Ciudad rural sustentable, nuevo nombre, viejas carencias
-En Santiago El Pinar cumplen ya seis meses sin agua
-La gran mayoría de las 115 viviendas están abandonadas
-“Si ya no hay trabajo, me voy pa’ mi casa en el pueblo”
Rosa Rojas, Periódico La Jornada
Fotos Moysés Zúñiga Santiago
Santiago El Pinar. Chis. En la manzana 8 de la Ciudad Rural Sustentable (CRS) erigida en una escarpada loma, a unos cuatro kilómetros del centro de este municipio tzotzil, Vicente Hernández Hernández, su esposa, tres niñas y un varoncito son una de las quizá 20 familias que habitan esta aglomeración de 115 casas nuevas, construidas con páneles de madera prensada y/o tablarroca y techos de loseta de hormigón liviano. «Los demás se fueron porque hace seis meses no hay agua».
Esta CRS, que según medios locales costó 394 millones de pesos, es una de las más notables obras de relumbrón que salpican el paisaje de los Altos chiapanecos como ejemplo de que la inversión en el combate de las causas estructurales de la pobreza no es una prioridad frente a la remodelación de plazas, grandes auditorios, canchas techadas, palacios municipales y locales comunales.
Hay quienes, como la Misión Civil de Observación a las CRS de Sipaz, sostienen que hay «intereses económicos y políticos ocultos» detrás de este programa que «ha violado y continúa violando el derecho a la libre determinación de los pueblos y las comunidades a las que ha reubicado y a las que pretende desplazar de su territorio», para dar paso a las mineras trasnacionales y las obras de infraestructura necesarias para dotarlas de energía eléctrica.
Analistas como Hermann Bellinghausen –colaborador de este diario– y Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, han planteado que el programa de las CRS cumple una función de contrainsurgencia sistemática para desarticular y expulsar de su territorio a las comunidades indígenas, y en el caso de Santiago El Pinar, la CRS está ubicada cerca del caracol zapatista de Oventic y de los municipios autónomos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y de San Juan La Libertad, anota el informe de Sipaz.
Planeada para dotar de servicios básicos –electricidad, agua potable, educación, salud– a la población dispersa, la CRS Santiago El Pinar fue inaugurada por Felipe Calderón a fines de marzo de 2011. Esta fue la segunda CRS, después de la de Nuevo Juan del Grijalva, y de acuerdo con un reporte de la Red por la Paz en Chiapas había dos más en construcción en Ixhuatán y Jaltenango, una más en planeación, en el Soconusco, y dos villas rurales sustentables en Jitotol y Emiliano Zapata.
Aquí, doña Cristina Hernández Montejo comenta que en la Clínica de Servicios Básicos, que funciona en la CRS, le dijeron que las niñas –de seis, cinco y dos años– están desnutridas, el niño –al que todavía amamanta– está bien, igual que ella y su esposo. La familia se cambió la tercera semana de enero pasado a esta casa que le dieron a Vicente hace año y medio como trabajador de una fábrica que funcionaba en el pueblo. Él no sabe si se la van a cobrar –»sólo nos pidieron acta de nacimiento y credencial de elector»– o cuánto va a pagar de electricidad ahora que le instalaron el medidor.
Calle tras calle los enviados de La Jornada pudimos ver algunas casas cuyas ventanas lucían cortinas, pero en las que no había gente una tarde de sábado, y decenas más cuyas puertas abiertas permiten constatar el saqueo y la destrucción que campea por sus fueros, pese a una patrulla de la policía municipal con la que nos cruzamos al llegar.
De las casas que están abiertas han desaparecido los muebles de baño; fueron arrancados los contactos e interruptores eléctricos, están rotas muchas puertas y cerraduras y hay hoyos en las paredes, evidentemente causados por golpes, que permiten divisar la endeble armazón de madera que sostiene la tablaroca.
Hay un tanque arriba para darle agua a la ciudad y una bomba, pero nadie sabe manejarla, comenta Vicente. Explica que en la misma calle viven otras dos familias emparentadas con su esposa. Todos juntan el agua de lluvia en bidones y la guardan para subirla a la casa, sostenida por postes de cemento debajo de la cual está el tinaco, o caminan un par de kilómetros hasta el pozo «que está abajo» para acarrearla.
Cuenta también que al cambiar el gobierno –salió Juan Sabines y entró Manuel Velasco–cerraron la fábrica de triciclos metálicos, sillas para escuela y carritos de paletas, cuyos productos compraba el gobierno estatal y le quedaron a deber cuatro quincenas. “Si ya no hay trabajo me voy pa’ mi casa en el pueblo”, comentó él en su limitado español, quejándose de que tiene que caminar varios kilómetros para ir a trabajar en su milpa.
Cristina informa que ella recibe de Oportunidades 700 pesos cada dos meses por las niñas, que las tiene que llevar cada 15 días a la clínica «para que las pesen» y le dan cuatro sobres de leche en polvo, que tiene que preparar con agua hervida, tres litros de leche, un kilo de frijol y dos kilos de maseca cada dos meses. Ella se queja de que cuando llueve el agua se mete por el techo y los marcos de las ventanas. Antes había un Súper Chiapas en la CRS pero lo cerraron porque nadie compraba.
Vicente nos invita a pasar a su casa. Los únicos muebles son dos banquitos de madera, casi al ras del suelo, y una cubeta de plástico de 20 litros a la que le da vuelta para sentarse. En las recámaras, sarapes en el piso. La pintura del suelo está toda descascarada. En la tarja de la cocina, sobre una parrillita eléctrica, hierve un poco de agua en una ollita ennegrecida en el fogón de leña, ahora instalado a un costado de la casa, protegido de la lluvia por una lámina de zinc que descansa en morillos de madera.
En la manzana 2, lote 9, vive la familia de Antonio Pérez Rodríguez. En la casita de seis por siete metros viven cuatro adultos y ocho niños. Antonio cuenta que les gusta más vivir acá, en la casa que le regaló el gobierno, que abajo en el pueblo, a unos cuatro kilómetros, sólo que la vivienda está chiquita y cuando llueve entra agua por el piso, por el techo y por el marco de las ventanas. Dice que hay poca gente viviendo acá porque hace seis meses que no hay agua potable.
Al fondo del patio, sobre el rectángulo de cemento de unos dos por dos metros, donde las casas de esta ciudad rural tienen el lavadero cubierto con una lámina, la familia de Antonio construyó un cuarto de block que ahora les sirve además de cocina.
Antonio explica que ellos van cada semana a Larráinzar a hacer el mercado y gastan 20 pesos en el pasaje de ida y vuelta. El tiene dos hectáreas donde trabaja la milpa y cosecha de 500 a 600 kilos de maíz al año para el autoconsumo; de café cosecha unos 300 a 400 kilos que este año están pagando los coyotes a 24 pesos el kilogramo.
Para completar el gasto trabaja de peón de albañil en Cancún de junio a diciembre, ganando mil pesos semanales; es poquita la ganancia, acota, porque renta un cuarto que le cuesta 500 pesos mensuales, y el pasaje de aquí a Cancún cuesta mil 600 pesos ida y vuelta. Su familia recibe mil pesos de Oportunidades cada dos meses por los cuatro niños que van a la escuela.
En la clínica de la CRS había una doctora y dos enfermeras dando atención. En el tablero de anuncios el reporte de atenciones en 2012 consignaba que se dieron 6 mil 763 consultas de medicina general, mil 362 de nutrición, 950 de sicología, 341 de odontología. Erick Fabián Ruiz Trujillo, encargado de administración el fin de semana, informó que en la clínica laboran cinco médicos generales, tres especialistas: un odontólogo, un nutricionista y un sicólogo, que atienden cinco localidades de Santiago con 906 personas asignadas; a las otras localidades las atiende el IMSS-Coplamar ubicado en el centro del pueblo. Dicha clínica estaba cerrada esa tarde.
Unos metros abajo de la clínica de la CRS, se encuentra una bodega con el letrero: Cuenca Cafetalera Santiago El Pinar-Larráinzar-Aldama. Complejo integral para la producción, transformación y comercialización del café. Estaba cerrada, pero le preguntamos al vigilante de la clínica si funciona. El contestó que funcionó de diciembre de 2010 a marzo de 2011 cuando compró la cosecha de café, pero que este año, aunque es época de cosecha, no la han abierto.
El proyecto de ciudades rurales sustentables, que tanto presumió el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, es hasta ahora un fracaso. Sólo hay dos, pero ya se planea la construcción de más. Especialistas que visitaron una de ellas advierten la serie de defectos del proyecto –en su momento avalado por el representante de la ONU en México–, señalan sus riesgos y carencias, recomiendan que no se copie el modelo en otras entidades y exigen que se transparenten los millonarios recursos que se usaron para construir esa ciudad fantasma.
Nicolás Santiz Rodríguez, director de obras públicas del ayuntamiento de Santiago El Pinar, afirma que les dijeron que las casas deben durar entre 50 y 60 años, pero que por las condiciones climática de la zona –frío en invierno y calor húmedo el resto del año– no cree que duren más de 10 años.
Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva en Chiapas y, hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno de ese Estado para poner en marcha el ambicioso proyecto de Ciudades Rurales, más que solucionarse problemas en la zona, se ha generado la confrontación dentro de comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.
Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a los afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tienen que mudarse con familiares y amigos, emigrando de sus comunidades, unos pocos, se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo en las comunidades. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; abusos perpetuados por personal policiaco y acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la Ciudad Rural.
Habitantes de Juan de Grijalva la primera ciudad rural sustentable del mundo- hoy «La primera ciudad asustada del mundo» denuncian ser hostigados y reprimidos por exigir los pagos por afectaciones en sus tierras que el gobierno federal y CFE supuestamente, debía pagar, a causa de la destrucción de su poblado por deslizamiento del cerro, acusan a Juan Sabines de ser el responsable de este fraude y de haber iniciado la represión con objeto de callar las voces de justicia; algunos fueron detenidos y hoy se encuentran en el penal de Pichucalco, incluyendo hasta al licenciado que defiende esta causa, la corrupción y la ambición de estos recursos, son culpables:
Santiago El Pinar, Chis. 14 de Abril. A Manuel de la Cruz Gómez, un indígena tsotsil de la comunidad de Boquem, la Ciudad Rural Santiago El Pinar (el principal proyecto del gobierno de Juan Sabines) lo ha puesto en un dilema: vivir en una casa de tablaroca de apenas 5×6 mts., sin cimientos de concreto o regresar a vivir a su comunidad, con más espacio para dormir, cocinar y donde jueguen los niños.
Los servicios básicos no son regulares. Por ejemplo, se observó que la energía eléctrica que tienen las mini casas de la Ciudad Rural es tomada por medio de los clásicos “diablitos”, es decir, los medidores están interconectados con un cable pelado de las puntas para que los pobladores tengan luz.
Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas. El lamentable hecho fue aprovechado por el gobierno del estado para poner en marcha el ambicioso proyecto Ciudades Rurales, el cual, lejos de solucionar los problemas, incrementó la confrontación al interior de las comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos.
El Gobierno realoja a indígenas de Chiapas en nuevos núcleos rurales más grandes, en teoría para mejorar su calidad de vida. Detrás se esconden intereses económicos y un plan para desarticular al Ejército zapatista.