6 de mayo de 2013
(Ottawa/San Cristóbal de las Casas) Documentos divulgados por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (DFAIT por sus siglas en inglés) en respuesta a una solicitud bajo la ley de acceso a la información revelan que las autoridades de Canadá pusieron recursos públicos al servicio de Blackfire Exploration, una empresa minera de ese país, a pesar de vínculos con sospechosos del asesinato de un dirigente local, la clausura de la mina y alegatos de corrupción ampliamente divulgados.
“Según nuestro análisis de estos documentos, pocos días después de que se circulase en las más altas esferas del gobierno canadiense un informe condenatorio sobre la empresa Blackfire, las autoridades canadienses solicitaron asesoramiento para la empresa sobre cómo demandar al estado de Chiapas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la mina,” comentó Rick Arnold quien participó en una misión de observación en Chiapas en 2010. “Es como si para el gobierno canadiense no fuesen importantes las vidas de las personas, sólo los mezquinos intereses comerciales.”
El 27 de noviembre de 2009, Mariano Abarca fue asesinado frente a su restaurante en el pueblo de Chicomuselo, Chiapas. Abarca tenía cuatro hijos y era un ciudadano activo que luchó para bajar el costo de la luz. En el momento de su asesinato, estaba dirigiendo una lucha en contra de la mina de barita de la empresa Blackfire debido a preocupaciones por los impactos sociales y ambientales.
Una semana después del crimen, las autoridades ambientales de Chiapas clausuraron la mina. Al cabo de unos días, el periódico nacional canadiense The Globe and Mail informó que Blackfire había estado depositando dinero en la cuenta personal del presidente municipal de Chicomuselo. La policía federal canadiense está investigando la situación.
“Estos archivos nos demuestran que aún antes de la muerte de mi papá, la embajada canadiense estaba siguiendo de cerca el conflicto en Chicomuselo,” dijo José Luis Abarca, hijo de Mariano. “Sin embargo, la embajada descartó completamente las preocupaciones que le planteaban mi papá y otras personas, dándole crédito únicamente a la versión de la empresa sobre la situación. Uno debe preguntarse cómo estarían las cosas hoy día si nos hubieran tomado con seriedad.”
Los documentos de DFAIT muestran que la embajada recibió 1,400 cartas expresando profunda preocupación por la vida de Abarca después de su detención en agosto del 2009. Un mes antes, Abarca le había indicado a un funcionario de la embajada que los trabajadores de la empresa Blackfire estaban armados y que estaban intimidando a quienes se oponían a la mina. Sin embargo, cuando representantes de la embajada llegaron a Chiapas unas semanas antes del asesinato de Abarca, parecen sólo haber solicitado información sobre la seguridad de la inversión de Blackfire.
“La historia que hemos podido armar en base a estos documentos es sumamente preocupante, sobre todo debido a que Canadá es uno de los principales inversores en el sector minero de México y en los proyectos asolados por conflictos desde Chiapas hasta Chihuahua,” comentó Jennifer Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. “La situación con Blackfire resalta la necesidad de limitar el fomento de parte del gobierno de Canadá en relación a la minería canadiense en el extranjero, ya que esto puede crear situaciones propicias para las prácticas destructivas que se observan.”
Contactos:
Rick Arnold, rickarnold@i-zoom.net, 011 (905) 448-2343
Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina, Alerta Minera Canadá, jen@miningwatch.ca, 011 (613) 569-3439
Raul Burbano, Director de Programas, Fronteras Comunes Canadá, burbano@rogers.com, 011 (416) 522-8615
Mark Rowlinson, Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos Unidos Canadá, mrowlinson@usw.ca, 011 (416) 544-5952
DESCARGAR INFORME: