Comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – A 21 de mayo de 2019
Con este lema iniciamos la campaña nacional para exigir la libertad de los 16 presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP), quienes desde el 7 de enero del 2018 se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social de las Cruces en Acapulco, Guerrero. Este 22 de mayo en el Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, se realizará el juicio oral que determinará la situación legal de 16 defensores comunitarios del CECOP.
Desde hace 16 meses: Ernesto Valeriano Morales, Manuel Estrada Pineda, Santos Pino Elacio, Catalino Valeriano Estrada, Fernando Chona Chávez, Olegario Montes de Oca Mejía, Antonio Cabrera Morales, Francisco Cabrera Morales, Felipe Romero Galeana, José Francisco Flores, José Elacio Martínez, Manuel Everardo Suástegui, Pablo Carmen García, Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Iván Suástegui Muñoz y Javier Melchor Santiago permanecen en prisión acusados de homicidio calificado. 
El 7 de enero de 2018, durante un baile que se realizaba en la comunidad de la Concepción municipio de Acapulco, en el marco de una fiesta patronal, se suscitó un enfrentamiento entre el grupo de la comisaria municipal y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), en el que murieron 8 personas. Esta división comunitaria ha sido alentada por políticos y empresarios de la región, que tienen negocios dentro del núcleo comunal de Cacahuantepec, explotando irracionalmente los recursos pétreos del rio Papagayo. Estos personajes se han erigido en caciques que han conformado grupos de choque para confrontar a los miembros del CECOP y a la misma Policía Comunitaria asentada en la Concepción. Lamentablemente la situación interna de las comunidades rurales de Acapulco, además de vivir en situaciones deplorables, ahora se encuentran divididas, al grado que han existido asesinatos, y se vive un ambiente de tensión y polarización social. Las autoridades estatales y municipales han dejado escalar esta violencia y han permitido que internamente los grupos confrontados, diriman sus diferencias con el uso de la fuerza letal.
La violencia no paró con la lamentable pérdida de los campesinos y policías pobres, continuo con la presencia de más 200 policías del estado, acompañado por policías ministeriales, gendarmería y elementos del ejército. Su arribo a las 11 de la mañana, no fue para preservar el orden sino para alentar la confrontación. Su presencia aparatosa con vehículos y helicópteros que sobrevolaban la comunidad fue una demostración de fuerza, para amedrentar a la población. En cuanto llegaron los elementos empezaron a disparar, desarmaron a los policías comunitarios e irrumpieron en la Casa de Enlace de la CRAC-PC. Varias personas presentes en el lugar de los hechos, narraron cómo elementos de las fuerzas de seguridad desarmaron a dos Policías Comunitarios, los obligaron a hincarse y les dispararon, configurando claras ejecuciones arbitrarias. Otro Policía Comunitario, fue detenido por las fuerzas de seguridad frente a varias personas, y sacado del lugar; su cuerpo apareció unas horas después al lado de los otros dos, consumándose una tercera ejecución arbitrarias.
A la par, tanto la policía ministerial como la policía estatal comenzaron a detener a los miembros del CECOP sin que existiera una orden de aprehensión que fundamentara su actuar, sumando un total de 38 personas detenidas de manera arbitraria e ilegal. Los elementos policíacos hicieron uso excesivo de la fuerza desde un inicio, arrastrando y golpeando sin discreción a todas las personas que detenían, a tal punto que 8 personas señalaron haber sido torturadas al momento de su detención. Diferentes certificados médicos elaborados por la policía ministerial y del Cereso de las Cruces, así como de la defensa, dan cuenta de graves lesiones que se asemejan a la tortura.
A pesar de las irregularidades durante la investigación inicial y las violaciones de derechos humanos relacionadas con allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y torturas, se sometió a juicio a 25 integrantes del CECOP por el delito de homicidio. A los detenidos se les imputó la muerte de las 6 personas que salieron de la comisaria municipal durante la fiesta patronal, sin que iniciara una investigación respecto a las muertes de los policías comunitarios que murieron esa misma noche, y mucho menos de las graves violaciones sucedidas durante la detención.
Desde la detención inicial de las 38 personas el proceso contra los miembros del CECOP se vio plagado de inconsistencias y violaciones al debido proceso. Además de la serie de violaciones a derechos humanos durante la detención, el personal ministerial arribó 8 horas después de los hechos suscitados en la fiesta patronal, por lo cual no hubo un resguardo de la zona y varias de las pruebas fueron alteradas, como fue la posición de los cuerpos.
Por otra parte, tal como se señaló previamente la policía ministerial llegó al lugar de los hechos con la principal obligación de recabar las pruebas suficientes para investigar lo ocurrido durante la madrugada; sin embargo, no sólo no realizó debidamente esa diligencia, sino que además esta labor se vio demeritada por el operativo que se armó, y en el cual también se perdieron más pruebas. La autoridad ministerial como la policía estatal actuaron desde un principio de manera de ilegal pues no existía ninguna fundamentación jurídica para el operativo que se montó en la comunidad de la Concepción, no había órdenes de aprehensión y mucho menos se ameritaba la cantidad de elementos que arribaron ni el uso de la fuerza que se utilizó.
Para justificar las detenciones ilegales y arbitrarias, así como el operativo y su magnitud, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación contra los 25 miembros del CECOP, en la que en un inicio les imputó el delito de narcomenudeo, al supuestamente encontrar marihuana en la Casa de Enlace, de la cual no se logró demostrar la existencia en ningún momento. Por tal motivo, esta carpeta de investigación fue cerrada. Sin embargo, en ese momento se les imputó el delito de homicidio. Esta acción fue una estrategia de la Fiscalía para legitimar las detenciones realizadas y así tener tiempo para generar las órdenes de aprehensión contra los compañeros del CECOP por homicidio, además de cubrir las graves violaciones a derechos humanos que se habían suscitado.
Mientras se integraba la carpeta de narcomenudeo, se mantuvo en incomunicación a los detenidos tanto de sus familiares como de sus defensores, sin hacerles saber de qué se les acusaba, aplicándoles pruebas sin la presencia de ningún abogado defensor. Estuvieron incomunicados por alrededor de 48 horas, lo que en el contexto de su detención y criminalización puede constituir en sí, en una forma de tortura, ya que además del daño emocional que puede generar, también tiene efectos negativos contundentes en el proceso penal, pues las primeras horas son de especial importancia para la formulación de imputación.
Respecto a la prueba de radizonato de sodio, además de no ser practicada en presencia del abogado defensor, esta fue ilegal debido a que se practicó durante la integración de la carpeta de narcomenudeo, por lo que no tenía ningún tipo de relación para comprobar ese tipo penal. Si bien esta acción fue reconocida en la audiencia intermedia y esta prueba no formará parte del juicio oral, este hecho sí da un indicio de la fabricación de las pruebas contra los detenidos y el interés de mantenerlos privados de libertad.
Respecto a lo anterior, queremos enfatizar que las investigaciones penales se han iniciado únicamente por los hechos sucedidos en la fiesta patronal, sin que hasta el momento se hayan investigado las ejecuciones extrajudiciales ni la tortura de los 8 integrantes del CECOP. El gobierno del Estado ha sido muy enfático en declarar que no se aplicará el protocolo de Minnesota, que sirve para la atención de casos de ejecuciones extrajudiciales, argumentando que no considera que se trate de ejecuciones; no obstante, ni siquiera se han investigado como homicidios, lo que se traduce como una falta de imparcialidad en la investigación de los hechos.
De igual forma, las escenas de los hechos fueron alteradas e incluso se permitió la destrucción de varias pruebas. Después del operativo, se sacaron los cuerpos de los policías comunitarios ejecutados en la Casa de Enlace y el 11 de enero la policía Estatal resguardó el desalojo que hizo el comisario municipal, de la Casa de Enlace de la CRAC-PC en donde incluso se prendió fuego a varios elementos materiales que se encontraban en el lugar, destruyendo elementos probatorios sobre las ejecuciones extrajudiciales.
Por otra parte, a pesar de que desde la audiencia inicial la juzgadora a cargo haya ordenado abrir una carpeta de investigación por el delito de tortura, esta investigación no ha avanzado. Existen varios certificados médicos que dan cuenta de las lesiones de los compañeros y una opinión técnica del experto internacional James Payson que señala la existencia de tortura, así como varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que se han pronunciado respecto de las graves violaciones ocurridas en el caso.
Por todas estas irregularidades plasmadas en la carpeta de investigación, emplazamos al Juez del Tribunal de enjuiciamiento penal, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares de Acapulco a que resuelva conforme a los principios de imparcialidad e independencia, con la debida perspectiva intercultural y conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos en materia de derechos humanos. La lucha del CECOP a lo largo de 16 años ha sido a pulso, siempre defendiendo la tierra y el agua como un derecho sagrado, desenmascarando los intereses económicos de los grupos de poder. Han sido perseguidos y torturados sin que se castigue a los responsables. Han luchado contra la presa y por eso están presos. La solidaridad de muchas organizaciones sociales y civiles con la gente del CECOP se hace eco de esta demanda de justicia y de este lema de la campaña: Ni Presa, Ni Presos.
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