Categoría: Defensa del Agua

Actualmente existen en México dos empresas estatales de energía eléctrica: Luz y Fuerza del Centro (LyFC)1 y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)2 quienes se supone garantizan el acceso de energía eléctrica al 97% de la población mexicana. Ambas empresas públicas son descentralizadas, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La CFE genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica con alrededor de 900 mil nuevos clientes cada año.

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El modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 30 años es el puente que está preparando las condiciones para el modelo económico corporación-nación, último peldaño del sistema capitalista en su fase terminal.1 Es así como la liberalización comercial llega a todos los niveles que, en la lógica de la acumulación del capital, todo cuanto existe pretende ser incorporado a la lógica del mercado. El beneficiario intrínseco de las privatizaciones son obviamente las empresas privadas y en la lógica de la competencia, las mega-Corporaciones Trasnacionales (CT) que identificamos -en el marco de la competencia del mercado global- como Sujeto Principal que impulsa y se beneficia de este proceso de acumulación del capital que transita por diversos modelos económicos.

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En el marco del proceso de privatización neoliberal impulsado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nos encontramos con las últimas trincheras de la ambición donde el gran capital pretende insertar sus colmillos para obtener el absoluto control y la máxima ganancia: la biodiversidad (el material genético), el oxígeno y el agua.

Hombres y mujeres de maíz, pero también de agua.

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Para la Conferencia Internacional Paz, Crisis Regional y Política de EEUU hacia América Latina, Santiago de Chile, 28 y 29 de Agosto

El proyecto económico hegemónico del gobierno de los Estados Unidos (EU) sobre el Continente Americano, sólo será posible si es garantizado bajo un proyecto militar que le dé ustento y viabilidad ante el disenso social cada vez más generalizado y el de algunos gobiernos de América Latina…

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(Segunda Parte)

En Chiapas el gobierno del estado ha entrado al proceso de la privatización del agua donde no ha mediado ninguna acción de consulta sobre este proceso tan delicado. El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía firmó el 30 de enero del 2003 el convenio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Comisión Nacional del Agua (CNA) que también administra las represas hidroeléctricas del país

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(Primera Parte)

En el año 2000 mucha represión fue el saldo que costó a los bolivianos para que su gobierno echara atrás la privatización del agua potable en la ciudad de Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia. La empresa Aguas de Tunari fue vendida en 1999 a la transnacional norteamericana Bechtel que adquirió la distribución, almacenamiento y comercialización del agua de Cochabamba

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Todavía no pisaba Vicente Fox la presidencia cuando ya impulsaba la continuidad de la estrategia privatizadora de la energía eléctrica. Juan Bueno, quien fuera coordinador del Sector Eléctrico de su equipo de transición a finales del año 2000, anunciaba los cabildeos entre legisladores del PRI y el PRD para que, antes de la toma de posesión presidencial en diciembre del mismo año, estuviera listo el proyecto de consenso sobre las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales y seis leyes, a fin de crear la figura del comercializador de energía eléctrica y a mediano plazo concesionar a la iniciativa privada las redes de distribución y permitirles la venta de electricidad en el país. Mediante una nueva Ley del Servicio de Energía Eléctrica se garantizaría el ingreso de corporaciones privadas al sector eléctrico “de manera paulatina, ordenada y bien orquestada”, porque «las privatizaciones han sido desastrosas para el gobierno y no queremos un Fobaproa eléctrico», agregó.

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ALIANZAS CON EL NUEVO COLONIALISMO ESPAÑOL

Hace poco más de 60 años, el pueblo y el gobierno de México iniciaron el impulso del sistema eléctrico en beneficio del país con un presupuesto inicial de 50 mil pesos anuales y 15 empleados. Hoy, la Comisión Federal e Electricidad (CFE) cuenta con 78 mil trabajadores y Luz y Fuerza del Centro (LFC) con 35 mil. Estos 103 il trabajadores en el sector eléctrico mexicano se encuentran en peligro ante el proceso de privatización contemplado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), de cara a la integración del lan Puebla-Panamá (PPP) y del Área de Libre Comercio de Las Americas (ALCA) que moldea el Banco nteramericano de Desarrollo (BID). En el documento del BM de mayo del 2001 titulado “México, una agenda integral de desarrollo para la nueva era”, con el objetivo de privatizar el sector plantea en el capítulo energético ue entidades como Pemex, CFE y LFC no cuentan con autonomía para operar en términos comerciales, lo que es impide actuar con eficiencia.

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El Plan Puebla-Panamá (PPP) se encuentra con mil obstáculos, entre ellos la falta de consenso y el mucho descrédito que arrastra a los gobiernos federal y estatal encabezados por Vicente Fox y Pablo Salazar, respectivamente, quienes abanderan y facilitan la nueva conquista sobre los más pobres del país. Pero otro de los obstáculos que enfrenta el PPP es la resistencia activa contra el pago de la energía eléctrica por parte de miles de comunidades indígenas, campesinas y urbanas en todo el estado de Chiapas.

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JAPÓN, CANADÁ, FRANCIA, SUIZA, ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, ITALIA, COREA, ESPAÑA, BÉLGICA Y COLOMBIA, TRAS LA PRIVATIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE MÉXICO

“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines” (Art. 27 de la Constitución Política de México).
Sin embargo, la privatización ya empezó hace años…

CONCESIONES HECHAS A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS.

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LA OFERTA DE PRIVATIZACIÓN ELÉCTRICA PARA EL 2002

«Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines» (Art. 27 de la Constitución Política de México).
Sin embargo, el proceso de privatización ya está en marcha…

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Los vientos de la Reforma al Sector Eléctrico del país soplan con fuerza. El presidente Vicente Fox puede presentar su iniciativa a partir del 15 de marzo, fecha en que da inicio el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión del 2002. Por su lado, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), han anunciado sus propias iniciativas. Así, cuatro propuestas entrarán a discusión para que, posiblemente, la decisión sea trasladada hasta el siguiente periodo de sesiones que comenzará a partir del mes de septiembre.

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