La situación actual de los damnificados por el taponamiento del río Grijalva

Difusión Cencos México D.F., 20 de junio de 2011
Boletín de Prensa
Limedh

    * Informe: Caracoles Anegados. La situación actual de los damnificados por el taponamiento del río Grijalva.
    * Si el Gobierno de Sabines no atiende y resuelve hoy, mañana le pasará lo que a Mendiguchía.
    * Urgimos a la CNDH y al CDH de Chiapas a que agilicen y valoren las recomendaciones respectivas.
    * También, las fundaciones como Azteca y Fomento Social Banamex, entre otras deben de investigar posibles fraudes en la construcción de la Ciudad Rural, para favorecer que la gente siga donando para ayudar a la población en casos de catástrofes.

Han pasado más de tres años del desastre que hizo desaparecer por entero la comunidad Juan de Grijalva en Chiapas y, hasta hoy, además de brindar la oportunidad perfecta al gobierno de ese Estado para poner en marcha el ambicioso proyecto de Ciudades Rurales, más que solucionarse problemas en la zona, se ha generado la confrontación dentro de comunidades afectadas, la dispersión de sus habitantes y la represión de los movimientos sociales surgidos en el entorno, además de múltiples presos.

Recordemos que en noviembre del 2007, se desgajó un cerro sobre el rio Grijalva, bloqueando su cauce y haciendo desaparecer por completo la comunidad mencionada. Este desastre, al que se le sumó las estrategias de desazolve adoptadas por Conagua y la CFE para liberar dicho afluente, mantuvo bajo el agua por más de tres meses, al menos 404 casas de 33 pueblos y 960 mil hectáreas productivas.

Ante esta situación, gobiernos estatal y federal, CFE y CONAGUA, así como fundaciones de la iniciativa privada como Fundación Azteca y Fomento Social Banamex aportaron por parte de los gobiernos: el pago de indemnizaciones y la compra de terrenos por debajo de ios lOOm al nivel del mar (nueva zona de riesgo en la costera del rio); también, por parte de iniciativa pública y privada, la construcción de la Ciudad Rural Nuevo Juan de Grijaiva, anunciada como primer ciudad autosustentable en el mundo, que pretende dar hogar a los desplazados por el tapón además de presentarse como punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio esgrimidos por la ONU para estados en situación de pobreza.

No obstante, es de aplaudir los esfuerzos y las iniciativas tanto privadas como públicas para ayudar a damnificados, así como toda contribución técnica y financiera que permita erradicar la pobreza. Preocupa gravemente que esta ayuda se lleve a cabo sin considerar la opinión y necesidades de la población que la recibe, en menoscabo de sus derechos, que se entregue o programe sin dar seguimiento a su utilización o que se abuse de la buena voluntad para cometer fraudes o con el fin ulterior de obtener un beneficio personal mayor. En el caso que aquí se toca, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), tras un trabajo de investigación a partir de visitas realizadas desde el año 2008 a la fecha (2011), ha elaborado un informe en el cual se manifiestan de manera preocupante una serie de irregularidades y conflictos sociales debido al abandono y corrupción en la entrega de recursos y realización de proyectos, y enumeramos los siguientes:

Baja calidad en ia construcción de la Ciudad Rural, la cual contrasta con los avalúos de Catastro Chiapas donde se especifican oficialmente, materiales de construcción de mayor calidad, a los que a la vista fueron utilizados, como son: tubería de metal, siendo que en realidad son de plástico y tejas de metal, siendo que en realidad son de material reciclado, así como varios más. Situación que lleva a suponer la existencia de un fraude millonario en la construcción. Además, es evidente que no se tomo en cuenta la opinión de los pobladores pues estos manifiestan su descontento ante la lejanía de este proyecto con respecto a las tierras de trabajo, así como la inexistencia de espacios necesarios para cultivo o cuidado de animales. Asi mismo, la Ciudad Rural está construida lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos no cuentan con la capacidad de activar la economía interna, limitando el flujo de capital. Resultado de esto, es la desintegración social, pues mientras las familias tienen que quedarse obligatoriamente a habitar las casas para no perderlas (como reza el contrato), las cabezas de familia deben emigrar en busca de empleo.

Desintegración, enfrentamientos y abusos de autoridad en comunidades afectadas. Ante la falta de seguimiento de la entrega de recursos a los afectados y la expropiación de terrenos a los habitantes de zonas en riesgo, se aprecia una distribución irregular de las aportaciones económicas: mientras que la mayoría de damnificados tienen que mudarse con familiares y amigos, emigrando de sus comunidades, unos pocos, se enriquecen. Esta situación, aunada a la poca atención prestada por autoridades a reclamos, crea bandos, conflictos y un ambiente generalizado de miedo en las comunidades. Los damnificados denuncian el incumplimiento de compromisos por parte de autoridades estatales y municipales; abusos perpetuados por personal policiaco y acciones de presión contra quienes no aceptan el traslado, al grado de restringir los servicios de salud y educación a comunidades para provocar que se muden a la Ciudad Rural.

Criminalización de los movimientos sociales. Dada la poca respuesta de autoridades ante el descontento manifiesto de los afectados, estos últimos se han visto en la necesidad de organizarse en movimientos populares y tomar acciones más radicales para hacerse escuchar. La respuesta general de las autoridades ha sido silenciarlos por medio de prácticas represivas como el encarcelamiento y la creación de delitos contra presuntos miembros de organizaciones. Además de la persecución, amenaza y acoso a quienes se mantienen en lucha dentro de las comunidades. Se puede contar a 32 detenidos relacionados con esta situación, todos ellos presos políticos, han sido acusados de delitos ridículos como conspiración, motín, y extorción, entre otros. Todo esto con el fin de retenerlos en prisión y, a través del ejemplo de lo que puede pasar, ahogar las manifestaciones de descontento en relación al Tapón Grijalva.

Abandono de familias en refugios. Más de 300 familias continúan viviendo hacinadas en un insalubre conjunto de cabanas de 2 x 3 metros originalmente construidas como refugio temporal, actualmente llamada Villa Rural, en las que sus habitantes esperan, aún, la construcción de su prometida Ciudad y la entrega de otros recursos acordados.

Ante esta situación, no queda más que exhortar tanto a gobierno como iniciativa privada involucrada, tomen cartas en el asunto, lleven a cabo mesas de diálogo abiertas con afectados y, en conjunto, den seguimiento exhaustivo al uso de los recursos aportados y recursos que, cabe recordar, también, los dio el pueblo a través de impuestos y donaciones anónimas.

De la misma manera, instamos a la CNDH y al CDH de Chiapas, a que agilicen sus investigaciones y emitan las recomendaciones respectivas al caso.

Durante los primeros días de junio, el informe fue presentado a las autoridades federales y estatales, así como se hará ahora con las fundaciones y e instituciones privadas, con la finalidad de obtener respuestas y acciones concretas para que se atiendan las graves violaciones a los derechos humanos. Por tal motivo, hemos solicitado audiencias para el seguimiento del caso, por lo que les pedimos estar atentos a las respuestas.

La temporada de huracanes ya ha comenzado y esperamos que no se sigan acumulando los daños del pasado, que aún permanecen presentes y las nuevas catástrofes, por lo que urgimos a la solución de este caso y una prevención oportuna en los que se prevén.

Organizaciones que respaldan el Informe elaborado por la, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh): Red de Alerta temprana conformada por: Limeddh, la Fundación Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), La asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); Habitat International Coalition – América Latina (HIC-AI), Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC), Maderas del Pueblo del Sureste, AC. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), Delegación D-lll-24 administrativos, técnicos y manuales del INAH, de la sección XI del CNTE, Central Campesina Cardenista (CCC), Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI (FPFV -SXXI), Sindicato de trabajadores del inca rural (STINCA), Unidad de la Fuerza indígena y Campesina (UFIC), Central de Organizaciones Obreras Y Campesinas Populares (COCYP), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), Federación de Pueblos Rurales A.C (FEPUR), Unión de Productores Agrícolas Xochiquetzal (UPAX), Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco (CNCU), Asociación Promotora Nacional para el Desarrollo Rural y Urbano AC (APENDRU)