En la masacre a los refugiados de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, donde 45 indígenas perdieron la vida, en su mayoría niños, niñas y mujeres de las cuales tres de ellas se encontraban embarazadas, se hizo evidente la escalada de violencia que se venía anunciando por parte de los grupos paramilitares. Hasta el momento, son 46 personas con auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado, portación ilegal de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército y asociación delictuosa.
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