros de las elites empresariales y políticas con mayores conexiones de Honduras, la familia Atala.
Se ha demostrado una estructura criminal que involucra a los directivos de la empresa DESA, la familia Atala Zablah y en la que se ven involucrados entes estatales y gubernamentales que realizaron acciones para favorecer el proyecto “Agua Zarca”.

David Castillo fue instrumentalizado por la familia Atala para coordinar el asesinato de Berta Cáceres, las pruebas que lo vinculan son contundentes.

A más de 6 años de impunidad, aun no hay completa justicia para Berta, hasta que se haya capturado a los máximos responsables de su asesinato, la familia Atala.

Acompáñanos utilizando los #FaltanLosAtala #NoMásImpunidad en las redes sociales etiquetando las cuentas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Secretaria de Justicia y la Presidenta de la República.

Y juntos exijamos #JusticiaParaBerta

Imagen: COPINH

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David Castillo busca impunidad a través de decreto de Amnistía

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta- A 14 de marzo de 2021

Roberto David Castillo Mejía, condenado como “coautor” del asesinato de Berta Cáceres, busca beneficiarse del Decreto de Amnistía 04-2022, para que se suspenda el proceso que se lleva en su contra por corrupción en el caso Fraude Sobre el Gualcarque.

Los abogados Ritza Antunez y Juan Sánchez Cantillano interpusieron solicitud, el día 8 de marzo, ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, para que se archiven las diligencias en su contra por el caso de corrupción en el licenciamiento del proyecto Agua Zarca sobre el río Gualcarque en el cual está acusado por los delitos de uso de documento falso y fraude.

El Tribunal de Sentencia ha convocado audiencia para el día miércoles 16 de marzo a las 9 am para la discusión de esta solicitud. La hora y el día coinciden con la audiencia de extradición de Juan Orlando Hernández y el fallo del caso en contra de la ex primera dama Rosa Bonilla.

Ante esto el COPINH manifiesta que:

  1. Denunciamos y rechazamos la utilización ilegal e ilegítima del Decreto de Amnistía para presos políticos y de conciencia, víctimas de persecución por el golpe de Estado de 2009. La amnistía no debe ser fuente de impunidad sino acto de justicia para las víctimas criminalizadas por la beligerancia en la lucha tras el golpe de Estado.
  2. David Castillo no entra en los preceptos del decreto de Amnistía puesto que los hechos de los delitos de corrupción que se le imputan fueron realizados posterior al 28 de junio de 2009, no fueron propios de sus funciones como empleado de la ENEE, ni por acciones en contra del Golpe de Estado. Por el contrario está plenamente establecido que David Castillo fue beneficiario del Golpe de Estado con la obtención de concesiones y permisos, y no víctima.
  3. David Castillo cometió, por lo menos, los delitos de uso de documento falso y fraude para el otorgamiento de las licencias y contratos del proyecto Agua Zarca en beneficio propio y de la estructura criminal Atala Zablah, por lo que debe ser juzgado y condenado.
  4. El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, presidido por Fernando Gabriel Morazán, y las instituciones involucradas deben rechazar rotundamente la solicitud de impunidad de David Castillo a través del decreto de Amnistía 04-2022.
  5. La pretensión de David Castillo y su defensa legal de someterse a la amnistía es la confesión de su responsabilidad penal por corrupción y de su imposibilidad de desestimar los cargos.
  6. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional para que se pronuncie y actúe en contra de las maniobras de impunidad de la estructura criminal Atala Zablah.

¡Justicia Para Berta, No Más Impunidad en Honduras!

Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, a los 14 días del mes de marzo de 2022.

“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

Imagen: COPINH

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Honduras, territorio libre de minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022

El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.

En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que «Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano» y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones».

Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.

Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.

Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.

TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA


RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)

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