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Invitación al primer Encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), El Movimiento en Defensa de la Tierra y del Río Atenco, El Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas invitan al

Primer encuentro de Pueblos Afectados por el Modelo Extractivo en Zacatecas

 

 

 

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[Reportaje] Autonomías para la sobrevivencia

Reportaje publicado en Pie de página - Marzo de 2019 

Por  Daniela Rea y Celia Guerrero

Fotos: Ximena Natera y Fernando Santillán 

En los últimos años, los pueblos originarios de México han pasado de la demanda de participación política en instancias del Estado a la exigencia de autonomía y autodeterminación para decidir sus formas de vida. 

“Nuestra autodeterminación es la ventana más segura para garantizar nuestra sobrevivencia como pueblos, como sociedad. Ha sido un sueño eterno de nuestras comunidades, la cual siempre ha sido resultado de una tensa relación con el Estado-Nación”, escribió Jaime Martínez Luna en 2002.

En los últimos años, con el auge de los proyectos extractivistas, la propuesta de Martínez Luna, que a su vez recoge la del EZLN, se hace vigente. Muchos pueblos indígenas en México han apostado por una organización al margen de las instituciones del Estado, una organización común –y erróneamente- llamada “usos y costumbres”.

Las formas de organización no son heterogéneas. Es decir, no hay un solo tipo de organización política indígena. Algunos pueblos, como Calpulalpan, Oaxaca, tiene un sistema mixto, en el que conviven la asamblea comunitaria y la presidencia municipal. Otros, como Cherán en Michoacán, Ayutla en Guerrero y Oxchuc en Chiapas, se rigen bajo el Sistema Normativo Interno que se organiza a partir de asambleas o consejos, y acceden a recursos públicos.  

“La participación política comunitaria es muy diversa”, dice a Pie de Página la ensayista mixe Yásnaya Elena Aguilar, “no se puede hablar de la participación de las comunidades indígenas como algo único, sino de la multiplicidad de mecanismos que hay dentro. Por un lado, los pueblos indígenas que sí están organizados en comunidades, muy mesoamericano. Y otros donde la organización no es comunitaria, sino más tribal, como los yumanos en Baja California”.

Los mixes, pueblo al que pertenece Yásnaya Elena, habitan la sierra de Juárez. Se llaman así mismos Ayuukjä’äy y hablan la legua ayuuk.

Francisco López Bárcenas, abogado mixteco nacido en el pueblo ñuú Savi, Santa Rosa, hace un repaso histórico sobre la participación política de los pueblos indígenas:

“El Estado mexicano es un Estado colonial. No es una metáfora, es una explicación. El Estado se formó sin consultar a los pueblos indígenas. Las estructuras que tiene el Estado son estructuras europeas y no están viendo pueblos, están viendo individuos, personas. El Estado, como se forma en el siglo XX, va a buscar acabar con los pueblos indígenas culturalmente. El indigenismo fue eso, sigue siendo eso. Lo que tenemos es un Estado que se ha formado estructuralmente, ideológicamente, administrativamente, para que los indígenas no puedan existir. En este Estado como está, no es posible que los indígenas se integren a la nación”.

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Libro: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias

Compartimos el libro de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en Inglés): 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apoderarse de tierras comunitarias  >>Descargar el libro en Ingles<<  >>Descargar el libro en Francés<<

Se lanzó el libro “Promise, Divide, Intimidate and Coerce: 12 tactics palm oil companies use to grab community land” (Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias), una publicación conjunta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), GRAIN y una alianza de organizaciones comunitarias y locales unidas por su lucha contra las plantaciones industriales de palma aceitera en África central y occidental, entre ellas RADD, SEFE, Synaparcam de Camerún, Muyissi Environnement de Gabón, y ERA/Community Forest Watch de Nigeria. 

El objetivo del libro es apoyar a las comunidades que deseen fortalecer su resistencia y prepararse mejor para impedir que las empresas establezcan plantaciones industriales de palma aceitera en sus tierras.

Presentación: 

Dondequiera que operan, las empresas de plantaciones de palma aceitera utilizan tácticas muy similares para tratar de apoderarse de las tierras de las comunidades. Sabiendo que pueden contar con el apoyo de políticos y autoridades estatales de alto rango, las compañías suelen hacer promesas que no pretenden cumplir, tratan de silenciar y marginar a quienes se oponen a sus planes e intentan dividir a las comunidades.

Toda vez que sea necesario coaccionan, intimidan, acosan e incluso matan a quienes se oponen a sus actividades. Los aldeanos, especialmente en lugares remotos, a menudo piensan que esa violencia, intimidación y acaparamiento de tierras solo les ocurre a ellos. Los representantes de la comunidad pueden llegar a creer inicialmente las promesas de la empresa palmícola porque desconocen las experiencias de las comunidades de otros lugares.

Sin embargo, la realidad es que la violencia -particularmente contra las mujeres, y sumándose en este caso la violencia sexual- es una parte inseparable del modelo de plantaciones industriales, y que las tácticas que utilizan las empresas para apropiarse de tierras comunitarias se han perfeccionado a través de décadas de experiencia en todo el mundo.

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El gobierno de Canadá rompe la promesa de nombrar un ombudsman para los derechos humanos

Comunicado de prensa vía CDHAL- A 8 de abril de 2019

El gobierno canadiense está revirtiendo su promesa de crear un organismo independiente para monitorear las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas canadienses. 

El gobierno de Canadá está incumpliendo su promesa de nombrar un ombudsman independiente para la responsabilidad corporativa que detenga poder real para investigar los abusos y reparar los daños causados por las compañías canadienses que operan en el extranjero.

Las empresas canadienses que operan en el extranjero están asociadas a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, en especial, el trabajo forzoso, la violación y el asesinato. Hace quince meses, el gobierno anunció la creación de una oficina independiente para investigar esas prácticas. En cambio, presentó un puesto de consulta sin real poder, que poco difiere de lo que ha existido durante varios años. Está claro que Canadá necesita un ombudsman que pueda contribuir a prevenir la complicidad tácita de Canadá en los abusos corporativos y para garantizar que las cadenas canadienses de suministro en la industria minera y textil respeten los derechos humanos.

Un verdadero ombudsman debe ser independiente del gobierno y tener el poder de ordenar a los que están bajo investigación que presenten documentos y que presten testimonio bajo juramento. El puesto consultivo creado hoy no cumple con ningún de esos requisitos.

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