Artículo publicado por Radio Canadá Internacional (RCI)
Por Leonora Chapman, amlat@rcinet.ca, 26 febrero, 2019
Mineras canadienses que operan en el extranjero serán juzgadas en Canadá. Esto, gracias a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad y de ciertas ONG. La demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses. No viene de los partidos políticos en Ottawa, no viene de la industria minera, no viene de los inversionistas. En la mayoría de los casos no viene tampoco de la prensa. 
– Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica
Un reciente artículo publicado por el Globe and Mail llamó nuestra atención directamente por el título: “La gente se está muriendo a causa de nuestras mineras. Es hora de que las muertes se detengan.”
Allí se señala que la mayoría de nosotros no asociamos los negocios canadienses con ataques y asesinatos. Pero que entre 2000 y 2015, 44 personas murieron como resultado de la violencia que rodea a las mineras de propiedad canadiense en América Latina.
El Globe cita un estudio de 2016 llevado a cabo por Shin Imai, un profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, y que destaca, entre otros, que manifestantes opositores a las minas en Guatemala habrían sido golpeados, arrestados, secuestrados y fusilados. Que las mujeres de las comunidades aledañas a las minas han sido violadas.
Estas atrocidades, señala el Globe, rara vez son titulares en Canadá. Las víctimas son pobres y viven en lejanos países en desarrollo. Pero eso está cambiando dice el Globe.
Grahame Russell es Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica.
¿Qué le dice a usted ese título del Globe and mail?
“Me alegro de alguna manera que por fin el Globe and Mail está empezando a informar más profundamente sobre este problema. Lo está tratando como un problema sistemático a través de la industria minera. Estoy muy de acuerdo”.
Russell dice que le sorprende que el Globe and Mail informe sobre esto. Porque con excepciones, la prensa en Canadá no ha estado reportando correctamente sobre la amplitud de los problemas que las mineras canadienses están causando en muchas partes del mundo.
El director de Rights Action conoce muy bien los casos de Honduras y Guatemala porque está trabajando desde hace años en esos países apoyando a las comunidades indígenas afectadas por media docena de mineras canadienses. Grahame recuerda que en los casos en donde ellos se involucraron hay personas asesinadas, golpeadas, encarceladas injustamente. “En un caso específico se vio la violación de 11 mujeres indígenas en Guatemala, cometidas por parte de la seguridad privada de la compañía Hudbay Minerals, el ejército y la policía guatemaltecos”.
En 2007, guardias de seguridad privados, soldados y policías quemaron 100 casas, dispararon y golpearon a miembros de la comunidad Lote 8, y violaron a 11 mujeres, como parte de un desalojo ilegal y forzado en nombre de las compañías canadienses de Hudbay Minerals. Pero hay que informar más en profundidad dice Grahame.
Por donde pasa la solución
“En un país como Guatemala, que conozco bien, el tema no es cambiar un poco el comportamiento de las mineras canadienses. El estado guatemalteco es un estado corrompido, es antidemocrático, es un gobierno y estado racista y explotador. Y las compañías canadienses con el apoyo del gobierno canadiense, están haciendo negocios “felizmente” con ellos”.
Para el profesor de la Universidad del Norte de Columbia Británica, en cada caso en que una minera canadiense operaba en Guatemala, se manifestaban la corrupción, represión, desalojos forzados, destrucción del medioambiente, represión y violencia. “Es muy sistemático y es muy difícil de cambiar todo esto cuando estamos reconociendo un gobierno antidemocrático”.
Pero ahora y por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están demandando a las empresas mineras canadienses a través de los tribunales canadienses, en lugar de confiar en el sistema de justicia local. Este es el punto central del informe del Globe and Mail analiza Grahame Russell y “en este sentido es correcto”.
Todo empezó con la minera Hudbay Minerals en 2010, con sede en Toronto. Russell conoce muy bien el caso porque estuvo involucrado desde los inicio. Luego se dio el caso con la minera Tahoe Resources, con sede en Vancouver, que opera una mina de plata en Guatemala. Rights Action está apoyando a la comunidad afectada en este caso. El tercer caso es el de Nevsun en Eritrea. Esos son los tres casos que se encuentran ante los tribunales canadienses que tratan de responsabilizar a las compañías canadienses en Canadá por las violaciones de los derechos humanos que se ha dado en Guatemala en el caso de Hudbay Minerals y Tahoe Resources, y en el caso de Nevsun en Eritrea.
En el caso de que alguna de estas tres compañías pierda el juicio, eso tendrá implicaciones muy importantes. Básicamente, significará que las operaciones de las mineras canadienses en muchos países de América Latina y África tendrán que ser realizadas manteniendo en el mismo estándar de derechos humanos que existe en Canadá, dice el Globe and Mail de Toronto.
Es en Canadá donde se tiene que hacer justicia
Los casos avanzan en Canadá, no solamente porque es muy difícil conseguir justicia en países como Guatemala, Honduras y Eritrea, dice Grahame Russell.
“Están avanzando en Canadá porque es aquí donde se toman las decisiones de fondo. Aquí es donde se debe hacer justicia porque son compañías de canadienses y estadounidenses, con inversionistas de ambos países, con el apoyo de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos. Aquí es donde se toman las decisiones de fondo, donde se implementa todo. Es aquí donde se tiene que hacer justicia. Porque aquí se encuentran los actores principales”.
Cada vez se habla más en Canadá de las consecuencias del trabajo de las mineras canadienses en países extranjeros ¿Cómo lo explica?
Se debe a años y años de activismo de parte de ciudadanos canadienses, de grupos de solidaridad, y de ciertas ONG en Canadá dice Grahame Russell. La exigencia, la energía, la demanda para que se haga justicia en Canadá viene de los y las canadienses.
Las demandas vienen de las víctimas de esos países, cuyas quejas llegan a Canadá a través de las ONG en Canadá, de los grupos de solidaridad. Vienen de canadienses que trabajan en esos países donde operan esas mineras.
Esto y más en la entrevista de Radio Canadá Internacional con Grahame Russell, Director de Rights Action, autor y profesor adjunto de la Universidad del Norte de Columbia Británica. Rights Action es una ONG canadiense involucrada desde hace mucho tiempo en el desarrollo comunitario, el medio ambiente y el trabajo de derechos humanos en toda América Central.
Más información:
A nueve años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero
VIDEO: Exigimos indagar el papel de la Embajada de Canadá en el caso Mariano Abarca
Acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia para Mariano Abarca