Publicación de la Red mundial por el derecho a la alimentación y a la nutrición
Mientras el debate sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) arrancó este 10 de julio del 2017 en el Foro político de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Red mundial por el derecho a la alimentación y a la nutrición lanza una herramienta de monitoreo basado en los derechos humanos. En paralelo al Foro político de alto nivel, esta herramienta se lanza con el objetivo de fomentar acciones de monitoreo y rendición de cuentas que garanticen, protejan y promuevan la soberanía de las personas. De cierta manera, esto ha sido desatendido por la Agenda 2030.
Actualmente, en la fase inicial de desarrollo, el Monitoreo de los pueblos por el derecho a la alimentación y a la nutrición tiene por objetivo presentar una visión crítica, así como abordar las diferentes dimensiones, desencadenantes y consecuencias del hambre y la malnutrición.
El Monitoreo de los pueblos busca ir más allá de la colección de datos y apoyar el análisis sobre si los Estados cumplen o no con sus obligaciones en materia de derechos humanos y sobre los problemas estructurales que violan dichos derechos. Cabe señalar que la herramienta abordará la cuestión crítica del control social del sistema de alimentación y, particularmente, los recursos naturales. La falta de consideración sobre este asunto ha derivado en la creación de inferencias y ha llevado a soluciones basadas en el actual modelo industrial de producción que alimenta una economía global e inherentemente desigual.
La iniciativa, aún en desarrollo, busca ser resultado de un esfuerzo de colaboración con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Permanecerá flexible en su enfoque y se pondrá a prueba, ajustará y afinará, de tal modo que refleje la situación real.
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>>> Manifiesto político del Monitoreo (Leer completo aquí):
La población mundial, especialmente la del hemisferio sur, viene enfrentándose a un incremento en los niveles de violencia en todas sus formas que, directa o indirectamente, repercute enormemente sobre la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición (DANA) y otros derechos relacionados. La gran mayoría de las violaciones del DANA están asociadas con las acciones u omisiones de las autoridades de los Estados, y con los abusos y crímenes perpetrados por las corporaciones transnacionales (TNC) y otras empresas. Estos actos de violencia pueden adquirir una multitud de formas: acaparamiento de tierras, desalojos forzosos, matrimonios infantiles y violencia de género, trabajos forzosos, utilización abusiva de agroquímicos en la industria agraria, con sus consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente, criminalización de las personas que lideran los movimientos sociales y defienden los derechos humanos, acaparamiento de los océanos y zonas de pesca, publicidad agresiva de la comida basura y promoción del cambio climático. Estas violaciones generan hambre, malnutrición, la perdida de medios de subsistencia y la reducción de la calidad de vida, y reflejan tanto la falta de soberanía de las personas sobre sus propias vidas y cuerpos, como la indiferencia de los Estados a las necesidades y prioridades de la población, lo que implica el quebrantamiento de sus obligaciones, internacionalmente asumidas, en materia de derechos humanos.
Para hacer frente a estos problemas, las personas a título individual, y las comunidades y grupos de base se han organizado de diferentes maneras para resistir este incremento de la violencia ejercida por poderosos actores a nivel local, nacional e internacional. Los diversos esfuerzos se han intensificado recientemente con el objetivo de construir una convergencia de las diferentes luchas por la tierra, el agua, las semillas, la soberanía alimentaria, la salud, y unas condiciones de trabajo dignas, partiendo de algunos procesos que se desarrollan a nivel local, nacional o regional, como por ejemplo, en África Occidental y Latinoamérica.
La Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición (RMDA), lanzada en 2013, desempeña una importante función de apoyo en muchos de estos procesos. La Red considera que el marco proporcionado por los derechos humanos debería interpretar una función fundamental, sirviendo como guía y facilitador en la unificación de las luchas populares, y fortaleciendo la capacidad de las personas para hacer responsables a sus gobiernos y promocionar una coherencia política. Dicha coherencia en las legislaciones debería encaminarse hacia la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición y otros derechos relacionados, y hacia el aumento de la soberanía alimentaria de las personas, comunidades y países.
Antecedentes: ¿Por qué una herramienta alternativa de monitoreo?
Desde el año 2000, con la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el monitoreo y la generación de datos se están convirtiendo en unas herramientas cada vez más importantes para poder respaldar la toma de decisiones políticas y las intervenciones. Aun así, siempre es importante cuestionar los datos: ¿de dónde vienen y a quién benefician dichos datos?, ¿qué se está midiendo? El problema con el monitoreo del hambre reside en que, como concepto, es algo que puede definirse y medirse de variadas maneras. Estas mediciones a menudo sirven unos intereses políticos específicos, lo que, en realidad, influencia profundamente los métodos y los resultados. [Edoardo Masset, “A Review of Hunger Indices and Methods to Monitor Country Commitment to Fighting Hunger”, Food Policy, vol. 36, no. 1, Enero 2011.]
Diferentes organismos como el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Índice Global del Hambre), UNICEF, la OMS, y por su puesto la FAO (Estado de la Inseguridad Alimentaria), han presentado diversas mediciones y métodos para calcular el número de personas afectadas por el hambre y la malnutrición en el mundo. Todos estos métodos, aunque puedan servir como generadores de información interesante, fracasan a la hora de ofrecer una visión integral de cómo se puede medir el hambre, al descuidar algunos asuntos relacionados con la distribución de los alimentos o mostrarse insensibles ante las crisis a corto plazo, y al no contemplar las múltiples dimensiones, causas estructurales y consecuencias del hambre. [Masset, ibíden.]
Los actuales sistemas de monitoreo de la inseguridad alimentaria se basan principalmente en la medición cuantitativa de la ingesta de calorías, de los ingresos y los gastos relacionados con la alimentación, o de la producción agrícola entre otros, centrándose en los resultados a nivel individual y doméstico. Dichos sistemas de monitoreo raramente abordan los asuntos de discriminación relacionados con el estatus socioeconómico, el género o la raza/etnicidad, la privación de derechos, los patrones de propiedad y acceso a la tierra, del trabajo y el capital, dejando de lado evaluaciones más cualitativas del bienestar y las capacidades humanas. Por otro lado, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición tienden a ser consideradas como meros objetos del monitoreo, y no como sujetos con voz a la hora de definir qué debe monitorearse y cómo, y qué intervenciones políticas deben diseñarse a partir de los datos recogidos.
Los instrumentos de derechos humanos [concretamente los procesos de revisión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), El Comité de los Derechos del Niño (CRC), y el Examen Periódico Universal (UPR)] están siendo utilizados cada vez más por los movimientos sociales, no solo para defender a sus miembros de graves abusos y violaciones de los derechos humanos, sino también para desarrollar políticas y legislaciones públicas que permitan crear las condiciones estructurales necesarias para el ejercicio de los derechos humanos y sociales.
El marco del derecho a la alimentación ha sido incorporado tanto a nivel nacional, como en los niveles regional e internacional. Este progreso, y su posible impacto sobre la calidad de vida de la población, no han sido capturados por los actuales informes de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional, como sucede por ejemplo con SOFI. De hecho, no se incluyen indicadores de monitoreo de la participación popular, la gobernanza, la rendición de cuentas y la coherencia de las políticas con los derechos humanos, ni se relacionan con el resto de los factores que afectan la realización del derecho a la alimentación y la nutrición.
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