Compartimos el siguiente artículo publicado por Avispa Midia – Mayo 2019

Por Aldo Santiago

En el 2019, mientras se esparcen movilizaciones en decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, en México el gobierno federal aumenta la inversión en las industrias más contaminantes del planeta.

Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la administración pública “no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales” y pese a ello obtendrá para 2024 un crecimiento económico del seis por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al final de su periodo y “cuatro por ciento en promedio anual, al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años”.

No obstante el discurso oficial que proclama “el final de las políticas neoliberales en México”, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera en Dos Bocas Tabasco, así como en la construcción de megaproyectos como el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas.

“Al ponernos una camisa de fuerza nosotros, de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado”, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: “México será un paraíso de inversión”.

Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación presentado en el año 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ya instalado en el sector público en 2019, el empresario ha vinculado a los personajes mas ricos de México en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. En dicho grupo convergen ocho de los dueños de las mayores industrias: telecomunicaciones, construcción, bancos, televisoras, hoteles, aerolíneas, entre otras, quienes coordinados por Alfonso Romo se reunirán bimestralmente con AMLO para influenciar sus acciones y planes en materia económica.

El consejo se encuentra vinculado con la estructura del gobierno federal pues cuenta con representación de las secretarías de agricultura, comunicaciones, economía, energía, hacienda, medio ambiente, relaciones exteriores y trabajo, con lo cual se discutirán estrategias transversales para las alianzas de inversión pública y privada en México.

Otros funcionarios federales como la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, han señalado el eje de su política económica al destacar que “en el nuevo PND están convocados los diversos sectores económicos con quienes tienen una estrecha relación, a través de un trabajo cotidiano, nuestras acciones buscan conciliar las necesidades particulares con el interés general”.

Inversión a fósiles y el lavado verde

Incluso meses antes de la toma de posesión de AMLO, en todo el territorio nacional diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad ante las políticas del nuevo gobierno que confluyó en el variopinto grupo de Morena.

Campesinos demandan la cancelación de megaproyectos en sus tierras y denuncian el mal uso de las “consultas populares”; organizaciones civiles exigen la liberación de presos políticos y la desmilitarización del país; indígenas reclaman respeto a sus formas organizativas, sus semillas nativas, sus territorios.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros”, enfatizó López Obrador en una de sus recientes visitas a Juchitán, Oaxaca, en la que improvisó una “consulta” a mano alzada a favor de la construcción del Corredor Transístmico.

Muy al contrario, los pueblos de la región del Istmo han denunciado la manipulación del mecanismo de “consulta” emprendida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para legitimar un proyecto que continúa la inversión proyectada en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

En consonancia con sus acciones, la continuidad en las políticas neoliberales desde la nueva administración dirigida por Morena le otorgan a México ser catalogado como el noveno mejor país del mundo para invertir, de acuerdo a reportes del Foro Económico Mundial.

Entre las principales industrias con las cuales la autodenominada Cuarta Transformación conseguirá la inyección de capital para alcanzar las tasas de crecimiento económico prometidas son, en primera instancia, las que están vinculadas con los mayores motores de la crisis climática global: la extracción de petróleo, carbón, gas, e incluso el uso del fracking, apuestas del nuevo gobierno para que México procure su autosuficiencia energética.

Por ello, mientras en el PND solo menciona fugazmente el “desarrollo sostenible”, el gobierno de izquierda pretende reverdecer su imagen mediante la operación de programas como Sembrando Vida, cuyo objetivo al “reforestar” busca insertar territorios campesinos del sureste mexicano para la producción de plantas tropicales a comercializarse en los mercados nacionales y extranjeros.

“En el mundo existen muchos recursos financieros que están buscando países con potencial de mercado y necesidades de proyectos de inversión”, manifestó Romo durante el anuncio de creación del Consejo Asesor Empresarial en febrero del 2019.

En dicha reunión, Romo destacó el papel de los empresarios reunidos en ese momento para obtener “financiamiento para los sectores y regiones estratégicos del Proyecto de Nación, en concordancia con la Agenda 2030 (de la ONU) y el Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Como parte de ese lavado verde, el gobierno mexicano asume sin chistar las principales directrices emitidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros bajo los proyectos de la ONU y las ONGs de conservación, principales promotores de la implementación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de Paris en materia de cambio climático.

Mientras en el mundo industrializado de 2019 los jóvenes realizan protestas para demandar un plan contra el calentamiento global, el sistema financiero apoyado por la ONU vocifera la solución a la catástrofe inminente: la consolidación de los mercados verdes para poner precio a los bosques en su afán de “reducir” las emisiones de contaminantes causantes de la crisis climática.

Al tiempo que aumentan las movilizaciones en demanda de acciones concretas como la de mantener los combustibles fósiles bajo el suelo, en Europa, el precio de las emisiones en el mercado de créditos de carbono, o permisos para contaminar, ha incrementado significativamente su valor. Sólo desde 2017 hasta abril de 2019 ha aumentado cinco veces su precio, al pasar de 5 a 25 euros.

Con ello, el boyante negocio de los mercados verdes se consolida gracias a los promotores de estos mecanismos, quienes pertenecen al sector más sucio del planeta: las industrias extractores de combustibles fósiles.

Ante la publicación en mayo de 2019 de un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) donde se demuestra que la actividad humana está amenazando la existencia de más de un millón de especies de plantas y animales, más que nunca antes en la historia de la humanidad, cabe preguntarse si confiar al mercado el futuro del planeta es una acción responsable.