Autor: Otros Mundos AC

Información adicional del proyecto Milpillas entregado a la SEMARNAT reafirma su inviabilidad

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el Río Atenco en Zacatecas – A 6 de abril del 2026

El pasado 03 de marzo del presente, la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, actual promovente del proyecto de la Presa Milpillas, entregó información adicional con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue solicitada por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. Asimismo, la SEMARNAT anunció la etapa de consulta pública del proyecto, que está vigente desde el 25 de marzo y hasta el próximo 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Ecológica (Publicación No. DGIRA/0014/26). Con base en la revisión de la actualización de la MIA, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, reafirma la inviabilidad, contradicciones y posibles afectaciones socioecológicas del proyecto, que persisten y que compartimos a través de este comunicado.

Es importante aclarar que esta consulta pública es la apertura del expediente del proyecto al público interesado para hacer las observaciones y referencias pertinentes sobre el mismo, tal y como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 34, así como en los artículos 4, 40 y 41 de su Reglamento; normativa que, dicho sea de paso, en ningún momento define como facultad de la SEMARNAT realizar encuestas, consultas ciudadanas u otros procesos electivos en cualquiera de sus modalidades: votación con urnas, nominales, a mano alzada o algún otro método.

De acuerdo con los datos actualizados de la MIA, el escurrimiento promedio anual del río Atenco (o Milpillas, como lo llaman los funcionarios del gobierno), no es suficiente para operar la presa. En el mejor de los casos, sólo permitiría que ésta operara a aproximadamente la mitad de su capacidad, con lo cual no se alcanzaría a cubrir el déficit de los acuíferos de la región centro del estado, ni siquiera la demanda actual de agua en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Esto quiere decir que a pesar de que la MIA fue modificada por el promovente, el proyecto no se sostiene técnicamente, y las afectaciones sociales, ecológicas y culturales podrían profundizarse en los territorios afectados.

Los datos son los siguientes:

  1. En la información adicional solicitada, se reitera, al igual que en las MIAs anteriores, que la presa está diseñada para desviar 1,300 l/s del embalse a la región centro de Zacatecas, lo que equivale a 41 Mm³/año.
  2. En la sección “Cálculo del volumen de escurrimiento medio anual (CP)”, se explica el método mediante el cual se estima el escurrimiento medio anual del río Milpillas, llegando a una cifra de 28.405 Mm³/año. Por escurrimiento medio anual se entiende el flujo o caudal promedio del río en los 365 días del año, calculado a partir de determinado número de registros diarios por varios años.
  3. Posteriormente, se afirma que el escurrimiento promedio anual del río Milpillas es de 32.274 Mm³/año, cifra que se da sin presentar el método que la sustente, lo cual contradice la anterior (28.405 Mm³/año), imposibilitando así el traslado de 41 Mm3/año.
  4. A partir de esta cifra sin sustento, se asigna un caudal ecológico de 11.545 Mm³/año. El caudal ecológico se refiere al flujo de agua necesaria para sostener los ecosistemas río abajo de la cortina. A propósito de esto, un caudal ecológico de 11.545 Mm3/año no es necesariamente suficiente para sostener las poblaciones humanas y sistemas de producción agrícola de escala pequeña río abajo de donde se pretende construir la presa Milpillas. La MIA todavía no incluye un estudio serio al respecto.

Con base en los datos señalados, se puede afirmar que, aun considerando la cifra más alta —y no justificada— de 32.274 Mm³/año, no hay suficiente agua para operar la presa Milpillas según su diseño. Si además se respeta el caudal ecológico propuesto (11.545 Mm³/año), entonces el volumen disponible de agua que se prevé desviar sería de aproximadamente 20.729 Mm³/año, lo que implicaría operar la presa a cerca de la mitad de su capacidad.

En este sentido, los mismos datos de la MIA actualizada por el promovente confirman que los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa Milpillas —y esto es en el mejor de los escenarios— no podrían revertir la sobreexplotación de los acuíferos en la región centro del estado, pues se necesitarían alrededor de 13 presas como Milpillas para cubrir el déficit conjunto de 262.5 Mm3/año. Asimismo, dicha cantidad sería insuficiente para satisfacer la demanda de agua en la ZCZG, la cual se estima en 27.4 Mm3/año según datos de JIAPAZ, y mucho menos si se incluye a Fresnillo y otros centros urbanos.

Estos datos que se desprenden de la apertura de la MIA para su análisis y observaciones permiten confirmar que el proyecto de la presa Milpillas no representa una solución a la escasez de agua de la ZCZG, ni tampoco permitirá aliviar a largo plazo el estrés hídrico que padecen los mantos acuíferos sobreexplotados por Grupo Modelo, las minas y los grandes productores del sector agroindustrial. Para esto, basta un ejemplo: los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa es una cantidad menor a la de los casi 35 Mm3/año, concesionada sólo a Peñasquito.

Con todo, la información adicional incluida en la versión más reciente demuestra, nuevamente, que este proyecto, concebido hace más de diez años, obedece a una lógica neoliberal, puesto que, lejos de contribuir significativamente a superar la crisis hídrica multidimensional en la región centro de Zacatecas, sólo serviría como vehículo para el enriquecimiento de compañías transnacionales constructoras de presas, para proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua en la región y para brindar a los administradores del proyecto la oportunidad de desviar recursos públicos. Todo ello a través del despojo del líquido vital de uno de los municipios más pobres del estado.

En lugar de buscar traer agua de territorios cada vez más lejanos, por medio de infraestructura hídrica inviable, con altos cargos al erario público y graves impactos socioambientales, una forma más razonable de satisfacer las demandas de agua de la ZCZG, así como de cubrir el déficit de agua de los acuíferos sobreexplotados, sería limitar y reducir la demanda de ciertos grandes consumidores del sector industrial en la zona. Por ejemplo, existen 12 proyectos mineros en etapa de exploración en los cinco acuíferos sobreexplotados correspondientes a la ZCZG (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos), y tan sólo en los tres primeros meses del año 2026 se ha presentado ante la SEMARNAT informes preventivos y MIA regional para tres de ellos en el municipio de Fresnillo (Proyecto de exploración San Albino, Depósito de Jales Fatima Sur y Proyecto de exploración minera El Tule).

Por tales motivos, los ejidos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete no estamos dispuestos a ser territorios de sacrificio para un proyecto que significa la destrucción de nuestra vida comunitaria y de la biodiversidad. Exigimos que se respete la autonomía y la decisión de las asambleas ejidales, y se cancele definitivamente el proyecto de la presa que, a todas luces y por más que lo maquillen, es inviable en términos técnicos, sociales y ecológicos; y demandamos al gobierno de la 4T ser congruente con sus principios, abandonar el proyecto de una vez por todas, dejar de desperdiciar recursos públicos y aplicar rigurosamente las alternativas delineadas por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Finalmente, hacemos una invitación a los medios de comunicación y a las personas interesadas a estar atentas y atentos a la convocatoria para la reunión pública de información, cuya fecha y hora será publicada por la SEMARNAT a través de su gaceta, para que el promovente del proyecto de la presa exponga los aspectos técnicos ambientales, los desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas que tendría la realización del proyecto.

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Concentración y actividades por Palestina en CDMX domingo 12 de abril 3pm

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Les compartimos la siguiente invitación para sumarse a la concentración y actividades culturales por Palestina este domingo 12 de abril a las 3 pm en Plaza Palestina Libre (Hemiciclo a Juarez) en la Ciudad de México.

Denuncian presión para aceptar proyectos mineras en la montaña de Guerrero

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Compartimos este comunicado de El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET) sobre su lucha por una vida libre de minería – A 21 de marzo de 2026

Pueblo Hidalgo, Guerrero a 21 de marzo del 2026

A la opinión pública:

El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET), enviamos un saludo fraterno y solidario a los pueblos y luchas del estado de Guerrero y de México que han asumido la defensa del territorio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos como propuesta de lucha permanente.

En el contexto de nuestro XLVIII FORO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, REALIZADO EN LOS BIENES COMUNALES DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL CRAADET queremos denunciar ante la opinión pública lo siguiente.

A inicios del año una nueva amenaza acecha nuestra vida comunitaria, se trata del Sr. Fernando Jaimes Ferrel, ex delegado de la procuraduría agraria y subsecretario de asuntos agrarios durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien anda recorriendo nuestros pueblos con el propósito de que dejemos ingresar a las empresas mineras, a su vez también ha estado intentando influenciar a diferentes actores políticos y líderes sociales que tienen una relevancia importante y de respeto en la dinámica de los pueblos, haciéndoles creer que la minería es progreso y desarrollo.

Como todo México sabe, desde hace casi 14 años la defensa del territorio que hemos realizado en el CRAADET para evitar el ingreso de las empresas mineras ha sido constante y es un ejemplo a nivel nacional de lucha organizada, basada en el ejercicio y defensa de nuestros derechos. Son 14 años en donde hemos logrado que el gobierno federal, a partir del respeto, registro e «Tierra y Libertad» inscripción de la negativa para el ingreso a nuestro territorio de la actividad minera relacionada con el modelo extractivo, haya quedado validada tanto por nuestras asambleas y dentro de nuestros reglamentos internos y estatutos comunales, además de las declaratorias de municipios libres de minería de nuestros presidentes municipales de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlan, de tal manera que estamos en condiciones legales de aplicar lo que corresponde ante terceros a quienes intenten violentar la vida comunitaria.

Hacemos del conocimiento de la opinión pública que todas las comunidades del CRAADET hemos acordado que el Sr. Fernando Jaimes Ferrel, a quienes le acompañen, y a cualquier otra persona que en un futuro quiera ingresar a promover la actividad minera en nuestros pueblos, serán privados de su libertad y serán sometido ante las autoridades correspondientes en nuestros sistemas de justicia comunitaria, por violar y violentar nuestros acuerdos comunitarios y Regionales, de tal manera que, en este comunicado queremos que le quede claro al Sr. Fernando Jaimes Ferrel no es bienvenido a nuestro territorio comunitario por ser un servil promotor de una actividad que sabemos destruye pueblos enteros.

De la misma manera a las y los amigos políticos y personalidades les pedimos no se dejen embaucar por las mentiras de este promotor de la destrucción y le faciliten el ingreso a alguna comunidad, de tal manera que, sigamos con una relación cordial y armónica con todos ustedes.

FRATERNALMENTE

POR UN TERRITORIO LIMPIO, SANO Y LIBRE DE MINERÍA

SEMARNAT y Gobierno de Zacatecas ponen en riesgo la salud y el medio ambiente con aprobación acelerada de nuevos proyectos mineros en territorio zacatecano

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de marzo de 2026

Con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo de 2026, y ante sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades. Este posicionamiento refleja una política pública que favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos conflictos a la salud de la población.

Una vez más, enunciamos los profundos impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. A ello se suma la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los graves daños a la salud de las personas derivados de la actividad minera. La experiencia demuestra que, una vez producido el daño, no existen tecnología o dinero suficiente que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales que estos procesos ocasionan. Es decir, la minería genera daños a perpetuidad.

Entre los proyectos mineros que se pretende impulsar y acelerar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones superficiales sobre el uso del agua, se encuentra el Proyecto San Nicolás de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo proyecto de cobre más importante a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el primer proyecto de producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de pretender producir 17.5 mil onzas de oro.

Este proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones.

Otro de los proyectos que buscan avanzar es Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional, con una producción prevista de 28 mil onzas en el municipio de Melchor Ocampo. Asimismo, se encuentran proyectos como Relleno de Hundidos de Arian Silver, el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo.

En la actividad minera resulta imposible sostener que los recursos naturales puedan ser utilizados “con responsabilidad”, como lo ha señalado la titular de SEMARNAT al referirse al uso de los acuíferos. La minería industrial está estructuralmente vinculada a un modelo de explotación intensiva de recursos naturales que prioriza la obtención de altas ganancias para las empresas, a costa de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios.

En Zacatecas, la crisis hídrica es ya una realidad evidente. El estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población de la zona conurbada ni de múltiples municipios y comunidades rurales. Sin embargo, actividades industriales como la minería demandan grandes volúmenes de agua, a la vez que la contaminan y puede interrumpir los flujos de agua superficial y subterránea, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, y a la reducción del nivel del manto freático. Esta es una de las muchas razonas por las cuales nuestra red se opone al modelo extractivista minero y su expansión en el país.

A reserva de conocer con mayor profundidad el proyecto denominado “Aguas Firmes”, la experiencia acumulada en distintos territorios permite reconocer el modus operandi de las grandes empresas extractivas, basado en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que buscan legitimar sus operaciones ante la opinión pública, sin que en la práctica se transformen los impactos estructurales que genera este modelo.

Aunque el año 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, desde la perspectiva de los territorios y de las comunidades afectadas por el extractivismo podría convertirse, en realidad, en un año de retrocesos si se continúa acelerando la aprobación de Manifestaciones de Impacto Ambiental y de proyectos de explotación minera por sus consecuencias devastadoras. Las grandes empresas mineras saquean, despojan y destruyen los territorios, como lo demuestran múltiples experiencias documentadas en distintas regiones del mundo, inclusive en el mismo estado de Zacatecas. Recordamos el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver. Además, no hay que mirar más allá de la mina Peñasquito de la empresa Newmont para ver los efectos de la contaminación y pérdida de fuentes de agua sobre las comunidades aledañas. No existe “minería verde”, “minería sustentable” ni “minería amigable con el medio ambiente”: la minería industrial implica inevitablemente procesos de devastación ambiental y transformación profunda de los territorios.

Diversos casos lo evidencian en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, así como en el propio territorio nacional. En México podemos mencionar el caso del Ejido El Bajío, en Sonora, donde persisten graves deudas ambientales derivadas de la actividad minera después de tan solo tres años de operación de una mina de la empresa Fresnillo, o el Ejido Carrizalillo, donde los grandes tajos han destruido tierras fértiles y han contribuido a procesos de deterioro social y violencia en las regiones donde operan estos proyectos, ahora en manos de la empresa Equinox Gold. Mientras tanto, las grandes utilidades quedan en manos de los consorcios mineros y sus accionistas, mientras que las comunidades propietarias de la tierra y el propio estado con la llamada “vocación minera” se vuelven dependientes sobre las migajas que dejan las operaciones mineras y que suelen durar entre 10 a 15 años, al tiempo que enfrentan territorios cada vez más degradados, contaminados y empobrecidos, con el resultado que tarde o temprano resultan desplazadas. Por esta razon, no es casual que las zonas mineras suelen registrarse con altos niveles de empobrecimiento, tal como se ha observado en los municipios en donde ocurren la minería de oro en México o en Perú.  

Por todo lo anterior, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigimos detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate serio sobre las verdaderas prioridades ambientales del país.

Existen problemas ambientales urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada por actividades extractivas, y la protección de los territorios y las comunidades. Si el gobierno federal realmente busca actuar con responsabilidad ambiental, no debería anteponer los intereses económicos de las empresas mineras, cuyas ganancias además no se quedan en las comunidades ni en el país, sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos de los pueblos.

¡Alto al daño al medio ambiente!

¡No a la expansión de la minería en Zacatecas ni en México!

Imagen: MAZAPIL, ZACATECAS, 11JUNIO2023.- Instalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito, de la empresa norteamericana Newmont. s
Situada al norte del país, en el oeste de Zacatecas, es una de las minas más importante para Newmont con ventas por encima de los 2.000 millones de dólares. En México, esta mina es la principal productora de oro en el país, con una extracción de más de 566.000 onzas del metal áureo en 2022, más del 20% de la producción nacional de este metal, de acuerdo con los reportes anuales de la empresa. La mina también extrajo un nivel relevante de plata con 29,7 millones de onzas anuales.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con las defensoras y los defensores de los derechos de los pueblos en Indonesia

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Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI , condenamos este acto de violencia y nos solidarizamos con las y los defensores de Indonesia – A 24 de marzo de 2026

El ataque con ácido contra Andrie Yunus pone de manifiesto la creciente amenaza que se cierne sobre las/os defensoras/es de los derechos humanos y del medio ambiente en Indonesia

Amigos de la Tierra Internacional expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente la escalada de violencia contra las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y de los territorios en Indonesia. Estamos muy alarmadas/os por esta serie de ataques y condenamos de forma tajante la agresión con ácido contra Andrie Yunus, coordinador adjunto de la Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS), que tuvo lugar la noche del 12 de marzo de 2026 en Yakarta, Indonesia.

Andrie Yunus es un defensor de los derechos humanos que lleva mucho tiempo trabajando activamente en la promoción y protección de esos derechos en Indonesia. Como coordinador adjunto de KontraS, participa en actividades de incidencia política, investigación y campañas públicas que abordan las violaciones de los derechos humanos. Esto incluye cuestiones relacionadas con la rendición de cuentas del Estado, las libertades civiles, la militarización y las políticas que amenazan el espacio democrático.

Más allá de esta defensa general de los derechos humanos, Andrie es también un aliado clave en la lucha por la justicia ambiental. Como experto en asuntos de interés público que trabaja en estrecha colaboración con WALHI / Amigos de la Tierra Indonesia, ha brindado asistencia legal a comunidades que enfrentan criminalización y violencia por defender sus derechos ambientales y sus territorios. Se trata de comunidades de agricultoras/es, personas pobres y desplazadas de las zonas urbanas y Pueblos Indígenas que se oponen a proyectos destructivos para el medio ambiente.

En este contexto, la situación actual de los derechos de los pueblos en Indonesia es profundamente preocupante. Se ha observado una tendencia al alza de los ataques contra activistas, junto con una mayor criminalización y vigilancia de la labor en materia de derechos humanos. La agresión a Andrie Yunus refleja una amenaza más amplia y sistémica para la democracia y los derechos humanos en el país. Sin una acción decisiva, es probable que continúen ocurriendo incidentes similares, lo que pondrá en riesgo a más defensoras/es de los derechos humanos.

La violencia contra defensoras/es de los derechos humanos no es solo un delito individual, sino un ataque contra las comunidades que defienden sus territorios, incluidas las tierras, los bosques, las aguas y los medios de vida. Es un ataque contra la democracia, la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a buscar justicia y protección ambiental. WALHI hace hincapié en que proteger a las/os defensoras/es de los derechos humanos es una responsabilidad fundamental del Estado y una condición esencial para mantener la democracia y las luchas populares por un medio ambiente sano y sustentable.

Reiteramos nuestra enérgica denuncia y condena del ataque con ácido contra Andrie Yunus, y expresamos nuestra plena solidaridad con él y con todas/os las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos en Indonesia.

Hacemos un llamado al Gobierno de ese país para que lleve a cabo una pronta investigación, que debe ser exhaustiva, independiente y transparente; garantice la rendición de cuentas tanto de los autores directos como de quienes planearon y ordenaron este ataque; y garantice la protección efectiva de todas/os las/os defensoras/es de los derechos humanos y las comunidades que resisten a la destrucción ambiental.

Instamos además al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los procedimientos especiales pertinentes de la ONU, incluidos el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las/os defensoras/es de los derechos humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, a que se pongan en contacto urgentemente con el Gobierno de Indonesia, supervisen este caso y adopten las medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas y la protección.

Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con las/os defensoras/es de los derechos de los pueblos y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene este ataque. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo para que sigan luchando contra las injusticias, se mantengan unidas/os frente a la represión y combatan la impunidad de quienes cometen estos crímenes brutales contra nuestros pueblos.

Poner fin a la impunidad de quienes violan los derechos y proteger a las/os defensoras/es de derechos, al tiempo que se garantiza la seguridad de las comunidades que defienden sus territorios, es esencial para salvaguardar la democracia, los derechos de los pueblos y la justicia ambiental.

Crédito (imagen principal): Comisión para los Desaparecidos y las Víctimas de la Violencia (KontraS).

Panel: Berta Cáceres, Diez años después, Memoria, Justicia y Defensa del Ambiente

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Compartimos esta invitación al panel en el marco de la conmemoración al décimo aniversario de la siembra de Berta, donde estará participando nuestro compañero Gustavo

Acompañanos este viernes 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el campus de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.

Exigimos justicia y protección ante el cobarde atentado en contra del defensor del medio ambiente Erick Saracho

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de marzo de 2026

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el día de ayer 11 de marzo, el compañero Erik Saracho, defensor ambiental y del territorio, en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit.

Erick Saracho, desde hace muchos años ha dedicado su vida a la defensa del Jaguar y su hábitat. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie. También lleva a cabo arduo trabajo de educación ambiental y defensa del territorio contra proyectos turísticos e inmobiliarios que afectan gravemente los ecosistemas costeros y las actividades productivas de la comunidad de San Pancho.

Alianza Jaguar forma parte de la Red Medio Ambiente y Sustentabilidad (Red MAS), desde hace tiempo, Alianza Jaguar y en particular Erick Saracho, se habían visto agredidos en medios de comunicación por empresarios y desarrolladores que han armado una campaña de odio contra él, difundiendo que estaba frenando el desarrollo en San Pancho y oponiéndose al progreso: El mismo argumento de siempre de las grandes corporaciones y aún del gobierno, para deslegitimar la lucha por la vida.

Exigimos a las autoridades se investigue este hecho y se castigue a los responsables. Solicitamos al Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga eficazmente para salvaguardar la vida de Erick Saracho.

Desde la REMA, respaldamos la lucha de la Asociación Civil Alianza Jaguar y enviamos un abrazo solidario al compañero Erick, deseando su pronta recuperación.

El Escaramujo 140: LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL ESCARAMUJO No. 140

LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS
La pérdida de selvas y bosques

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Marzo 2026 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Descargar Escaramujo 140

Chiapas es uno de los pulmones más importantes de México. Si embargo, la tala ilegal de madera en el estado representa un problema enorme en términos ambientales, sociales y productivos desde hace muchas décadas y que se agudiza con los años. Esta tala ilegal profundiza la deforestación de selvas y bosques, la pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad de flora y fauna, y más aún la que está en peligro de extinción. Por si fuera poco, esto se agrava por las consecuencias que acarrea sobre los ríos, los azolves, la erosión de los suelos y los cambios climáticos en la región.

Mientras que se calcula que el 50% de la madera que se comercializa en México es ilegal1, en el estado de Chiapas llega al 90%.2 Esto es escandaloso.

Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la deforestación en Chiapas alcanzó 359,789.18 hectáreas entre 2001 y 2021, lo que significa una tasa de pérdida de 17,989.5 hectáreas cada año.

El Biólogo Raúl Fernando Álvarez Narca, director de Protección Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado de Chiapas, afirmó que anualmente el estado pierde alrededor del 2.4% de sus bosques en gran parte por la tala ilegal clandestina principalmente de pino, pero también de caoba, cedro, roble, tzalam, guanacastle, entre otras especies tropicales, lo que equivale a 45 mil hectáreas de bosques y selva.3

Jorge León Cortés, investigador en el departamento de conservación de la biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), afirma que en Chiapas se ha perdido en los últimos 50 años el 43% de bosques y que solo el 18% de la cobertura vegetal puede considerarse natural.4 Mientras, Nature Conservancy afirma que cada diez años Chiapas ha perdido 10% de sus bosques y que en las últimas cinco décadas se han perdido más del 50% por ciento de bosques nativos.5

Por su lado, el Mapa para la Resiliencia manifiesta que ante el Cambio Climático, Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación, ya que entre los años 2002 y 2014 se perdieron 2,300.85 km2 de bosques y selvas primarios. Y es que la entidad es un importante productor de ganado en el país.6

Pese a los trabajos de prevención y vigilancia que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se calcula que se ha perdido ya el 30% de la superficie forestal del Parque Nacional Cañón de Sumidero por la mancha urbana que avanza de manera acelerada deforestando el Parque que contaba con 20 mil hectáreas de zona natural protegida.7

Los funcionarios estatales advierten que “la pérdida de cubierta forestal afecta a más de 500 especies de vertebrados, altera patrones de lluvia y reduce la disponibilidad de agua, impactando la agricultura y la vida rural”.8

Así, la deforestación avanza por la tala ilegal pese a que la Fiscalía General del Estado de Chiapas haya realizado 92 operativos tan solo en el primer semestre de 2024 con el fin de prevenir los delitos ambientales. Se asegura que se han detenido a muchos traficantes de madera y que se han recuperado miles de piezas de madera que se transportan de manera ilegal, y sin embargo no se informa de su paradero. Aunque la Guardia Nacional, la SEMANH y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) luchan contra el tráfico ilegal de madera, no es suficiente para detener la deforestación de los bosques y selvas que continúa en aumento.9

En mayo de 2025 la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y PROFEPA realizaron un gran operativo en el municipio de Altamirano, considerado el más grande contra la tala ilegal en Chiapas, donde se aseguraron 12 aserraderos clandestinos y se clausuraron 14 centros de almacenamiento. En el municipio de Ocosingo se detuvo a un conductor de tráiler que transportaba cerca de 4,687 piezas de madera sin documentación. En Chiapas, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, este delito se castiga con hasta 6 años de prisión y multas de hasta 20 mil días cuando se trata de madera extraída de áreas naturales protegidas.

Pese a todos estos esfuerzos, en el estado de Chiapas es común observar en las comunidades, en los caminos y carreteras, a los camiones cargados de madera. Incluso puntos de venta de madera ilícita en las cabeceras municipales con bodegas llenas de tablones, leña, carbón y otros subproductos de madera para la construcción. Los aserraderos y carpinterías están a la mano en cualquier ciudad o comunidad. Las motosierras no dejan de escucharse a lo lejos. Entonces pareciera que las autoridades no están presentes para combatir este crimen ambiental. Los bosques van desapareciendo y se observan cada vez más los cerros pelones y kilómetros de selvas sin selvas, ganado intensivo o plantaciones de palma de aceite que no son bosques ni selvas.

La demanda de madera para el uso del carbón, para la construcción, ebanistería, muebles finos, etc., entran al mercado negro a un precio más bajo y evitan costos económicos por trámites, pero también evitan instalar programas de manejo forestal, registros, cumplimientos fiscales, pagar asesorías y otros gastos que implica el mercado legalizado de la madera.

En el municipio de San Cristóbal de las Casas se registran muchos puntos de venta de madera ilegal provenientes de pinos de hasta 15 o 20 metros de altura talados clandestinamente en la región de Los Altos. Se calcula que al menos 50 aserraderos clandestinos operan deforestando día y noche los bosques de la región para luego llevarlos al mercado negro de madera en diversos puntos de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas.11 12

Para las comunidades la venta ilegal de madera implica un ingreso económico relativamente fácil frente a las dificultades de generar otro tipo de ingreso. Por ello, no sólo es trabajo de las autoridades la vigilancia, la persecusion del delito y la prevención, sino también de las comunidades y otros actores para buscar alternativas que eviten el avance de la tala que, de seguir la misma tendencia, en 10 o 20 años más la deforestación podrá acarrear pérdidas ecosistémicas irreparables e irreversibles.

ALGUNAS ALTERNATIVAS

Frente a la deforestación galopante en Chiapas, la perdida de biodiversidad que genera así como la degradación de los suelos y la falta de acceso al agua, en muchas comunidades y ejidos han prohibido
talar árboles para el consumo de leña en los hogares. Esto provocó que algunas familias buscaran comprar gas LP con altos costos, o comprar carbón o leña de hasta 4 mil pesos la “camionada” en otras comunidades o ejidos aledaños.

Es por ello que apareció la BIORED, la Red de Biodigestores de Chiapas. Hasta la fecha se han instalado más de 50 biodigestores y 14 sistemas de captación pluvial con geotanques de 7,800 litros de capacidad. Con esto fortalecen la autonomía energética. Estos sistemas eliminan el 100% de consumo de gas LP (en cilindros) y un 50% de la quema de leña; evita la compra de fertilizantes químicos gracias al uso de biofertilizante que genera el biodigestor diariamente, y se logra la mejora de las condiciones de vida inmediata de las familias sobre todo en mujeres, niñas y niños.

Con el biodigestor se construye una alternativas frente al Cambio Climático. Cada sistema tiene la capacidad de capturar hasta 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), esto es igual a
2.4 m3 de biogás al día equivalentes a 3 horas de estufa de dos quemadores prendidas, y 150 litros de
biofertilizante que podrá fertilizar hasta 4.5 hectáreas de cultivo anualmente por biodigestor instalado.

Así, con este sistema de biodigestores, hasta la fecha se han fertilizado más de 225 hectáreas con biofertilizante y se han beneficiado directamente más de 250 personas. Anualmente se ha logrado la captura de 500 Ton de CO2eq, se dejó de consumir 15,000 kg de gas LP, y se han salvado más de 200 árboles al no ser talados por el uso de energía renovable como lo es el biogás.

Sin embargo, existen otras alternativas creciendo y enfrentando la deforestación, tal es el proyecto de“El Carbonerito” para al producción de carbón ecológico, con el mismo costo que el tradicional carbón y con mejor rendimiento.

Es hora de las alternativas de autonomía, descentralizadas y en manos de los pueblos!

La actividad humana en el Planeta genera que millones de hectáreas de bosques desaparezcan aceleradamente. Por ello es importante solidarizarnos con las luchas que se dan en cada rincón del mundo donde los pueblos originarios, pero también campesinos y pueblos urbanos, luchan por defender la Madre Tierra. Invitamos a apoyar las Peticiones que Salva la Selva promueve en todo el mundo:
https://www.salvalaselva.org/peticion

Descargar Escaramujo 140

Cine debate: Guardiana de los ríos – Martes 17 de marzo 5 pm en Kinoki

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En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

Guardiana de los ríos

Martes 17 de marzo de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Sinopsis:Seis comunidades en defensa de los ríos. Decenas de defensores amenazados a muerte. Todos y todas unidos por el espíritu de la Guardiana de los ríos, Berta Cáceres, líder social y ambiental asesinada en marzo de 2016. Este documental nos traslada al interior de Honduras, uno de los países más peligrosos para defender los bienes naturales, gobernado por una idea de desarrollo extractivista que se enfrenta a la cosmovisión de los pueblos y no les permite decidir sobre su entorno.

Trailer

14 de marzo Día Internacional de Acción por los Ríos Libres

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Te invitamos a registre la actividad que realizaras con tu colectivo en cualquier parte que te encuentres y unir nuestras acciones por los ríos libres

El sábado únete a nosotros para celebrar nuestros ríos en este 29º día internacional de Acción por los Ríos

Registra tu acción usando este enlace- https://intlrv.rs/DoA2026inscribirse

Por favor, únanse a las y los protectores y defensores de los ríos de todo el mundo en el Día Internacional de Acción por los Ríos. Seamos parte de este momento global de solidaridad con los ríos y las comunidades que los defienden.

La defensa del Río Atenco es una decisión de los pueblos, no una imposición externa

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026

El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].

La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por  el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.

Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así   que por encima de las 79 organizaciones firmantes,  es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.

La oposición a la presa  nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.

El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.

El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:

  • La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
  • No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
  • No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.

Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.

Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.

La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.

Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.

La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?

Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.

La respuesta no está en la REMA.

Está en el territorio.

[1] REMA (febrero 2026). Carta a autoridades | Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas.

[2] Ver entrevista en Sizart Noticias: https://www.facebook.com/reel/1622997692466336

[3] REMA (febrero 2026). Vidéo Exigimos no se apruebe la MIA Milpillas

Revisa la carta completa en: https://www.remamx.org/2025/11/especialistas-y-comunidades-del-rio-atenco-llaman-a-firmar-carta-a-semarnat-sobre-la-mia-2025-de-la-presa-milpillas/

Imagen: Río Atenco Libre Foto: Adolfo Vladimir