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Rusia: Reclamamos investigar los ataques y proteger a los/as activistas ambientales

Comunicado de prensa de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual formamos parte, en solidaridad con el defensor ruso Andrey Rudomakha, presidente de Environmental Watch of the North Caucasus (EWNC) - A 16 de enero 2016

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo:

"Las autoridades rusas deben iniciar de forma inmediata una investigación exhaustiva y transparente sobre los ataques contra los/as activistas ambientales y llevar a la justicia a los responsables en el marco de la normativa internacional. También deben garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales de Rusia puedan llevar a cabo sus actividades legítimas libres de toda restricción, sin tener miedo a las represalias."

Los temores por la seguridad de los/as activistas ambientales de Rusia se intensificaron tras el violento ataque contra Andrey Rudomakha, presidente de Environmental Watch of the North Caucasus (EWNC) y otros activistas en Kasnodar, en el suroeste de Rusia, mientras filmaban la construcción ilegal de una mansión sobre la costa del Mar Negro el 28 de diciembre de 2017.

Los atacantes huyeron con las mochilas y las cámaras que contenían imágenes de la construcción. Rudomakha tuvo que ser hospitalizado con fractura de cráneo, fractura de nariz y una contusión luego de ser golpeado por tres hombres enmascarados esa noche. Un periodista y otros dos activistas también resultaron heridos tras el ataque.

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Rechazamos los diferentes mecanismos empresariales y gubernamentales que impulsan la minería

Compartimos el pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual formamos parte - A 15 de enero del 2018

Una falacia es una trampa, un engaño. En el marco del Modelo Extractivo Minero dominante, las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en nuestro país y a nivel mundial se acompañan de una serie de mecanismos justificatorios, de falacias compartidas actualmente por el sector empresarial y el gubernamental, como expresión de la subordinación incondicional de este último a los intereses particulares del primero.

Las empresas y las instancias de gobierno supeditadas a ellas, han establecido mecanismos para financiar sus iniciativas mediando en ello incluso fondos públicos, aduciendo "Principios Rectores" y términos cuya inconsistencia debe ser denunciada, como es el caso de la llamada "Responsabilidad Social Empresarial", la "Minería Socialmente Responsable" o la "Minería Sustentable", constituyendo referentes meramente discursivos que forman parte de su campaña permanente de desinformación, simulación y disimulo.

Estos mecanismos se basan en una serie de argumentos que caen por su propio peso cuando se hace un balance objetivo de la operación de estos proyectos extractivistas. Se habla de generación de empleo, de la protección de la naturaleza, del impulso al desarrollo y al progreso, de la producción de bienestar y de beneficios económicos para las comunidades, de responsabilidad empresarial y minera, de consulta a los pueblos, cuando el empleo generado es precario y los medios locales de trabajo se vulneran; cuando los territorios sometidos a estas iniciativas sufren afectaciones evidenciables, multidimensionales e irreversibles; cuando se pretende perpetuar una imagen del "desarrollo" y del "progreso" que en los hechos se traduce en depredación ambiental, supresión de las economías y saberes locales y disolución de perspectivas; cuando las afectaciones a la salud de los pobladores en los territorios afectados son incontrovertibles y severas; cuando los beneficios económicos que se generan a nivel local y nacional son ínfimos y a muy corto plazo, y a un costo desmesurado para las comunidades y el país; en síntesis, la "Responsabilidad Social Empresarial", la "Minería Socialmente Responsable" o la "Minería Sustentable" y la responsabilidad social y ambiental que con esos términos se aduce por parte de esas empresas y del gobierno a su servicio son solamente recursos discursivos utilizados para ocultar los efectos inversos de aquello que se publicita.

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Chiapas: habitantes de San Cristóbal de las Casas protestan contra el saqueo de los humedales María Eugenia

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

El 10 de enero, representantes de 20 colonias del sur, norte y oriente del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se agruparon en la entrada de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) en el sureste de la ciudad para realizar la clausura simbólica de la construcción de locales comerciales en la zona de los humedales de montaña María Eugenia.

Los habitantes habían sido testigos el día anterior de la entrada de una maquinaria pesada en un terreno ubicado dentro de esta zona de 115 hectáreas de la cual proviene el 70% del agua potable de la ciudad a través del sistema de bombeo del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Municipal (SAPAM) de San Cristóbal de las Casas. "Vemos con mucha preocupación que solo en este humedal de María Eugenia existen más de 15 lugares que han sido alterados, con superficies que van desde 100 metros cuadrados hasta 5 hectáreas", denuncia León Ávila, representante de la colonia FSTSE 2001 quien participó en la protesta.

En el 2008 la zona fue declarada "Área Natural Protegida con el carácter Zona Sujeta a Conservación Ecológica" por el estado de Chiapas (Decreto Número 138). El objetivo oficial de este decreto era "preservar, conservar y rehabilitar los ecosistemas de la zona, sus recursos naturales, biodiversidad y procesos evolutivos, así como inducir y orientar un aprovechamiento ordenado de los componentes naturales que permita su permanencia para las generaciones futuras". Además, en el 2012, fue incorporada a la lista de los 142 sitios RAMSAR que cuenta México, es decir a la lista de los humedales mexicanos considerados de importancia internacional. Ese reconocimiento obliga al gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a garantizar su conservación en virtud del Convenio de Ramsar (Irán) al cual México se adhirió en el 1986.

"Estamos preocupados por el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos, pero el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, en lugar de hacer su labor y evitar que este espacio se deteriore, da permisos para destruirlo", se indigna el León Ávila, también profesor en Desarrollo Sustentable en la UNICH.

Los humedales María Eugenia no solo abastecen la ciudad en agua limpia a los más de 250.000 habitantes de San Cristóbal de las Casas, sino que son esenciales para captar las aguas pluviales y evitar inundaciones. Son también el hábitat de numerosas especies de peces, reptiles y anfibios, incluyendo 10 especies endémicas como el pez popoyote (Profundulus hildebrandi), y el chipe cabeza plateada (Ergaticus versicolor), ambos en peligro de extinción.

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Crece la resistencia a la explotación de recursos naturales en México

Artículo publicado el 30 de diciembre del 2017 en la revista en línea Sputnik Mundo

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La resistencia a la "voracidad de las multinacionales" que extraen minerales y petróleo y explotan gigantescos proyectos hidroeléctricos, es una creciente batalla social de las comunidades originarias, dijo a Sputnik la dirigente de la asociación civil Otros Mundos, Claudia Ramos.

"La resistencia contra la agudización del modelo extractivo es notable hace más de 10 años en estados del sur del país, como Chiapas [fronterizo con Guatemala], frente a la agresiva expansión de la minería de empresas canadienses, británicas y chinas", dijo la activista.

Esos conflictos entre ambientalistas y empresas multinacionales dedicadas a explotar recursos no renovables, ocurren "más allá de la coyuntura electoral, porque el modelo extractivo amoral es un despojo con una lógica depredadora que no cambia en las ofertas políticas", observó.

Según Ramos, hay por lo menos un centenar de concesiones mineras en Chiapas, y la cuarta parte de ellas se concentran en dos municipios, Escuintla y Acacoyagua, corazón de la histórica región del Soconusco que desde la época colonial conectó el centro de México con América Central a través del istmo de Tehuantepec.

Según los testimonios recogidos por Otros Mundos, que integra la red internacional Amigos de la Tierra, en el centro de los conflictos de las comunidades indígenas están los intereses de empresas extranjeras, como la china Honour Up Trading, o las canadienses Riverside Resources y Blackfire Exploration.

Esta última explota 360.000 toneladas anuales de barita (sulfato de bario), utilizada para los lodos que se inyectan en la construcción de pozos petroleros.

Estas compañías han demostrado su agresividad para defender las concesiones otorgadas por el Estado, según la activista.

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