Proyectos de energía “renovable” en Honduras: corrupción, asesinatos y muerte

Comunicado de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) – A 4 de Marzo de 2019

Ante el anuncio público de la MACCIH-UFECIC de la presentación de requerimiento en contra de 16 funcionarios públicos, autoridades locales y empleados de la empresa asesina DESA, por la comisión de delitos de fraude y corrupción para obtener licencias y permisos para el desarrollo de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica lo siguiente:

Saludamos el avance que significa el requerimiento fiscal contra estas 16 personas, de las cuales muchas fueron denunciadas por el COPINH y Berta Cáceres, sin embargo, lamentamos su tardanza
Cuestionamos la decisión de no presentar acciones contra los dueños de la empresa DESA; la familia Atala Zablah y contra los encargados de gobierno de estas políticas, como el ex ministro Rigoberto Cuéllar, principales responsables de estas violaciones.
Berta Cáceres fue asesinada debido a la existencia de estas estructuras mafiosas dentro del Estado en colusión con la empresa privada. Mientras estas no sean desmanteladas, no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenas.
Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en innumerables ocasiones los proyectos de Minería, Hidroeléctricas y similares, como proyectos de muerte y de saqueo por sus comportamientos permanentes violatorios de derechos de las comunidades y en general. La corrupción y los asesinatos forman parte de esas prácticas y el Estado debe detenerlas.
Instamos a investigar a las estructuras de la empresa privada como la AHER, dirigida Elsia Paz, quien es altamente racista y ha expresado reiteradamente su desprecio por los pueblos indígenas, por su involucramiento en estos casos de corrupción y fraude.
El caso de DESA/Agua Zarca/Familia Atala Zablah no es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucá.
Denunciamos las responsabilidades de los bancos financiadores de estos proyectos, en especial el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y FICOHSA por su colusión ante estos actos de corrupción y ausencia de control de sus inversiones.
Exigimos su investigación. Exigimos que el gobierno de Honduras cancele la concesión sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad de Río Blanco por su naturaleza de en corrupción, ilegalidad, e ilegitimidad, haber causado muerte en Río Blanco y la muerte de Berta Cáceres.

Los funcionarios públicos cometen fraude y corrupción porque empresarios les dan dinero y prebendas. ¿Dónde están los requerimientos contra Daniel Atala, Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala; contra aquellos grandes empresarios que compran a funcionarios públicos para aprovecharse de las comunidades y del Estado de Honduras?

Aunque estos avances representan victorias conseguidas a base de sangre y dolor para el pueblo Lenca y para las organizaciones sociales y populares que luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño.