Miembros mexicanos formulan estrategias para el proceso del Tratado para regular los abusos corporativos

Red-DESC

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (CAWG) de la Red-DESC organizó el 28 de enero de 2015, en Ciudad de México, una reunión de concienciación y elaboración de estrategias en relación al nuevo proceso de la ONU para establecer un tratado para regular las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Más de 15 organizaciones de la sociedad civil de México participaron en la reunión.

El objetivo del encuentro en Ciudad de México era informar sobre el progreso del proceso de la ONU para empezar a desarrollar un tratado, y discutir maneras en que las organizaciones nacionales pueden participar de manera activa en su elaboración.

 

Un grupo de miembros mexicanos de la Red-DESC participó en la reunión, entre ellos: PODER, ProDESC, Proyecto AliMente, Equipo Pueblo, FIAN Mexico y CEMDA. También asistieron algunas organizaciones de otras regiones que se encontraban en México para participar en otra reunión de la Red-DESC sobre la captura corporativa, como Defend Job Philippines y Habi Centre for Environmental Law (Egipto).

Durante el evento, los participantes plantearon sus preocupaciones sobre la existencia de vacíos legales en la legislación nacional, que facilitan la impunidad y hacen que las corporaciones puedan influir en el sistema judicial. Todos estuvieron de acuerdo en que el proceso de creación del tratado puede brindar nuevas oportunidades estratégicas para crear una agenda de incidencia local, fortalecer los esfuerzos colectivos existentes para abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas y ejercer una presión efectiva sobre el gobierno mexicano para que tome medidas proactivas hacia una mayor rendición de cuentas y transparencia corporativa.

Los participantes también hicieron hincapié en la ineficiencia de los mecanismos actuales a la hora de abordar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y se mostraron de acuerdo con que un nuevo mecanismo podría ayudar a impulsar una agenda local, a la vez que conectarían las iniciativas de la sociedad civil mexicana con acciones similares en otros países. 

También se debatió cómo sería posible participar de manera efectiva en el proceso de desarrollo del tratado. Algunas de las ideas propuestas sugerían oportunidades coordinadas de incidencia en los litigios nacionales e internacionales, actividades de presión sobre el gobierno mexicano y diplomáticos de la ONU, la creación de conciencia entre otros activistas mexicanos e internacionales sobre casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, y la promoción del reconocimiento y el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales (ETO).

Durante la reunión también se anunció que la Red-DESC y la FIDH han lanzado un proyecto conjunto que facilitará la participación de los miembros y los aliados en el desarrollo del contenido para el tratado, mediante consultas con un grupo de expertos legales que viajará a las principales regiones del mundo y se reunirá con las comunidades afectadas y las organizaciones que trabajan en temas de rendición de cuentas y transparencia. Los resultados de estas consultas se traducirán en la producción de propuestas legales por parte del grupo de expertos, compuesto por miembros de la Red-DESC y de la FIDH y sus aliados. Las propuestas legales formarán la base de las propuestas de contenido sobre temas pertinentes para el tratado.

A modo de clausura de la reunión, las organizaciones participantes se comprometieron a continuar la conversación entre ellas como un primer paso hacia una participación y una coordinación de los esfuerzos más significativa en relación al proceso del tratado.

 

Proactiva, símbolo de la depredación de las transnacionales en Chiapas

Por Arlequín, Chiapas Paralelo

Un caparazón  de  sustancia grisácea acabó la majestuosidad de la cascada del predio San Martín Mujular. La  formación rocosa de cien años de antigüedad, cuyos torrentes están petrificados por la contaminación que genera el relleno sanitario administrado  por  la empresa trasnacional Proactiva, simboliza la depredación y la destrucción que dejan las empresas transnacionales en el planeta.

Proactiva Medio Ambiente es una de las herencias  dejadas por el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, cuando fungió como presidente del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. La presencia de esta empresa recicladora  de basura y desechos de la ciudad  es una huella  de agravios y malestares.

Riachuelos, pozos y estanques permanecen estancados bajo costras de líquidos viscosos, que los especialistas llaman lixiviados (el zumo  o concentrado de la basura).

San Martín Mujular, una extensión de selva baja caducifolia, habitada por ocelotes  y tigrillos, aves y mariposas y árboles añosos representativos de la fauna y flora de esta región, es un reducto forestal que resiste  los  males de la contaminación de la transnacional.

El microclima,  una postal selvática  en plena capital de Chiapas, absorbe  el corrosivo  impacto de los lixiviados en subsuelo y mantos freáticos, que  desembocan en los ríos Sabinal, de Suchiapa, Santo Domingo  y   El   Grijalva.

El paisaje, enmarcado por una cañada de cedros y hormiguillos, es   símbolo de la lucha y la resistencia que enfrentan los ciudadanos  contra los abusos y los atropellos de los amos del dinero   que quitan y ponen  a modo  a gobiernos y pisotean derechos y dignidades impulsados por la expansión de  sus imperios de destrucción  financieros y también  políticos.

El historial negro  de la empresa Proactiva Medio Ambiente inició  hace ocho años durante  la administración de Sabines Guerrero, cuando se autorizaron  permisos de aprovechamiento del relleno sanitario construido en la parte superior de San Martín Mujular y del ejido Zapata.

La transnacional posee un certificado libre de contaminación, aun cuando las autoridades ambientalistas saben que se incumplen las normas.

Una queja permanente de los agraviados   es porque  el gobierno cierra los ojos y no ve la contaminación que surge del relleno sanitario, por las miles de toneladas de basura arrojadas  a cielo abierto.

Héctor Enrique Montesinos Cano, propietario de San Martín Mujular, libra las principales batallas contra Proactiva Medio Ambiente.  Este hombre menudo, de voz atiplada, pero bragado  y decidido, no se deja y pelea de frente contra  El Gigante de Basura.

Montesinos ha enfrentado casi todos los zarpazos   de  Proactiva. Un secuestro ejecutado por hombres armados que lo abandonaron en  Guatemala, la omisión, la negligencia y la complicidad sistemática  de las autoridades del ramo  de los tres órdenes de gobierno.

Estudios realizados por su cuenta advierten  de la contaminación del agua en el área por la presencia de metales pesados.

La lucha en solitario contra la transnacional  vulnera a Héctor Enrique en el plano familiar. Ha tenido   que sacar  de Chiapas a su hijo mayor; sus hijas menores siempre  van  con este  duro peleador  que no cesa en su convicción de denunciar la arbitrariedad.

Los lugareños y vecinos del ejido Zapata  dejaron de consumir el líquido, La evitaron para el riego, agrícola y las aves de corral. El agua está llena de suciedad, nos salen granos.

Los olores fétidos  recorren el asentamiento humano y causan dolores de cabeza y afecciones respiratorias. Incluso  soportan el deambular y los peligros  de manadas de perros carroñeros que merodean sus tierras de cultivo, próximas al relleno sanitario.

Héctor Enrique, El Pequeño Guerrero, librará sus siguientes batallas  en la arena de la  Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde recurrirá el caso en busca de una solución al conflicto.

Los combates desiguales en San Martin Mujular, son fotografías e instantáneas dramáticas que se  presentan más frecuente contra las firmas internacionales –cuyo poder se extiende hasta  el ciberespacio, donde se concretan sus transacciones- ahora fortalecidas con el Estado reformista impulsado y defendido a rabiar por el presidente Enrique Peña Nieto.

Estas luchas sordas, en las cuales  no se deja  ciudadano ni siquiera   el derecho de pataleo, las enfrentan comuneros y  ejidatarios de Chiapas, que defienden  la conservación de un río, un ojo de agua, contra empresas voraces  como Cocacola, Pepsicola.

Lugareños de la Sierra, el Norte, la Selva y los Altos que contienen la exploración y explotación de las mineras, y aquellos  se alzan contra nuevos proyectos hidroeléctricos.

De ahí el mérito de El Pequeño Guerrero,   que armado sólo con la onda y  la piedra de la razón y la justicia, acometa  en los campos del  Mujular contra El Gigante de Basura.

Carta: Obstáculos a la participación en las consultas para la revisión de las salvaguardias del Banco Mundial

Carta enviado al Presidente del Banco Mundial y la Asamblea de Directores
el 25 de noviembre de 2014

Obstáculos a la participación en las consultas para la revisión de las salvaguardias del Banco Mundial

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Como miembros y aliados de la Coalición Bank on Human Rights/Contar con Derechos Humanos, nos dirigimos a usted hoy para expresarles nuestras serias preocupaciones sobre la forma en que se están manejando las consultas sobre la revisión de las políticas de salvaguardia. A pesar de la gran importancia de estos temas para el bienestar de las comunidades y el medio ambiente, erradicar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida, y a pesar del compromiso del Banco con el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en las consultas y las propias Directrices de Consulta del Banco, muchas de las consultas se han visto gravemente comprometidas por un plazo de notificación insuficiente y un acceso restringido.

El Banco es consciente de los beneficios de la participación para lograr un desarrollo de políticas y una prestación de servicios mejores y más sostenibles. Además, debido a que la pobreza es en esencia “la imposibilidad de participar o influir en las decisiones que afectan profundamente la vida de uno”, la participación es una estrategia esencial para la erradicación de la pobreza.

El derecho a participar, y en particular el derecho de las personas afectadas por las decisiones clave a participar en los procesos de toma de decisiones relevantes, está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y los estados están obligados a respetar, proteger y garantizar este derecho sin discriminación de ningún tipo. 3 El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de reunión pacífica y de asociación también ha pedido el reconocimiento de que “las libertades de reunión pacífica y de asociación están inextricablemente entrelazadas con el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho de acceso a la información y otros derechos relevantes…” y que “[los] estados están obligados a defender esos derechos humanos dentro de su jurisdicción nacional, y
cuando actúan en la esfera internacional, ya sea de forma individual, bilateral o multilateral”.

Desafortunadamente en los últimos dos meses de esta fase de consultas, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas han experimentado los siguientes obstáculos a sus derechos de participación:

-Información inadecuada sobre el proceso de consulta
-Plazo de notificación insuficiente con respecto a consultas específicas
-Falta de claridad sobre el modo de participación
-Consultas restringidas a participantes seleccionados por el Banco
-Alcance geográfico inadecuado de las consultas
-Falta de información para una consulta informada
-Estructura de la consulta

Le instamos a abordar las graves deficiencias de las consultas de salvaguardias y cumplir sus compromisos con la transparencia y la participación ciudadana, tomando de inmediato las siguientes acciones:
• Garantizar la notificación para cada consulta con un mínimo de 60 días de anticipación y reprogramar / repetir las consultas que no han tenido dicha notificación. Garantizar que el paquete completo de documentos de las salvaguardias, incluidos los anexos y las directivas, esté disponible en el idioma pertinente del país miembro un mínimo de 60 días antes de una determinada consulta.
• Dejar claro a las oficinas de país que la divulgación para consultas de múltiples actores también debe incluir a las organizaciones de pueblos indígenas y las comunidades afectadas, incluyendo los solicitantes de casos al Panel de Inspección, no sólo ONGs.
• Corregir los problemas antes mencionados en el sitio web de consultas de salvaguardias y asegurar que la información sea completa en cada idioma.
• Garantizar que las consultas de múltiples actores estén abiertas al público y que todos los implicados puedan observar todas las aportaciones. La única excepción serían los casos en que la sociedad civil tuviera preocupaciones de seguridad de cara a la expresión de opiniones en público.
• Trabajar con los gobiernos de los países y la sociedad civil para asegurar que las consultas se organizan de tal manera que las agendas de consulta sean determinadas de manera colectiva y que faciliten la participación plena y significativa, sin discriminación.
• Grabar y hacer transcripciones literales públicas de todas las consultas, incluyendo las aportaciones del Banco (con la excepción de las aportaciones de la sociedad civil en los casos en que tema represalias). Distribuir un borrador del acta a los participantes en la consulta y brindarles la oportunidad de revisar y proponer correcciones. Incorporar las correcciones al acta provisional o publicar las correcciones enviadas por los participantes junto con el acta.
• Asegurar que los lugares y formatos de consulta son accesibles a las personas con discapacidad.
• Utilizar medios públicos, divulgación activa desde las oficinas de país, y recurrir a las videoconferencias y teleconferencias para hacer que el proceso de consulta sea accesible en todos los países miembros del Banco, y más allá de las capitales de los países.
• Producir un informe público del ‘feedback’ recibido, incluyendo un desglose de todos los comentarios en lugar de solo un sumario, con una explicación sobre la forma en que se incorporaron al borrador o las razones por las que no se incluyeron.
• Trabajar en conjunto con la sociedad civil para desarrollar un plan claro para asegurar una contribución significativa en el futuro, incluyendo comentarios para un segundo borrador.

Esperamos su pronta respuesta a estas importantes preocupaciones importantes. Por favor, póngase en contacto con la Coordinadora de la Coalición de Bank on Human Rights, Gretchen Gordon llamando al (202) 742-5831, para obtener más información.

Bank on Human Rights
Una coalición para los derechos humanos en el financiamiento para el desarrollo

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Premios Pinocho 2014: ¡comienza la votación!

¿Cuál es la empresa que mejor mintió este año? Shell, Total, el Crédit Agricole, EDF, Pur Projet, GDF Suez, Perenco, Samsung o Lyon-Turin Ferroviaire ? Estas compañías, en mayoría francesas, han sido nominadas para la séptima edición de los «Premios Pinocho del desarrollo sustentable».

 

 

Organizado por la federación Amigos de la Tierra Francia, que reúne unas treinta asociaciones ambientales en el país, este concurso recompensará el 18 noviembre de 2014 a las tres empresas que mejor supieron manipular los medios de comunicación para hacer creer que sus actividades son las más verdes y las más responsables socialmente, cuando en realidad son unas de las más contaminantes y menos respetuosas de los derechos humanos, con los métodos financieros menos transparentes. El jurado de este concurso es la sociedad civil internacional, que puede votar desde ahora vía el sitio internet de Amigos de la Tierra Francia, en esta página: http://www.prix-pinocchio.org/es/nomines.php.

La competición se divide en tres categorías y los internautas pueden votar para una empresa en cada categoría.

1) La primera categoría, «¡Una para todos, todo para mí!», recompensa la empresa que haya manejado la política más agresiva en términos de acaparamiento, sobreexplotación o destrucción de los recursos naturales. Allí se desempeñan:

La compañía petrolera holandesa Shell, por explotar gas de esquito en Ucrania usando la fractura hidráulica (o fracking en inglés) en condiciones muy peligrosas para el medio ambiente y la salud: las aguas tóxicas que utiliza para fracturar las piedras de esquito y así extraer el gas están almacenadas al aire libre y separadas del agua subterráneo por una simple capa de plástico. También tiene concesiones para hacer fracking en Patagonia (Argentina), incluso en áreas naturales protegidas y en zonas de ganadería tradicional, cuyas adquisiciones están llenas de irregularidades.

La compañía petrolera francesa Total, cuya explotación de gas en tierra Egi en el Delta del Níger (Nigeria) se hace al detrimento de la población desde 1964. Para extender su central a partir del 2006, acaparó tierras sin indemnizar a toda la población expropiada. Hubo muertos y heridos en manifestaciones organizadas por familias Egi  en contra de la empresa Además, ocurrieron varios accidentes técnicos en los últimos años como explosiones o fugas de gas que provocaron graves daños al ecosistema y a la salud de la población.

El banco francés Crédit Agricole, por financiar a empresas que explotan carbón en los Apalaches (Estados Unidos) usando el método de la «remoción de cima» (Mountaintop Removal – MTR en inglés). Esta técnica consiste en hacer explotar las cimas de las montañas, destruyendo el ecosistema y provocando lluvias de metales pesados ultra contaminantes para la salud de población que vio los casos de cáncer multiplicarse en los últimos años. En 2013, CA cambió su política sobre minería y metales, pero nunca dejo de financiar el MTR, al contrario de otros bancos como el francés BNP Paribas.

2) La segunda categoría, «Más verde que verde», recompensa la empresa que haya manejado la campaña publicitaria más abusiva y engañosa comparada con sus actividades reales. Los tres nominados son:

La empresa estatal francesa Electricidad de Francia (EDF), que invierte cada vez mas en energías fósiles como el carbón, haciendo todo el contrario de lo que promete en sus campañas de comunicación donde asegura que lucha contra las emisiones de CO2. En Serbia, quiere construir una nueva central de lignito, una forma de carbón rica en sulfuro cuya explotación es conocida por provocar lluvias ácidas. La nueva central Kolubara B debe construirse en una zona donde ya existen minas a cielo abierto y centrales: expondrá la población local a aún más contaminación.

El colectivo Pur Projet (Proyecto Puro), nacido en Francia y que reúne hoy unas 50 empresas en el mundo, dedicado a «compensar los impactos socio-ambientales» de empresas contaminantes, permitiéndoles de invertir en proyectos de reforestación o de conservación de bosques en países del Sur. Basado en el modelo del sistema REDD (Reducción de Emisiones de carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los bosques), nacido con el Protocolo de Kyoto en 1992, Pur Projet permite a empresas seguir emitiendo CO2 y limpiar su imagen al mismo tiempo para parecer verde. Pero muchas veces, estos proyectos de conservación son sinónimos de acaparamiento de tierras y de violación de derechos de poblaciones tradicionales a quienes impiden vivir en el bosque para supuestamente protegerlo, como es el caso en Perú.

La empresa productora y distribuidora de gas y electricidad GDF Suez (Francia), por haber invertido una parte de los 2.5 billones de euros que recibió en mayo de 2014 de varios organismos financieros internacionales bajo el titulo de «obligaciones verdes» en un proyecto de muerte en la Amazonía brasilera: la construcción de la presa hidroeléctrica de Jirau, que provocó inundaciones y violó el derecho a la consulta. Estos green bonds le fueron otorgados con la obligación de ser usados para desarrollar energías limpias y proyectos socialmente responsables. Pero como los criterios que definen qué proyecto es verde o no fueron determinados por cuatro bancos (Bank of America Merrill Lynch, Citi, Crédit Agricole CIB, JPMorgan Chase & Co) más interesadas en ganancias que en sustentabilidad, GDF Suez pudo usarlo para promover esta presa.

3) La tercera categoría, «Manos sucias, Bolsillos llenos», recompensa la empresa que haya manejado la política más abusiva en términos de opacidad a nivel financiero (evasión fiscal, corrupción), en términos de cabildeo/presión, o en su cadena de suministro. Se encuentran:

La petrolera franco-británica-bahameña Perenco, por enriquecerse explotando petróleo en zonas muy pobres de países del Sur, siempre en condiciones financieras muy opacas. Su técnica es comprar a otras empresas petroleras cuando ya están maduros, es decir cuando la zona de explotación esta ya muy contaminada. No le importa seguir dañando el medio ambiente y el hábitat de las poblaciones cuando es sinónimo de ganancia para ella. Está presente desde el año 2000 en la ciudad de Muanda (República democrática del Congo), conocida como la ciudad petrolera más pobre del mundo, donde su contrato ni se ha hecho publico. Los accidentes allí son recurrentes y los contestatarios (vecinos o huelguistas) han sido víctimas de represalias.

El fabricante de productos electrónicos coreano Samsung, por recorrer a una mano de obra muy barata y explotada en China para fabricar sus «smartphones». Incluye menores de 16 años en las líneas de producción, violando la legislación local, según un estudio de China Labor Watch. Ellos no tienen contratos de trabajo, es decir ninguna protección social. Los obreros en general trabajan hasta 16 horas diarias, sin medidas de seguridad ni sanitarias. Al mismo tiempo, Samsung gasta mucho dinero en campañas de comunicación mentirosas para promover una imagen de empresa «ciudadana» y «socialmente responsable» que lleva una política de «cero tolerancia» hacia el trabajo infantil.

 – La sociedad franco-italiana Lyon-Turin Ferroviaire (financiada por la Unión europea y por los gobiernos de ambos países), encargada de construir la línea de tren de alta velocidad entre Lyon (sureste de Francia) y Turín (noroeste de Italia) que necesitaría cavar gigantescos túneles en las montañas de Los Alpes. El proyecto tiene un presupuesto de 26 millones de euros y su realización impediría a Francia invertir en otros proyectos hasta 2030, advirtió la Corte de Cuentas francesa. Su utilidad es controvertida ya que ya existente una línea que podría ser modernizada. Además, los costos ambientales serían muy altos: extracción de millones de metros cúbicos de roca, drenaje de 60 a 125 millones de m3 de agua por construir solo el primer túnel…

// Los Premios Pinocho del desarrollo sustentable 2014 son organizados en colaboración con Basta (www.bastamag.net) El Observatorio de las multinacionales (www.multinationales.org) y la Radio Mundo Real (www.radiomundoreal.fm).

Sitio web de derechos humanos visibiliza la conducta de más de 5600 empresas

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, CIEDH

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) lanzó su sitio web multilingüe rediseñado, que transparenta la conducta en materia de derechos humanos de más de 5.600 empresas a nivel mundial, incluyendo los avances que éstas están haciendo, denuncias de abusos de derechos humanos y la forma como las empresas están respondiendo a estas preocupaciones.

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Más de 80 países reclaman que la ONU penalice los abusos de multinacionales

Retransmisión Video en RadioMundoReal

Notas y entrevistas (RadioMundoReal)

23 – 27 de junio de 2014, durante la última semana de la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU), en Ginebra (Suiza), y con acciones descentralizadas alrededor del mundo.

María Cappa. Periódico La Marea.

Habilitar un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común, pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.

 

La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos, seis años trabajando sobre este tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el Tribunal Permanentes de los Pueblos (TPP), una herramienta de la Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy reconocidos de DDHH.

Estos tribunales actuaron como una herramienta fundamental para hacer visible cómo las violaciones que cometen las multinacionales en América Latina, África y Asia son sistemáticas. Tal y como explica la investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) Erika González, este tipo de violaciones abarcan todos los ámbitos de los DDHH. Por un lado, “políticos y civiles por medio de la represión militar y paramilitar de las oposiciones sociales a grandes proyectos de multinacionales, represión, persecución, asesinato o detenciones”.

Pero también violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, “cuando se impide a la población acceder a bienes básicos para una vivienda digna como son las pensiones, el agua o la electricidad, derechos colectivos relacionados con los desplazamientos de los que son víctimas tanto las poblaciones campesinas como los pueblos indígenas, violación de los derechos ambientales por la destrucción de ecosistemas, acuíferos, zonas protegidas y parques nacionales”, explica González.

El último de los juicios que el TPP realizó fue en Madrid en el año 2010. Allí volvieron a constatar que empresas como Aguas de Barcelona, Canal de Isabel II, Bayer, BBVA, HSBC, Banco Santander, Benneton, Endesa, Unión Fenosa, Telefónica Pescanova o Repsol YPF han destruido el medio ambiente, vulnerado los derechos laborales básicos u obligado a comunidades autóctonas a abandonar sus hogares para dejar vía libre a la construcción de las empresas en determinados lugares.

Los ejemplos más recientes, tal y como recuerda González, son “el desastre de 2013 en Rana Plaza, Bangladesh, que quitó la vida a 1132 trabajadores (en su mayoría mujeres), la masacre de 2012 de Marikana que mató a 34 mineros en Sudáfrica, la creciente destrucción causada por Shell en la región de Ogoni y por Chevron en la Amazonia ecuatorial así como las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la Mina de carbón en Cerrejon, Colombia”.

Todos estos ejemplos no son más que una muestra de la impunidad de la que gozan las multinacionales, a pesar de que la ONU insiste en que hay un consenso internacional respecto a la funcionalidad de los dos mecanismos con los que cuentan actualmente: el Global Compact y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por John Ruggie, que actúan más como recomendaciones que como herramientas coercitivas de obligado cumplimiento. “Ya sea por la Organización Mundial del Comercio, por los tratados de libre comercio, por los tratados bilaterales de inversiones o por los tratados que realizan las empresas multinacionales, la realidad es que se ha generado una armadura legal que protege a estas empresas, sus derechos comerciales están contemplados en contratos muy eficaces, que si un Estado no lo cumple, la empresa lo denuncia ante un tribunal de arbitraje como es el Ciadi en el Banco Mundial o La Haya en el de la ONU”, denuncia González.

Tal y como se ha demostrado en la práctica, “la mayoría de esas sentencias se resuelven en contra de los Estados; es decir, que encima son los países los que tienen que pagar una multa a la empresa. Una muestra clara de que los derechos de estas empresas están fuertemente garantizados en oposición a los DDHH, que están integrados en lo que se conoce como “derecho blando” ya que no hay mecanismos eficaces que se respeten. Ni las comunidades, ni las organizaciones ni siquiera un Estado puede denunciar a una empresa ante una instancia internacional”, recuerda.

La propuesta de Ecuador

Fue en septiembre del año pasado, en el marco de la 25ª sesión del Consejo de DDHH, cuando la Misión de Ecuador ante la ONU promovió por primera vez un una declaración que hablaba sobre la necesidad de elaborar de manera inmediata un tratado que obligara a las multinacionales a respetar los derechos de los ciudadanos y la normativa de los países en los que decidían instalarse. Esta declaración contó con el apoyo del Grupo Africano, el Grupo Árabe, Pakistán, Sri Lanka, Kirguistán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Perú. En total, más de 80 países entre los que destacan las ausencias de países aparentemente afines como Argentina o Uruguay.

Para la investigadora de OMAL, la postura de Ecuador respecto a la necesidad de proponer este debate en la ONU “viene tanto de lo que ya estaban moviendo las organizaciones internacionales como del problema que ha tenido el Gobierno con Chevron, empresa que recientemente lo ha demandado ante el tribunal de La Haya por la multa ejemplar que le impusieron los tribunales ecuatorianos, no sólo para no tener que pagar la multa sino para que Ecuador tenga que indemnizar a esta empresa por daños y perjuicios. A diferencia de los movimientos sociales, la iniciativa de Ecuador -que Erika González cree que irá en la línea de lo propuesto por John Ruggie y contendrá reivindicaciones más ambiguas- está relacionada con un trabajo institucional,. Esta propuesta será la que, junto con el resto de los países que la secundan, tenga posibilidades de que se lleve a cabo ya que, como recuerda González, “quienes participan en la ONU son los Estados, no las organizaciones sociales”.

A pesar de las más de 80 naciones de todo el mundo que apoyan la iniciativa de Ecuador, el papel global de los gobiernos cuyos ciudadanos son víctimas de abusos por parte de muchas multinacionales no es homogéneo. Por un lado están los países cómplices como, según señala Erika González, Colombia, Perú, Guatemala o México, que son ejemplos claros “de gobiernos funcionales a los intereses de las transnacionales; todas sus decisiones políticas y sus leyes benefician las inversiones y los negocios de las transnacionales y se priorizan en detrimento de los DDHH”.

En el lado opuesto hay otros gobiernos, “como Venezuela, Bolivia, Ecuador, que están dentro del ALBA, y, en algunas cosas también Argentina, que han tomado decisiones o han elaborado leyes que incrementan la soberanía de los gobiernos del sur en la toma de decisiones políticas, que han repercutido negativamente en los intereses comerciales de las empresas transnacionales”. Aunque González destaca que esto no quiere decir que se opongan férreamente a las multinacionales. De hecho, en Bolivia, Venezuela y Ecuador “siguen trabajando transnacionales en sectores como la minería o el petróleo que siguen atentando contra el medio ambiente y contra los derechos de los indígenas o de las comunidades cercanas a las zonas donde se establecen, y sus gobiernos siguen firmando acuerdos y contratos con ellas”.

Semana de reivindicaciones en Ginebra

Durante la última semana de la 26ª sesión Consejo de Derechos Humanos de la ONU (entre el 23 y el 27 de junio), la Campaña Internacional Desmantelando al Poder Corporativo tiene prevista en Ginebra una serie de movilizaciones con dos objetivos claros. Primero, presionar a los integrantes de la ONU encargados de decidir si la resolución que ha presentado Ecuador sale adelante. Pero también conseguir la mayor visibilización posible para el tratado que las organizaciones sociales han elaborado (más exhaustivo de lo que, probablemente, haya presentado el gobierno de Rafael Correa) y que se presentará durante la semana de movilizaciones.

Las posibilidades reales de que la ONU habilite mecanismos para juzgar de manera efectiva a las multinacionales son escasas. Ya en 2011, cuando se aprobaron los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y DDHH, las organizaciones sociales lograron que se colara en el debate la necesidad de elaborar un tratado internacional vinculante. Sin embargo, el propio John Ruggie, relator especial de la ONU sobre este asunto y responsable de la elaboración de estos principios rectores, se mostró reticente al respecto. Y es que, según afirmó, dado que hay 80.000 multinacionales, y millones de subsidiarias más, supervisar el cumplimiento de este tratado superaría la capacidad de la mayoría de los gobiernos, y si se creara un organismo supranacional a tal efecto, le ocurriría lo mismo.

Por su parte, Erika González valora positivamente que en algunos países, gracias a la resistencia y la lucha protagonizadas por los movimientos sociales durante años, se ha conseguido llevar a juicio a algunas transnacionales y que se reconozca oficialmente que ha habido una violación de DDHH. “Un ejemplo muy claro es el de Chevron, en Ecuador, después de más de 10 años de lucha por parte de las comunidades afectadas. O el caso del pueblo mapuche, en Argentina, contra Repsol y contra YPF por todos los años de contaminación de su territorio y que había repercutido en su población”.

En otras ocasiones, los países donde tenían establecida la sede las multinacionales han juzgado a estas empresas gracias a los mecanismos de extraterritorialidad. “Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional denunció a los tribunales holandeses la violación de DDHH e impacto ambiental de Shell en el Delta del Níger y el año pasado consiguió que un tribunal juzgara algo que había hecho una empresa de su país en otro lugar”. Pero son casos aislados y, a veces, poco eficaces, ya que las multinacionales condenadas deciden no cumplir con la pena que se les impone sin sufrir ninguna consecuencia. Y esta una de las herramientas básicas que exigen desde la Campaña: “Que se pueda juzgar a las empresas en sus países de origen por una vulneración de derechos cometida en otros lugares”, concluye González.

Corporaciones y derechos humanos: una combinación imposible

Corporaciones y derechos humanos: una combinación imposible

Opinión del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), en el Boletín 197

En el mundo de los grandes negocios, un pequeño grupo de corporaciones transnacionales domina, cada vez más, a casi todos los sectores de la economía. Ya eran grandes, pero ahora son enormes, y sus actividades están causando cada vez más impactos negativos. Al mismo tiempo, y gracias a las grandes luchas de comunidades, movimientos, organizaciones y activistas, esas mismas corporaciones se vieron forzadas a asumir algunos compromisos escritos, con la ética, con la responsabilidad social y ambiental; y empezaron a elaborar sistemas de certificación de la “sustentabilidad” y a hablar de “mejores prácticas”; inclusive comenzaron a hablar de derechos humanos.

En este boletín, dedicado una vez más al Día Internacional de los Derechos Humanos, buscamos reflexionar sobre este tema, observando la actuación de las grandes corporaciones. Con ello, es imposible no ver el comportamiento de tales empresas que violan los más diversos derechos fundamentales – consagrados o no en leyes y tratados internacionales. Como derechos fundamentales consideramos, por ejemplo, los que buscan garantizar la dignidad del ser humano, la justicia social y ambiental.

Veremos, en este boletín, la violencia del acaparamiento de tierras como una de las acciones probablemente más fuertes en la actualidad, que se expresa de varias formas. Es violento cómo las grandes corporaciones del sector del eucalipto y la celulosa acaparan cada vez más tierras en países como Brasil, para instalar grandes monocultivos y cómo lo han hecho históricamente en la ilegalidad y con el apoyo del Estado. Es igualmente violenta la expansión desenfrenada de las grandes corporaciones de palma aceitera en África, que invade tierras de los campesinos, afectando la soberanía alimenticia y aumentando el hambre en países como Sierra Leona. Es violento también cómo las grandes corporaciones del sector energético acaparan tierras para construir mega hidroeléctricas como en Malasia y otros países, destruyendo la biodiversidad, los bosques y el sustento de miles de personas, para beneficiarse de la generación de energía. Hay un pasivo enorme con millones de personas, expulsadas y lanzadas a las periferias de las grandes ciudades, que hoy concentran cada vez más población de los países del Sur global, aunque haya tierra suficiente para que gran parte de esa población pueda trabajar y garantizar la soberanía alimenticia en sus países.

Es violento también cómo las corporaciones tratan, hoy en día, a sus trabajadores directos y, principalmente, a los indirectos. La esclavitud, abolida desde hace mucho tiempo en el mundo, sigue prevaleciendo y agravándose en las regiones que abastecen a las grandes corporaciones con sus materias primas; por ejemplo, en las vastas plantaciones de monocultivo de palma aceitera en Malasia e Indonesia, principales países productores.

Es violento cómo las grandes corporaciones no aceptan limites a sus actividades que son cada vez más globalizadas, pretenden el libre comercio, lo que significa una gran ventaja para aumentar aún más sus beneficios. Y como controladores del mercado, pueden sacar aún más provecho. Las corporaciones buscan garantizar sus intereses en espacios clave como la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se reunió recientemente en Bali, Indonesia.

Es violento inclusive cuando las grandes empresas adoptan un discurso de “sustentabilidad” de la madera tropical, como proveniente del “manejo forestal sustentable”, porque ello agrava la devastación gradual de los bosques tropicales, destruyendo el futuro de las comunidades que dependen de dichos bosques para desarrollar sus formas de vida. Pero sus únicos objetivos son aumentar los beneficios e incentivar el consumo de productos de lujo, innecesarios.

Con seguridad, es de suma importancia seguir luchando para que nuestros gobiernos, e incluso la ONU, garanticen los derechos humanos fundamentales, dando énfasis especial a la lucha incesante de Via Campesina en estos últimos años para garantizar la aprobación de una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos- lo que merece el apoyo de todos a todas.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que las grandes corporaciones, por la lógica del propio sistema capitalista, buscan acumular, especular y obtener cada vez más beneficios. Las grandes corporaciones son la mayor expresión de un sistema intrínsecamente injusto y explotador. Buscan abrir cada vez más mercados, inclusive relacionados con la “sustentabilidad” a través de los “certificados de sustentabilidad”, las “políticas de responsabilidad social y ambiental” o los “códigos de ética”. No aceptan reglas obligatorias, por eso siempre defienden los sistemas voluntarios, porque en la lógica del capital los mercados no pueden imponer barreras al libre comercio para las corporaciones, también en el negocio de la “sustentabilidad”.

Sin cambios a nivel global para restringir drásticamente la acción de las grandes corporaciones, presenciaremos la continua privatización de tierras y bosques por parte del poder corporativo, y las múltiples violaciones de derechos no cesarán. Vale la pena centrar los esfuerzos con el objetivo de responsabilizar a las corporaciones por sus violaciones actuales e históricas.

Hacemos un llamamiento al apoyo y a la integración de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y dar fin a la Impunidad que hoy rige la acción de las Corporaciones. Los Derechos Humanos no combinan con las corporaciones; combinan con un sistema económico basado en la solidaridad, en la soberanía alimenticia, en la justicia social y ambiental.

Así se adueña del agua FEMSA

Así se adueña del agua FEMSA

por Daniela García. El Barrio Antiguo

¿La construcción de un nuevo estadio de futbol puede ser la fachada para un negocio vital?

femsaA finales de la década de los 70, los habitantes de Coatepec, un pueblo ubicado a unos kilómetros de Xalapa, Veracruz, vieron con asombro cómo grandes empresas industriales se instalaron en las afueras. Firmas como Coca Cola y Nestlé compraron quintas y ranchos rodeados de lagos y manantiales llenos del agua cristalina que mantenían al lugar vivo y verde.

Primero los habitantes se alegraron de contar con nuevas fuentes de trabajo en una zona donde la mayoría de los empleos están relacionados con la siembra, recolección o venta de café. Además, la llegada de las empresas trasnacionales les permitió obtener productos de la canasta básica a un precio más accesible.

Parecía que después de tanto tiempo la exuberancia de su tierra recibiría los frutos del progreso.

Coatepec está catalogado como “Pueblo Mágico”. Lo mágico del lugar reside en la espesa vegetación que lo rodea, en sus cerros llenos de cataratas y manantiales de agua pura que bajan y cruzan las zonas urbanas. Pero tras la llegada de Coca Cola y Nestlé, no pasó mucho tiempo para que los habitantes de Coatepec se dieran cuenta de que estas se habían adueñado de las represas de agua que alguna vez les pertenecieron: en un convenio con el Gobierno de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) obtuvieron concesiones por casi el 80 por ciento de los mantos acuíferos de la zona. En el 2013, más de 40 años después, los ríos que cruzan las zonas urbanas no tienen nada de cristalinos y se percibe un olor rancio proveniente de las corrientes. Además, existe una escasez de agua en todo el estado y poco hay que puedan hacer para recuperar el agua que por convenio le pertenece a las empresas.

Debido a la privatización de los mantos acuíferos de la región, es necesario acarrear agua para consumo humano desde el estado vecino de Puebla. Así se abastecen las necesidades diarias, no sólo de Coatepec, sino también de la capital, Xalapa, y de otras ciudades del estado. Esto les cuesta a los ciudadanos más de lo que le cuesta a las empresas hacer uso de los mantos concesionados. Las dificultades de abastecimiento del agua potable contrastan con los montes, arroyos, lagos y manantiales que adornan los paisajes del estado, el cual es el que recibe más escurrimiento de agua en todo el país. Hasta 33 por ciento del total de agua del estado termina en manos de las grandes industrias. Los habitantes de Coatepec miran el desfile del agua… siempre del otro lado del muro.

II

En Monterrey, Nuevo León, se vive una historia similar en las calles de la zona metropolitana: la empresa Fomento Económico Mexicano (Femsa), a la cual pertenece Coca Cola y hasta el 2012 tuvo alianza con Nestlé, se ha hecho de un terreno importante en el parque La Pastora, asiento de uno de los pocos mantos acuíferos subterráneos del área metropolitana de Monterrey. En esta área, la empresa que actualmente utiliza para sus procesos industriales agua traída directamente desde Saltillo, planea construir un estadio de futbol.

Entre el tráfico de la ciudad, a tan sólo unos minutos del centro de Monterrey y al pie del Cerro de la Silla, se encuentra el parque La Pastora: un bosquecito rodeado de avenidas llenas de carros apretujados en el tráfico y bordeado con colonias que alojan a cientos de familias. Bajo la superficie del parque, una importante cantidad de agua ha permanecido escondida y alejada de los ojos de los regiomontanos. Durante años, esta reserva de agua permaneció oculta y su existencia no se trató más que como un simple rumor. Actualmente, la tranquilidad del sitio se ve perturbada por el movimiento: la empresa transnacional Femsa adquirió una concesión por parte del Estado de Nuevo León para construir en el terreno el imponente estadio de futbol que alojará al equipo local de los Rayados de Monterrey.

Poco más de 500 trabajadores se reúnen todos los días bajo el sol rabioso del verano y realizan diferentes tareas: se montan sobre máquinas que excavan el terreno, acomodan y reacomodan las altas vigas que soportarán la construcción del estadio, rellenan de concreto los cimientos. Si se transita sobre la avenida Pablo Livas, justo a un lado de donde se encuentra la obra todavía gris, se puede apreciar ya la forma del estadio: ovalada, alta, majestuosa.

Las visitas a la construcción están restringidas y hace falta un permiso tanto de la empresa Femsa como del Club de Rayados para poder ingresar y recibir un tour por el interior del terreno, alrededor y al interior del futuro estadio. Este tour es proporcionado con mucha reticencia. En el recorrido ya se pueden apreciar unas gradas en donde se sentarán las personas que paguen por un boleto para los partidos de futbol o los que decidan adquirir abono. Justo arriba, señalan los encargados del tour -trabajadores de las empresas constructoras subcontratadas por Femsa- estarán los palcos vitalicios privados, cuyos precios llegarán hasta los 13 millones de pesos. Los empleados dirigen el tour hacia la zona donde se establecerán los restaurantes y las tiendas de conveniencia, como si se tratara de la visita a un centro comercial. En dirección contraria se encuentra el lugar en donde estarán los vestidores de los jugadores y árbitros, incluido uno especial para las mujeres árbitras.

Los que no pueden pasar las mallas metálicas son los aficionados del equipo Rayados, quienes se conforman con pararse sobre las avenidas circundantes o en el interior del parque La Pastora. Desde ahí observan el futuro estadio y, con emoción en los ojos, platican que no pueden esperar más para verlo terminado. “Se te pone la piel chinita”, comenta uno de ellos.

III

femsaFrente a su escritorio, en una pequeña oficina ubicada al sur de Monterrey, uno de los propietarios de una de las compañías que se encargan de la construcción del estadio, se niega a ser identificado con su nombre por temor a represalias, pero confirma la existencia de los mantos acuíferos bajo el terreno donde estará el estadio: “Sí existen, pero no se tocan”. Los constructores fueron informados por los mismos directivos de Femsa: deben mantener los mantos en buen estado. No se pueden perforar, dañar o tocar y todas las maniobras de construcción deben de realizarse con sumo cuidado.

El agua está en un terreno que temporalmente le pertenece a Femsa, pero las leyes federales del país establecen que es un recurso federal, por lo que la empresa no puede usarla a menos que obtenga un permiso de Comisión Nacional del Agua (Conagua). De hecho, el equipo jurídico de Femsa especifica esta circunstancia en el documento de impacto ambiental que desarrolló para apaciguar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el 2010: “Queda prohibido al concesionario […] explorar o construir pozos domésticos o industriales para extracción de mantos freáticos y extraer o utilizar agua del Río la Silla”.

De forma similar a lo sucedido en Coatepec, Veracruz, si quiere perforar estos pozos, Femsa tan sólo necesitaría que Conagua le diera un permiso que no tiene costo. La concesión del terreno de La Pastora a Femsa es de 60 años, por lo que si buscan explotar un manto acuático para sus labores, les quedarían 57 años para tramitar el permiso correspondiente de Conagua.

IV

Claudia Gómez sale a regar sus plantas todos los días a eso de las cinco de la tarde. Vive justo detrás del futuro estadio de los Rayados. En la parte delantera de su casa, tres grandes árboles adornan la vista, pero un espacio vacío en la acera recuerda la desaparición del cuarto. Cuando la corriente del Río la Silla creció hace tres años, debido al paso del devastador huracán Alex, el cauce se desbordó y arrastró todo lo que encontró a su paso, incluido el arbusto de Claudia. El agua no se llevó sólo árboles, sino también carros, mesas, sillas y hasta colchones. Era un árbol grande, pesado. “Nomás que llueva otra vez así, que nos venga otro huracán y va a volver a pasar- comenta-. Se va a inundar la calle, se va a llevar más árboles y carros y va a ser peor”.

Claudia no es experta en el tema, pero esta información se la dejaron saber ecologistas y activistas sociales que acudieron durante meses a la zona de La Pastora para informar a los vecinos de los peligros que corrían al tener el estadio ahí. “Se hicieron manifestaciones, fuimos al Congreso, hicieron un chorro de cosas. Pero de todos modos lo construyeron, ya sabes cómo funcionan todas esas cosas políticas”.

Fueron 26 hectáreas las que el Gobierno de Nuevo León cedió a Femsa para la construcción del estadio. Éstas representaban una zona verde en donde se podían encontrar diferentes tipos de vegetación, altos árboles que servían como hogar para una cantidad importante de animales pertenecientes a la zona. La Pastora es un pulmón urbano ubicado casi en el centro del municipio de Guadalupe. Fue reducido en un proceso que pasó inadvertido para la mayoría de la sociedad, excepto para los ecologistas y los vecinos que ahora viven preocupados ante la posibilidad de que los azote otra inundación como la que ocurrió el verano del 2010. Temen que otra tormenta ponga en peligro no sólo sus residencias, sino también su seguridad.

El agua que baja por los surcos del Cerro de la Silla atraviesa las colonias que se encuentran en las faldas de la montaña y se encuentran en un punto intermedio, en el parque La Pastora. Esto lo explica, frente a la computadora de su oficina en El Barrio Antiguo de Monterrey, Jorge Longoria, arquitecto urbanista miembro de la asociación civil Vertebra, mientras observa con preocupación el mapa donde se muestran estas corrientes de agua. “No sólo se van a inundar las colonias vecinas cuando llueva”, sostiene mientras señala en el mapa el lugar en donde se está construyendo el estadio. “También se les va a inundar el estadio”. Jorge Longoria cree firmemente que el estadio no fue más que la excusa perfecta que usó Femsa para hacerse de los mantos. La excusa perfecta que, además de otorgarles en algún momento la oportunidad de utilizar la importante cantidad de agua que se encuentra en el terreno de 180 hectáreas, les traerá una derrama económica enorme, debido al fanatismo por el futbol en Nuevo León. Además, la única cerveza que se venderá dentro de las instalaciones será Heineken (empresa socia de Femsa). A todo esto se deben sumar los futuros precios de los palcos, los abonos y los boletos de entrada, que en la actualidad ya son sumamente caros en el estadio del Tec de Monterrey y subirán aún más en el nuevo hogar de los Rayados.

En Monterrey, Femsa utiliza agua traída desde Saltillo para realizar sus procesos industriales, embotellamiento de agua y elaboración de refrescos y cerveza, entre otros. Esto, con la justificación de que el agua que llega desde el estado de Coahuila es más pura que la que existe en Nuevo León, por lo que sale más barato el proceso de depuración final.

V

En Coatepec, desde que las empresas pertenecientes a Femsa absorbieron el agua y forzaron al gobierno local a solicitar abastecimiento en Puebla, se suscitaron algunos problemas en la zona. En una ocasión, a inicios del 2012, los habitantes de Puebla decidieron que el agua de su estado era suya y no tenían por qué otorgársela a otro estado sólo porque los gobernantes habían llegado a un acuerdo en alguna ocasión. En Sonora ocurrió un fenómeno similar cuando al quedar seco Hermosillo, el gobernador Guillermo Elías Padrés elaboró un proyecto llamado Acueducto Independiencia para traer agua a su estado desde la cuenca de Ciudad Obregón y los territorios de los Yaquis. Las peleas siguen aún hoy en día por parte de las tribus y los ciudadanos que claman porque se deje de agotar indiscriminadamente todas las cuencas del estado en lugar de establecer un proceso de regeneración del agua local.

La presión de las llaves, de las regaderas y de los lavamanos se vio disminuida en Xalapa. La ciudadanía temió por la falta del líquido. Durante dos semanas, sólo era posible acceder a un pequeño chorro que viajaba lentamente por las tuberías hasta los hogares xalapeños. “Nos teníamos que bañar con cubetas”, recuerda Don Manuel, sentado en las escaleras de la catedral, frente al Palacio Municipal de Coatepec, mientras observa a sus compañeros que frente al Ayuntamiento sostienen carteles con consignas de “No más promesas”. Al recordar el corte de agua que vivieron meses atrás, Don Manuel se ríe: “Ni en el rancho, cuando era niño. Al menos allá se podía uno meter a bañar al río”.

Mientras ordena una taza de café en un típico y acogedor restaurant en el centro de Xalapa, Rafael Arías Hernández, profesor de la Universidad de Veracruz, define como grave lo que sucede en la zona. Ve una falta de interés por parte de los ciudadanos: “en Veracruz tenemos mucho escurrimiento de agua. Lo chistoso es que también a los veracruzanos se les escurre todo. No les importa la situación”. Los cerros que rodean Xalapa son verdes. Los jardines, las plazas y las plantas que adornan la ciudad muestran la misma tonalidad de colores vivos que rara vez se pueden encontrar en Monterrey. “Hay mucha agua, pero se puede ver que ya empezó la sequía”. Es difícil, si se observa con un ojo inexperto, ver la sequía a la que se refiere ya que la sequía de Veracruz es más tangible a la hora de beber agua. “El agua de los lavamanos, de las mangueras y de la regadera no es potable”, advierte. En Xalapa no pasean las personas por las calles y abren una manguera para poder saciar su sed cuando se vuelve insoportable: podrían enfermar con demasiada facilidad. El agua embotellada es su única opción y quien la vende es la misma empresa que se apoderó de sus aguas, a precios ridículos. Una botella de agua en Veracruz puede costar lo mismo que una cerveza de Femsa.

A ocho kilómetros de Xalapa, entre montañas y valles se encuentra Coatepec, famoso por su café de altura. Existe la broma entre sus habitantes de que cuando se toma el camión de Xalapa hacía el pequeño pueblito, uno puede saber que la parada se acerca porque se empieza a percibir el aroma a café tostado en las cafeterías… y es cierto. En cada calle del centro se pueden encontrar al menos tres o cuatro cafeterías por cuadra. Las fincas de café rodean la zona y los cafetaleros son personas respetadas y reconocidas por su trabajo. El café, además del turismo, es su principal fuente de ingreso.

Javier, un hombre mayor de 60 años, trabaja en el Museo del Café,que también funciona como finca de cultivo que perteneciente a la familia Apan, reconocida por tener un café de calidad. Javier ha trabajado toda su vida en torno al café y probablemente así morirá. Su hijo, sin embargo, trabaja para Coca Cola. “La empresa se acaba el agua, pero al menos da trabajo”, observa Javier.

Cuauhtémoc Apan, su jefe, se muestra de acuerdo con él pero es más atinado y directo a la hora de señalar la falta de agua de la región: “¿Cómo puede ser posible que siendo Veracruz tan rico en agua, el agua que reciben para uso humano deba de ser llevada desde Puebla?”, medita recargado en la pared en las afueras de su casa, que al igual que el resto de los domicilios en la zona, se encuentra rodeada de plantas verdes. “Es preferible que falte agua para riego y ganadería, que para uso humano. Y eso es lo que pasa aquí”.

Violan McDonald’s y Burger King derechos humanos y laborales

Violan McDonald’s y Burger King derechos humanos y laborales

-Fueron las primeras empresas en aplicar pago por hora, revela estudio de la UAM

-Utilizan esquema de contratación temporal de adolescentes de 16 a 22 años con el mecanismo de terciarización y bajo sindicatos de protección, refieren entrevistas realizadas por ONG

Patricia Muñoz Ríos, La Jornada, 17 de junio de 2013

precariedadPago de 15 a 16 pesos por hora trabajada, que significan salarios quincenales de mil 600 pesos en promedio; contratación como empleados generales, por lo que en una misma jornada preparan comida y lavan baños o pisos que provocan constantes accidentes, sobre todo caídas y fracturas; y obligación de firmar renuncias en blanco; son las condiciones laborales de los jóvenes que laboran en McDonald’s y Burger King.

Entrevistas realizadas a estos empleados en una investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco e información del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) revelan las condiciones en que laboran los jóvenes en estos restaurantes de comida rápida, los cuales tienen sindicatos de protección, que les aseguran la no organización de los trabajadores, además de que gozan de otra particularidad: rara vez son verificados por inspectores de la Secretaría del Trabajo.

Tanto McDonald’s como Burger King, de acuerdo con la información recabada, utilizan el mismo esquema de contratación temporal de adolescentes y jóvenes desde los 16 años y hasta los 22, no más allá, porque no quieren trabajadores con antigüedad ni contratos permanentes. Contratan en su mayoría a estudiantes, que son capacitados por sus propios compañeros.

En las dos empresas, luego de sus jornadas de trabajo, ya sea que hayan preparado comida o hayan atendido las cajas, tienen la obligación de hacer la limpieza de los locales, lavar baños, limpiar mesas, pisos, ventanas, cocina y demás, según manifiestan los jóvenes en las entrevistas que se les realizaron, así como la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

Una joven que llamaremos María –quien en McDonald’s  tuvo un accidente en un ojo– y Ernesto, que labora en Burger, señalaron que las jornadas se pueden prolongar más de ocho horas: si las tiendas cierran a las 22 horas, pueden tardar hasta dos o tres horas más limpiando el establecimiento; por lo que a las doce o una de la madrugada tienen que buscar cómo irse a su casa o pedir a sus padres que vayan por ellos.

María relata que el accidente que sufrió fue porque le saltó aceite en un ojo, razón por la que fue trasladada de emergencia a una clínica del Seguro Social, estuvo incapacitada un mes y a su regreso fue despedida. Nunca le entregaron su liquidación, “me hicieron dar varias vueltas: ‘ven mañana, no está firmado tu cheque, no lo encontramos’. Hasta que mejor deje de ir”. Aunque le quedaron secuelas del accidente en el ojo derecho y conoce a muchas otras compañeras que han sufrido caídas, fracturas e intoxicaciones con químicos de limpieza, dice que es imposible reclamar, porque les hacen firmar renuncias en blanco y documentos para liberar de responsabilidades a la empresa.

mcdonaldsErnesto detalla que los jóvenes que reclaman por las condiciones de trabajo son despedidos de inmediato, que les pagan en promedio 15 o 16 pesos por hora, que tienen un día de descanso y que a veces no los dotan de equipo de seguridad para realizar sus tareas. Tanto MacDonald’s como Burger King contratan a través de terceras empresas.

Carlos García Villanueva, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, en su informe Jóvenes y trabajo precario expone que estas empresas fueron las primeras en aplicar el pago por hora, con bajo salario, elemento básico en la contratación de empleados en condiciones laborales de precariedad.

En su análisis, difundido en Veredas: Revista del Pensamiento Sociológico, el experto detalla que en Burger King las contrataciones se hacen por conducto de la intermediación tercerizada de Comidas Rápidas SA de CV. Son por tiempo indeterminado, sin estabilidad laboral, bajo condiciones de multifuncionalidad, que la empresa tiene la prerrogativa de cambiar horarios y tareas, las cuales van desde descongelar carne para las hamburguesas y cocinarlas, hasta lavar la cocina, desinfectar utensilios, asear baños y demás.

En entrevistas que el investigador hizo entre los trabajadores concluye que las condiciones laborales en estas empresas están marcadas por una situación de alta rotatividad, salario insuficiente, falta de seguridad e higiene, «mal trato», gran cantidad de actividades a realizar y cero protección sindical.

ProDesc llevó a cabo la semana pasada un Día de acción global contra las violaciones de derechos humanos laborales en McDonal’s, y detalló que en Estados Unidos a algunos trabajadores de intercambio les impusieron turnos de hasta 25 horas seguidas, sin pago extra y remuneraciones inferiores al salario mínimo y altos cobros por alojamiento.

En la ciudad de México, McDonald’s tiene firmados contratos colectivos de trabajo con el Sindicato Progresista Justo Sierra de Trabajadores de la República Mexicana, controlado por Ramón Gámez, “el zar de los contratos de protección, quien se encuentra prófugo de la justicia”; sin embargo, le fue otorgada la toma de nota como secretario general de esta organización.

Las multinacionales en el siglo XXI: Impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil

LIBRO: Las multinacionales en el siglo XXI: Impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil

Luis Miguel Uharte Pozas (2015ymás, nº4, 2012)

iberdrolaEl cuarto título de la Editorial 2015ymás corresponde a la investigación realizada por Luis Miguel Uharte Pozas sobre las implicaciones en el desarrollo de los pueblos que tienen las empresas multinacionales en este mundo globalizado donde aumenta su poder e influencia. Particularmente se presenta un estudio de caso de la empresa de origen vasco Iberdrola analizando la realidad de dos países donde opera, México y Brasil, y comprobando las resistencias y las repercusiones de su trabajo.

La literatura sobre el papel de las empresas multinacionales y sus implicaciones en el desarrollo ha sido abundante en los últimos años, en un contexto de globalización y creciente expansión de su poder e influencia. El presente texto, resultado de una largo y riguroso proceso de investigación, es una nueva aportación a esta realidad a partir de una mirada crítica y comprometida con los derechos humanos, centrada en el análisis de los impactos que las prácticas sistemáticas e las empresas transnacionales tienen en las poblaciones y los ecosistemas en los que operan.

Para abordar este análisis el texto se centra, a partir de dos estudios de caso en México y en Brasil, en los impactos que la empresa Iberdrola genera a través de su acción en dimensiones tan relevantes para el desarrollo y los derechos humanos como la económica, la política, la ambiental, la social y la cultural. El autor, a partir de una profusión de argumentos fundamentados en testimonios y datos, evidencia algunas de las consecuencias negativas que tienen las acciones de esta compañía transnacional de origen vasco, que ofrecen una imagen de ella más completa y no tan responsable, como la que trata de difundir en el imaginario colectivo.

Por medio de testimonios, argumentos y evidencias recogidas durante la investigación, el autor saca a la luz algunas consecuencias negativas de esta transnacional de origen vasco, y extrae una serie de conclusiones que ponen de manifiesto que la imagen que proyecta Iberdrola no es tan responsable ni tan “verde” como pretenden difundir. Si en los primeros meses del año 2012 Iberdrola registró un beneficio neto de 2,401 millones de euros –lo que significa un aumento del 12% respecto al año anterior– esto se debe en gran parte a los negocios desarrollados en países como México y Brasil, ya que su resultado en el mercado interior ha caído un 36% (Informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). No está de más reflexionar sobre el coste social y ambiental que tienen estos beneficios para la población de los países donde está operando.

DESCARGAR: Multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. Iberdrola en México y en Brasil (.pdf 196 págs. – 1.3Mb)

Aníbal Garzón Baeza entrevista a Luismi Uharte:

«Las multinacionales como Iberdrola son las instituciones dominantes en el capitalismo actual»

Luismi Uharte es profesor-investigador de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) y Doctor en Estudios Latinoamericanos. Está adscrito al Instituto sobre Desarrollo y Cooperación ‘Hegoa’ de la UPV/EHU y es miembro del Grupo de investigación ‘Parte Hartuz’, de esta misma universidad. Acaba de publicar el libro “Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples. El caso de Iberdrola en México y en Brasil”.

P. El libro que acabas de publicar es fruto de una investigación sobre el fenómeno de las multinacionales y más concretamente sobre la transnacional eléctrica Iberdrola. ¿Quién ha impulsado está investigación y cuál ha sido el principal objetivo de esta?

R. Efectivamente el libro es el producto final de un proceso de investigación de más de un año, que ha sido impulsado por la Plataforma 2015 y +, un espacio de encuentro a nivel estatal de diferentes organizaciones sociales, que entre otras investigaciones, decidieron poner en marcha un estudio sobre los impactos de Iberdrola en México y en Brasil. El objetivo fundamental ha sido identificar los principales impactos que esta multinacional está provocando en dos países latinoamericanos (México y Brasil), desde una perspectiva multidimensional, es decir, evaluando impactos ambientales y sociales, pero también de orden económico, político y cultural.

LEER COMPLETA: http://omal.info/spip.php?article4873

Protestas contra las condiciones de trabajo en más de mil tiendas Walmart en Estados Unidos

Protestas contra las condiciones de trabajo en más de mil tiendas Walmart en Estados Unidos

walmartWalmart es la tercera compañía más grande del mundo, y la tienda más grande de menudeo. Tiene un histórico de bajos sueldos, y una política abierta de lucha en contra de cualquier intento de sus trabajadores de organizarse en sindicatos u otras organizaciones independientes.
David Bacon, desinformemonos.org

Richmond, California. En los pasados Black Fridays, la celebración de consumo que se da en Estados Unidos cada año después de acción de gracias, las tiendas Walmart estuvieron tan llenas de consumidores que personas fueron pisoteadas intentando pasar por las puertas. En este Black Friday, entretanto, los compradores vieron a trabajadores protestando en más de mil tiendas.

Walmart es la tercera compañía más grande del mundo, y la tienda más grande de menudeo, con más de dos millones de trabajadores en más de 15 países. Tiene un histórico de bajos sueldos, y una política abierta de lucha en contra de cualquier intento de sus trabajadores de organizarse en sindicatos u otras organizaciones independientes.

Un estudio hecho por la Universidad de California en Berkeley, reveló que los sueldos son tan bajos que los trabajadores de Walmart en este estado reciben anualmente 86 millones de dólares en beneficios públicos por cosas como seguro de salud y cupones de alimentos, financiados por los pagadores de impuestos.Muchas personas han criticado los bajos sueldos de la red Walmart y la competencia desleal con comercios locales por años. Y por mucho tiempo la compañía ha podido mantener a sus empleados lejos de las manifestaciones. Donde pudo, Walmart intentó darse a sí misma una cara paternalista, de que “todos somos una gran familia”. En los lugares donde ésto no funcionó, recurrió a la vieja táctica de despidos y miedo. Pero los trabajadores de Walmart se están despertando. Ellos han organizado una asociación de trabajadores llamada OURWalmart (Organización Unida por Respeto en Walmart) y, apoyados por un gran número de sindicatos, promovieron una serie de paros. El último y más extenso se dio en el Black Friday. Richmond, California, fue la zona cero para las protestas nacionales del Black Friday, ya que dos presidentes de sindicatos internacionales y una de las voces más pro-labor en el Congreso se unieron a trabajadores despedidos y algunos todavía empleados, y varios cientos de apoyadores del movimiento.

En un punto, la presidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU), Mary Jay Henry, y la reverenda Carol Been, organizadora de Clérigos y Seculares Unidos por Justicia Económica, condujeron a una delegación adentro de la tienda, e intentaron entregar una petición a su gerente demandando la recontratación de los empleados despedidos, y el respeto por su derecho a la libertad de expresión y organización. El gerente se rehusó a recibirla. Mientras tanto, los trabajadores despedidos entraron en confrontación con el equipo de seguridad de Walmart, apoyados por algunos de los que todavía mantenían sus trabajos y lo habían dejado para poder participar de la protesta. “Fui despedido porque protesté en contra de los comentarios racistas de un gerente de tienda”, declaró Misty Tanner.

De acuerdo con el SEIU, cuando un empleado afro-americano usó una cuerda para mover la mercancía, el gerente VanRiper dijo: “Déjamelo a mí, yo pondría esta cuerda en tu cuello”. En seguida, cuando una trabajadora hablaba con miembros de la prensa, VanRiper la amenazó con atropellarla. Tanner trabajó por cuatro años en la tienda de Richmond que fue objeto de la protesta, más recientemente en el turno de la noche, haciendo reformas. Ella dice que de súbito le dijeron que ya no había trabajo para ella, a pesar de que las reformas siguieron después de que ella se fue. Los gerentes se rehúsan a comentar su caso, o a hacer cualquier otro comentario.

La protesta de Richmond fue organizada por OUR Walmart, y las playeras verdes del grupo fueron omnipresentes en la multitud. Aunque tiene el apoyo de la Unión de Trabajadores de Alimentación y Comercio (UFCW) y de otros sindicatos, es una asociación autónoma, de acuerdo con los mismos trabajadores de Walmart. En los días anteriores al Black Friday, Walmart prestó quejas junto al Cuadro Nacional de Relaciones de Trabajo (NLRB), alegando que la UFCW y Walmart estaban unidos organizacionalmente, y que el sindicato había violado la ley al conducir huelgas de reconocimiento por más de 30 días sin inscribirse en el NLRB para la elección de sus representantes. “Esto sólo muestra la falta de respeto que Walmart tiene por nosotros”, dijo Tanner. “No estamos organizando un sindicato, estamos demandando respeto a la compañía y el fin de la violación de nuestros derechos. OUR Walmart es una organización de asociados de Walmart”.

La demanda de Walmart con NLRB, acusando las huelgas de ilegales, pareció un esfuerzo para interceptar la participación de trabajadores en la protesta, planeada para llamar la atención de los consumidores en el mayor y más importante día de compras del año. Grandes minoristas como Walmart confían en el día después de acción de gracias para empezar bien la locura consumista de navidad y garantizar las ganancias del año. En respuesta, los organizadores de OUR Walmart dijeron que las protestas ocurrieron en más de mil tiendas en 46 estados. Bill Simon, el presidente y CEO de Walmart en Estados Unidos, dijo al diario británico The Guardian que “solo 26 protestas ocurrieron en tiendas la noche pasada [la noche anterior al Black Friday] y varias de ellas no incluyeron a ningún empleado de Walmart. Tuvimos un Black Friday muy seguro y exitoso en nuestras tiendas a través del país y hemos recibido feedback increíblemente positivos de nuestros consumidores”, dijo. Puede ser que él no haya recibido noticias de los gerentes de Richmond, ya que esta tienda estuvo cerrada por horas y muchos consumidores volvieron a sus casas después de que los empleados les explicaron por qué estaban allá.

La congresista George Miller, quien propuso el acto de reforma laboral Employee Free Choice en las últimas sesiones del Congreso, dijo a los trabajadores en el estacionamiento de la tienda que la comunidad de Richmond, a quien ella representa, se levantaría en defensa de ellos. “No dejaremos que ningún empleador maltrate a trabajadores por intentar organizarse”, dijo, “especialmente cuando están pidiendo por un patrón de vida decente, algo que merecen todos los trabajadores”.

Henry respondió a la demanda de Walmart por práctica laboral injusta preguntando: “¿Ustedes saben qué es una práctica laboral injusta?”. Ella misma contestó: “Trabajo injusto es trabajar tiempo completo y vivir en la pobreza. Trabajo injusto es ver el costo del seguro de salud dispararse año tras año. Trabajo injusto es que te nieguen las horas necesarias para apoyar a tu familia. Trabajo injusto es ser castigado por ejercer tu libertad de expresión y asociación. Los trabajadores de Walmart saben qué es trabajo injusto porque lo padecen a diario”.

Publicado el 17 de diciembre de 2012

UNIÓN EUROPEA CÓMPLICE DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

TPPAVISO A LA PRENSA
Amigos de la Tierra Internacional

18 de mayo de 2010

UNIÓN EUROPEA CÓMPLICE DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA

Amigos de la Tierra acoge con beneplácito fallo de Tribunal Permanente de los Pueblos

MADRID 18 de mayo de 2010 – Amigos de la Tierra Internacional acoge con beneplácito el fallo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que condena a la Unión Europea y a las Instituciones Financieras por apoyar las actividades criminales de las empresas trasnacionales europeas en América Latina.

El fallo fue emitido en la víspera de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

Tras dos días de oír testimonios de organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas directamente afectadas por las actividades de las empresas trasnacionales europeas en América Latina, un panel internacional de jueces exhortó a la UE a establecer un marco legal que permita responsabilizar a las empresas de crímenes en América Latina, y le otorga a las víctimas acceso a la justicia. Además le pide a las Naciones Unidas que establezca un código de conducta obligatorio para las empresas trasnacionales y que extienda el mandato de la Corte Penal Internacional de personas físicas a personas jurídicas (empresas).

“Nos complace que el Tribunal cuestione el papel de la UE en la promoción de políticas que anteponen los intereses empresariales a los derechos de los pueblos. En lugar de discutir acuerdos de asociación que aseguran más ganancias para las empresas, los Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, deberían asegurar que las empresas no violen los derechos humanos fundamentales”, dijo Sebastián Valdomir, Coordinador Internacional del Programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.

Amigos de la Tierra Internacional junto con aliados presentaron tres casos contra empresas europeas en la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos:

* La empresa de energía española Unión Fenosa fue condenada por ser responsable de la persecución y asesinato de líderes comunitarios en Guatemala y Colombia, de violar los derechos laborales y de privar a los más pobres de los servicios esenciales al aumentar los precios, cortar la electricidad y por cortes de luz en Guatemala, México, Colombia y Nicaragua. El Tribunal además advierte sobre los impactos de un megaproyecto de minería de carbón planificado por Unión Fenosa y Gas Natural en Guatemala y recomienda su suspensión.

* La empresa forestal sueco-finlandesa Stora Enso fue condenada por ser responsable de destrucción ambiental en Brasil y Uruguay. El Tribunal además condenó los impactos sobre recursos vitales para el sustento de las comunidades cercanas a las plantaciones, como el agua.

* La empresa cementera suiza Holcim fue condenada por ser responsable de casos de secuestro y asesinato de líderes comunitarios en San Juan Sacatepequez (Guatemala), la criminalización de comunidades que se oponen a la explotación de sus recursos naturales, y de destrucción ambiental y contaminación en Guatemala, México y Colombia.

El Tribunal Permanente de los Pueblos también cuestionó el papel de las instituciones financieras y organismos de desarrollo que brindan fondos para actividades destructivas de las empresas trasnacionales y las exhorta a adoptar mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos.

“El Banco Europeo de Inversiones proclama apoyar el desarrollo sustentable, pero le da grandes sumas a proyectos destructivos como el monocultivo de eucaliptos de Stora Enso en Brasil y Uruguay. Stora Enso ahora es propietaria de más tierra en América Latina que en Europa, y es el mayor terrateniente en Uruguay”, dijo Christine Pohl de Amigos de la Tierra Europa.

“Las políticas económicas de la UE, sus bancos y organismos de desarrollo promueven el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza, pero en realidad solamente han beneficiado a las élites ricas mientras que los pobres sufren las consecuencias desastrosas”, agregó Christine Pohl.

El Tribunal Permanente de los Pueblos también cuestionó el papel de las instituciones financieras y organismos de desarrollo que brindan fondos para actividades destructivas de las empresas trasnacionales y las exhorta a adoptar mecanismos que garanticen la protección de los derechos humanos.

“El Banco Europeo de Inversiones proclama apoyar el desarrollo sustentable, pero le da grandes sumas a proyectos destructivos como el monocultivo de eucaliptos de Stora Enso en Brasil y Uruguay. Stora Enso ahora es propietaria de más tierra en América Latina que en Europa, y es el mayor terrateniente en Uruguay”, dijo Christine Pohl de Amigos de la Tierra Europa (o Clarissa?). “Las políticas económicas de la UE, sus bancos y organismos de desarrollo promueven el crecimiento y el desarrollo económico para combatir la pobreza, pero en realidad solamente han beneficiado a las élites ricas mientras que los pobres sufren las consecuencias desastrosas”, agregó Christine Pohl.