Declaración del Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia “Reencontrarnos en la Resistencia”

Compartimos la declaración de este bello encuentro de Reencontrarnos en la Resistencia en el Peten Guatemala- A 9 de agosto del 2023

Declaración de la Técnica

Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.

Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.

Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.

Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.

Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.

En este mismo sentido y frente a la apropiación de territorios de los pueblos originarios, la construcción de gobiernos autónomos es fundamental para preservar la integridad cultural, social y humana de nuestras comunidades.
Para ello es indispensable continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria, generar modelos comunitarios de manejo de bosques y construir nuestros propios mecanismos de comunicación frente a los medios convencionales, en su mayoría cómplices del gran capital.

En esta defensa integral del buen vivir, las mujeres jugamos un papel fundamental. Sostenemos la vida desde diferentes ámbitos, somos las cuidadoras dentro y fuera de nuestras casas y protegemos los bienes naturales que nos brinda la Madre Tierra. Las mujeres debemos enfrentar la discriminación, el racismo y machismo, para dar voz y formar parte de las decisiones colectivas sobre la preservación de nuestros territorios y bienes.
Creemos en la importancia del cuidado de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, para desde ahí crear estrategias colectivas, formarnos políticamente y continuar en la defensa de nuestros territorios y recursos naturales y culturales. No podemos quedar excluidas de estas luchas, que con nuestra participación se enriquecen y fortalecen.

Asimismo, rechazamos categóricamente los monocultivos y el modelo extractivista. Defendemos los modelos comunitarios de manejo de bosques, que permiten la autonomía de los pueblos y la continuidad de la vida.
Reconocemos como estratégico el conocimiento de marcos legales institucionales que ayuden a la protección o restauración de bosques, tanto en áreas rurales como en contextos urbanos. Ratificamos el derecho a la defensa de la tierra y el modo de vida y organización tradicionales como base de garantía del buen vivir. Nos comprometemos a buscar formas de involucrar a las futuras generaciones para que continúen la defensa de nuestros bienes naturales y culturales. Por todo lo anterior, declaramos el 5 de agosto como Día del Hermanamiento de Bosques a nivel nacional y mesoamericano.

Sobre los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas nativas de los pueblos en Mesoamérica y América Latina están enfrentando grandes desafíos y amenazas. Empresas semilleristas transnacionales como Bayer/Monsanto y Syngenta, entre otras, están imponiendo sus intereses por encima del derecho humano a la alimentación y la protección de la Madre Tierra. En ese sentido, valoramos las resistencias y luchas que se oponen a la mercantilización de los alimentos; condenamos la privatización de las semillas nativas ancestrales y milenarias, el saqueo y despojo de los conocimientos ancestrales, y exigimos la aplicación de los derechos campesinos. Consideramos a la agroecología como el sistema ideal para superar la crisis alimentaria, combatir el cambio climático y revalorar el aporte de los pueblos originarios en la producción de alimentos, sobre todo el trabajo de las mujeres, que es fundamental e incalculable. Rechazamos rotundamente la privatización de nuestras semillas, así como el despojo de los conocimientos ancestrales sobre medicinas y alimentos. Exigimos sistemas alimentarios y semillas libres para los pueblos, y que las decisiones sobre los sistemas alimentarios sean consultadas y consentidas por los pueblos indígenas, por campesinos y campesinas previa y libremente informados, pues son ellos y ellas quienes generan un gran aporte a la alimentación de la humanidad.

Hay diferentes visiones y formas de nombrar los territorios ancestrales y compartidos, es decir, los territorios hidro-sociales que incluyen la tierra, el agua, los árboles, los bienes comunes, el subsuelo y la Madre Tierra como unidad. La afectación al agua se manifiesta en el acaparamiento de su uso, en la contaminación e incluso en la captura y desaparición de ríos. El aniquilamiento de nuestras fuentes de agua está en manos de las grandes trasnacionales, que logran además infiltrarse en las cúpulas de gobierno y de poder, generando la colusión de la institucionalidad con los proyectos extractivistas y sin control de estas compañías. Ante esta realidad, las diversas etnias indígenas y comunidades locales que defendemos la Madre Tierra exigimos a los Estados nacionales la garantía y el respeto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos mesoamericanos.

Estamos absolutamente en contra de las “grandes soluciones” que, disfrazadas de propuestas para el desarrollo, imponen las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices para incrementar su poder económico y político. En este esquema de depredación y destrucción, resalta la industria aeroportuaria. Considerando que la aviación es el medio de transporte que más contamina, el que, por su alto costo a los usuarios, menos población moviliza pero que, paradójicamente, es el que recibe más subsidios, expresamos nuestro firme rechazo a proyectos encaminados a acrecentar la infraestructura aeroportuaria, una vez más en detrimento de la integridad territorial de nuestros pueblos y bajo tramposos mecanismos de simulación como lo son los bonos de carbón y el llamado lavado verde.

Por último, vemos con profunda preocupación la creciente y criminal complicidad del narcotráfico con los proyectos extractivos. Esta realidad se ve reflejada en el aumento exponencial de la violencia brutal contra la población y el consecuente desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos.

Pese a todo lo anteriormente descrito, los pueblos mantenemos nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra creatividad y esperanza en la construcción de nuevas realidades de vida, de dignidad, de oportunidades.

¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS EN MESOAMÉRICA!
¡VIVA EL REENCUENTRO DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS MESOAMERICANOS!

  1. Asociación CEIBA (Guatemala)
  2. Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y Recursos Naturales (ACODET) (Guatemala)
  3. Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) (Guatemala)
  4. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) (Internacional)
  5. Asociación de Mujeres Ixmucané (Guatemala)
  6. Asociación de Mujeres Mam (Guatemala)
  7. Barracón Digital (Honduras)
  8. Código Sur (Internacional)
  9. Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica (Costa Rica)
  10. Colectivo Cartografía Histórica (Cuencas Pojom-Santo Domingo, Mentón- Lagartero, Ixcán) (Guatemala)
  11. Colectivo Defensoras de Nasakobajk (México)
  12. Colectivo Voces Ecológicas (COVEC) (Panamá)
  13. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio (México)
  14. Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo (México)
  15. Comunidades Forestales del Petén ACOFOP (Guatemala)
  16. Comunidades en Resistencia de Ixcán (Guatemala)
  17. Comunitaria Cultura (México)
  18. Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (México)
  19. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) (Honduras)
  20. Consejo del Pueblo Maya (CPO) (Guatemala)
  21. Cooperativa Integral de Producción de Energías Renovables Luz de Todos R. L. (Guatemala)
  22. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM) (México)
  23. Defensa de la Tierra y de la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA) (México)
  24. “Entre campo y campo” Red de Arte + Agroecología (México)
  25. Escuela Campesina Edupas (México)
  26. El Puente S.C. (México)
  27. Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON (Costa Rica)
  28. Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad
  29. Frente Metropolitano por la Defensa del Territorio (Guatemala)
  30. Frente Petenero de Afectados por las Represas (Guatemala)
  31. Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)
  32. Granja La Tierra (México)
  33. Gobierno Ancestral Plurinacional (Guatemala)
  34. Guardianas y Guardianes de los Humedales del Consejo de la Zona Sur, Colonia 5 de Marzo (México)
  35. Heterotópica Universidad de Nodos Autónomos Móviles (HUNAM) (México)
  36. International Rivers (Internacional)
  37. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) (México)
  38. La Sandía Digital (México)
  39. Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) (Honduras)
  40. Movimiento de Afectadas/os por las Represas (MAR) (América Latina)
  41. Movimiento Mesoamericano contra la Palma de Aceite (Mesoamérica)
  42. Movimiento por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México (México)
  43. Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica (Costa Rica)
  44. Noti Guate Alternativa (Guatemala)
  45. NuestraRed.Mx (México)
  46. Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (México)
  47. Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas de Acteal” (México)
  48. Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH) (Honduras)
  49. Otros Mundos A.C. (México)
  50. Permanecer en la Tierra (Stay Grounded Network) (Internacional)
  51. Persicaria Colectiva Agroecológica (México)
  52. Plataforma Global El Salvador (El Salvador)
  53. Red de la Costa en Rebeldía (México)
  54. Red de Economía Solidaria Túmin Moneda Social (México)
  55. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) (México)
  56. Red Nacional en Defensa del Agua (RNDA) (Panamá)
  57. Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala
  58. (REDSAG) (Guatemala)
  59. Salva la Selva (Alemania)
  60. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca sede Ixtepec (México)
  61. Un Salto de Vida (México)
  62. Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes (México)
  63. Zona Reina y Alta Verapaz (Guatemala)

Galería de fotografías del Encuentro

COPINH: ¡Basta de impunidad! David Castillo y todos los culpables de la corrupción que asesinó a Berta Cáceres deben ser condenados

Compartimos este comunicado del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 20 de julio del 2023

La justicia en el único caso sobre redes de corrupción en el otorgamiento ilegal de concesiones para explotación de recursos en territorios indígenas de Honduras está en peligro por retrasos injustificados.

David Castillo, el delincuente que articula la red criminal de fraude al Estado y al pueblo indígena Lenca busca que en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se le otorgue el beneficio de amnistía y por consiguiente, ser liberado del caso por corrupción denominado “Fraude Sobre el Gualcarque”.

El juicio por corrupción ha terminado demostrando la responsabilidad de Castillo y las demás personas imputadas, sin embargo, no hay una sentencia debido que Castillo busca impunidad mediante un recurso de amparo para ser amnistiado, solicitud que ya le ha sido negada en múltiples ocasiones.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le denegó el recurso de amparo desde octubre de 2022, sin embargo, debido a la falta de resolución de un recurso desde hace más de cuatro meses, se mantiene en impunidad el caso.

El decreto de amnistía (4-2022), busca beneficiar a víctimas del Golpe de Estado de 2009. David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, por el contrario, fue un beneficiado del Golpe de Estado.

La pretensión de David Castillo y su defensa legal de someterse a la amnistía es la confesión de su responsabilidad penal por corrupción y su imposibilidad de desestimar los cargos.

Por todo lo anterior el COPINH demanda:

1. Que la Sala de lo Constitucional resuelva sin retraso el recurso pendiente para poder continuar con el proceso y emitir un fallo condenatorio en el caso de Fraude.

2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe en la investigación y enjuiciamiento de todas las demás personas involucradas en los delitos de corrupción de la empresa de los Atala Zablah que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

3. Reiteramos al Estado de Honduras la urgencia de cancelar de manera responsable e inmediata la ilegal, violenta y corrupta concesión del Proyecto Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque.

“Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan. ¡Los pueblos saben hacer justicia!”


Dado en La Esperanza, Intibucá a los 20 días del mes de julio de 2023

Informe: Confianza en el lugar equivocado

Compartimos el siguiente informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el papel de los bancos de desarrollo en los mega proyecto y las represiones a las personas defensoras – A de julio del 2023

“Confianza en el lugar equivocado”, un nuevo informe de la campaña Personas Defensoras en el Desarrollo publicado el 5 de julio, muestra cómo los bancos de desarrollo ponen en grave peligro a las personas defensoras de los derechos humanos al confiar en sus clientes para hacer frente a las represalias.

La investigación, basada en el análisis de 38 estudios de casos de represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, muestra que en todos los casos, excepto en dos, los clientes de los bancos de desarrollo han desempeñado un papel directo en la perpetración de los ataques.

El informe también incluye una serie de recomendaciones, indicando que los bancos de desarrollo deberían dejar de delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes. En cambio, los bancos deberían desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellos mismos en materia de represalias.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los casos analizados en “Confianza mal depositada” muestran que:

  • En todos los casos menos en dos, los clientes desempeñan un papel en la perpetración de represalias contra las personas defensoras.
  • Las represalias cuya responsabilidad puede atribuirse a los clientes van desde amenazas hasta asesinatos; la criminalización es uno de los tipos más comunes de represalias.
  • Las represalias suelen ser perpetradas por las fuerzas de seguridad, personal/contratistas de empresas privadas y funcionarios estatales y gubernamentales.
  • Las fuerzas de seguridad pública suelen desempeñar un papel en la perpetración o facilitación de las represalias.
  • A menudo, los clientes también contribuyen a las condiciones que conducen a las represalias (por ejemplo, no garantizar consultas significativas).

El análisis de las políticas de ocho grandes bancos de desarrollo muestra que los bancos tienden a confiar en la información generada por los clientes para procesos clave (como las evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, la participación de las partes interesadas y las consultas con las comunidades afectadas) que son fundamentales para prevenir y abordar las represalias.

RECOMENDACIONES CLAVE

Aplicar la tolerancia cero a las represalias exige que las IFD dejen de confiar a sus clientes la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a éstas, a menos que los clientes hayan trabajado activamente con las comunidades directamente afectadas y las personas defensoras para ganarse primero su confianza. Las IFD no pueden delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes.

En su lugar, las IFD deben desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellas mismas en materia de represalias. Estos protocolos y directrices deben abarcar todo el ciclo del proyecto y prepararse en estrecha consulta con quienes hayan sufrido directamente represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, así como con la comunidad en general y sus aliados, incluidas las OSC especializadas en cuestiones de derechos humanos.

En virtud de estos protocolos y directrices, DFI debería

  • Evaluar los riesgos de represalias y responder cuando se produzcan.
  • Reforzar la capacidad y los incentivos del personal, la dirección y los consultores del banco para prevenir y responder a las represalias.
  • Alinear los incentivos de los clientes (incluso mediante la aplicación de consecuencias negativas) para evitar los riesgos de represalias y responder cuando éstas se produzcan.

Las Abejas de Acteal conmemoran el 2do aniversario del asesinato de Simon Pedro y condenan la violencia en Chiapas

Compartimos el siguiente comunicado de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en e 2do Aniversario del asesinato de nuestro compañero y amigo Simón Pedro – A 5 de julio del 2023

Manifestamos nuestra preocupación por la violencia gravemente en Chiapas, porque vemos a las personas que pueden quedar muertos en donde quiera como si fueran animales, mientras el gobierno federal, hace declaraciones públicas afirmando que no está pasando nada en el estado de Chiapas;

Hermanas y hermanos: 

La memoria de nuestro hermano Simón Pedro nos ha reunido en este día, aquí estamos para honrarla. No olvidamos el crimen vergonzoso que le quitó la vida a nuestro hermano y, sobre todo estamos aquí para seguir exigiendo justicia verdadera y hasta encontrarla.

Estamos aquí en donde fuera la casa y comunidad de Simón Pedro para decirle a su familia, a su pareja, a sus hijas e hijos; a sus papás, a su hermano y hermana, que no están solas y solos, que nunca los abandonaremos en estos tiempos difíciles, de oscuridad y violencia en Chiapas.

Hoy 5 de julio de 2023, se cumplen dos años del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, hace dos años que se oscureció el día, porque un hombre cegado por el odio, contratado por criminales y con la permisión del mal gobierno de Chiapas y de México, fue muerto a balazos un compañero pacifista, defensor de derechos humanos y de la vida, al igual como lo hicieron un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó bajo la orden directa del mal gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en el marco de la guerra de contrainsurgencia de Chiapas inscrito en el Plan de Campaña Chiapas 94, la de masacrar a 45 hombres, mujeres, niñas y niños, ancianos y ancianas y más 4 bebés que fueron sacados con machetes del vientre de sus madres en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Han pasado ya dos años de que nos hayan quitado la vida de nuestro compañero Simón Pedro, y durante 730 días, tanto la familia de Simón Pedro como nuestra Organización Las Abejas de Acteal y el Frayba tuvimos que pasar burlas y desgastes de parte del mal gobierno de Chiapas a través de su Fiscalía General del Estado (FGE), la de posponer una y otra vez las audiencias que en respectivos momentos los denunciamos públicamente.

Aunque con tantas trabas y engaños se pudo condenar al autor material del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, sin embargo, no es la justicia verdadera que queremos, sino una justicia a medias porque en el juicio no se tomó en cuenta la labor de nuestro compañero Simón Pedro en la defensa de derechos humanos y de la vida, además de que pertenecía a una organización pacifista, misma a la que pertenecían los 45 mártires de Acteal más los 4 bebés no nacidos. Y lo peor es que nunca se tomó en cuenta en el juicio la investigación de los autores intelectuales del asesinato de nuestro hermano; con este tipo de justicia no garantiza mínimamente la no repetición de hechos tan lamentables como el caso de Simón Pedro.

En el marco de la conmemoración de los dos años del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, manifestamos nuestra preocupación por la violencia gravemente en Chiapas, porque vemos a las personas que pueden quedar muertos en donde quiera como si fueran animales, mientras el gobierno federal, hace declaraciones públicas afirmando que no está pasando nada en el estado de Chiapas; en específico el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia en el palacio nacional cuando se refirió a las agresiones de los paramilitares contra las bases de apoyo del EZLN en la comunidad Moisés Gandhi, que “no hay una agresión como tal”. Estos tipos de declaraciones nos confirman que sea quien sea el gobierno en el poder, nunca dicen la verdad, o no les preocupa la vida de la gente de la que dicen “gobernar y servir”. No sabemos si se acuerdan, pero a nosotros nunca se nos va a olvidar, cuando estaba sucediendo la masacre de Acteal, el Padre Gonzalo Ituarte quien fuera secretario de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación, se comunicó directamente con el entonces secretario de gobierno de Chiapas Homero Tovilla Cristiani, y este funcionario estatal, respondió, “no está pasando nada, está todo bajo control, hubo unos disparos, pero nada de qué preocuparse”.

Y por si fuera poco, justo unos días antes de esta conmemoración de los dos años del asesinato de Simón Pedro, ahora en Pantelhó como en el municipio de Chenalhó, de la misma violencia que arrebató la vida de nuestro compañero, ahora se ha vuelto, más bien dicho, nunca se ha calmado, porque como ya lo dijimos, los gobiernos estatal y federal no les interesa la paz, porque ahora están ocupados en preparar sus campañas políticas para mantenerse en el poder a costa de la sangre del pueblo mexicano.

Ante la incertidumbre, ante la ingobernabilidad, ante la violencia generalizada y ante la infamia que se está viviendo actualmente en Chiapas y en la región en la que vivía nuestro compañero Simón Pedro; nosotros como Organización Las Abejas de Acteal, invitamos a toda la gente que también no quieren la guerra y la violencia y que también luchan contra las injusticias y las violaciones graves de derechos humanos a que organicen acciones pacíficas para denunciar a nivel mundial la destrucción y el exterminio que estamos viviendo en Chiapas en estos momentos; porque los que dicen ser gobiernos, estarán tranquilos viéndonos desde sus curules, sentados desde su silla presidencial, desde el balcón de sus palacios de cómo se derraman sangre inocentes como lo ocurrido con Simón Pedro y de muchas y muchos defensores de derechos humanos y de la vida en todo México.

Ante todo lo anterior, les pedimos no nos dejen solos en nuestra exigencia de justicia verdadera del asesinato de Simón Pedro; queremos su valioso apoyo y palabra para que juntos exijamos al gobierno estatal y federal:

Primero: A que el Poder Judicial y el Estado, no dejen libre al autor material del asesinato de Simón Pedro, ya que sus abogados interpusieron una apelación de la sentencia condenatoria de los 25 años que actualmente purga en el penal de El Amate, Chiapas.

Segundo: Que inicien una investigación verdadera hacia los autores intelectuales de dicho crimen.

Tercero: Que no permitan más asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y de la vida, tanto en Chiapas como en el resto del país.

Hermanas y hermanos; que la sangre de nuestro compañero Simón Pedro, no haya sido en vano, que sea siempre la semilla de la paz, de la memoria, de la verdad y de la justicia que tanto anhelamos. Y que sus hijas e hijos vivan, trabajen y jueguen en paz en su casa, en su comunidad y adonde quiera que vayan, tengan seguridad de su integridad física y psicológica; y nunca más vuelvan a sufrir un hecho lamentable como lo padeció Simón Pedro.

Aunque haya dolor en nuestro corazón, confiamos en Dios Padre-Madre que ellos siempre nos guiarán a buscar la justicia y la paz verdaderas. Y que hoy la memoria de Simón Pedro nos ayuda a recordar que nuestra misión de trabajar por la paz y la vida no se termina, sino que sigue hasta donde sea necesario.

Queremos terminar nuestra palabra, agradeciendo a las personas que hoy nos acompañan, ya sean periodistas, fotógrafos, reporteros, medios libres y medios convencionales, así también a las y los defensores de derechos humanos en especial al Frayba que siempre han caminado con nosotros y ha llevado el proceso jurídico del asesinato de Simón Pedro; también agradecemos al acompañamiento del Obispo Rodrigo de nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, nos da mucho gusto que nos haya venido a acompañar hasta la comunidad de Simón Pedro, en donde viven su esposa, hijas e hijos. Así mismo agradecemos a las autoridades del ejido Israelita que nos hayan recibido en esta comunidad.

Y gracias infinitos a la memoria de Simón Pedro, que nos reunió en este día y dar motivo de decir la verdad y, que su alma y espíritu lleve toda nuestra plegaria, palabra, exigencia de justicia verdadera y nuestro anhelo de paz para nuestras comunidades hasta la presencia de Dios Padre-Madre, hasta el Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra quienes nos abrazan en estos momentos.

Desde el ejido Israelita, municipio de Simojovel, Chiapas, lugar donde ha iniciado a crecer la semilla de la paz y memoria de Simón Pedro Pérez López; a 5 de julio de 2023.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

Imagen: Área de Comunicación Las Abejas de Acteal

El Escaramujo en la Radio martes 4 de julio 6 pm – Voces de la resistencia, el caso de Haití

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando con la delegación de la Universidad Itinerante de Resistencia en Haití UNIR sobre el contexto en Haití los movimientos sociales, al igual que su experiencia conociendo México y algunos de sus movimientos y luchas. Acompáñanos este martes 4 de julio a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 4 de julio a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Repudiamos el asesinato de Oquelí Domínguez Ramos, defensor del Río Guapinol

Repudiamos el as Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 23 de junio de 2023

Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) se suma a las acciones de denuncia por el asesinato de Oquelí Domínguez Ramos, ocurrido el 15 de junio en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Además lamentamos que en el hecho resultara herida su madre Catalina Ramos. Oquelí era hermano de Ali Domínguez, quien fuese asesinado en enero,, ambos hermanos de Reynaldo Domínguez, reconocido defensor del río Guapinol.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa denunció públicamente que el crecimiento de los ataques de sicarios paramilitares se vincula a los proyectos mineros del conglomerado empresarial de fondos norteamericanos Grupo EMCO..

Nos solidarizamos con la familia Domínguez Ramos, demandamos justicia y que sean capturados y sometidos a la ley los responsables del crimen..

Teniendo en cuenta el riesgo constante al que se exponen las/os defensoras/es del territorio y de los derechos de los pueblos, demandamos además protección urgente a dirigentes/as de la Plataforma Agraria, de los Bienes Comunes y de COPA, así como protección para las comunidades indígenas, Misquitas, Tawakhas, Pech, Garífuna, Lencas, Tolupanes y defensores/as del ambiente en general.

Llamamos también a la comunidad internacional a denunciar el asesinato de Oquelí Domínguez Ramos y a mantenernos en alerta permanente y solidaridad activa con la familia Domínguez Ramos, la comunidad de Guapinol y el pueblo hondureño.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
junio 20 de 2023

Foto: Comité municipal defensa bienes comunes y públicos Tocoa

(Enlaces de apoyo / referencia)
https://telesurtv.net/news/asesinato-lider-agua-guapinol-honduras-oqueli-dominguez-20230616-0014.html

Honduras: Asesinan a otro ambientalista en el Aguán

https://viacampesina.org/es/honduras-asesinan-a-otro-ambientalista-en-el-aguan/embed/#?secret=NDVqcJPn4l#?secret=WEMgZCBxvz

Honduras: Más sangre derramada en el Bajo Aguán

La familia de Mariano Abarca y la REMA presenta petición en contra de la diplomacia económica de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de junio del 2023

Esta semana, representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvimos en Canadá para anunciar que hemos interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas. La “diplomacia económica” es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense. El caso de Mariano Abarca presentado en la denuncia ante la CIDH, así como en la petición presentada en contra de México por el mismo caso en 2017, resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.

Desde antes de que Blackfirepusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto. En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos percatarnos que la información que tuvo la embajada fue muy detallada. También, pudimos darnos cuenta de que la empresa consideraba esencialel apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego, para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso, misma con que nos hemos topado en México, en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan. Por ello, queremos denunciar que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que hemos recorrido en Canadá demuestra el singular interés del gobierno canadiense en promover y proteger el capital canadiense, no a las personas. En el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza.

Vale recordar que unos pocos meses después de presentar nuestra denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno, y los compromisos ante la ONU hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos “no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente, por lo que la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La corte federal y, posteriormente, la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado. Sin embargo, el Juez Federal Boswell admitió: Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado quela Embajada hubiera actuado de cierta manera, y [de haber sido así] tal vez el Sr. Abarca no habría sido asesinado.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson. Éstos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una respuesta que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo.

Considerando las condiciones actuales de tanta violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo. Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso. Por ello hacemos un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en este caso, tal como planteamos en nuestra petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

¡Basta de la impunidad por los crímenes de las empresas mineras en Canadá y México!

 ¡Detengan la diplomacia económica colonialista del gobierno canadiense!

 ¡Justicia para Mariano Abarca y todxs que han perdido la vida defendiendo su territorio!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

El resumen de nuestra petición a la CIDH que se puede ubicar en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/resumen_cidh_esp.pdf 

Más información:

En la prensa:

Alto a las agresiones contra la población desplazada de Chilón, Chiapas

Compartimos este comunicado de la Clínica de Litigio y Formación en Derechos Humanos CLIFODH – A 30 de mayo del 2023

El pasado domingo 28 de mayo fue herido de bala MIGUEL MEJÍA GÓMEZ, originario de la comunidad San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, Chiapas. El joven de 27 años, padre de seis hijos, se encuentra desplazado junto con su familia y otros miembros de su comunidad en la Ranchería San Ramón, a causa de la violencia ejercida por personas armadas contra las familias y autoridades del Gobierno Comunitario del citado municipio.

El día de los hechos, Miguel salió de su domicilio para ir a trabajar en su parcela alrededor de las 5:00 hrs., cuando fue atacado por hombres armados quienes le dispararon directamente a la cara. El joven logró sobrevivir al ataque y fue trasladado, en un primer momento, al Centro de Salud de Chilón, donde no pudieron ayudarlo. En seguida se le llevó al Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles”, donde se encuentra internado actualmente. Su estado de salud es delicado ya que la bala no ha podido ser removida de su cavidad bucal, donde se alojó. Se está valorando si se puede hacer la intervención para removerla en dicho nosocomio o si será necesario trasladarlo al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. No sobra decir que la familia de la víctima vive en situación de pobreza extrema, agravada por su condición de desplazamiento forzado desde hace casi siete años. Hasta el momento se ignora la identidad de los agresores.

Este hecho se inserta en el contexto de violencia extrema que impera en el municipio de Chilón y en muchos otros del estado de Chiapas, donde grupos armados operan para cometer delitos de todo tipo en la más absoluta impunidad. Es pertinente agregar que Miguel es cercano al Gobierno Comunitario autónomo de Chilón, cuyos miembros han sufrido acoso y persecución desde hace varios años.Por lo anterior, desde la Clínica de Litigo y Formación en Derechos Humanos exigimos que:

1. Las autoridades responsables cumplan con lo estipulado en el Artículo 4º Párrafo 3 de la Constitución General de la Republica, el Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y que la agresión, que pudo costar la vida al joven Mejía Gómez, no quede impune.

2. En este sentido, que el Ministerio Público tome declaración a la víctima de manera inmediata y que lleve a cabo todas las diligencias necesarias en este sentido.

3. La víctima reciba la atención adecuada y oportuna a la que tiene derecho, incluyendo su traslado al Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, en caso de ser necesario. Es responsabilidad del personal médico del Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles” brindar el debido tratamiento a la víctima, quien por casi tres días ha estado a la espera de que le sea retirada la bala. De prolongarse, esta situación podría ser considerada como negligencia médica y ameritaría las sanciones que marca la ley.

4. Desarme, desarticulación y aplicación estricta del estado de derecho a los grupos armados que, al amparo del anonimato y la impunidad, han instalado el terror en muchas regiones del estado de Chiapas.

No podemos permitir la normalización de la violencia y la perpetuación de la impunidad. Hechos como la agresión sufrida por Miguel Mejía Gómez son inaceptables. Recordamos a las autoridades su responsabilidad primordial para con la sociedad: garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus personas y en sus bienes. El incumplimiento de este compromiso fundamental trastoca gravemente la convivencia social armónica y echa por tierra el ejercicio pleno de los derechos humanos.


CLÍNICA DE LITIGIO Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Petición: Defensores afro ecuatorianos de los bosques sufren racismo y discriminación

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre defensores de los bosques, selvas y la vida en Ecuador que están siendo violentados – A 15 de mayo de 2023

La comunidad afroecuatoriana Barranquilla de San Javier defiende su territorio frente a la deforestación y la expansión de la palma aceitera. En lugar de garantizar el cumplimiento de la ley, las autoridades se ponen del lado de las empresas. Se intenta usar los tribunales para silenciar las protestas con multas desproporcinadas.

Para: Gobierno del Ecuador; Ministerio de Agricultura del Ecuador; copia a empresas Energy&Palma, La Fabril, Nestlé, General Mills y Pepsi Co; Round Table on Sustainable Palm Oil RSPO

“Restitución del territorio, bosques y derechos para la comuna afroecuatoriana de Barranquilla de San Javier y sus defensores. Basta de racismo y discriminación.”

Leer la carta

En la costa pacífica, provincia Esmeraldas, se encuentra el último remanente del biodiverso ecosistema de bosque húmedo tropical del Chocó en Ecuador. La población afro e indígena vive en extrema pobreza por el racismo estructural y el abandono histórico de ese territorio por parte del Estado. “No se atiende debidamente la salud, la educación ni necesidades básicas como agua, habitación, ambiente libre de contaminación”, explica Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica.

Aprovechando la ausencia de control estatal, empresas palmicultoras, madereras y minería de oro expanden sus actividades. La naturaleza se degrada de forma irreversible, todos los ríos están contaminados. El Estado no responde a denuncias y reclamos de la comuna.

“El accionar del Estado y de la empresa es claramente discriminatorio”, señala Bonilla.

Mientras, la industria palmicultora ha ido tomando más de 13.000 hectáreas en el cantón San Lorenzo, sin haber realizado nunca una consulta previa, libre e informada, sin respetar derechos.

La comuna afro de Barranquilla de San Javier sufre este avance en carne propia desde 2010. La empresa de palma aceitera Energy&Palm, de La Fabril, está en su territorio. En un estudio del Ministerio de Agricultura se comprueba que 251 hectáreas en manos de esa empresa se sobreponen a territorios comunitarios. “Un proceso de despojo con compraventas ilegales de territorios de la comuna”, explica el abogado Gustavo Redín. Añade que, como comunidad ancestral, tiene derechos constitucionales sobre su territorio.

Hay varios procesos judiciales abiertos. Pero, sorprendentemente, no contra la empresa, como se pudiera pensar, sino contra varios miembros de la comunidad. Uno de ellos, fue por el reclamo de un pago de 350.000 dólares por supuestos daños y perjuicios. “Una utilización del sistema judicial para amedrentar y perseguir a los defensores”, explica Redín.

La empresa Energy&Palma es proveedora de multinacionales como Nestlé, General Mills y PepsiCo. El conflicto ha ido en aumento y hasta las Naciones Unidas se han pronunciado.

Firma la petición en solidaridad.

Imagen: Luis Quintero, presidente de la comuna Barranquilla de San Javier (© Accion Ecológica)

¡Alto a la desinformación y amenazas en contra del Ejido El Bajío en Sonora!

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciamos la campaña de desinformación y señalamientos en contra del Ejido El Bajío a través del periódico El Universal y declaraciones difamatorias y peligrosas del Senador José Narro Céspedes de Zacatecas.

El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.  

Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.

En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.

Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Ejido El Bajío

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A 13 años no llega la justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakkola

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la busqueda de #JusticiaParaBetyCariño y #JusticiaParaJyriJaakkola – A 10 de mayo del 2023

Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jury fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.

Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.

Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.

¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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