Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la exigencia de #JusticiaParaBerta y para el defensor Juan López asesinado el 1 de septiembre – A 23 de septiembre del 2024
Llegamos desde los rincones más profundos de Honduras, porque ya no hay más tiempo.
A más de 8 años del cruel crimen que arrebató la vida de nuestra compañera Berta Cáceres, seguimos viendo la fragilidad y corrupción del sistema de justicia en Honduras. La impunidad en este caso es un recordatorio constante de las injusticias que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los territorios ancestrales.
Hoy, esa misma impunidad amenaza con repetirse con el asesinato de Juan López, un nuevo mártir en la lucha por la defensa de los territorios. Tanto Juan López como Berta Cáceres estaban bajo medidas cautelares de la CIDH, y aun así el Estado de Honduras no fue capaz de proteger sus vidas. Es inaceptable que los defensores sigan siendo asesinados a pesar de las advertencias y amenazas que sufren.
Nos dirigimos a Tegucigalpa con la firme convicción de que la justicia para Berta y para Juan no es negociable, y que su legado sigue vivo en cada corazón que anhela un mundo más justo.. Exigimos que las sentencias contra los ocho hombres condenados por el asesinato de Berta, que representan un paso importante en la lucha contra la impunidad en nuestro país, se confirmen de inmediato. No permitiremos que grupos económicos poderosos frenen el proceso judicial para proteger sus intereses.
Asimismo, demandamos una investigación pronta, transparente y diligente para que el asesinato de Juan López no quede en la impunidad. Es imperativo que las autoridades hondureñas garanticen justicia para Juan y para todos los defensores ambientales que han perdido la vida en la lucha por proteger nuestros territorios.
Exigimos:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
La captura y enjuiciamiento de todos los miembros de la familia Atala Zablah vinculados con el crimen por parte del Ministerio Público de Honduras.
Al Gobierno de Honduras, que actúe de manera decidida y comprometida para proteger la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, y que garantice justicia para todos los mártires de la defensa ambiental, como Berta Cáceres y Juan López.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 23 días del mes de septiembre de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos esta información publicada en Salva la Selva sobre el último informe de GlobalWitness sobre la situación mundial de defensoras y defensores – A 13 de septiembre del 2024
Informe anual de Global Witness: más de 2.100 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas en el mundo entre 2012 y 2023
Londres, martes 10 de septiembre de 2024. de Global Witness
En 2023 murieron asesinadas al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente del mundo entero, según un informe publicado el 10 de septiembre 2024 por Global Witness.
Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023.
Por segundo año consecutivo, Colombia registró el mayor número de asesinatos del mundo, al alcanzar la cifra récord de 79 personas defensoras asesinadas, por encima de Brasil (con 25), México (con 18) y Honduras (con 18).
Un año más, América Latina registró el número más alto de homicidios de todo el mundo, con un total de 166: 54 en México y Centroamérica y 112 en América del Sur.
En Asia, el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, cada vez hay más activistas ambientales que sufren las diversas tácticas utilizadas para silenciar a quienes defienden el planeta.
Al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas el año pasado por intentar proteger el planeta, según un nuevo informe de Global Witness publicado hoy, en colaboración con socios de todo el mundo. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023.
El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Se trata de la cifra más alta registrada por Global Witness de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año. Con 461 asesinatos entre 2012 y 2023, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo.
El año pasado, otros países latinoamericanos con una elevada tasa de ataques mortales fueron Brasil, con 25, y México y Honduras, con 18 cada uno.
Centroamérica se ha convertido también en uno de los lugares más peligrosos del mundo para las personas defensoras. En 2023 Honduras registró el mayor número de homicidios de personas defensoras per cápita, con un total de 18. Ese mismo año también se asesinó a 10 personas defensoras en Nicaragua, 4 en Guatemala y 4 en Panamá.
En todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes siguieron siendo víctimas de una cantidad desproporcionada de ataques mortales: el 49 %.
Laura Furones, autora y asesora principal de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, declaró:
Mientras la crisis climática avanza apresuradamente, quienes alzan voz con valentía para defender nuestro planeta se enfrentan a actos de violencia, intimidación y asesinato. Nuestros datos indican que el número de homicidios sigue siendo escandaloso y los Gobiernos no pueden mantenerse impasibles ante esta situación completamente inaceptable: deben tomar medidas contundentes para proteger a las personas defensoras y abordar las causas ocultas de la violencia que sufren. Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas; no lo toleraremos.
Si bien sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora e intereses empresariales concretos, Global Witness determinó que la minería fue el mayor móvil industrial con diferencia, con 25 personas defensoras asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023. Otros sectores involucrados fueron la pesca (5), la explotación forestal (5), la agroindustria (4), las carreteras e infraestructuras (4) y la energía hidroeléctrica (2).
En total, 23 de los 25 asesinatos vinculados a la minería en todo el mundo el año pasado ocurrieron en América Latina. Por otra parte, más del 40 % de todos los asesinatos relacionados con esta industria entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en Asia, región que cuenta con importantes reservas naturales de los principales minerales críticos para las tecnologías energéticas limpias.
Además de señalarse el número de homicidios a escala mundial, en el informe también se ponen al descubierto las tendencias más generales de las agresiones sin consecuencias mortales y los efectos dañinos que estas tienen en las comunidades de todo el mundo. Se destacan casos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales, tácticas crueles que se usan en Filipinas y México en particular, así como el uso generalizado de la criminalización para silenciar a personas activistas en todo el mundo.
En el informe se analiza también la represión del activismo ambiental en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos, donde cada vez se usa más la legislación para atacar a las personas defensoras y se imponen condenas más duras a quienes han participado en protestas contra el cambio climático. Estas conclusiones van de la mano de una tendencia preocupante de criminalización que está surgiendo en todo el mundo.
En el informe se expone la criminalización a la que se enfrenta Jonila Castro, activista filipina secuestrada por el Ejército de su país en 2023, quien manifestó:
Incluso después de ser liberadas de nuestro secuestro, las amenazas continuaron. La vuelta a nuestro hogar y comunidad está siendo difícil. Siguen vigilándonos, señalándonos e intimidándonos. Los ataques para silenciar a quienes trabajamos en defensa del medioambiente entorpecen nuestras labores de protección del planeta y de los derechos de las personas.
Existe un vínculo estrecho entre la devastación ambiental y las violaciones de los derechos humanos que potencian los Gobiernos y los sistemas extractivos que ellos promueven. Nuestra experiencia pone de relieve la urgente necesidad de un mayor reconocimiento y protección de activistas de la comunidad y ecologistas que luchan por la justicia climática en el mundo.
A pesar de la escalada de la crisis climática y de las promesas de los Gobiernos de alcanzar el objetivo establecido en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C, las personas defensoras de la tierra y el medioambiente cada vez sufren más las diversas agresiones con las que se intenta frenar sus esfuerzos por proteger el planeta. Al menos 1.500 de estas personas han sido asesinadas desde la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015.
Nonhle Mbuthuma, autora del prólogo del informe y ganadora del premio Goldman de Medioambiente en 2024, comentó:
En todos los rincones del planeta, quienes se atreven a denunciar los efectos devastadores de las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el acaparamiento de tierras, se enfrentan a actos de violencia e intimidación. Particularmente notorio es el caso de los pueblos indígenas, que son imprescindibles en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, año tras año sufren un número desproporcionado de agresiones.
Sin embargo, la brutalidad de esos ataques saca a la luz una realidad oculta: el poder que ejerce la gente corriente cuando se une por la justicia. Los dirigentes tienen el deber de escucharnos y garantizar que las personas que defendemos la tierra y el medioambiente podamos ponernos en pie, estemos donde estemos, sin temor a represalias. Esta responsabilidad recae directamente sobre todas las naciones ricas y con recursos del mundo.
La investigación de Global Witness sobre violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente puede descargarse en su página web.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la agresión y represión que sufrieron integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac en Xochimilco – A 11 de septiembre del 2024
Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.
La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.
Represión durante manifestación pacífica en la alcaldía Xochimilco.
Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.
El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.
“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.
Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.
“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco.
Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.
Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco.
Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.
Represión sin castigo
Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”.
Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad.
Conferencia de prensa realizada el miércoles 11 para denunciar la impunidad tras los hechos represivos acontecidos al sur de la CDMX. Fotos: Regeneración Radio.
Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.
Estudiantes, perseguidos
Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.
A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.
Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.
Acciones
Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.
Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia
#ALERTA ATALC demanda al Gobierno de Nayib Bukele la integridad y libertad del defensor de Derechos del del pueblo Nahuat, miembro de la Red de Territorios de Vida de El Salvador y del Movimiento de Víctimas Afectadas por el cambio climático y las corporaciones (MOVIAC).
Como parte de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos y de los Pueblos en América Latina y el Caribe, nos sumamos exigir al Gobierno de El Salvador:
• A la PNC, Fiscalía general de la República y demás funcionarios, el respeto a sus derechos humanos, a la integridad física y moral de José Iván y su familia.
• Su inmediata liberación, basados en los principios de justicia que establece la constitución de El Salvador y los Tratados internacionales como la declaración de los derechos de los pueblos indígenas ratificado por El Salvador en el 2007, y el convenio 169 de la OIT.
Es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escuchaa través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.
Buscamos que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. Anhelamos ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.
¿Cómo lo hacemos?
En nuestro laboratorio nos encontramos. Nos escuchamos. Nos acompañamos. Exploramos y compartimos nuestros sueños, nuestras emociones, mapeamos nuestros territorios y las maneras de resistir y crear vida, recuperamos los relatos de las abuelas y los abuelos. Ensayamos juntas esas otras maneras de contar nuestras historias. Cambiamos el foco y la mirada: ahora son las propias comunidades quienes narran sus relatos de lucha y esperanza, sus caminos recorridos. Nuestra metodología es el arte. Nuestros lenguajes son los cantos, el baile, los dibujos, los escritos, el teatro y por supuesto, el audio
El podcast:
El programa El fogón de las palabrases una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.
DesdeEl fogón de las palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.
Quiénes somos?
El fogón de las palabras. Laboratorio de historias comunitarias.
Somos un equipo de comunicadoras, educadores populares y creadoras escénicas. Formamos parte de los Colectivos ProMedios de Comunicación Comunitaria AC y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios. Luego de más de 20 años de experiencias en procesos de comunicación popular y creación de proyectos artísticos comunitarios, nos unimos para soñar y dar forma a éste proyecto que dió inicio con el trabajo en conjunto con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo, Chiapas en agosto del 2022.
Entre agosto de 2022 y junio 2024 hemos llevado a cabo El Fogón de las Palabras en colaboración con 8 organizaciones distintas en Chiapas y Guatemala. Estas creaciones radiofónicas se publicarán próximamente en nuestro sitio web.
Escucha aquí todas las CREACIONES SONORAS
¿Qué sueñas?
¿Dónde sientes el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría? ¿Cómo es el lugar que habitas? ¿Qué colores hay, a qué huele, a qué suena, a qué sabe? ¿Cuál es tu lucha y de qué maneras resistes? ¿Con qué personas habitas tu territorio?
¿Qué relatos cuentan las abuelas y abuelos?
¿y si creamos nuestra historia?
01. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García. Chicomuselo, Chiapas.
Animales que protegen la tierra; el agua como fuente de vida y cuidadora de la comunidad; un meteorito, la luna y las personas que trabajan y defienden su territorio; son algunos de los personajes en los relatos creados en el Laboratorio de Historias Comunitarias que nos narran la vida y trabajo, las luchas y esperanzas de los y las integrantes del “Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García” del municipio de Chicomuselo, Chiapas.
02. Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), Alta Verapaz, Guatemala.
Sueños colectivos de una recuperación y pertenencia de la tierra en la zona de Alta Verapaz Guatemala; utopías de encuentros con las personas que fueron arrebatadas de sus familiares por la defensa del territorio; celebraciones a la madre tierra, al agua, al campo, estos son algunos de los relatos que elaborados en el Laboratorio de Historias comunitarias con los y las compañeras de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) en Guatemala.
03. Camino hacia nuestros sueños. FOCA Casa de día. Comitán, Chiapas.
Había una vez… árboles, vacas, un campo de futbol, una niña que salía a jugar con sus hermanos: a las ardillitas jugábamos; jugamos pelota entre primos, Íbamos al río y llevábamos ticucos. Nos quedábamos solos en casa, decidíamos hacer travesuras y nos metíamos a la pila. Como todos los domingos, en un lugar de El Salvador, mamá cocinaba torta de huevo con queso y tamales, y papá escuchaba su música.
Había una vez… una niña con su abuela, en un pueblito de Honduras, ella la mandaba a moler el maíz, por las mañanas y las tardes las dos tomábamos café con pan hecho por mi abuela.
Historias de vida de mujeres que salieron de su país abriendo camino hacia sus sueños. FOCA, Casa de Día, Comitán de Domínguez, Chiapas.
Les compartimos nuestra pronunciamiento a las y los integrantes de Somos la Maya, a las y los vecinos de la Colonia Maya y a la población en general sobre la noticia que dieron hoy en su conferencia de prensa las y los integrantes de Somos la maya – A 15 de julio del 2024
Todo el equipo de Otros Mundos Chiapas expresamos nuestra más sincera felicitación a las y los integrantes del Colectivo Somos la Maya y a todas y todos los vecinos de la Colonia Maya en este día tan especial. Su comunidad es un ejemplo de convivencia, solidaridad y esfuerzo colectivo, y hoy celebramos todos los logros y la unidad que han construido juntos.
Compartimos con ustedes la tranquilidad del reciente retiro de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre algunos de ustedes por defender valientemente su territorio. Esta noticia es un testimonio de la resistencia y el compromiso de la comunidad de la Colonia Maya y de que el caminar colectivo siempre cosecha frutos.
Es un privilegio ser testigos de cómo cada una, uno y une de ustedes contribuye a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos. Sus esfuerzos diarios no pasan desapercibidos y son verdaderamente inspiradores. Por eso fueron conmemorados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca en el año 2022, siendo el primer colectivo urbano es recibir este reconocimiento.
¡Felicidades nuevamente a toda la comunidad de la Colonia Maya! Que este día esté lleno de alegría y momentos memorables junto a sus seres queridos.
Compartimos esta invitación de Witness, Laboratorio Popular de Medios Libres, CEFO Indígena y Guardian Project sobre esta Escuela de Comunicación y Tecnologías para defensores y defensoras – A mayo 2024
Laboratorio Popular de Medios Libres, WITNESS, CEFO Indígena y Guardian Project invitan a comunidades, movimientos, organizaciones y colectivos de Abya Yala que estén en procesos de defensa del territorio a participar de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres para la Defensa Común del Territorio.
La escuela consiste en el aprovechamiento de técnicas de reporteo, recolección de datos, edición, archivo y almacenamiento seguro de material multimedia para fortalecer la incidencia en medios de comunicación como también fortalecer estrategias jurídicas de defensa territorial.
La fecha límite para postular es el 15 de junio de 2024. El formulario de postulación está disponible en escuelacomun.yanapak.org (o pueden descargarlo y enviarlo por correo electrónico a contacto@yanapak.org). Los resultados de la convocatoria se informarán el 15 de julio de 2024 por correo electrónico.
Invitamos a todas las interesadas en participar de la Escuela Común que nos acompañen este sábado 25 de mayo para una sesión informativa donde daremos más detalles y resolveremos dudas.
9am México, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica. 10am Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. 11 am Chile, Bolivia, Venezuela. 12 pm Argentina.
Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.
Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.
“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.
“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.
Foto: Ké Huelga Radio
Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.
Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.
Agresiones contra zapatistas
Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio.
En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad.
Habitantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio han reportado el incremento de las agresiones armadas contra su comunidad autónoma.
En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre.
Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.
La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.
Guerra
De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización.
La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.
En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal.
“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.
Protestas de Pueblos Unidos para exigir la clausura de las operaciones irregulares del relleno sanitario en la Región Choluteca.
La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa.
Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes.
La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones.
Pese a la negativa del ejército para entregar información y los intentos de división de las autoridades, los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúan la lucha.
“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.
Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.
Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.
Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan Cancuc, Saúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba.
Imagen: En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F
Les compartimos esta invitación para este foro donde participará nuestro compañero Gustavo Castro
Ana Laura Rojas es defensora de los derechos humanos en Guatemala y comunicadora social, además es parte de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Empresa TRECSA. Esta organización ha sido víctima de múltiples agresiones por parte de personas vinculadas TRECSA.
Este miércoles 7 de mayo a las 4:00 PM, hora de Centroamérica, tendremos un foro virtual de la mano de referentes regionales de la lucha por la defensa de los ríos Puede inscribirse al foro en solidaridad con Ana Laura en el link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlcOGtqTkiG9xWFe9BYoEObY-_X3qVyknr Además transmitiremos el foro por: https://facebook.com/bloque.verde/ y por https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos
Les compartimos este análisis hecho por nuestro compañero Gustavo Castro para la Columna del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica ODEMCA – A 30 de abril del 2024
«Contexto pre electoral y movimientos sociales en Chiapas”
El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.
Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y 2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.
En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal. Sin embargo, ahora la violencia política se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades.
Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo, los asesinatos de candidatos, las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Por ello se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar.
No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos con el gorro político que sea. En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política, el candidato de La Concordia “se bajó” del proceso electoral, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufrió un atentado a balazos y en otros municipios de la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones. Desde 2023 Morena ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado y se registra la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas así como el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD.
Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe «Votar entre balas», asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al INE y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.
La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.
Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.
Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia. El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos contra los carteles presentes en todo el país.
[i] Colaboración del autor para el monitoreo que realiza el ODEMCA con investigadores/as, organizaciones y movimientos sociales que participan en el ‘Foro Social sobre democracias otras’.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Centroamérica – A 18 de abril del 2024
Organizaciones feministas en México y Centroamérica han alertado que, durante 2023, se registró un incremento de agresiones contra defensoras de derechos humanos en los países de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
De acuerdo a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), el año pasado contabilizaron 6,214 agresiones contra defensoras, lo que representa un aumento del 13% respecto al año 2022.
Según los datos, este incremento se debe a que las agresiones colectivas pasaron de 2,683 en 2022 a 3,828 en el año 2023. Destaca en este rubro el aumento de la violencia en Honduras, donde este tipo de agresiones se triplicaron respecto al año precedente.
En su registro, las organizaciones feministas resaltan que al menos 10 defensoras fueron asesinadas, mientras que otras 47 sobrevivieron a intentos de homicidio. Los asesinatos del 2023 acontecieron en México, Honduras y El Salvador.
Entre los casos se encuentran los homicidios de tres mujeres transexuales, así como de tres buscadoras de familiares desaparecidos en México. También destacan que las agresiones se expresan en la criminalización de la labor de defensa de derechos humanos, pues a nivel regional se registraron 130 causas judiciales y 116 detenciones arbitrarias.
“Documentamos 47 detenciones en México, 37 en Honduras, 30 en Nicaragua y 2 en El Salvador. Más de la mitad de las detenciones arbitrarias en México (24) se perpetraron en el mes de marzo, la mayoría en el contexto de manifestaciones que conmemoran el 8 de marzo”, sostiene IM-Defensoras que, en el caso mexicano, enfatiza que solo en ese mes se registró el 24% del total de agresiones perpetradas en 2023.
Las organizaciones subrayan que durante 2023 identificaron que las agresiones son parte de una estrategia con el objetivo de criminalizar a las defensoras mediante actos de divulgación de hechos falsos y campañas de desprestigio.
En total, las agresiones afectaron a 1,188 defensoras y a 73 organizaciones que trabajan en labores de defensa de derechos humanos en los cuatro países analizados. A su vez, enfatizan que, mientras marzo se confirma como el mes más peligroso, la tendencia de años anteriores – de que los Estados son los principales agresores – también se repitió en el último registro.
“Casi la mitad de las agresiones registradas en este año (47,8%) fueron perpetradas por actores estatales: autoridades públicas locales, estatales o federales/nacionales (23,5%), agentes policiales (23,1%) o fuerzas armadas (1,2%)”, detallan las organizaciones feministas, quienes añadieron que estas agresiones suceden con frecuencia debido a que las autoridades buscan proteger intereses y actores privados.
Desplazamiento forzados
Una de las violencias que han cobrado relevancia, debido a su incremento como por los impactos generados es de los desplazamientos forzados. “Durante 2023 documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados, lo que supone 4 veces que más que en 2022”, alertan las organizaciones feministas. Honduras y Nicaragua encabezan las cifras con mayor desplazamiento de defensoras, con 168 y 69 personas respectivamente.
“A los desplazamientos internos y externos antecedieron un conjunto de agresiones que obligaron a las defensoras a abandonar de manera forzada sus comunidades. Son agresiones que no sólo buscan detener su trabajo de defensa en los territorios, sino también castigarlas en un intento por destruir sus proyectos de vida y debilitar sus redes de apoyo. Además lanzan un mensaje que genera temor en las mujeres y las comunidades, inhibiendo así la defensa de los derechos humanos”, enfatiza IM-Defensoras.
Imagen: Organizaciones indígenas y feministas se manifiestan por sentencia en caso del asesinato y feminicidio político de Berta Cáceres, quien coordinara el COPINH. Foto: Orlando Sierra.
Compartimos este comunicado de Consejo del Pueblo Maya CPO y el Consejo de Pueblos Wuxhtaj – A 15 de abril del 2024
CONDENAMOS ENERGICAMENTE LA DETENCION DEL COMUNITARIO TOMAS DOMINGO MATEO ¡
Reactivan persecución legal y política en contra de líderes defensores de los ríos en Huehuetenango
En la ciudad de Huehuetenango fue detenido por parte del Policía Civil el líder comunitario Tomás Domingo Mateo, actual presidente del Comité de Energía Eléctrica de Pojom, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.
Esta detención tiene relación directa con la persecución legal y política de la que han sido víctimas líderes y lideresas defensoras de los ríos en el marco de la imposición de proyectos hidroeléctricos privados en el norte de Huehuetenango. El compañero Tomas Domingo Mateo, fue denunciado arbitrariamente por operadores de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico -PDHSA- desde el 2016 cuando fungía como autoridad comunitaria.
Esta detención forma parte de una serie de desestabilización que se está dando a nivel nacional y la reactivación de la persecución legal y política en contra de los defensores de los derechos humanos en el país.
Exigimos la liberación inmediata de Tomas Domingo, porque es víctima de un montaje judicial como lo han sido los casos de defensores de los ríos que han sido declarados inocentes en diferentes tribunales.
Huehuetenango, 15 de abril de 2024
Consejo de Pueblos Wuxhtaj Miembros del Consejo del Pueblo Maya CPO
