Aborto Legal, seguro y gratuito: la lucha sigue tras el rechazo de su legalización por el Senado de Argentina

El miércoles 8 de agosto 2018 fue un día histórico para los derechos de las mujeres en Argentina. El proyecto de ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.) hasta la semana 14 de gestación se debatió en el Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 14 de junio. Desgraciadamente, a las 02:45 en la madrugada del jueves 9 de agosto, el texto fue rechazado, con 38 votos en contra y 31 a favor. Siendo 72 senadores en la Cámara Alta, se necesitaban 37 votos a favor (la mitad de los senadores + 1) para que la ley pasara.

 

El voto en la Cámara de Diputados no había sido fácil, pero se había logrado su aprobación con 129 votos a favor y 125 en contra, tras 23 horas de debate, gracias a la movilización de un millón de personas en la calle. Ayer también, las mujeres argentinas inundaron las calles afuera del Congreso para presionar a sus representantes, pero fue suficiente para luchar contra el conservadurismo de los senadores y las senadoras.

 

Intervención del Senador Gerardo Montenegro, del Partido Justicialista (PJ), en contra de la Ley:

 

Muchos de los argumentos de los senadores y senadoras a favor del texto, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, anteriormente en contra, se enfocaban en el grave problema de salud pública que genera la prohibición del aborto en el país, donde se practican 450.000 abortos clandestinos al año, es decir 51 abortos por hora, según Amnistía Internacional Argentina. «Las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna durante los últimos 30 años», puntualiza la organización no gubernamental en su recién informe titulado «Aportes de Amnistía Internacional al debate sobre la despenalización del aborto». «Desde 1983 hasta ahora murieron al menos 3.030 mujeres por abortos inseguros», es decir 86 al año, reporta el informe.

 

«La responsabilidad por cada mujer que tenga un problema de este tipo, especialmente si muere, va a ser de estos 38 individuos que se dicen representantes, seguramente del clero y de algunos poderes económicos como las clínicas clandestinas, pero no de los dos millones de personas que estuvimos en las puertas del Congreso», denunció Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina en entrevista con Otros Mundos A.C. después del cierre del voto.

 

Ella y todas las feministas argentinas tendrán que esperar uno o dos años antes de poder volver a dar la pelea legislativa. En 2019 se podrá introducir un nuevo proyecto, pero será hasta 2020 que será posible volver a meter el mismo texto discutido ayer sin modificaciones. «No lo van a poder frenar con argumentos retrógrados, machistas o directamente misóginos porque muchas veces en las discusiones, lo que menos se discutía era la vida de esas mujeres en riesgo y el derecho de esas mujeres en riesgo y de todas las mujeres a disfrutar de nuestros cuerpos y decidir sobre nuestros cuerpos», asegura Natalia.

A pesar de no haber logrado cambiar la tendencia conservdora del voto, las dos millones de personas que inundaron las calles afuera del Congreso con sus pañuelos verdes, símbolos de la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina, cambiaron las mentes, según Natalia. «La calle ya dijo que sí. Nosotros hemos subido un escalón. Le hemos quitado la condena moral al aborto, y ahora vamos por quitarle la condena legal».

 

 

Hubo «pañuelazos» verdes en todo el mundo el 8 de agosto (#8A) en solidaridad con las compañeras argentinas, incluso en varias ciudades de México, donde recordamos que a nivel nacional el aborto es legal únicamente en caso de violación, o cuando «de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte», según el Código Penal Federal. Cuando lo practican sin responder a una de esas tres condiciones, corren entre 6 meses y 5 años de prisión. Solo en la Ciudad de México existe el derecho a la I.V.E. antes de las 12 semanas sin condiciones.

 

A continuación compartimos fotos de la movilización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un estado donde una mujer puede abortar solo en tres casos: si fue víctima de violación; si «el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves»; si el embarazo pone a la mujer «en peligro de muerte».

 

En Chiapas no existen cifras oficiales sobre el número de abortos practicados en la clandestinidad porque la Secretaria de Salud del estado los registra como abortos espontáneos. «Pero, desde la Alianza Nacional por el derecho a decidir, estamos acompañando aproximadamente a 50 personas cada mes en del estado de Chiapas», señala Samantha Peña Hernández, integrante de Católicas por el derecho a decidir, que forma parte de la Alianza. Tampoco existen registro de muertes por abortos clandestinos, pero Chiapas está ocupando el primer lugar en número de muertes maternas -46 en lo que va de año 2018, según el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)- y «de seguro hay casos de abortos clandestinos dentro de esta cifra para Chiapas», alerta Samantha.

 

 

 

En cuanto a la intención de la futura Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de impulsar la legalización del I.V.E. antes de las 12 semanas en todo el país, Samantha se dice esperanzada. «Sin embargo, sabemos que los grupos pro vida en México están organizados y que va a ser un camino largo para ir sensibilizando.»