Ha pasado un largo año desde el cobarde asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres así como de la tentativa de homicidio de nuestro compañero Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), sin que hasta la fecha el Estado hondureño haya dado verdaderas muestras de atender la exigencia mundial de justicia, verdad y reparación.
El dos de marzo del 2016, prácticamente a la media noche, un grupo de sicarios ingresó a su domicilio para asesinarla, con el propósito de acallar a la principal vocera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), quien toda su vida la dedicó a fortalecer la organización comunitaria y luchar por la defensa de los bienes comunes naturales del pueblo Lenca, estos pretendidos desde hace décadas por las empresas trasnacionales. Estas desde hace años operan coludidas con el gobierno hondureño, a tal grado que la autonomía y libre determinación del pueblo Lenca constantemente está amenazada por alrededor de 50 proyectos hidroeléctricos, mineros, eólicos, REDD+, AVA-FLEGT (comercio forestal para el mercado europeo), así como la imposición de «ciudades modelo».
Esa misma noche, Gustavo Castro también fue víctima del atentado de homicidio y, al igual que Berta, también es un referente Latinoamericano en la defensa de los bienes comunes naturales y del fortalecimiento de la organización de los pueblos.
Las primeras indagaciones del gobierno apuntaron hacia la fabricación de un delito. No obstante, las declaraciones de Gustavo Castro pronto tumbaron la versión del gobierno, forzando las autoridades a replantear su investigación. Hasta la fecha, el expediente del caso de Berta sigue en la secretividad, lo cual implica que sus abogados se encuentren en total indefensión para poder analizar y participar en la presentación de pruebas adicionales, al margen de las que supuestamente ha realizado la fiscalía.
La mañana posterior al asesinato de Berta, su organización, el COPINH, solicitó al gobierno hondureño invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que enviara un grupo de investigación independiente, y de esa manera ayudara a realizar las pesquisas y lograr una pronta aclaración del caso. Eso permitiría darle veracidad y confianza a la investigación, toda vez que el COPINH lleva años siendo criminalizado por el Estado hondureño, lo que evidentemente hace que la investigación de la fiscalía carezca de total veracidad y de apego al derecho, y no permita el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la procuración de justicia, y la creación de mecanismos para una legítima reparación del daño.
A un año del cobarde asesinato de Berta, se dispone de información en la que se detalla la participación de la directiva de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA), responsable del proyecto eléctrico Agua Zarca, puesto que varios de los ocho imputados que actualmente están detenidos, han mantenido relaciones laborales con dicha empresa, incluyendo también la participación, directa e indirecta, de algunos de ellos con la ocupación de cargos en el gobierno hondureño.
Hasta la fecha, básicamente, la investigación se ha centrado en la búsqueda de los autores materiales que involucra tanto a sicarios como intermediarios, sin embargo, no hay un solo indicio que apunte a los autores intelectuales relacionados tanto con la directiva de DESA como con los actores del gobierno que han sido serviles a la misma, siendo estos los que ordenaron y pagaron por la ejecución y asesinato de Berta Cáceres.
En el caso de Gustavo Castro, ratificamos nuestro reconocimiento a la embajadora de México en Honduras, por su apoyo y cuidado desde el primer momento, a pesar de la brutalidad, maltrato y violación de los derechos de nuestro compañero, cuando en todo momento Gustavo dispuso de una colaboración y participación amplia durante las declaraciones que le fueron solicitadas por parte del gobierno hondureño.
En ese contexto, todo el cuerpo diplomático de México en Honduras, fue clave para salvaguardar con vida a nuestro compañero, aunque, por otro parte, las otras instancias del gobierno en México, ha sido incapaces de garantizar su seguridad física y emocional, después del retorno de nuestro compañero, por lo que no ha podido reintegrarse a la importante labor que realiza como defensor del territorio y de los derechos colectivos de los pueblos, viéndose forzado a salir el país, desde donde realiza las gestiones jurídicas que requiere la atención de su caso en particular, de las cuales sobresale la decisión por demandar judicialmente al estado hondureño por los tratos de los que fue víctima.
A un año de distancia, la indignación nuevamente nos motiva a alzar la voz para que este brutal asesinato sea esclarecido plenamente basados en la verdad, la justicia y la participación de otros actores, ajenos al estado hondureño, que den fe que la lucha de Berta y del COPINH ni es contra el estado, ni es contra la ley. La Lucha de Berta y el COPINH son por la vida del pueblo Lenca y sus bienes comunes naturales, por lo tanto, también es por la vida de cada uno de nosotras y nosotros.
Alzamos la voz para exigirle al Estado hondureño deje de criminalizar a los integrantes del COPINH, a quienes hostigan por medio de la estigmatización, la persecución y la violencia, y dejen de apoyar a las empresas privadas de capitales nacionales y transnacionales para que realicen el saqueo a modo de los bienes naturales de Honduras.
Declaramos que la lucha del COPINH contra los proyectos de muerte se reproduce por toda América Latina y Norte América, mismos que, con cara de progreso y desarrollo, quieren imponernos a través de presas, minas, gasoductos, fracking, monocultivos, transgénicos, basureros, carreteras, parques eólicos, siembras para biocombustibles, la privatización del agua y el control del ADN y de la Biodiversidad. A estos megaproyectos les decimos que en nuestros países continuarán encontrándose con fuertes resistencias como la del COPINH, aun y a pesar de que los Estados les han dispuesto «garantías legales y judiciales» que les permiten actuaciones bajo una legalidad simulada que sólo significan el despojo y el desplazamiento de los pueblos y en consecuencia de la desaparición de sus bienes comunes. Denunciamos que no es casual que, en el continente Latinoamericano, a solamente dos meses del inicio del 2017, la CIDH tiene conocimiento del asesinato de 14 compañeras y compañeros por defender su territorio.
Hoy salimos a gritar fuerte que «¡Hace Un Año a Berta No la Enterramos!. ¡LA SEMBRAMOS!». Y hoy en este grito que hacemos al mismo tiempo en varias embajadas de Honduras en el mundo, les decimos nuevamente que estamos germinando con su tenacidad y conciencia siempre vivas para continuar su lucha, y con la cual continuaremos nuestra lucha colectiva y en defensa de nuestro derecho a decir NO, a la vez que ejercemos nuestra libre determinación y autonomía para decidir el tipo de vida que queremos acorde a nuestras costumbres y sin el saqueo de nuestras tierras.
¡JUSTICIA, VERDAD Y REPARACION PARA BERTA!
¡BASTA DE CRIMINALIZAR A LAS Y LOS INTEGRANTES DE COPINH!
¡FUERA LA EMPRESA DESA Y SU PROYECTO HIDROELÉCTRICO!
¡FUERA BANCOS INTERNACIONALES FMO, BCIE Y FIFUUD SAQUEADORES DEL TERRITORIO LENCA!
¡POR UN REGRESO PRONTO EN TOTAL SEGURIDAD Y ATENCIÓN PARA GUSTAVO CASTRO!