Comunidad de Guerrero logra la cancelación de dos concesiones mineras

Sara González, somoselmedio.org

San Miguel Del Progreso es una comunidad indígena Me’phaa de alrededor de 3800 habitantes, situada en el municipio de Malinaltepec, en la montaña de Guerrero. Júba Wajiín, como la denominan sus habitantes, depende de la siembra de maíz, café y de árboles frutales. “Somos 100% campesinos. Trabajamos la tierra, de ella nos alimentamos. Cultivamos calabaza, durazno, chayote, caña, manzana y mucho más. La tierra es nuestra fuente de ingreso”, explica Agapito Cantú Manuel, miembro del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad.

La comunidad de San Miguel Del Progreso se encuentra en un momento histórico ya que logró cancelar, a través de una demanda de amparo, las dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó en su territorio. Ya desde el año 2011, fecha en la que la comunidad se dio cuenta de que su territorio estaba siendo concesionado por las empresas mineras Zalamera y Hochshild México S.A de C.V (de origen peruana con capital británico), reunió una Asamblea para organizarse y decidir las acciones a tomar contra la implantación de minería a cielo abierto en su territorio. Así, el 17 de abril 2011, la Asamblea General de Comuneros decidió rechazar la exploración y explotación minera y pedir más información a la Secretaría de Economía sobre lo que estaba ocurriendo.

En junio del 2013, la Secretaría les contesta mediante un oficio que San Miguel Del Progreso “se ubica parcialmente sobre las concesiones mineras Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861)”.

Un mes después, el 15 de julio 2013 exactamente, la comunidad interpone una demanda de amparo (1131/2013) en el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Guerrero, señalando que las concesiones contravienen a la Constitución y a los Tratados Internacionales ratificados por México. Además, piden que la Justicia Federal analice la constitucionalidad de la Ley Minera, aprobada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, enfatizando sobre todo los artículos  6, 10, 15 y 19 de dicha Ley.

A Júba Wajiín le ha sido otorgado el amparo el 12 de febrero de 2014 además de la protección de la Justicia Federal a la comunidad. Una victoria histórica, en la que el poder judicial guerrerense consideró que habían sido violados los derechos de la comunidad al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras. Sin embargo, no se consideró necesario analizar los argumentos sobre la inconstitucionalidad de la Ley Minera y más grave aún, “la sentencia fue impugnada por el Gobierno federal mediante un recurso de revisión”. De esta manera, el territorio de la comunidad y de muchas otras en la región sigue estando amenazada por empresas internacionales. En noviembre del 2015, se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de “libertad de terrenos” . El término “libertad de terreno” implica que a los 30 días que se publique la declaratoria, los terrenos están de nuevo en oferta, en otras palabras: se pueden volver a concesionar.

“Solicitamos que la SCJN discuta la Ley Minera. Eso era una de las peticiones del primer amparo”, explica Taurino Carrazco, miembro del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio. Y es justamente por eso que la comunidad decidió interponer un segundo amparo, llevando a un segundo logro. El pasado 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Séptimo de Distrito emitió un acuerdo mediante el cual otorga a favor de la comunidad indígena la suspensión de plano, con el fin de que las declaratorias de libertad no surtan efectos. Este acuerdo imposibilita a la Secretaría de Economía aceptar solicitudes de concesiones mineras a empresas que deseen los territorios liberados, hasta que se resuelva el fondo del juicio.

Como lo enfatiza Tlachinollan en su comunicado, “la SCJN aún debe pronunciarse sobre el amparo en revisión interpuesto por Júba Wajiín. El caso será analizado el próximo 25 de mayo. Frente a la insistencia del Gobierno Federal en que el amparo debe suspenderse porque las concesiones han sido canceladas, la comunidad indígena solicitó que continúe el análisis del caso”.

La minería en Guerrero atañe a 24% del territorio estatal. La cancelación de las 2 concesiones mineras beneficia de manera directa a 11 núcleos agrarios de 6 municipios, conformados por alrededor de 240 comunidades indígenas.

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