Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023
El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.
Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.
En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.
Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la busqueda de #JusticiaParaBetyCariño y #JusticiaParaJyriJaakkola – A 10 de mayo del 2023
Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jury fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.
Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.
Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.
Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.
¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el contaste hostigamiento y violencia que vive las compañeros y los compañeros de Las Abejas de Acteal – A 3 de mayo 2023
La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.
“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.
Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal
Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.
En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.
La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.
Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.
“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.
Antecedentes
A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.
Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.
Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.
Imagen: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe ATALC – A 27 de abril del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) manifiesta su profunda indignación y rechaza vehementemente los hechos que tuvieron lugar el 26 de abril en Ecuador, en los que el Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, criminalizó la lucha de los pueblos del Ecuador por su derecho al ambiente sano.
En el marco de la comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, frente a la que el ministro debía rendir cuentas por el caso de las 9 niñas ecuatorianas que enfrentan al Estado con la demanda interpuesta por la contaminación de la Amazonía generada con la instalación y quema de gas en mecheros, el Ministro tildó de “delincuente internacional” al abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectadas/os por Operaciones Petroleras de la Texaco (UDAPT), sin que haya para esta agresión temeraria ningún tipo de prueba, soporte jurídico o fallo que así lo defina; esta acusación pone en riesgo la lucha democrática de los pueblos ecuatorianos que además exigen reparación integral por las violaciones de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, de las que se acusa a la transnacional Chevron.
La Corte de Sucumbíos en la sentencia del caso mecheros le ordenó al Estado que en un plazo de 18 meses eliminara todos los que están aledaños a poblaciones. El plazo se cumplió el pasado 29 de marzo y el Estado no ha cumplido con esta obligación, razón por la que instituciones como UDAPT, entre otras, exigen el cumplimiento de la ley como una de las condiciones necesarias para hacer justicia, de ahí la presencia legítima del abogado Pablo Fajardo en la comparecencia señalada.
La acusación del ministro Santos Alvite recae contra todos los pueblos originarios de Orellana y Sucumbíos, mujeres, niñas/os y articulaciones sociales que por más de 30 años han luchado para lograr reparación integral del daño causado por las transnacionales petroleras.
Es importante recordar, también, que el ministro Santos Alvite tiene una larga historia de vinculación a la industria petrolera como asesor de empresas, y 8 años como delegado de Ecuador ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y que ha sido un férreo defensor de Chevron y otras empresas transnacionales. Lamentablemente, lo sucedido el 26 de abril no es un hecho aislado, en diferentes ocasiones ha realizado ese tipo de acusaciones temerarias.
ATALC pide que ante situaciones de esta gravedad, que criminalizan las luchas de los pueblos y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas estigmatizadas, se haga la retractación correspondiente, y se avance en el cumplimiento de las sentencias ajustadas al Estado de Derecho.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) Abril 27 de 2023
Compartimos este informe de Fundación para el Debido Proceso DPLF sobre la participación de las mujeres y las juventudes en la defensa de la tierra – A 20 de abril del 2023
El acceso a la tierra es un factor clave para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. En muchas regiones de México, marcadas por una intensa migración masculina, las mujeres son quienes cuidan los grupos familiares, así como las tierras y los recursos naturales.
Este informe busca visibilizar la exclusión histórica de las mujeres y jóvenes rurales en cuanto a la propiedad ejidal y comunal, así como su limitada participación en las asambleas de ejidos y comunidades, órganos de autoridad máxima en el control de las tierras comunales. El documento también revela cómo esta situación se ha agravado en las últimas dos décadas frente a procesos de privatización y mercantilización de las tierras ejidales y comunales, legalizados en 1992.
Por lo que esta publicación constituye un análisis a la política agraria mexicana contemporánea desde los aportes del feminismo de la igualdad y los movimientos sociales que reclaman equidad entre mujeres y hombres, equidad intergeneracional y justicia socioambiental.
El informe está conformado por cinco apartados en los que se analiza la situación actual de las mujeres y jóvenes rurales en México ante persistentes desafíos para garantizar el acceso a la tierra y la participación efectiva de mujeres y jóvenes en el ámbito rural. Así como un conjunto de recomendaciones para avanzar en la construcción de una política agraria más inclusiva y justa.
Compartimos este pronunciamiento de Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International sobre el contexto de violencia para defensoras y defensores de la vida en Chiapas – A 12 de abril del 2023
Ciudad de México y Dublín, 12 de abril de 2023
MÉXICO: TRAS VISITA CONJUNTA A CHIAPAS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DE RIESGO PARA PERSONAS DEFENSORAS INDÍGENAS EN EL ESTADO
En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo. En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.
Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:
Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.
Compartimos esta nota de Mining Watch Canadá sobre las empresas mineras y sus violanciones a los derechos humanos – A 5 de abril de 2023
OTTAWA – Hoy, expertos en responsabilidad corporativa enviaron una presentación de 30 páginas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU antes de su Examen Periódico Universal de Canadá en abril de 2023, denunciando a Canadá por su continuo apoyo diplomático a las empresas mineras por encima de la seguridad de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente (DDH).
La presentación se basa en cinco estudios de caso bien documentados de México, Guatemala, Perú y Ecuador para ilustrar los temas clave que definen el enfoque diplomático de Canadá a los conflictos mineros en el exterior. Entre los estudios citados, en México, se cree que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso en mayor riesgo la vida del defensor del medio ambiente Mariano Abarca en los meses previos a su asesinato en noviembre de 2009. En Ecuador, en 2021, la embajadora canadiense denegó las peticiones de apoyo de la presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, después de que ésta denunciara haber recibido amenazas de muerte del vicepresidente de operaciones de la empresa canadiense Solaris Resources como consecuencia de la oposición de su pueblo al proyecto de cobre de la empresa.
El escrito, redactado por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés) con el apoyo de MiningWatch Canadá, cuenta con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil canadiense y 39 profesores, abogados y juristas. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU examinará el cumplimiento por parte de Canadá de sus compromisos en materia de derechos humanos y formulará recomendaciones específicas, correspondiendo a Canadá la responsabilidad de aplicar los cambios.
“Hemos constatado que las embajadas canadienses siguen prestando un importante apoyo a las empresas mineras canadienses a pesar de ser conscientes de las graves y creíbles denuncias de violaciones de derechos humanos y medioambientales”, afirma Charis Kamphuis, profesora de Derecho de la Universidad Thompson Rivers (TRU) y integrante de la junta directiva de JCAP. “El Examen Periódico Universal es una oportunidad crucial para poner a Canadá en el punto de mira y revelar la enorme brecha existente entre los compromisos nacionales e internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y las acciones y omisiones de los funcionarios canadienses, que ignoran sistemáticamente las preocupaciones de las comunidades afectadas y los riesgos para las y los defensores. En algunos casos, los funcionarios canadienses han tomado medidas para socavar los esfuerzos de las comunidades por defender sus derechos y acceder a la justicia”.
El documento examina los problemas que siguen planteando las Voces en Riesgo: Directrices Canadienses para el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos, un conjunto de directrices que especifican cómo las embajadas canadienses y otros funcionarios deben apoyar a los defensores de los derechos humanos, incluidos los canadienses, y promover una conducta responsable por parte de las empresas canadienses que operan en el extranjero. En el documento se señalan fallos específicos de la política, como la falta de claridad en cuanto a las obligaciones concretas de los funcionarios canadienses, la falta de información y transparencia sobre cómo se aplican las directrices y la falta de supervisión independiente para garantizar su cumplimiento.
“Al mismo tiempo que los funcionarios de la embajada canadiense hacen esfuerzos considerables para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero, poniendo a los defensores en mayor riesgo, el gobierno canadiense no ha logrado garantizar ni siquiera un mínimo de rendición de cuentas para los responsables de daños devastadores”, dice Viviana Herrera, Coordinadora del Programa de América Latina de MiningWatch Canadá. “Estamos pidiendo al Grupo de Trabajo que haga fuertes recomendaciones a Canadá para que ajuste finalmente sus acciones en cuanto a sus compromisos cuando se trata de la rendición de cuentas del Estado y de las empresas.”
Recomendar a Canadá que reforme su política y su enfoque jurídico de la diplomacia económica y los defensores de los derechos humanos en el extranjero por un enfoque que pueda garantizar que las acciones de los funcionarios canadienses cumplan las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales.
Recomendar que dichas reformas se desarrollen únicamente tras un proceso completo y significativo de participación de la sociedad civil. Éste debería incluir a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades y los grupos directamente afectados por la extracción industrial de recursos en el extranjero, con el apoyo del gobierno y las misiones diplomáticas canadienses.
Recomendar que Canadá lleve a cabo una revisión exhaustiva de los incumplimientos por parte de los funcionarios canadienses de las obligaciones internacionales de Canadá en materia de derechos humanos y medioambientales en los cuatro casos citados en este informe. Esta revisión debe identificar los remedios apropiados a cualquier persona que haya sido perjudicada directa o indirectamente por las acciones de Canadá.
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Contactos para medios de comunicación:
Charis Kamphuis, integrante de la Junta directiva de JCAP, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Thompson Rivers | ckamphuis@tru.ca, 250-572-2625
Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina en MiningWatch Canadá | viviana@miningwatch.ca, 438-993-1264
Imagen: Altar en memoria de Mariano Abarca. Foto: blog ewwaunel vía Chiapas Paralelo
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 de abril del 2023
Secuestrado el 01 de abril del presente cuando transportaba a 3 monjas provenientes de Aquila hacia su comunidad, Eustacio Alcalá Díaz, representante legal y férreo defensor de su territorio, de Huizontla, Municipio de Chinicuila, en el Estado de Michoacán, fue encontrado sin vida este 4 de abril. La Comunidad indígena nahua decidió en Asamblea emprender acciones legales en defensa de su territorio en contra de la explotación minera desde 2018.
El 21 de enero de 2022 la Comunidad nahua ganó un amparo promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que reconoce la violación a los derechos colectivos de San Juan Huizontla y declara la suspensión de los títulos de concesión minera a las empresas ArcelorMittal y Ternium.
Precisamente el 15 de enero de 2023 el líder comunal Antonio Díaz y el abogado Rafael Lagunes, quienes habían denunciado una posible “explosión de violencia por enfrentamiento entre comuneros y derramamiento de sangre” responsabilizando a la empresa Ternium de “meter las manos para dividir a la comunidad y sacar tajada”; desaparecieron en Aquila Michoacán después de estar en una Asamblea Comunal y hasta la fecha no se ha dado con su paradero.
No es ninguna casualidad que estas empresas mineras, como la mayoría, a lo largo y ancho del país estén siguiendo la misma estrategia de violencia contra las y los defensores del territorio que se oponen a sus proyectos de muerte, pues este es el modus operandi del modelo extractivo minero a nivel mundial que nos han impuesto para sembrar proyectos que a todas luces violentan los derechos de los pueblos, mientras los gobiernos en turno deliberadamente cierran los ojos dando un claro mensaje a las empresas de que tienen el permiso de delinquir, devastar y saquear con total impunidad.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos totalmente el asesinato del compañero Eustacio Alcalá, nos solidarizamos con la familia y la Comunidad de Huizontla, y exigimos a los tres órdenes de gobierno se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables, así como un alto total a la violencia en contra de las y los defensores del territorio.
¡ALTO TOTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN NUESTRO PAÍS!
¡YA BASTA DE ASESINATOS Y DESAPARICIONES POR PARTE DE EMPRESAS MINERAS Y LA INACCIÓN DEL GOBIERNO!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Los abajo firmantes convocamos a los pueblos, comunidades, defensores, defensoras de la tierra y el territorio, colectivos, organizaciones ambientales que resisten al modelo extractivo a reencontrarnos, reconocernos, rearticularnos y compartir juntos y juntas las experiencias de resistencia y esperanzas en las alternativas al sistema capitalista.
¿POR QUÉ JUNTARNOS?
La pandemia en 2020 reflejó la crisis ambiental global en la que vivimos, consecuencia de la lógica capitalista de extracción y explotación de los bienes naturales y de los territorios. Tres años después de la emergencia sanitaria mundial corroboramos que el modelo extractivo quedó intacto, aún en etapas tan contundentes para la humanidad. Las corporaciones fortalecieron su poder económico y político reorganizando sectores industriales claves como la energía y los minerales, los estados se fortalecen a través del poder militar y fuerzas armadas, así como surgen nuevas tácticas ideológicas del capitalismo, ahora vestido de verde. Las consecuencias a la vida de los pueblos están siendo difícil de afrontar, mayor carencia, desigualdades, desplazamiento forzado y migración masiva, mayor violencia y acaparamiento de los bienes comunes y de nuestros cuerpos. Y pese a todo el contexto adverso, los y las defensoras de la vida, la tierra y el territorio hoy más que nunca cuidamos y abrazamos la salud y alimentación del pueblo. Mientras, las medidas restrictivas de distanciamiento reprimieron la lucha y la organización. Nuevas crisis están por venir, por ello es necesario que desde los movimientos hagamos nuestros análisis para realizar acciones conjuntas.
NUESTROS OBJETIVOS:
Compartir las experiencias, estrategias de lucha, que lograron comunidades y organizaciones durante y posterior a la pandemia Compartir alternativas antisistémicas que las comunidades construyen para el buen vivir. Actualizar el análisis regional del modelo extractivo en el marco de la crisis del sistema capitalista actual. Encontrar nuevas rutas para fortalecer la solidaridad entre pueblos para la defensa del territorio y la resistencia al extractivismo. Construir un posicionamiento y denuncia conjunta para responsabilizar al Estado y las corporaciones.
COMPARTICIÓN:
Intercambio de conocimientos y saberes ante la crisis ¿Qué nos hizo resistir? Estrategias de lucha y para los cuidados de la vida (salud, alimentación, vivienda) durante y después de la pandemia. El rostro actual del modelo extractivo: ¿Cómo se recuperó y en qué se ha transformado? Análisis de los planes y proyectos del modelo extractivo para Mesoamérica, apuestas del capital (agua, energía, minerales) y tácticas ideológicas (narrativas, instituciones, etc.). Nuevos desafíos: inflación, desplazamiento y migración, violencia en los territorios, endeudamiento, militarización, etc. Solidaridad del pueblo: retos. Estrategias de prevención (políticas, jurídicas y comunitarias) para la defensa del territorio.
EJES:
Habrá espacios en la comunidad por ejes temáticos donde los movimientos se encontrarán para compartir. Cada Eje será facilitado por una red u organización que ayude al reencuentro: Minería, Represas, Monocultivos (palma de aceite y otros), Hidrocarburos, Tren Maya, Canal Transístmico, Mega Granjas, Parques Eólicos, Transgénicos, Migrantes, entre otros Mega Proyectos Extractivos; Ecotecnologías, Comunicación Popular, Arte, Cultura, Educación, Mujeres y Agua.
Mesas de trabajo:
Mesa 1: Mineria
Facilitación: REMA
Mesa 2: Represas
Facilitación: MAR
Mesa 3: Derechos de los ríos y Protección Permanente de los ríos
Facilitación: International Rivers
Mesa 4: Bosques
Facilitación: ACOFOP
Mesa 5: Despojo histórico y Cuencas binacionales México-Guatemala
Facilitación: Colectivo de cartografía histórica
Mesa 6: Hacia un modelo energético para el Buen Vivir de los pueblos
Facilitación: CPO
Mesa 7: Proyecto político:Cuatro pactos necesarios para un Estado Plurinacional
Facilitación: CPO
METODOLOGÍA:
Pueden ser talleres, exposiciones, ferias, etc., como cada red u organización lo desee llevar a cabo. Los espacios son autogestivos y cada eje se organiza. HOSPEDAJE: La comunidad dispondrá de lugares para dormir con algunas colchonetas, aunque serán pocos; pero puedes acampar, y hay otras posadas y alojamientos en la comunidad que puedes rentar.
ALIMENTACIÓN: La comunidad podrá ofrecer algunas opciones gratuitas, pero será más autogestiva, ya que hay pequeños restaurancitos donde se puede comer.
TRANSPORTE: Será autogestivo.
¿QUÉ LLEVAR?: Tu plato, vaso, cuchara, bolsa de dormir, casa de campaña, repelente para moscos, artículos de higiene personal.
¡Vivan los pueblos en resistencia! ¡Vivan los territorios libres de extractivismo! Organizaciones y Movimientos
Convocantes:
Comunidades en Resistencia de Ixcán (Guatemala)
Consejo del Pueblo Maya CPO (Guatemala)
Frente Metropolitano por la Defensa del Territorio (Guatemala)
Movimiento de Afectadas/os por las Represas MAR (América Latina)
Otros Mundos AC (México)
Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA (México)
Zona Reina y Alta Verapaz (Guatemala)
El Puente SC (México)
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH (Honduras)
Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia – MADJ (Honduras)
International Rivers (Internacional)
Colectivo Voces Ecológicas – COVEC (Panamá)
Frente Petenero contra las Represas (Guatemala)
OFRANEH (Honduras)
Código Sur
Comunitaria Cultura (CDMX, México)
Comunidades Forestales del Pteén – ACOFOP (Guatemala)
Gobierno Comunitario de Chilón (Chiapas, México)
Salva la Selva (Alemania)
Movimientos Mesoamericano contra la Palma de Aceite
Comite Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio (Oaxaca, México)
Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca Sede Ixtepec (Oaxaca, México)
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Chiapas)
Fecha límite para inscribirse y participar: 15 de junio
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el asesinato de Eduardo Mendúa integrante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador- A 27 de febrero del 2023
Amigos de la Tierra América Latina y Caribe (ATALC) denuncia y repudia el asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y perteneciente a la nacionalidad Kofán de Sucumbíos; el crimen fue perpetrado el 26 de febrero.
Lamentablemente, este no es un caso aislado. Desde hace 7 meses Eduardo y la CONAIE denunciaban la escalada de violencia y ruptura de tejido social de la comunidad Durero y del territorio Ai Kofán. Recientemente, el 12 de enero, se denunciaron enfrentamientos entre comunidades como resultado de la intención de la empresa Petroecuador de instalar plataformas y pozos petroleros. Además de los conflictos resultado de las operaciones extractivas en el Ecuador, se escalan procesos de criminalización hacia los movimientos indígenas y sociales que denuncian las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, y que se mantienen en resistencia en defensa de sus territorios y autodeterminación.
• Garantice la plena realización de los derechos de los Pueblos Indígenas y los Derechos de las y los Campesinos, y haga efectivas las sentencias judiciales que lo obligan a protegerlos y no perseguirlos.
• Garantice la integridad y seguridad de los pueblos indígenas y campesinos de Sucumbíos, y en general de los pueblos del Ecuador.
• Abra una investigación para de forma urgente encontrar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen y de todas las amenazas previas recibidas por compañeras/os de diferentes organizaciones y movimientos sociales.
• Lleven a cabo una moratoria permanente a la explotación petrolera en los territorios de los pueblos originarios y campesinos.
Llamamos a la comunidad internacional a denunciar el asesinato de Eduardo Mendúa y a mantenernos en alerta permanente y solidaridad activa con su familia, con la CONAIE, y con la comunidad Kofán. Pedimos a las organizaciones y movimientos sociales de diferentes partes del mundo seguir en lucha contra la injusticia que se perpetúa por la impunidad de la que gozan los perpetradores de estos brutales crímenes hacia nuestros pueblos.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Compartimos este comunicado de las autoridades agrarias de la comunidad Bancos de Calitique vía Radio Zapatista sobre la desaparición forzada de su lider comunitaria y su familia – A 4 de marzo del 2023
¡¡Gracias ya fueron localizados!!
Los que sucribimos, las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de la comunidad Wixárica de Bancos de Calitique y todos los comuneros, hacemos el siguiente comunicado, dirigido al gobierno de México, a la Guardia Nacional, a la SEDENA, al Ejército Mexicano, a la Fiscalía General y a la policia estatal.
1. En donde EXIGIMOS que aparezca con vida el compañero comunero y líder de la comunidad Lic. Santos de la Cruz Carrillo, su esposa la Sra. Carlota Aguilar Parra, y sus dos hijos de nombre Henry de la Cruz Aguilar de tres años de edad y Paulo de la Cruz Aguilar de un año de edad.
Que fueron privados de su libertad el dia de ayer 3 de marzo del 2023, en el trayecto de la carretera de Jesús María el Nayar, Nayarit a el Pastor el Nayar, aproximadamente a las 12:00 a 13:00 horas en donde viajaban en una camioneta Tundra color gris con placas de Durango, donde se dirigían a su lugar de origen Bancos de Calitique.
2. Para EXIGIR al Estado Mexicano, la conunidad ha decidido hacer una acción cerrando la carretera de Ruiz, Zacatecas, a partir del 4 de marzo de 2023 en el punto de El Pastor el Nayar, hasta que aparezca con vida el compañero y su familia.
3. SOLICITAMOS al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionada para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, que nos ayuden a presionar la búsqueda de nuestro compañero.
4. Cerramos todas las instituciones educativas que están en nuestra comunidad de Bancos de Calitique hasta que aparezca el compañero y su familia con vida.
5. Convocamos a las comunidades hermanas, Santa María Ocotan del estado de Durango, Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Sebastián Teponahuaxtlan, San Andrés Cohamiata, del estado de Jalisco, al Congreso Naciona Indígena, organizaciones no Gubernamentales y las demás comunidades indígenas de México a que se sumen a nuestra exigencia.
6. A los pocos dias de haber logrado el reconocimiento de nuestro territorio, el pasado 20 de febero de 2023, que por 55 años hemos luchado, le a sucedido esto a nuestro compañero, que es una persona que siempre ha apoyado por la lucha de Tatei Yurienaka en nuestra comunidad.
7. EXIGIMOS su libertad para quien lo tenga, es una persona trabajadora, profesionista y padre de 7 hijos que lo necesitan con vida, hermanos y familiares.
8. CANCELAMOS la fiesta de aniversario de nuestra comunidad, previamente convocada para los dias 8 al 11 de marzo 2023.
ATENTAMENTE
LAS AUTORIDADES TRADICIONALES, CIVILES Y AGRARIAS DE LA COMUNIDAD DE BANCOS DE CALITIQUE
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA y Acción Colectiva Socioambiental – A febrero 14 de 2023
Las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en lo que va el año, han recibido hostigamiento policiaco, allanamientos y agresiones físicas debido a su trabajo colectivo como personas defensoras de su territorio ante el megaproyecto químico industrial de cianuro de sodio Chemours Laguna, instalado en Dinamita, Durango en 2017. A pesar del desmantelamiento del proyecto químico, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, continúa sufriendo las represalias por su labor en defensa de los derechos humanos.
El pasado 2 de febrero de 2023, personas armadas forzaron el acceso de la casa del defensor de derechos humanos Cristóbal González Estrada, integrante del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el agua, allanaron su vivienda y agredieron a sus hijos de 12 y 14 años.
Las agresiones contra el defensor Cristóbal González Estrada y su familia ocurren después de las denuncias que el pasado 25 de enero el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio interpuso por el secuestro de otro de sus integrantes, Servando Delgado Rentería. Desde 2017, los integrantes del colectivo han sido víctimas de intimidación y hostigamiento en reiteradas ocasiones por individuos armados que se transportan en camionetas blancas sin placas.
En 2017, 21 comunidades afectadas del municipio Gómez Palacio, Durango, conforman el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, con el ánimo de proteger su territorio ante la instalación de la planta de producción de cianuro de sodio en Dinamita, Durango. La planta química Chemours Laguna es un proyecto que fue desarrollado por la empresa The Chemours Company Mexicana, cuyo propósito, de acuerdo a la empresa y autoridades municipales, era “recortar los tiempos y distancias de suministro de insumos a la industria mexicana” reduciendo las importaciones de cianuro de sodio, para apoyar el crecimiento de la industria minera del oro y la plata en México. La planta pretendía producir 65.000 toneladas de cianuro de sodio anualmente.
The Chemours Company México realizó dos intentos de instalación de la planta en el estado de Guanajuato en 2016. No obstante, la movilización de la sociedad civil y la negación del permiso del uso del suelo por parte de las autoridades municipales, llevó a la empresa a presentar su propuesta en marzo de 2017, ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Durango. (SEMARNAT). Dos meses después, se aprobó el proyecto y el 24 de junio de 2017, se anunció su inicio, sin el conocimiento previo de las comunidades afectadas.
En julio de 2017 se conformó el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio y para agosto del mismo año, presentaron una demanda de nulidad en contra de la resolución que autorizó el proyecto en materia impacto ambiental. Debido a la falta de respuesta de las autoridades, el 9 de marzo de 2018, el Frente y alrededor de 1.000 personas se manifestaron pacíficamente en contra de la instalación de la planta. La protesta fue reprimida por la administración local, lo cual resultó en 49 detenciones arbitrarias, que incluyeron 5 menores de edad, 10 mujeres, y 10 personas hospitalizadas. El 13 de marzo de 2018, se presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la Laguna, quien ordenó la suspensión definitiva del proyecto. Dicha orden de suspensión fue revocada por un Tribunal Colegiado de Torreón, por lo que la empresa reactivo las obras de construcción de su proyecto en mayo del 2020, a pesar de que los permisos municipales habían caducado durante el período de suspensión. Ante esta situación, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio estableció dos campamentos en los accesos de la planta. Finalmente, en octubre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó unánimemente la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna. El 10 de diciembre de 2021, la empresa The Chemours Company anunció su venta a la compañía checa especializada en la produccción de cianuro Draslovka Holding a.s. El Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio sigue siendo perseguido, hostigado y agredido por funcionarios de la administración pública local desde los incidentes de 2017. Los mismos han promovido una narrativa en la cual se han referido a las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como detractores del desarrollo al oponerse a un proyecto que se entendía como beneficioso para la mejora de oportunidades laborales para las comunidades. Ante el desmantelamiento de la planta y la demanda de la salida total del territorio de la empresa Chemours Company, ahora Draslovka Holding a.s., La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería hace un llamado enérgico a garantizar la seguridad de las y los integrantes del Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, quienes legitimamente trabajan en la defensa territorial y en la denuncia de los negativos impactos ambientales de este proyecto. Al mismo tiempo demandamos un ALTO por las agresiones y hostigamiento hacía el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida, y el Territorio presuntamente vinculadas a su actividad. Además, reiteramos nuestro rechazo al clima de impunidad y la falta de protección de las y los defensores del territorio y los derechos humanos en México.
¡FUERA CHEMOURS (DRASLOVKA) DE DINAMITA, DGO!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Acción Colectiva Socioambiental
