Nota informativa de Otros Mundos A.C. – A 19 de octubre 2018
El Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Honduras ha decidido este viernes 19 de octubre dejar sin representación legal a las víctimas en la causa del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres. Retiró del caso a los abogados de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que coordinaba Berta cuando fue matada a balazos en su casa en La Esperanza, Intibucá, Honduras, el 2 de marzo 2016.
El Tribunal había llamado a iniciar hoy el primer juicio oral en el caso de este asesinato, a pesar de que no existieran las condiciones para que este proceso garantice verdad y justicia para las víctimas. Para que esto no sucediera, el equipo legal de la familia de Berta y del COPINH presentó un recurso de amparo en relación a la competencia que tiene el tribunal para llamar a juicio. «¡Si no hay debido proceso no puede haber juicio!», comunicó la organización.
Este juicio injusto ya ha sido suspendido dos veces, el 17 de septiembre y el 15 de octubre, gracias a una serie de recursos legales interpuestos por el COPINH y la familia de Berta, que buscan acabar con las múltiples irregularides cometidas por el Ministerio Público (MP) [Ver infografía 1]. Esperan que no inicie el juicio hasta que estén las condiciones adecuadas para que el éste permita no solo esclarecer los hechos ocurridos el 2 de marzo 2016, sino demostrar que Berta fue asesinada por su trabajo político en defensa del pueblo Lenca y el río Gualcarque contra el proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». Un proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), vinculada al poder y que hizo sufrir al COPINH un largo proceso de represión, persecución y asesinatos antes del 2 de marzo.
A pesar de que el COPINH haya denunciado las irregularidades del MP desde la apertura de la investigación en el 2016, como la falta de acceso de las víctimas a la información del caso, su actitud fue empeorando con el tiempo. En las audiencias de presentación de pruebas que se llevaron a cabo a fines de agosto, por ejemplo, anunció que le faltaba aún analizar varios peritajes de gran importancia [ver Infografía 2], por lo que las víctimas no disponen de todas las pruebas disponibles que permitan sustentar sus acusaciones. Y a pesar de ello, el Tribunal de Sentencias pretende iniciar el juicio.
INFOGRAFÍA 1
INFOGRAFÍA 2:
La batalla legal del COPINH y la familia de Berta incluye una recusación contra el Tribunal de Sentencias; un amparo para exigir que el COPINH sea representado como víctima en el juicio; dos amparos para exigir que sean incorporadas a las pruebas la pericia sobre los antecedentes del asesinato; un amparo para exigir que toda la audiencia sea transmitida en vivo. Varios de éstos recursos se encuentran aún en curso, por lo que el Tribunal de Sentencias no debería ni poder llamar a juicio, como bien lo demostró el COPINH el lunes 15 de octubre al lograr por segunda vez la suspensión del juicio. «La convocatoria a juicio es ilegal ya que el tribunal continúa imposibilitado para llevar el proceso», había alerta el COPINH ese día.
El plazo de la detención preventiva de cinco de las ocho personas acusadas del crimen y que deben ser juzgadas en este proceso vence el 2 de noviembre, pero para la familia de Berta y su organización esto no justifica que se lleve a cabo un juicio a bajo costo. Sobre este punto, el COPINH declaró que «frente a este posible escenario los abogados de las víctimas han presentado el pasado 12 de octubre una carta pública al Fiscal General, solicitándole que inste a su equipo fiscal, que tiene información sobre los ataques previos en contra del COPINH y de Berta, que presenten la acusación en contra de los detenidos por el delito de asociación ilícita lo cual renovaría el periodo de la prisión preventiva».
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