Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Declaración del 13º Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) – Bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Guerrero, a 18 de noviembre de 2018

Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:

Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.

Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y a sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha, informamos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, a la represión y a la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.

Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria, va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.

Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de «interés público». Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.

Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital, como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.

Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos del 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.

Ante esta situación el MAPDER exige:

Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y a su familia, dado que su vida corre peligro, y cese el hostigamiento y las agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina, de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
Que se haga justicia a los compañeros asesinados el 7 de enero de 2018 en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cese la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar, así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero; Las Cruces, Nayarit; El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco, Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla; Paso de la Reyna, Oaxaca; Usos Múltiples Xalapa y El Naranjal, en Veracruz; Milpillas, Zacatecas; Rápidos Santo Domingo; mini hidroeléctricas en los ríos Chespal y Cuilco, Chiapas; y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
Desmantelamiento inmediato de la presa El Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río Verde.
Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas El Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del estado de Nayarit y el sur de Sinaloa, por lo que demandamos: la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
Exigimos al gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango; asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa. en Antioquía, Colombia.
Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
Exigimos a los gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala, que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.