Te invitamos a que nos acompañes a las Jornadas de Solidaridad con el Pueblo de Palestina
Martes 4 de agosto 6 pm en Espacio Cultural El Paliacate
Jueves 6 de agosto 6 pm en SENDAS Espacio Cultural
Martes 21 de juLio de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Compartimos este comunicado de la Mesa Agraria del Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de julio de 2026
El pasado 25 de junio en las oficias de la Secretaría de Gobernación en la CDMX, se llevó a cabo un evento para la formalización de los acuerdos relacionados con la operación de la mina canadiense Equinox Gold, ubicada en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero. Al respecto, como ejido de Carrizalillo queremos puntualizar algunos elementos que nos parece importantes darlos a conocer:
MESA AGRARIA EJIDO DE CARRZALLLO
Compartimos este pronunciamiento a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de junio de 2026
Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco nos pronunciamos enérgicamente contra la versión periodística publicada hoy por El Sol de Zacatecas y que ya tiene réplica en otros medios, que presenta como una «primicia» el supuesto aval ambiental de la presa Milpillas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta información, filtrada de manera ventajista y sin un sustento legal, por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) del Estado, lejos de ser un logro, constituye una muestra más de las gravísimas inconsistencias que rodean a este proyecto, pues la titular de la SAMA, Susana Rodríguez Márquez, está dando a conocer una determinación que, al día de hoy, no ha sido hecha pública de manera oficial por la SEMARNAT, lo que evidencia una clara intención de simular avances y presionar a los ejidos.
La funcionaria Susana Rodríguez Márquez carece de legitimidad moral y legal para hablar de transparencia en este proceso, pues ella figura como autora intelectual en las diversas denuncias que hemos interpuesto como Movimiento por las acciones de hostigamiento y presión para la realización de compraventa de terrenos privados bajo coacción, así como por los intentos de convencer a las autoridades comunitarias para reunirse con ella para tratar el tema de la presa milpillas. Todos estos hechos son inadmisibles y Susana Rodríguez en otras ocasiones ha arremetido en nuestra contra y minimizado nuestro movimiento.
Condenamos que una persona con este tipo de señalamientos y procesos pretenda engañar a las y los zacatecanos y violente los derechos humanos y agrarios de las y los
campesinos de la región, con esta supuesta “primicia” que deja ver más la opacidad del proyecto de la presa Milpillas más que su transparencia, pues no es posible entender cómo la titular de SAMA afirma el aval al proyecto de la presa antes de que la SEMARNAT lo publique en la Gaceta Ecológica, si no es para simular avances y presionar a los ejidos en un contexto que, además, se empieza a ensuciar con las mentiras y promesas electorales.
Asimismo, denunciamos que la Secretaría del Agua y Medio Ambiente ha intentado generar la falsa impresión de que existen acuerdos o permisos con las y los ejidatarios. La realidad es contundente: no existen permisos ni autorizaciones otorgadas en los ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales. La propia funcionaria ha reconocido que las negociaciones con los núcleos ejidales serán «complejas», pero lo que omite decir es que esta complejidad deriva de la firme oposición de las comunidades, que han manifestado su rechazo rotundo al proyecto.
Lamentamos profundamente que Susana Rodríguez Márquez se haya encargado sistemáticamente de querer dejar de lado a las y los ejidatarios, desconociendo sus derechos agrarios y la voluntad popular expresada en el «No a la Presa Milpillas». Su actuar revela una vocación autoritaria que menosprecia la autodeterminación de los pueblos, al tiempo que privilegia los intereses de grandes corporaciones por encima del derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
Hacemos un llamado a las autoridades federales y estatales para que actúen con estricto apego a la legalidad y a los principios de transparencia y respeto a los derechos humanos. Exigimos:
Nosotras y nosotros, los pueblos, comunidades y ejidos, quienes somos los que decidimos sobre nuestra tierra y nuestros territorios, les decimos claro y fuerte: ¡Aquí no hay, y no habrá, permiso para la presa Milpillas! Somos ejidos con una decisión clara expresada a través de nuestros sistemas normativos internos, y por usos y costumbres, y nuestra decisión es que no hay permiso para la muerte; no a los megaproyectos como la presa Milpillas. Esta es una respuesta para la titular de SAMA, y para todos aquellos funcionarios que siguen queriendo imponer el proyecto de la presa, lanzando “primicias” que buscan pasar por encima de nuestros derechos humanos, sobre nuestra libre determinación y sobre nuestra tierra: ¡Aquí no habrá presa Milpillas!
¡Elaguaesvida,nonegocio!
¡ElterritorioyelríoAtencosedefienden,gobiernequiengobierne!
ATENTAMENTE
Compartimos este comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre el pronunciamiento de la comunidad científica – A 16 de junio de 2026
El pronunciamiento reúne 178 firmas de científicas, científicos y especialistas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica.
Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, en el que llama al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.
El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar.
Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de distintos países. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales.
Una de las advertencias centrales del pronunciamiento es que el fracking no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial por toda la infraestructura implicada.
En México, estos riesgos serían especialmente preocupantes por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua. La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.
El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.
Desde una perspectiva climática, el documento señala que expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, advierte que el gas extraído mediante fracking implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.
Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a
generaciones futuras.
Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita del fracking, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. El documento sostiene que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.
El texto completo del pronunciamiento y la lista de personas firmantes pueden consultarse en: https://nofracking.s.gy/cartacientificos
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en felicitación del Frente por su larga lucha durante estos 11 años, desde Otros Mundos nos unimos al reconocimiento – A 22 de junio 2026
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) envía fuertes abrazos solidarios y felicitaciones al Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”, que este año cumple 11 años en pie de lucha y en defensa del territorio en los municipios de Escuintla y Acacoyagua, Chiapas, y 10 años del campamento que logró frenar la ampliación de las operaciones de la mina El Puntal S.A. de C.V.
El campamento sostenido por las comunidades fue un momento decisivo en la historia del Frente, porque permitió detener el avance de una empresa minera cuando ya existía la Mina Cristina, que ya había causado daños en el territorio. Al mismo tiempo, se fortaleció una red comunitaria de vigilancia para impedir nuevos ingresos de maquinaría, empresas y proyectos que amenazan los ríos, la salud y el medio ambiente. Desde este momento han demostrado que la presencia territorial, los acuerdos comunitarios y la organización comunitaria da capacidad para responder a las amenazas extractivas.
A iniciar su lucha, en Acacoyagua y Escuintla se identificaban dos minas operando y 21 concesiones mineras autorizadas que abarcan la zona de influencia del bosque de niebla de la Reserva de la Biosfera del Triunfo hasta los manglares de La Encrucijada. Actualmente, permanecen vigentes 8 concesiones mineras, 5 en Acacoyagua y 3 en Escuintla. Esta reducción no puede separarse de los esfuerzos constantes del Frente para ejercer su autodeterminación y también para hacer presión sobre las autoridades ambientales por los grandes daños que la minería estaba generando en los ríos Cacaluta, Doña María y Cintalapa, y en la salud y la alimentación de la zona.
Gracias a las labores del Frente, el cabildo del municipio de Acacoyagua se ha declarado libre de minería y ha reafirmado su decisión en administraciones consecutivas. Además, cinco ejidos y bienes comunales se han declarado “Territorios Libres de Minería”, ejerciendo su autodeterminación a través de sus asambleas.
A 11 años de su conformación y 10 del campamento comunitario, el FPDS estará celebrando su historia y reafirmando su papel frente a un contexto en el que la minería, los proyectos de infraestructura como la línea K del Corredor Transístmico, los proyectos de monocultivos de palma aceitera o bananeras siguen poniendo en riesgo la vida de los ríos y la salud de la población.
Celebramos, admiramos y agradecemos a los hombres y mujeres, y a la niñez y juventud del Frente por seguir en la lucha, cuidando sus tierras bellas no solamente ante la latente amenaza de la minería, sino también ante otros proyectos energéticos y de infraestructura asociados al extractivismo en la región costa de Chiapas.
Durante estos últimos 11 años, el FPDS ha sostenido su organización mediante asambleas, acuerdos comunitarios, actas, recorridos, denuncias y cinco declaratorias de municipio libre frente a la minería y otros proyectos extractivos. Estas acciones han sido parte de un proceso de defensa territorial que sigue vigente ante un contexto en el que las empresas buscan avanzar sobre los bienes comunes del Soconusco.
Por eso, este aniversario será un momento para celebrar la memoria de la lucha y reafirmar el papel del Frente en la defensa del agua, los ríos y el territorio. A 11 años de organización y 10 años del campamento, el FPDS mantiene su compromiso con la vigilancia comunitaria y con la decisión colectiva de los pueblos de proteger la vida en el Soconusco.
¡Solidaridad y felicidades por su lucha para territorios libres del extractivismo!
Imagen: REMA
Compartimos esta nota de Fuera de lugar de Desinformemonos – A 20 de junio de 2026
Texto y Fotos: Xolotl
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con el objetivo de visibilizar la situación actual en Palestina y recaudar fondos de apoyo, este sábado 20 de junio se llevó a cabo el torneo de fútbol “Otro mundial es posible: Por Palestina”.
El evento, organizado por la colectiva Acción Palestina Chiapas en las instalaciones de la cervecería local Naufragio, reunió a familias, jóvenes y diversas personas de la comunidad local en una jornada que combinó el deporte con el apoyo social.
Durante la actividad se desarrollaron partidos en la modalidad de “retas” de 5 contra 5, contando con una participación destacada de niños, niñas y adultos que formaron equipos de manera abierta. De manera simultánea, se instaló una kermés con venta solidaria de comida, tacos y cerveza, cuyos fondos recaudados serán destinados íntegramente a iniciativas de apoyo para la población palestina.
La jornada transcurrió en un ambiente de convivencia familiar y comunitaria, donde los asistentes compartieron el espacio deportivo y sumaron esfuerzos en torno a la causa solidaria.
Imagen de portada: Xolotl
Compartimos este pronunciamiento de la lucha por el río Atenco ante el proyecto de la presa Milpillas – A 10 de junio de 2026
Los ejidos y las comunidades río abajo que conformamos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, nos pronunciamos contra las declaraciones del titular del poder ejecutivo en el estado de Zacatecas, quien de manera tendenciosa manifestó, en La Informativa de Zacatecas (08 de junio de 2026), que “…no va a quitar el dedo del renglón porque la presa Milpillas es el proyecto más noble de la humanidad, pero que le da mucha tristeza que por politiquerías y gente extraña al estado, se haya opuesto a ese proyecto y que no se respete lo que tanto ha costado al país, la democracia.”
Al respecto, nosotros quisiéramos puntualizar lo siguiente:
Finalmente, quisiéramos manifestar que aquí resistimos desde hace 10 años, sin rendirnos y sin vendernos, y seguiremos haciéndolo hasta no ver cancelado definitivamente el proyecto de la presa Milpillas. Tampoco nosotros quitamos “el dedo del renglón” para decir fuerte y claro: ¡No a la presa Milpillas!
MovimientoenDefensadelTerritorioydelRíoAtenco
Compartimos este tríptico de Acción Palestina Chiapas y esta declaración de diversos diputamos sobre el rechazo a la presencia de miembros del ejercito de Israel en escuelas de Chiapas – A junio 2026
Martes 16 de junio de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Sinopsis: Durante los últimos días de 2019, el gobierno local en acuerdo con la oposición derogan la ley N° 7722, que impide el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esto desató la lucha del pueblo mendocino en defensa del agua y obligó a los poderes concentrados a retroceder y restituir la ley en escasos diez días.
Compartimos este pronunciamiento firmado por diversas organizaciones, colectivos y personas ante la nueva ola de proyectos extractivistas en el el Istmo de Oaxaca – A junio de 2026
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, junio de 2026
El proyecto Helax-CIP que amenaza nuestro territorio
En el contexto de la implementación de las actividades industriales relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en 2023 la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), firmó un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para un proyecto de producción de hidrógeno y amoniaco “verde”, con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares.
Este proyecto ha sido promovido desde su inicio por la empresa y las autoridades mexicanas como clave para el desarrollo de la región istmeña, en razón de su gran inversión, y para la lucha contra el cambio climático por su supuesta producción de combustible “verde”. Esta narrativa de “lavado verde” busca ocultar por completo los impactos ambientales, territoriales y sociales del megaproyecto, mientras presenta como sustentable un modelo profundamente extractivo.
Un proyecto industrial complejo y con evidentes consecuencias
Se trata de un proyecto gigantesco que no se limita al parque industrial de Cd. Ixtepec (PODEBI), donde se pretendía construir la planta de hidrógeno, sino que abarca un territorio mucho más amplio con afectaciones para toda la región istmeña. La producción de hidrógeno verde a gran escala requiere de grandes cantidades de electricidad y agua para realizar la electrólisis, el proceso con el que se separan el oxígeno y el hidrógeno de las moléculas de agua.
Para cubrirlas, el proyecto prevé la construcción de un parque fotovoltaico con casi 3 millones de paneles (1,674 MW) sobre 5,000 ha de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec. También incluye nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Cd. Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, lo que representa una grave amenaza para esta zona de cerros, tierras de uso común y de recarga de agua subterránea.
Además, el proyecto prevé la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, lo que podría generar problemas de contaminación en el mar y de afectaciones a los ojos de agua y pozos tradicionales. También implica la construcción de otra planta para la transformación del hidrógeno en amoniaco, prevista cerca de Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz, con todos los riesgos industriales relacionados con la producción y el transportes de gases tan peligrosos como el hidrógeno y el amoniaco.
Información pública insuficiente, opacidad e incertidumbre
A pesar de esta larga lista de posibles impactos relacionados, y de la incertidumbre existente sobre esas tecnologías, este proyecto ha buscado avanzar en un contexto de completa opacidad y falta de información para las comunidades de la región. Hasta ahora el proyecto ha sido presentado de manera general y fragmentada. La poca información pública que ha sido presentada por operadores de la empresa y por autoridades gubernamentales se ha limitado a destacar los supuestos beneficios económicos y energéticos del proyecto, ocultando sistemáticamente los impactos relacionados.
No existe documentación oficial pública que permita conocer a detalle las características reales del proyecto y que posibilite a la población analizar y evaluar los posibles impactos y, menos aún, los impactos acumulativos a nivel regional derivados del conjunto de sus distintos componentes. La empresa no ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat para los diferentes componentes del proyecto.
La empresa presentó dos Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) ante la Sener para el proyecto fotovoltaico y eólico. La información de dichos documentos fue clasificada como reservada por un periodo de dos años. Posteriormente, tras nuevas solicitudes de acceso a la información, se liberaron versiones públicas de las EVIS, sin embargo, la información técnica o de ubicación del proyecto fue tachada con el argumento de ser confidencial y de secreto industrial y comercial. En consecuencia los documentos liberados carecen de utilidad real para conocer más a detalle las características de los proyectos fotovoltaicos y eólicos y sus impactos sociales.
Tampoco existen documentos públicos que precisen el volumen de agua total que requeriría la planta de hidrógeno para operar, ni qué proporción provendría de la planta desalinizadora y qué volumen provendrá del pozo de agua subterránea. No hay información disponible sobre la posible ubicación de este pozo subterráneo, ni de sus características técnicas (profundidad), y tampoco tiene un permiso de aprovechamiento de agua subterránea aprobado por la CONAGUA (según la revisión del Registro Público de Derechos de Agua REPDA).
Repiten las mismas formas de despojo
A pesar de la ausencia de información y permisos que permitan a la población analizar y evaluar los impactos del proyecto, los promoventes empresariales y gubernamentales han buscado avanzar en la firma de acuerdos con las comunidades para la renta de tierras destinadas a los distintos componentes del proyecto.
Este proceso de negociación ha reproducido las mismas irregularidades y mecanismos de presión, manipulación y fragmentación comunitaria que los que se usaron hace más de una década con la expansión de los parques eólicos: acercamientos directos con algunos representantes agrarios y no con el conjunto de la asamblea; uso de operadores locales para coaccionar y presionar; difusión exclusiva de supuestos beneficios económicos, como los empleos o pagos por renta de tierra, y ocultamiento sistemático de los impactos que conllevan estos proyectos.
La opacidad viola el derecho de los pueblos a decidir sobre el territorio
De igual manera, el proyecto ha iniciado una supuesta consulta indígena en siete comunidades de la región (Cd. Ixtepec, Chivela, El Mezquite, El Morrito, Mena Nizanda, Santa Rosa, Santiago Ixtaltepec) sin que exista mayor información pública sobre su desarrollo. El CIIT y la Secretaría de Marina se han negado a difundir información sobre las minutas de las reuniones argumentando que se trata de información restringida que compromete la paz social.
La ausencia de información pública es una muestra clara de que este proceso no está garantizando el derecho de los pueblos y comunidades a una participación real, informada y transparente frente a un proyecto que podría generar graves afectaciones al medio ambiente, al territorio y a las formas de vida de la región. La falta de información suficiente, accesible y oportuna impide que las comunidades podamos comprender integralmente los alcances del proyecto, evaluar sus posibles impactos e incidir de manera efectiva en las discusiones o decisiones relacionadas con su implementación.
Por ello, nos queda claro que esta consulta funciona principalmente como un trámite burocrático orientado a dar certidumbre a la inversión empresarial y no un verdadero mecanismo para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es una consulta previa porque el proyecto y las negociaciones territoriales ya avanzan; no es libre porque existen presiones, desinformación y asimetrías en el acceso a la información; y no es informada porque la información pública es insuficiente, fragmentada y restringida.
Se trata entonces de un ejercicio de manipulación y de instrumentalización que no respeta nuestra libre determinación como pueblos indígenas ni nuestros usos y costumbres sobre las formas de deliberación y autoconsulta en nuestras comunidades.
Alcances e impactos de un proyecto reconfigurado sin información pública
Mediante una nueva solicitud de información, se conoció que en diciembre de 2025, Helax Istmo informó al CIIT que “Derivado de un proceso de reconfiguración estratégica del Proyecto Helax, originalmente concebido como una iniciativa de hidrógeno verde, este ha sido transformado en un proyecto de generación eléctrica”, en razón de un “contexto global marcado por cambios geopolíticos relevantes, los cuales han derivado en la cancelación o postergación de diversos fondos internacionales destinados a la transición hacia economías de hidrógeno verde, así como en retrasos tecnológicos asociados a la maduración de estas soluciones”. La empresa también notificó su desistimiento de continuar con la adjudicación directa del PODEBI de Ciudad Ixtepec, donde se pretendía producir el hidrógeno.
Hasta ahora, ni Copenhagen Infrastructure Partners ni el gobierno mexicano han informado públicamente sobre este cambio, lo que profundiza la opacidad del proyecto y deja abiertas nuevas preguntas sobre sus verdaderos alcances, su carácter especulativo y los impactos que podría seguir generando en el Istmo.
Si bien el hecho de que, por ahora, no se avance con la propuesta de producción de hidrógeno y amoniaco verde puede limitar ciertos impactos (relacionados con el consumo de agua y los riesgos industriales que conllevan esos gases), nos parece importante denunciar lo siguiente respecto a esta decisión y al estado actual del proyecto:
Los proyectos de generación eléctrica previstos conllevan impactos graves como la modificación de la cobertura vegetal, de los usos del suelo y del territorio, de los flujos de agua superficial y subterránea, afectan a la fauna y flora local, restringen nuestras formas de tránsitos en el territorio y afectan nuestras actividades tradicionales. La instalación previa de 30 parques eólicos en la región ha sido la muestra clara de que estos proyectos no generan bienestar o desarrollo para los pueblos de la región, han enriquecido a unos cuantos, reforzando procesos de desigualdad social y económica, provocando procesos de ruptura del tejido social, de privatización de las tierras, de erosión de nuestras prácticas comunitarias y de aumento de la situación de violencia. Por esta razón nos seguimos oponiendo al proyecto de Helax (CIP), sin importar que por ahora se limite a generar electricidad y no hidrógeno o amoniaco. Nos queda claro que la generación eléctrica industrial en el Istmo no nos beneficia: buscan garantizar energía para la industria y el capital privado mientras que los pueblos de la región sufrimos un acceso cada vez más deficiente e injusto al servicio básico de electricidad (con apagones frecuentes y cobros excesivos en las tarifas de luz).
Nos oponemos a que las empresas privadas, con la complicidad de las autoridades mexicanas, especulen y jueguen con nuestros territorios y nuestras vidas en función de sus intereses económicos y políticos. La estratégia empresarial de reconfigurar el proyecto por la incertidumbre actual respecto del mercado mundial del hidrógeno y amoniaco muestra que esos actores pretenden tomar decisiones sobre nuestros territorios a partir de elementos ajenos que no controlamos, por el estado actual de mercados de consumo en el norte global o por las consecuencias de guerras energéticas decididas por unos cuantos. Les reiteramos que somos soberanas/os en nuestra forma de decidir sobre nuestros territorios y que nuestras vidas, cuerpos, bienes comunes y comunales no son juguetes para sus prácticas neocoloniales y su especulación empresarial.
Exigimos a las autoridades mexicanas y a la empresa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) que informen públicamente sobre los cambios previstos en el proyecto. Por ejemplo, si oficialmente el proyecto deja de formar parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que hasta la fecha ha sido promovido como tal por el CIIT y los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Sobre los proyectos eléctricos previstos, exigimos que la Sener informe sobre cuál sería el mecanismo previsto para la generación eléctrica (como proyecto privado o de inversión mixta con la CFE) y cuál sería el uso y destino previsto de la electricidad .
Denunciamos que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es una propuesta de desarrollo para la región, es un proceso amplio de despojo de nuestros territorios y bienes comunes. El lamentable descarrilamiento del tren a finales de 2025, los múltiples impactos que ha generado su construcción, los procesos de criminalización y la actual situación de violencia generalizada a lo largo de la región son muestras claras de los procesos de corrupción, negligencia, imposición y despojo que conlleva este proyecto. Lo que compromete la paz social en la región no es informar a las comunidades, es seguir promoviendo proyectos ajenos a nuestras necesidades que hacen del territorio istmeño una cancha de batalla entre los distintos actores de sus redes de macrocriminalidad.
Nuestra visión: El Istmo que queremos
En este sentido y por lo expuesto anteriormente, reafirmamos que no queremos más proyectos energéticos, más infraestructura de transporte ni más proyectos industriales destinados a cubrir las necesidades del gran capital y a los actores que lo sostienen. Queremos mantener nuestra vida comunitaria, nuestras fiestas, nuestras comidas, nuestros cerros, nuestros bosques y nuestras lagunas y ríos. Queremos seguir cuidando nuestras prácticas comunitarias, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra tranquilidad y las formas de vida que hemos construido históricamente en el Istmo. Frente a un proyecto que avanza en medio de la opacidad, la falta de información pública y el desconocimiento de sus posibles afectaciones sociales, ambientales, territoriales y culturales, consideramos importante informar, alertar y abrir un proceso de articulación regional que permita construir alianzas y solidaridad entre comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el futuro de nuestro territorio.
Llamamos a la solidaridad regional, nacional e internacional y el apoyo para dar a conocer y denunciar este proyecto, particularmente frente a los actores financieros que lo hacen posible, incluido el fondo CIP en Europa. Hacemos un llamado especial a los organismos de derechos humanos del sistema de la ONU y del sistema interamericano, y a las organizaciones de la sociedad civil en Dinamarca y otros países donde CIP tiene operaciones, para que exijan el respeto a los estándares de derechos humanos y ambientales en sus inversiones. Esta denuncia busca visibilizar que las decisiones de inversión tomadas fuera del territorio tienen impactos concretos negativos sobre las comunidades, los bienes comunes y las formas de vida del Istmo.
Firman:
Personas
Imagen: Una nueva ola colonialismo energético en el Istmo de Tehuantepec, Mapa GeoComunes.
Les compartimos este programa especial: una entrevista con con Pablo Fajardo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) desde Ecuador y Karin Nansen de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) desde Uruguay, acerca de la impunidad de Chevron y la ausencia de justicia para las comunidades afectadas en la Amazonia ecuatoriana.