22 de Marzo de 2016
Opinión IMDHD, por Edgar Cortez
Gustavo Castro estaba hospedado en casa de Berta Cácerez, defensora hondureña de las comunidades indígenas y de sus territorios, cuando fue asesinada el 3 de marzo pasado. Gustavo fue testigo de los hechos y desde entonces está impedido de salir de Honduras y regresar a México.
Gustavo es un defensor de derechos humanos que durante años se ha dedicado a defender a comunidades campesinas e indígenas afectadas por construcción de grandes presas o por la imposición de proyectos mineros. Su trabajo, junto con el equipo de la organización Otros Mundos, A. C. (http://bit.ly/1UzTfCO) lo desarrolla en México y en distintos países de América Latina ya que buscan generar coordinación entre las comunidades afectadas en todo el continente.
Luego del asesinato de Cácerez, Gustavo declaró ante el Fiscal que inició la investigación, pocas horas después la investigación fue cambiada a un fiscal especializado en asuntos indígenas y Gustavo tuvo que declarar de nueva cuenta (3 de marzo); al día siguiente participó en la reconstrucción de los hechos. Lo anterior sucedió en la comunidad de la Esperanza donde vivía y fue asesinada la líder hondureña.
El sábado 5 de marzo Gustavo viaja, protegido por consulado mexicano, a Tegucigalpa con la expectativa de regresar a México. El domingo 6 de marzo en el aeropuerto de Tegucigalpa la policía intenta detenerlo argumentando la existencia de una prohibición de abandonar el país. Gustavo nunca fue notificado de tal decisión ni tampoco la embajada Mexicana.
Posteriormente se conoció que la Fiscalía había solicitado a una juez que impidiera la salida de Gustavo pues se requería su participación en unos careos con otras personas. La prohibición de salida del país era de sólo 30 horas.
El lunes 7 marzo Gustavo viaja de Tegucigalpa a la comunidad de la Esperanza para participar en un par de careos. Al mismo tiempo la Fiscalía solicita a la juez que extienda el plazo de 30 horas pues posiblemente no sería suficiente para realizar los careos, a lo cual la juez sin precisar razones decide ampliar el plazo hasta 30 días. Gustavo y sus abogados tienen conocimiento de la decisión hasta el 8 de marzo y sólo muchos días después obtienen el documento con la decisión de la juez.
Desde ese 7 de marzo hasta el día 15 Gustavo no es requerido para ningún otro asunto relacionado con la investigación. Será hasta el día 16 que la Fiscalía lo solicita entregue sus zapatos.
En total Gustavo ha participado en más de una decena de diligencias de investigación ante la Fiscalía y algunas más ante la juez que conocerá del juicio. Esta es la evidencia que Gustavo ha colaborado plenamente con la justicia hondureña y toda la información que tiene como testigo ya obra en poder de las autoridades.
Sin embargo a la fecha Gustavo sigue obligado a permanecer en Honduras y por tanto no puede retornar a México, no puede estar con su familia y tampoco seguir con su labor de defensor.
Gustavo permanece en Honduras a causa de las deficiencias y del autoritarismo existente en el sistema de justicia de aquel país. Una Fiscalía que poco avanza en esclarecer el asesinato de Berta y mantiene al mexicano por si se requiere alguna otra diligencia sin precisar cuál podría ser y cuánto tiempo puede llevar realizarla.
Una juez que reconoce que no existe legislación para determinar cómo tratar a un testigo y entonces decide tratarlo como si fuera una persona acusada y bajo esa idea errónea ordena, sin justificación alguna, una alerta migratoria de 30 días; impide el acceso a sus decisiones y además obstaculiza la defensa legal de Gustavo al suspender a su abogada por 15 días para que no actúe en este caso, ni en ningún otro –sólo por el hecho de solicitar copia del expediente.
Frente a este cumulo de arbitrariedades la defensa interpone tres recursos legales. Un recurso de reconsideración para que la Fiscalía retire su solicitud para que Gustavo no abandone el país. Un amparo contra la decisión de la jueza y un Habeas Corpus. Todos estos recursos deberán resolverse en los próximos días.
Amén de lo anterior, desde 2004 los gobiernos hondureño y mexicano firmaron un Tratado sobre asistencia jurídica mutua en materia penal y, que permite que Gustavo regrese a México al existir todas las garantías de su colaboración con la investigación del asesinato de Berta Cácerez.
El gobierno hondureño reconoce la existencia del tratado pero no se ajusta al mismo, mientras que el gobierno mexicano pide apenas tibiamente que se cumpla dicho tratado, en tanto Gustavo sigue retenido en Honduras.
¿Qué más debe pasarle a Gustavo para que México exija enérgicamente a Honduras su regreso a nuestro país? ¿Sólo si se tiene un apellido ilustre –Moreira, por ejemplo– el gobierno garantizaría sus derechos? Estas preguntas requieren de inmediata respuesta.
@edgarcortezm
