Marie-Pia Rieublanc, Otros Mundos AC/Chiapas
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Desde 1963, la mina Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V. extrae cal en la parte oriente del Cañón del Sumidero, en la localidad de Ribera Cahuaré, en Chiapa de Corzo (Chiapas, México). Sus actividades afectan tanto la salud de los pobladores como el medio ambiente.
La minera ha cavado un gigante hueco arriba de la pared oriente de este sitio que fue clasificado área natural protegida en 1980. Al usar explosivos para dinamitar piedras, ha provocado fracturas que cualquier turista puede observar desde su lancha al recorrer el Cañón. Dejó de usar ese método en enero de este año, tras una decisión de la Secretaría de la Defensa nacional.
Recientemente, bloques de roca se desprendieron de la pared y cayeron a la orilla del río Grijalva. La situación es tan preocupante que el 23 de Julio, todas las autoridades ambientales del estado y del país (Semahn, Profepa, Semarnat, Conanp) dieron por primera vez una conferencia de prensa junta en Tuxtla. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia natural (Semahn) de Chiapas, Carlos Morales, reconoció públicamente que las actividades de la mina dañaban el Cañón. Anunció que había clausurado de manera temporal el banco de extracción de material pétreo del sitio.
Los trabajadores siguen extrayendo piedras calizas
En realidad, esta decisión fue tomada el 9 de julio y todavía los empleados de Cales y Morteros siguen extrayendo cal en el sitio. El día de la grande conferencia de prensa, es decir 14 días después de la clausura oficial, un grupo de habitantes de Cahuaré subió al sitio de extracción y observaron que camiones estaban echando un liquido sobre las rocas. “Lo que está haciendo esta pipa es mojar la piedra para que allí puedan rasparlas con maquinaria”, explicó Angélica Espinosa Interiano, miembro del Movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero. La empresa usa ese método llamado brazo hidráulico para esquivar la prohibición de explotar las piedras usando dinamita.
En respuesta al anuncio de la Semahn, el Movimiento organizó su propia conferencia de prensa el 25 de julio en Tuxtla. “Nosotros constatamos que siguen trabajando en el banco de arena”, denunció Laura Santiago Molina, exigiendo “que se garantice que esa clausura se va a llevar a cabo como debe de ser”.
María Alejandra Aldama Pérez, rescató la responsabilidad de la Procuraduría federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Es la instancia a la cual incumbe clausurar las actividades de Cales y Morteros” pero “no lo está haciendo, no está aplicando la ley”, insistió la vocera. “También la Secretaría de salud (del estado de Chiapas) nos ha emitido dos diagnósticos, diciéndonos que estábamos enfermos y de qué estábamaos enfermos” pero que “no está haciendo nada”.
Riesgos de cáncer del pulmón
En efecto, en un estudio epidemiológico realizado en octubre de 2013 en Ribera Cahuaré y en Santa Cruz, otra localidad cercana de la mina, la Secretaría de Salud del estado alerta que “un 40% (296) de los habitantes refirió padecer alguna enfermedad, de ellas el 25.9% (192) de los pacientes presentaron comorbilidad a infección respiratoria aguda (IRA)”. “La presencia esparcida de cal en las viviendas es un factor de riesgo ambiental determinante para el desarrollo de enfermedades respiratorias agudas”, añade el documento.
El doctor Eduardo Alberto Vargas Domínguez, presente a la conferencia de prensa, recordó que « la diseminación de partículas » de piedras durante las actividades extractivas son muy « peligrosas ». « Pueden producir una silicosis, una antracosis, y esto puede derivar en la presencia de cáncer del pulmón ».
Ahora, los habitantes de Cahuaré están esperando que la Semahn lleve a cabo un nuevo monitoreo de la calidad del aire en su poblado. Si se comprueba que está contaminado por las actividades de la calera, la Secretaria podría exigir su clausura definitiva. Mientras tanto, Cales y Morteros continua sus actividades, como si no pasara nada.
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