Ciudades rurales sustentables, el fracaso de Sabines

Isaín Mandujano – Proceso – 25 de agosto de 2012
Reportaje Especial
 
El proyecto de ciudades rurales sustentables, que tanto presumió el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, es hasta ahora un fracaso. Sólo hay dos, pero ya se planea la construcción de más. Especialistas que visitaron una de ellas advierten la serie de defectos del proyecto –en su momento avalado por el representante de la ONU en México–, señalan sus riesgos y carencias, recomiendan que no se copie el modelo en otras entidades y exigen que se transparenten los millonarios recursos que se usaron para construir esa ciudad fantasma.
 
SANTIAGO EL PINAR, CHIS. (Proceso).- En la pronunciada ladera de una montaña hay 115 casas que parecen abandonadas. Muchas están invadidas de hierba, otras están saqueadas, con las paredes rotas por ladrones que se llevan las tarjas, lavabos y excusados. Parece un pueblo fantasma.
 
Se trata de la Ciudad Rural Sustentable de Santiago El Pinar, un complejo que costó 394 millones de pesos y se instaló en unas 40 hectáreas para, según el Instituto de Ciudades Rurales del Gobierno de Chiapas, “concentrar localidades dispersas y facilitar la dotación de servicios básicos de calidad y alternativas productivas con empleos dignos y remunerados”.
 
Pero ninguna de las casas tiene ahora agua potable ni luz eléctrica. Sólo fueron ocupadas y tuvieron servicios unos meses, luego de que Felipe Calderón y el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero la inauguraran el 29 de marzo de 2011.
 
Con el aval del entonces coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Magdy Martínez Solimán, esta fue la segunda ciudad rural fundada. La primera fue Nuevo Juan de Grijalva, el 17 de septiembre de 2009.
 
A diferencia de las 410 de Nuevo Juan de Grijalva, las más de 100 casas de Santiago El Pinar se ven endebles. Se hicieron con materiales prefabricados y en 30 metros cuadrados tienen “sala-comedor, cocina, baño y dos recámaras”.
 
El martes 14 este corresponsal recorrió las calles de Santiago El Pinar. En el centro de salud no había médicos ni enfermeras; en la oficina de registro civil, sólo un empleado. En las granja avícola las gallinas estaban solas, nadie las cuidaba. Solamente se vio a Miguel Pérez y a su esposa, tzotziles, salir de una vivienda y caminar unos 500 metros montaña arriba con tres pequeñas cubetas para traer agua de un manantial.
 
Con ayuda de un traductor don Miguel, que no habla español, cuenta a este semanario que todos se fueron porque acá no hay agua, no hay luz y tampoco espacio para hacer “fogón afuera de la casa”, además de que el terreno está muy inclinado y es peligrosos para los bebés que gatean o los niños que juegan en las calles.
 
Dentro de la casa –hecha de madera– no pueden encender una fogata. Muchas familias son numerosas y no caben en las viviendas. Vivir acá sólo les genera más necesidades y gastos y no tienen dinero para ello. Además en las rancherías, parajes y comunidades en las que suelen habitar siempre hay cerca un arroyo o un manantial. Aquí no.
 
Casi todos se fueron. Las casas ocupadas no pasan de una veintena.
 
Lo único que parece tener vida en Santiago El Pinar es la ensambladora de bicicletas y triciclos, donde laboran unas 150 personas. Trabajan para el único comprador que tienen: el gobierno estatal. Cada viernes de audiencias públicas ciudadanas el gobernador Sabines regala triciclos que luego sus dueños habilitan como bicitaxis o carritos para vender comida.
 
El gran fracaso
Nicolás Santiz Rodríguez, director de obras públicas del ayuntamiento de Santiago El Pinar, afirma que les dijeron que las casas deben durar entre 50 y 60 años, pero que por las condiciones climática de la zona –frío en invierno y calor húmedo el resto del año– no cree que duren más de 10 años.
 
Sebastián Gómez Gómez, regidor del ayuntamiento, dice que la gente se fue por la falta de agua y luz eléctrica. El líquido escaseó porque no hay personal capacitado que maneje el sistema de bombeo. No hay luz porque la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro hasta en tanto no se le pague la deuda del municipio, cuyo monto no quiso revelar.
Del 13 al 20 de junio de 2011, tres meses después de la inauguración de Santiago El Pinar, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, recorrió la ciudad sustentable.
 
En contraste con lo que han elogiado las agencias de la ONU en México, las observaciones del relator contenidas en el informe dado a conocer a mediados de 2012 no fueron halagüeñas para el más ambicioso proyecto sabinista, concebido para erradicar la pobreza en Chiapas.
 
Entre las observaciones y recomendaciones hasta ahora ignoradas por las autoridades locales, consideró indispensable realizar “una evaluación exhaustiva de las experiencias de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago El Pinar antes de que se establezcan más ciudades de ese tipo”.
 
Las cooperativas que encontró funcionando en las localidades que visitó “son apenas viables debido a la falta de capacitación adecuada sobre comercialización y de apoyo adecuado para la negociación de contratos con posibles clientes.
 
“Aunque las autoridades hicieron inversiones importantes con el apoyo de la comunidad internacional en favor de la producción, ello no ha ido acompañado del fomento de la capacidad adecuado para mejorar el acceso a los mercados en pie de igualdad”, apuntó De Schutter en el informe entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Ginebra, y que luego fue repartido al gobierno mexicano y a las autoridades de los estados que visitó.
 
Sigue: “Aunque la práctica de la agricultura de subsistencia puede constituir una red básica de seguridad para las familias rurales más pobres, cuyo acceso a los alimentos, de lo contrario, depende completamente de los precios de mercado, y puede contribuir a la diversidad de la dieta, es posible que algunos habitantes de las recientemente establecidas ciudades rurales sustentables no puedan seguir cultivando sus tierras, debido a la distancia geográfica que los separa de sus nuevas viviendas”.
 
Esto entre otras recomendaciones que al parecer no han sido tomadas en cuenta por los impulsores del proyecto.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1869, ya en circulación)