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#AlertaLeyDeAguas: Materiales sobre el nuevo proyecto de privatización extrema del agua en México

En noviembre 2017, el diputado priista José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en el Cámara de Diputados, publicó un borrador de iniciativa de Ley General de Aguas (LGA) que podría ser convertido en una iniciativa de ley y legislado durante el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados (1 de febrero-30 de abril).

El Estado mexicano tiene la obligación de reformar la LGA actual para que garantice el derecho humano al agua y al saneamiento incorporado al artículo 4 de la Constitución en el 2012. Pero lejos de responder a ese objetivo, la "Ley Pichardo" profundizaría los procesos de privatización del agua, el sistema de concesiones, la proliferación de trasvases y la entrega absoluta del vital líquido a las corporaciones, en particular para actividades industriales extractivas tóxicas como el fracking y la minería. Serviría de instrumento de despojo en complemento de la Reforma Energética del 2014, de la Ley de Zonas Económicas Especiales del 2016 y de la Ley de Seguridad Interior entrada en vigor en diciembre 2017.

El borrador Pichardo emerge dos años después del primer intento del gobierno de EPN de reformar la LGA con la llamada "Ley Korenfeld". Había fracasado gracias a la movilización de la sociedad civil organizada e informada a través de la plataforma "Agua para todos, Agua para la vida ", la cual había elaborado una propuesta ciudadana de LGA.

Les compartimos una serie de materiales para que se puedan informar sobre los riesgos que representan la "Ley Pichardo" y los difundan en sus redes sociales con el hashtag #AlertaLeyDeAguas.

1 - Video: "La Ley Pichardo y el Agua en México" (Mientras tanto en México, 12 de febrero 2018)

2 - Video: "La Ley Pichardo y el Agua en México" (Programa "Supercívicos" en Radio Formula, 9 de febrero 2018)

Ver y Compartir con el hashtag #AlertaLeyDeAguas

Leer más:#AlertaLeyDeAguas: Materiales sobre el nuevo proyecto de privatización extrema del agua en México

Swefor México manda carta de preocupación por la situación de defensores y defensoras del territorio en Acacoyagua, Chiapas

Compartimos la carta de preocupación enviada por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) a autoridades mexicanas el 2 de febrero 2018

>> Descargar la carta aquí

Para: Subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOB/Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Secretaría de Gobernación del Estado de Chiapas Subsecretaría General de Gobierno y Derechos Humanos de Chiapas Fiscalía General del Estado de Chiapas Fiscalía de Distrito Istmo-Costa Presidencia Municipal de Acacoyagua

Copias: Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Embajada de Suecia en México
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Delegación de la Unión Europea en México

San Cristóbal de las Casas, 2 de febrero 2018

Respetados señoras y señores,

Les enviamos un cordial saludo del Movimiento Sueco por la Reconciliación – SweFOR. Nos dirigimos a ustedes para declarar nuestra preocupación por la situación de hostigamiento que vive el movimiento de la sociedad civil el Frente Popular del Soconusco 20 de Junio (FPDS) y las organizaciones Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. que están acompañando al FPDS, en el estado de Chiapas.

Las organizaciones civiles Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. colaboran con SweFOR.

Antecedentes:

Muchas personas y colectivos que defienden y promueven los derechos al territorio, al medio ambiente y acceso a la tierra viven una situación de vulnerabilidad cada vez más grave.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en junio del año pasado su preocupación respecto del uso del sistema penal, así como de ataques, amenazas o asesinatos para obstaculizar la labor de estas personas defensoras de los derechos humanos.2

En Acacoyagua, municipio costeño en Chiapas, una empresa ligada al Grupo Salinas Pliego3 mantuvo una mina a cielo abierto entre 2009 y 2015. En 2009 la empresa El Puntal S.A. de C.V. obtuvo la concesión de un predio de 500 hectáreas para abrir otra mina en el mismo municipio, a la que se otorgó permisos de exploración para la explotación de titanio. En el terreno de esta concesión se encuentra el sistema de captación de agua que abastece a diferentes comunidades.

FPDS es un movimiento de la sociedad civil que fue fundado en 2015, para informar, prevenir y denunciar los daños al medio ambiente y las afectaciones a la salud a los que ha contribuido la extracción de titanio e ilmenita. Denuncian que, desde 2012 los casos de cáncer han aumentado en los municipios de Acacoyagua y Escuintla y que el contacto directo con el agua de los ríos Cacaluta y Cintalapa ha ocasionado enfermedades en la piel e irritación en los ojos. 4 Para prevenir la entrada de maquinaria propiedad de la empresa El Puntal FPDS mantienen dos campamentos.5

Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra y el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. han observado que la actividad minera en la zona ha provocado la cooptación de autoridades ejidales, además de ataques y agresiones a quienes se han opuesto a la minería. En el 2017 se registraron alrededor de 18 notas de periódico difamando al FPDS. Además existen por lo menos cuatro denuncias penales hacia integrantes hechas por la empresa El Puntal. Por su labor de asesoría, Otros Mundos y el CDH Digna Ochoa han sido víctimas de prolongadas campañas de deslegitimación o de amenaza.

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12 de febrero: Conferencia de prensa en la Ciudad de México sobre el caso Mariano Abarca

Les invitamos a la conferencia de prensa "Informe sobre denuncia a la Embajada de Canadá por su actuación frente al homicidio del defensor Mariano Abarca" este lunes 12 de febrero 2018 a las 11 horas en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México. Dirección: Medellín 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa

El 27 de noviembre del 2009, el defensor ambientalista Mariano Abarca Roblero fue asesinado por personas vinculadas a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, por encabezar la resistencia de su pueblo a la operación de la mina de barita "La Revancha" en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.

En junio de 2017, la familia interpuso una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su responsabilidad en el crimen. Ahora, ha decidido denunciar a una de las principales instancias promotoras de la minera canadiense: la Embajada. El 5 de febrero, el hijo de Mariano interpuso una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Admisitración Pública de Canadá para exigirle que se investigue a la Embajada de Canadá en México por apoyar a las operaciones de la empresa Blackfire Exploration en Chicomuselo durante el conflicto social que se generó entre 2007 y 2009 y culminó en el asesinato de Mariano Abarca.

Cuatro organizaciones interpusimos la denuncia junto con la familia Abarca: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y MiningWatch Canada (Alerta Minera Canadá). En la conferencia de prensa les daremos más detalles sobre esta denuncia y sus implicaciones para los/as defensores y defensoras del territorio en México.

Más información: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

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VIDEO: Comunidades de Alto Lucero y Actopan en Veracruz se declaran libres de minería

Comunicado de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) - Xalapa, Veracruz, a 7 de febrero 2018

  • Asambleas agrarias y populares presentan citas por medio de las cuales se declaran como territorios libres de megaminería.
  • Manifiestan a autoridades estatales y federales la decision autónoma de no permitir actividades que pongan en riesgo la vida, la salud y el medio ambiente.
  • Establecen que la libre autodeterminación se encuentra plenamente respaldada en el derecho agrario y los convenios internacionales firmados por México.


Este miércoles 7 de febrero de 2018, habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, Veracruz, manifestaron que entregaron a dependencias del gobierno del estado de Veracruz y del gobierno federal copias de Actas de Asamblea que constatan que los pueblos organizados de múltiples localidades de estos municipios se declaran como "pueblos libres de megaminería tóxica". Representantes de la Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica (UVPLMT) y el colectivo Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida (PVUDV) - organizaciones que encabezan la defensa del territorio en estos municipios de la región central-costera de Veracruz - declararon que esta decisión se empata en el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, así como la legislación agraria y los convenios firmados y ratificados por México, entre los cuales destaca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La entrega de las Actas a las dependencias del gobierno federal y estatal es para mantenerles al tanto sobre una decisión que hemos tomado, con plena libertad y autonomía, sobre nuestro territorio (...) para proteger la vida, la salud y el medio ambiente", dijo Ascención Sánchez Vásquez, quien preside la UVPLMT. "Esperamos que nuestros gobernantes respeten la decisión que hemos tomado."

La inconformidad de los pobladores de Alto Lucero y Actopan tiene su origen en la entrega, por parte de la Secretaría de Economía del gobierno federal, de veintiún concesiones mineras para realizar actividades de exploración, explotación y beneficio de los minerales del subsuelo. A partir de estas concesiones, las empresas canadienses Candelaria Mining y Almaden Minerals han procurado, desde 2011, desarrollar los proyectos de megaminería por tajo a cielo abierto denominados "La Paila" (antes "Caballo Blanco") y "El Cobre", respectivamente.

"Desafortunadamente, México cuenta con muchas experiencias sobre el terrible daño ambiental y social que provocan los megaproyectos por tajo a cielo abierto", estableió Guillermo Rodríguez de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA). "De no hacer nada, Veracruz corre el riesgo de presentar los daños permanentes asociados a la ambición desmedida de las mineras."

Los representantes de la UVPLMT y PVUDV notificaron por medio de copias de sus Actas de Asamblea a la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel federal. En Veracruz, notificaron a la Secretaría de Medio Ambiente y al Gobierno del Estado.

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