Artículo publicado en El Universal – Julio 2019
Por Aleida Azamar Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.
Grupo México es una macroempresa cuyo origen se dio en 1942. En la actualidad se dedica a múltiples actividades, aunque se le reconoce principalmente por la minería (con presencia en seis países), se dedica de forma importante al transporte ferroviario (de mercancías y personas) y a la planeación logística de transporte; así como a la creación de macro infraestructura energética (plantas de procesamiento de energía, perforación, actividad eólica y construcción en general).
Algunos de los nombres que nos pueden ser más comunes son: Americas Mining Corporation, Souther Copper Corporation, Asarco, Los Frailes, Ferrosur, Ferromex, Controladora de Infraestructura Petrolera, México Compañía Constructora, Controladora de Infraestructura Energética México; estas son filiales de sus diferentes divisiones dedicadas a ampliar la presencia de Grupo México en el mundo evitando así acusaciones de monopolio.
Grupo México es más un resultado político que un esfuerzo empresarial, pues su actual situación deriva de la absorción de paraestatales a través de compadrazgos y asignaciones directas de concesiones en las entidades con mayor riqueza minera nacional en nuestro país. Durante la transición histórica del periodo conocido como mexicanización de la minería (década de los sesenta-setenta) hasta el periodo de liberalización en los años ochenta que se cristalizó con la Ley Minera de 1992.
Originalmente Grupo México era una empresa constructora que poco después de su formación en 1942 comenzó operaciones en la perforación de pozos petroleros de forma casi exclusiva para Petróleos Mexicanos (Pemex) y hasta el día de hoy sigue casi igual, lo cual se ha resultado en acuerdos opacos.
Lo interesante por parte de esta empresa comienza en la década de los sesenta, cuando a raíz de la ley de Mexicanización del sector minero dos de las empresas mineras más grandes del país, que en ese entonces pertenecían a Estados Unidos de América, tuvieron que ceder cierto control accionario a empresarios mexicanos. El grupo que compró dichas acciones fueron los fundadores del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que durante ese periodo accedieron a un notable capital empresarial debido a su estrecha relación política con la administración del país (actualmente dicho grupo tiene gran peso político). Uno de estos hombres fue Germán Larrea quien en la década de los setenta logró el dominio del sector minero a través de la creación de MEDIMSA (hoy Minera México, una de las tantas subsidiarias de Grupo México).
Hay que señalar que gran parte de las empresas que se obtuvieron a través de la Ley Minera fueron sufragadas por el Estado, las cuales permanecieron en un estado proteccionista hasta los noventa cuando fueron adquiridas por Larrea y compañía, antes de abrir el mercado a la inversión extranjera.
Otro de los hechos relevantes es que Jorge Larrea (padre de Germán) llevó a la bancarrota a varias de estas empresas para que el gobierno del país saneara las finanzas, luego el mismo Larrea las volvió a adquirir a un precio mucho más bajo. Estas operaciones se repitieron durante muchos años y fue gracias a la cercanía con los presidentes del país, que en ese entonces eran Carlos Salinas y después Ernesto Zedillo.
Este corporativismo rampante asociado de forma completamente criminal al Estado mexicano ha sido la forma de operar de Grupo México desde su creación y es precisamente la manera en que ha evadido su responsabilidad en los problemas que provoca su actividad minera. Pues no solamente se trata de los daños ecológicos por su irresponsabilidad, como el derrame en Mar de Cortés el pasado 10 de julio, también es por la falta de seguimiento a los problemas que ha causado como lo sucedido en Pasta de Conchos y río Sonora-Bacanuchi, pues en ambos casos no hubo seguimiento adecuado y existe impunidad al respecto.
Si se revisan las Cuentas Económicas y Ecológicas de México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se contrasta con información de la Auditoría Superior de la Federación se puede observar que gran parte de la degradación ecológica (la tercera parte de esta) que sufre el país es resultado de la minería y estos costos son asumidos por todos los mexicanos sin que el Estado intervenga para que empresas como Grupo México paguen por su responsabilidad.
De acuerdo con los informes de la Auditoria, se requiere casi 30% del valor de la producción minera para subsanar el daño que provoca; es decir, 30 centavos de cada peso. La ausencia de medidas legislativas para solventar esta situación solamente se puede explicar por la gran influencia que ejercen los empresarios de este sector, quienes pertenecen al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios con gran cercanía al Estado mexicano.
Debido a lo comentado es que en los últimos 20 años han sucedido varios incidentes de gran calado que han afectado a la sociedad y al ecosistema en México. Entre los más notables por parte de Grupo México se pueden señalar: la tragedia ocurrida en 2006 en Pasta de Conchos, Coahuila en donde murieron 65 mineros. El desastre ocurrido en 2014 Sonora en donde los ríos Bacanuchi y Sonora fueron contaminados por el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico. El derrame de 240 toneladas de ácido sulfúrico en el río Santa Cruz en Notales, Sonora en 2014. El derrame de 20 mil litros de agua con sedimentos en San Martín Zacatecas en 2019, a los que ahora se suma lo sucedido el 10 de julio en el Mar de Cortés con un derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico. Todos los “accidentes” anteriores son resultado de la falta de acciones políticas decisivas para poner orden a un sector que ha vivido amparado bajo la sombra del Estado durante décadas. Por lo que es urgente que el nuevo gobierno no solo emita las multas respectivas, sino que revise la función de las actividades extractivas como la minería que deja más daño que beneficio a la sociedad.
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