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Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024
El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio.
En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.
Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público.
Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx.
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Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado.
El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos.
Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.
Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia.
“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.
Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.
Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.
En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.
“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.
El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.
Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.
En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres.
De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.
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En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor.
De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres.
Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro.
“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.
En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado.
En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes.
Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.
Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.
La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.
“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”.
Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Más información:
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
¡¡¡JUSTICIA PARA MARCELO PÉREZ PÉREZ!!!
Atentamente
Otros Mundos Chiapas A.C.
Ilustración: Alter Nativas
Más información:
Compartimos esta terrible noticia publicada en Chiapas Paralelo – A 20 de octubre del 2024
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sobre la lucha por la vida contra las represas – A 15 de octubre del 2024
¡El proyecto Milpillas, No es viable!
Para subsanar el déficit hídrico se necesitarían 7 presas del tamaño de Milpillas.
El proyecto Milpillas pone en riesgo nuestras vidas, además de estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales, incurre en violaciones flagrantes a los derechos humanos, atenta contra la libre determinación que tenemos como núcleos agrarios y al derecho de elegir cómo queremos vivir de quienes habitamos en la cabecera municipal, las comunidades y ejidos. Quienes integramos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) expresamos un contundente rechazo y denunciamos los intentos de deslegitimación, difamación y hostigamiento por parte de las autoridades contra nosotras/os.
El pasado 10 de octubre la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) Susana Rodríguez Márquez buscó desprestigiar y deslegitimar al movimiento durante su comparecencia ante la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas al afirmar que quienes nos oponemos al Proyecto Milpillas somos “pseudolíderes”. Así mismo el gobernador del estado David Monreal calificó de “politiquerías e intereses aviesos” a las legítimas exigencias por una vida digna, sin embargo, lo más preocupante fue su llamado al pueblo de Zacatecas para que defienda este y otros proyectos.
Resulta alarmante la retórica de estos funcionarios a la luz de los antecedentes violentos de hace 6 años, cuando el Gobierno Estatal usó la fuerza pública en el ejido El Potrero de Jiménez del Teul, para imponer el proyecto en la asamblea ejidal, amedrentando a las y los ejidatarios, violando la ley agraria y los derechos humanos como el libre tránsito y el intento de detención arbitraria contra compañeras. Es claro el intento por activar reacciones de odio contra quienes defendemos el territorio con el pretexto de la crisis hídrica, cuando la gran industria (mineras, refresqueras y cerveceras) es realmente la responsable del saqueo y acaparamiento del agua en el estado. Por Movimiento en Defensa del Territorio
y del Río Atenco lo anterior, responsabilizamos al estado de Zacatecas por cualquier acto de violencia en contra de cualquier defensora/or, organización y académicas/os aliadas del Movimiento del Río Atenco.
A sus intenciones de reactivar el proyecto, expresamos un contundente rechazo nacido de la voluntad de las asambleas ejidales desde la autonomía y la libre determinación y la ciudadanía de la cabecera municipal, además de que ha sido demostrado que es inviable y presenta una serie de irregularidades y corruptelas.
Queremos dejar en claro que nuestra lucha nunca ha terminado y no aceptamos un proyecto que nos agravia y que consta en una serie de denuncias interpuestas al Ministerio Público (folio: 344/2018 344 de 26/oct/2018), al Tribunal Unitario Agrario (folio:1710/2018), a PROFEPA (11/ene/2019), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (23/10/2018) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (folios: 96192/2018, y 96259/2018); además de ofensas cometidas por servidores públicos que no han sido esclarecidas, interpuestas en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria (folio 96162 y 74/2018), y una serie de indicios de corrupción envueltos en la construcción de la obra que deben ser evidenciados y puestos a disposición del escrutinio público.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas emitió la Recomendación 10/2022 en julio del 2022, en relación con la queja CDHEZ/453/2018 misma que no ha sido acatada por el Gobierno del Estado, ni en la reparación a nosotras/os como víctimas, ni en los procesos administrativos contra funcionarios/as públicas.
Exigimos que no se le mienta más a las zacatecanas/os, demandamos la cancelación del proyecto Milpillas y repudiamos las acciones del Gobierno Estatal en contra de los pueblos campesinos ribereños que ya decimos:
¡Río Atenco Libre y No a la Presa Milpillas!
A T E N T A M E N T E
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Queridas amigas y amigos,
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
¡Gracias!
Secretariado Internacional del WRM
Compartimos este comunicado de CRAADET a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los estragos de del huracán John en Guerrero – A 4 de octubre del 2024
Difundimos carta del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) quienes hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para la atención inmediata de las comunidades de las regiones Montaña y Costa Chica en Guerrero.
Urge la reubicación a refugios de las personas que perdieron su vivienda, rehabilitar el acceso de agua potable, electricidad y telefonía. Es necesaria la atención a la salud y a la alimentación ante la pérdida de cosechas, así como la atención a los riesgos de más derrumbes. Se exige la búsqueda inmediata de Daireni Aburto García y apoyo a su familia para la restitución de daños.
En estos momentos cualquier apoyo es fundamental
Imagen: Rodolfo Basurto Pie de página
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida y antiminera en Oaxaca – A octubre 2024
Habitantes de Magdalena Ocotlán denuncian escurrimientos de la montaña “Dry Stack” (presa de jales) de la minera Cuzcatlán y contaminación del río Coyote.
En la mañana del martes veintitrés de septiembre habitantes denunciaron a través de redes sociales un escurrimiento de la montaña de la presa de jales de la compañía minera Cuzcatlán para la extracción de oro y plata, filial de la canadiense Fortuna Mining (antes Fortuna Silver Mines). El escurrimiento de los lodos tóxicos inició en la unidad de “San José del Progreso”, ubicada en el mismo municipio, y descargó los tóxicos por el río Coyote, dañando principalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán, que se encuentra río abajo. En días siguientes, por las lluvias causadas por el huracán John, fueron visibles los escurrimientos de agua del centro de la presa de jales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento del agua de lluvia.
Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran enormes hilos de lodo bajando de esa monstruosa montaña. En recorridos sobre el cauce del río Coyote las comunidades pudieron constatar que los residuos del lodo habían recorrido varios kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se encuentra el pozo de agua que abastece al municipio de Magdalena Ocotlán. Ante los hechos, la empresa Minera Cuzcatlán afirma por diversos medios de comunicación que la misma PROFEPA ha constatado actividad normal, reafirmando su propaganda sobre que la salud y el cuidado del medio ambiente son parte de sus prioridades.
A casi 6 años del primer derrame, de 1.5 millones de litros de lodo tóxico, de la presa de jales la empresa continúa contaminando el agua, el medio ambiente y dañando la salud de las personas a quienes les impusieron este proyecto. Esta situación, comprueba una vez más, que no existe empresa minera sustentable, ni sostenible para las comunidades que dependen del ecosistema del que la empresa extrae los minerales. Las supuestas regulaciones emitidas por las instancias gubernamentales responsables del medio ambiente y las aparentes técnicas de tratamiento de agua son una máscara que la empresa utiliza a su favor. La empresa utiliza una técnica: “Dry Stack”, que aparentemente filtra hasta el 90% de las aguas, es llamada “presa de jales secos”, sin embargo, podemos constatar escurrimientos y que lo que ha generado en la región es el equivalente a una gran montaña llena de residuos tóxicos.
Habitantes de Magdalena Ocotlán y la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigimos:
Esperamos que la nueva secretaria del medio ambiente inicie su administración dando señales de compromiso real con la protección del medio ambiente y con los pueblos indígenas del país y que investigue y sancione a la compañía criminal Cuzcatlán. Por décadas esta empresa ha dañado no solo al medio ambiente y la salud de quienes se encuentran alrededor, sino que ha dividido a las comunidades en valles centrales y corrompido a las autoridades.
Fuera minera Cuzcatlán de los valles centrales de Oaxaca. ¡No más impunidad
Imagen: Habitantes de Magdalena Ocotlán. Derrame de agua de la presa de jales
Martes 15 de octubre de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Este documental lo proyectamos en el marco de Doctubre Mx 2024
Sinopsis: En Colombia, una nación marcada por profundas disparidades raciales y socioeconómicas, una mujer negra de origen rural desafía el status quo al lanzar una campaña presidencial. Al reapropiarse del término “igualada”, Francia Márquez catapulta un movimiento a las altas esferas del poder, al negarse a “conocer su lugar”. Tras quince años de realización, este documental abre el telón sobre cómo pueden ocurrir cambios sin precedentes.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la gran ola de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas – A 23 de septiembre del 2024
Por Ángeles Mariscal
“Soy de Chicomuselo, sierra madre con Guatemala. No somos zona de guerra, somos pueblo desplazado. Quiero regresar con mi familia a casa. Pedimos rentar y comer, Dios te bendiga Tuxtla. Viva la paz por Chiapas”, fue el mensaje que Juan Carlos Fuentes Alanís alcanzó a escribir en una cartulina que mostró afuera del Congreso de Chiapas, en donde el gobernador Rutilio Escandón entregó su último informe de gobierno.
Llegó con el rostro sudoroso, la ropa desgastada y una mochila al hombro. Sin recursos económicos, emprendió el viaje de cinco días de camino, pidiendo raid, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
Es originario del municipio de Chicomuselo, uno de los más afectados por la disputa entre dos grupos del crimen organizado; tras el secuestro de tres de sus hermanos por parte de uno de los grupos criminales, el resto de la familia huyó a Guatemala el pasado 19 de julio.
“Le dije yo a mi mamá voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado”, explicó Juan Carlos. Explicó que en su comunidad, Verapaz, ubicada en los límites entre Chicomuselo y Comalapa, desde hace dos años viven bajo el control de uno de los grupos del crimen organizado.
“De mi comunidad han desaparecido como 40 personas (…) A mis hermanos se los llevaron hace tres meses, cuando los agarraron en el camino que va hacia Amatenango de la Frontera. Se los llevaron porque desobedecieron la orden de no salir, el toque de queda” explicó Juan Carlos.
Dijo que sus hermanos José Alfredo Fuentes de 24 años, Erick Eduardo Fuentes de 35, y Christian Fuentes de 22, salieron de la comunidad con la intención de llegar a Tapachula, porque llevaban varias semanas sin alimento, debido a que por los enfrentamientos entre los dos grupos del crimen organizado, el que tiene el control de su comunidad les impuso un toque de queda.
En el camino sus hermanos fueron secuestrados y su familia amenazada. Por ello decidieron unirse a las cientos de personas que salieron el 19 de julio en caravana hacia Guatemala.
Desde entonces se encuentran en ese país. “Entonces nosotros estamos allá en Guatemala, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta tristeza, ya lo que queremos es regresar, buscar a mis hermanos. Mi mamá está muriendo de tristeza”, explicó el poblador.
Dijo que por eso decidió llegar a la capital de Chiapas, y buscar ser escuchado por las autoridades, por el gobernador Rutilio Escandón.
Miles de personas de los municipios de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, han abandonado sus comunidades para salvar la vida, escapar del reclutamiento forzado, y para buscar a sus familiares desaparecidos.
Apenas el pasado domingo, la Pastoral Social de las tres Diócesis de Chiapas dieron a conocer un comunicado donde señalan: “Son miles y se siguen sumando cada día, las víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la expulsión, el desalojo, asumiendo la migración y el desplazamiento forzado como única salida para protegerse y salvar a los suyos de una muerte trágica que nadie merece”.
“Ante tal avasallamiento faltan sus familiares, sus bienes, su patrimonio, sus cultivos, sus modos de vida. Se les ha arrebatado tanto que falta hasta el espacio del alma para los duelos ante tanta injusticia y para asimilar los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”.
Pidieron a la población ser solidarias con las personas que están en esta condición.
Imagen: Chiapas paralelo
Más información:
Compartimos esta carta abierta dirigida a la presidenta de Honduras con el fin de pedirle que garantice justicia por el asesinato de Juan López, cede a la violencia hacia defensores y defensoras y protección a los derechos humanos – A 27 de septiembre del 2024
CARTA ABIERTA A XIOMARA CASTRO, PRESIDENTA DE HONDURAS, ENVIADA POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN REACCION AL ASESINATO DE JUAN LÓPEZ
27 de septiembre de 2024
Señora Presidenta
Xiomara Castro Sarmiento
Presidenta de la República de Honduras
Señora Presidenta,
Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y consternación
por el reciente asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, ocurrido el pasado 14 de septiembre. Juan López era un líder incansable en la defensa de la montaña de Botaderos, el parque nacional Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro. Su labor de defensor ambiental así como su lucha contra la corrupción, eran vitales para la preservación de los derechos humanos y la justicia en Honduras. Lamentablemente, este asesinato refleja un patrón alarmante de violencia contra defensores del medio ambiente en su país. De acuerdo con Global Witness, en 2023 fueron asesinados 18 defensores del ambiente y de los territorios, la tasa más alta de homicidios en el mundo.1
Reconocemos y lamentamos también el rol de Estados Unidos con sus políticas fallidas hacia Honduras (el apoyo tácito al golpe de estado de 2009 y los 12 años siguientes de narco -gobiernos) que contribuyeron a facilitar e incrustar las estructuras del crimen organizado y corrupción que resultaron en el asesinato de Juan López.
Sabemos que Juan López había denunciado amenazas provenientes de actores políticos y económicos, incluyendo el alcalde de Tocoa, Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek. Nos preocupa profundamente que, a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas y Abogados, y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras no haya garantizado la seguridad de Juan López.
Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitarle que se adopten medidas urgentes para garantizar la protección efectiva de la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, del agua y de los territorios en Honduras. Ninguna persona debiera perder la vida por luchar por los bienes colectivos que garantizan el bienestar del pueblo hondureño.
Asimismo, nos dirigimos a usted para pedirle que busque el apoyo de instancias internacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y naciones unidas para poner en marcha una investigación rigurosa, imparcial y eficaz, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este crimen. El asesinato de Juan López no puede quedar en la impunidad, y es esencial que el Estado hondureño tome medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. Los responsables deben ser procesados y llevados ante la justicia sin demora.
El lento avance y los resultados de investigaciones de asesinatos de defensores de derechos es lo que nos hace pensar en la necesidad de un acompañamiento internacional para la fiscalía y una veeduría en los procesos penales. La lucha contra la impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.
En este marco también, es imperante aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). La creación de esta comisión representaría un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, al tiempo que ofrecería garantías efectivas para la protección de defensores de derechos humanos y ambientales, evitando así que crímenes como el asesinato de Juan López queden en la impunidad.
La violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos es un grave daño para toda la sociedad hondureña. Esperamos que bajo su liderazgo se prioricen acciones que permitan la protección de quienes trabajan en la defensa de los territorios, del ambiente y del agua.
Esperamos su compromiso firme en la protección de los derechos humanos y quedamos a disposición para colaborar en cualquier acción que garantice un cambio real en esta situación.
Atentamente,
Alianza Americas
Sin Fronteras IAP
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Clima21
Asociación Pop No’j
Climate Refugees
Caleidoscopio Humano
Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA de El Salvador
Centro de Desarrollo Humano. CDH
Centro San Bonifacio
Friends of Swazi Freedom
Center for Gender & Refugee Studies
INVER-SANTA MARTA
CoDevelopment Canada
University of Guelph
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ
Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC)
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC
Utsil Kuxtal (México)
Resistencia Civil de Candelaria
Ciencia social alternativa ac
Kanan’tzonot
Church World Service
EDUCACIÓN, CULTURA Y ECOLOGÍA, A.C.
Albergue Decanal Guadalupano /Oasis Providencial
Comunidades Sin Fronteras CFS – CT INC
Root Causes Initiative – Iniciativa Causas Raíz
COPINH. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH
MAS Movimiento Ambientalista Santabarbarense
Amismaxaj
SITRASEMCA
RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DE SANTA BÁRBARA
FRP- Libre Colón
GRUFIDES
Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS)
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
Red de Mujeres Santa Bárbara
Comité intersectorial de salud
Massvida
Movimiento de mujeres por la Paz Visitacion Padilla
Red de mujeres Departamental
ADERITAC
COMDECUN
MNI-GR
COPA
Otros Mundos Chiapas
SITRAINA
Comdecun
Red contra la Violencia Antisindical
Sintraho
Red contra la Violencia Antisindical
Colegio de Pedagogos de Honduras
Caja Rural de ahorro y Crédito Vision y Hermandad
Sitrainfop
Ecodesarrollo
Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (SITRAAHAC)
SIEMPE
Sindicato de trabajadores de la empresa Southern Apparel Contractors
Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Xalapan Jalapa – amismaxaj
Asociación Feminista Trans AFET
Las Voces de Esperanza/Red de mujeres
Red Feminista Defensora de Derechos de la Mujer del Occidente
Festagro
Sitradahsa
Red contra la violencia antisindical
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
Fsar
Defensoras y defensores de la vida y la pachamama cajamarca
Hermanas de la Misericordia en Honduras
Sitraaventh
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Agraria
APOMUH
ADERITAC
Red Contra la Violencia Antisindical
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC Office
Asociación de Mujeres Luchadoras Tejiendo Sueños Cajamarca
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Biis Iguana A. C
Sindicato de trabajadores de la empresa southern apparel contractor
Hope Border Institute – Instituto Fronterizo Esperanza
Secours Catholique Caritas France
NISGUA
COPA
Misioneras ICM
Caminata Ecologica
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Defenza del Territorio y el Rio Atenco.
REMA
Otras Voces por la Tierra
EDUCE
Red contra la violencia antisindical
FRP Libre Tocoa y C. J. P. Diosesis de Trujillo.
1 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/missing-voices/#killed
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