Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
29 de Octubre 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/
El 30 de Septiembre 2024 fue el ultimo día de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como presidente de la República. Su gobierno fue el más demandado por los inversionistas extranjeros. Sin embargo, a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se le presentarán más retos qué afrontar de cara a los inversionistas extranjeros ya que con el nuevo gobierno de Estados Unidos, luego de las elecciones de noviembre de 2024, se llevará a cabo la revisión del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Más tarde tendrá lugar la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y al mismo tiempo enfrentará las negociaciones ya iniciadas de TLC con Ecuador, Turquía y otros. Por otro lado, con la Reforma al Poder Judicial supuestamente se terminarían los mecanismos de protección, beneficio e impunidad a las empresas extranjeras a quienes Jueces, Magistrados y Ministros les han concedido facilidades, apoyos y amparos para no detener su rapiña e ilegalidades.
Aún más, con la nueva composición en la Cámara de Diputados y Senadores se llevarán acabo reformas al sector eléctrico, energético, alimentario, entre otros, que podrán afectar los intereses de las empresas transnacionales quienes no dudarán ejercer presión en el marco de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Así, se prevé un sexenio de enfrentamientos contra los intereses de los inversionistas extranjeros en el país.
Durante 27 años, entre 1997 e inicio el mes de Julio de 2024, México acumuló 55 demandas de inversionistas extranjeros por supuestos incumplimientos de algún Tratado de Libre Comercio (TLC). Por ello, México ocupa el 3er. lugar entre los países más demandados en América Latina y el Caribe, y el 4to. lugar a nivel mundial.
El 93% de las demandas provienen de inversionistas de los Estados Unidos, Canadá y Europa. Las demandas contra México son principalmente en el sector del Modelo Extractivo Minero (minería e hidrocarburos).1 Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas; información y comunicación, manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente, entre otros sectores.
Por otro lado, se han presentado solo siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras, respectivamente.
De las 55 demandas contra México, 25 de ellas (el 45.4%) se realizaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre los años 2019 y 2024. Esto significa que tan solo en un sexenio de los casi 30 años de TLC’s se han llevado a cabo casi la mitad de las demandas. Existen varias lecturas y perspectivas sobre esto:
1) Algunos dirán que AMLO es el que más se ha negado a cumplir los TLC’s. Esto puede abonar al discurso de un gobierno autoritario; a que las “Calificadoras” ahuyenten las inversiones en México bajo el argumento de no cumplir con los TLC’s y no proteger las inversiones; que ello provoca falta de empleos y menos oportunidades de desarrollo; o que se invita a que no se confíe en el gobierno en turno e incluso se le retiren posibilidades de préstamos y diversos mecanismos de endeudamiento ya que no hay confianza en que cumpla con los pagos. Estas podrían ser algunas de las consecuencias.
2) Otros dirán que por culpa de AMLO, México ha gastado mucho dinero de los contribuyentes en defenderse de las demandas en los tribunales internacionales y en pagar las multas por los incumplimientos. Además, que dichos fondos podrían servir para otros gastos sociales como mejorar la educación, la salud, la infraestructura, los programas sociales o aumentar los presupuestos a ciertas secretarías o dependencias más necesitadas. Sin embargo, lo pagado por México solo representa alrededor del 10% de lo que tan solo un empresario corrupto, Ricardo Salinas Pliego, debe en préstamos e impuestos al país.
3) Otros dirán que AMLO ha sido el presidente que ha defendido al país de las injusticias firmadas por las administraciones pasada en los TLC’s s. Que el gobierno defiende el medio ambiente, los derechos laborales, la soberanía del país sobre los recursos estratégicos; que se combate la corrupción y el abuso e ilegalidades de las empresas extranjeras.
Así, todo depende del cristal con que se mire….
¿POR QUÉ RAZONES DEMANDAN LAS EMPRESAS A UN GOBIERNO?
Las empresas transnacionales han logrado garantizar sus ganancias a toda costa asegurando sus inversiones. Entre las causas que han legalizado para demandar a un gobierno están:
1) Indemnización por “Expropiación Indirecta”. Han ampliado este concepto y ya no significa sólo que un gobierno quite una propiedad física a una empresa extranjera, de un terreno, de una fábrica, entre otras formas. Ahora aplica a toda acción legal, reglamentaria, o por la defensa ambiental o de la salud pública, entre otras acciones del gobierno que impliquen que la empresa vea afectadas sus ganancias y que considere afectan a sus intereses. De esta forma la empresa exige indemnización de grandes cantidades de dinero por los supuestos daños.
2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la inversión extranjera. Cuando la empresa considera que no se le está dando un trato igualitario respecto a otras empresas; que se le trata con exclusión o discriminación. Así, aunque la inversión extranjera no sea justa ni equitativa, incluso que haya sido subsidiada desde su país de origen, o llegue con mejores condiciones para invertir que otras, exigen al mismo tiempo que las demás empresas nacionales no reciban ningún apoyo, subsidio o facilidades.
3) “Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida”. Cuando consideran que el gobierno no les trata de igual forma a los empresas extranjeras respecto a otras empresas extranjeras o nacionales. Cuando considera que favorece más a los nacionales, o cuando considera que les aplican normatividades de manera diferenciada.
4) “Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales”. Las empresas exigen a los gobiernos que no prohíban la salida o entrada de capital a sus países, restringiendo a que un gobierno pueda administrar y controlar problemas financieros como la salida de divisas en estampida, una devaluación abrupta, control de precios, etcétera.
5) “Prohibición de establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión”. Los gobiernos no pueden exigir a una empresa extranjera que use un cierto porcentaje de insumos nacionales en la producción o elaboración de su producto, o que traiga tecnología de otro país. Así, los gobiernos no pueden apoyar la producción local, el empleo y el desarrollo económico nacional, por lo que las empresas extranjeras solo consumen lo que les interese de lo nacional o les sea más barato en comparación de otros países.
6) “Estándar de Plena Protección y Seguridad”. Cuando el gobierno no protege a
los inversionistas, a sus proyectos o empresas de las protestas, movilizaciones, bloqueos,
entre otras acciones sociales que realizan diversos actores, comunidades u organizaciones
en defensa de los territorios, del medio ambiente y de los derechos humanos. El Estado está
obligado al uso de la fuerza para garantizar las inversiones extranjeras cuando existan
amenazas de daños físicos o legales causados por estos actores.
¿QUÉ MECANISMO SE USA PARA DEMANDAR A UN ESTADO?
Todos los países que firman un Tratado de Libre Comercio (TLC) crean un mecanismo o tribunal que resuelva los conflictos que se puedan generar en un futuro por algún incumplimiento del TLC, con un marco institucional y jurídico para arreglar las diferencias sobre las inversiones extranjeras.
El inversionista extranjero puede iniciar una demanda contra un gobierno. La población afectada por el inversionista, por cualquiera de sus megaproyectos, no puede demandar a la empresa. Así, los tribunales internacionales deciden si la empresa tiene razón en su demanda contra un gobierno. Estos son los llamados mecanismos de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) que son muy criticados por su falta de transparencia, de imparcialidad, de independencia y favorecer más los interesas de los inversores extranjeros. A un gobierno le cuesta más dinero pagar esta defensa en tribunales internacionales que en las cortes nacionales.
En el caso de las 55 demandas contra México por supuestos perjuicios causados a las empresas e inversionistas extranjeros en el marco de los TLC’s, 13 se solucionan bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL); y las 42 restantes bajo las reglas de arbitraje del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (el Convenio del CIADI) del Banco Mundial.
El 27 de julio de 2018, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, poco antes de dejar la presidencia, México ratificó el Convenio del CIADI como la instancia para el arreglo de las demandas contra México por los supuestos incumplimientos de los TLC’s. Esto obligó al gobierno de AMLO a ceñirse a este tribunal durante todo su sexenio.
De las 55 demandas los tribunales de arbitraje le han dado la razón a los inversionistas en 13 ocasiones, el 20.7%. México ha pagado ya alrededor de 300 millones de dólares en indemnizaciones y faltan más de 20 demandas pendientes de inversores que reclaman en total más de 13 millones de dólares. Sin embargo, poco representa esto en comparación con los aproximadamente 3 mil 300 millones de dólares -que equivalen a 63 mil millones de pesos-, que debe tan solo el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego en impuestos.2
Además del costo que reclaman los inversionistas por los supuestos daños, un gobierno gasta otros millones de dólares en el pago de abogados, gastos administrativos y del tribunal e incluso parte de los gatos que el demandante haya realizado durante el proceso de la disputa. Por ejemplo, México pagó parte de los costos de los abogados de los demandantes en el caso de Cargill, Lion México Consolidated y Gemplus.
¿CUÁL ES EL MARCO PARA DEMANDAR A UN GOBIERNO?
El marco para que una empresa extranjera o inversionista pueda demandar a un gobierno son los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Sin embargo, ya que su duración son entre 10 y 15 años, prácticamente 22 de ellos han expirado, que equivalen al 71% de ellos: Alemania, Argentina, Austria, Bahréin, Bielorrusia, Brasil, China, Corea del Sur, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Islandia, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. Sin embargo, muchos de estos países son los que han presentado las demandas contra México durante durante el tiempo de vigencia del TBI. Los 9 que siguen vigentes, son: Unión Económica de Bélgica y Luxemburgo, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Kuwait, Hong Kong, Emiratos Árabes y Turquía. De los 31 TBI, solo el de Hong Kong ha sido firmado por el gobierno de AMLO.
Existen muchos instrumentos internacionales de cooperación, comerciales e intercambio, pero no todos se rigen bajo la resolución de conflictos. Ya desde el 2020 informábamos de estos instrumentos.3 Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos.
Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.
México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).4 Y como siempre sucede, antes de que un nuevo gobierno eche atrás los intereses acordados, el gobierno saliente se apresura a ratificar o firmar nuevos tratados. Por ejemplo, meses antes del nuevo gobierno de AMLO, el presidente Enrique Peña Nieto firmó el Tratado Transpacífico (TPP) en marzo de 2018. En ese mismo año ratificó al CIADI como mecanismo de controversias. Poco después, México es demandado por dos empresas canadienses.
Desde 2015 casa año el gobierno mexicano ha recibido demanda tras demanda por parte de inversores extranjeros. En 2023 sumaron 11 demandas, Ningún país en el mundo había recibido tantas en un año. Y están en puerta las posibles demandas de la empresa China Ganfeng por la cancelación de concesiones mineras de litio o de las mineras canadienses Almaden y Almadex. Otra controversia en puerta es la expropiación de la minera estadounidense Vulcan Materials realizada por AMLO en septiembre de 2024 pocos días antes de dejar la presidencia. El Ejecutivo decretó más de 53 mil hectáreas como Área Natural Protegida que incluía el polígono concesionado a la minera estadounidense en el estado de Quintana Roo. De hecho, en 2018, esta minera demandó al Estado mexicano debido a que, para cumplir las nuevas normas ambientales, tuvo que clausurar parte de sus operaciones que le implicaron pérdidas, por lo que demandó una indemnización al gobierno por de 1.500 millones de dólares en el marco del TLCAN.
CONCLUSIÓN
Si bien el sexenio de AMLO (2018-2024) y el llamado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” bajo la administración de la presidente Claudia Sheinbaum (2024-2030), son antineoliberales, no lo son anticapitalistas ni en función de ser un modelo de transición a otro sistema.
Las políticas antineoliberales se han visto reflejadas en el discurso y en los hechos. El objetivo es garantizar por parte del Estado el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la recreación, al agua, entre otros derechos plasmados en el presupuesto y en la Constitución. También por el hecho de ejercer el control estatal de los recursos naturales y empresas estratégicas en el sector eléctrico, energético, entre otros, así como evitar las privatizaciones. Esto definitivamente choca con los intereses económicos extranjeros por lo que se podrían prever varias demandas contra la administración de Claudia Sheinbaum durante su sexenio. Sin embargo, esto no significa que el capitalismo no avance. La atracción de las inversiones extranjeras, el impulso al sector servicios, las creación de la infraestructura en el marco de la acumulación con el Tren Maya, el Canal del Istmo de Tehuantepec entre otras megaproyectos con impactos sociales y ambientales, serán el eje del desarrollismo.
Si bien no se puede prescindir de las relaciones comerciales con otros países ya que el -territorio nacional no necesariamente satisface todas las necesidades, no significa que se entregue la soberanía del país. Y de acuerdo con la “Radiografía del poder transnacional en México: el regimen de protección de inversiones y sus consecuencias” es necesario que los derechos humanos y ambientales estén por encima de los tratados comerciales; garantizar un mecanismo de demandas a los inversores por violar estos derechos; salir del CIADI y de cualquier mecanismo de demandas de los inversionistas; generar otros mecanismos justos y transparentes de resolución de conflictos. Todo ello encaminado a buscar una integración justa entre los pueblos.
