Artículo publicado en Proceso – Febrero 2019
Les compartimos este artículo escrito por Arturo Rodríguez García, publicado en Proceso.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La noticia se difunde rápido. Samir Flores fue asesinado este 20 de febrero. Lo fueron a buscar a su casa, en Amilcingo, como a las 5:00 de la mañana. Salió nada más para que le dispararan cuatro veces, y dos impactos en la cabeza le quitaron la vida. 
Último episodio de nueve años de agresiones. En septiembre de 2012, el movimiento que se opone al Proyecto Integral Morelos (PIM) se había mantenido acampando en las afueras de la comunidad de Huexca, en Yecapixtla Morelos, para evitar el paso de maquinaria que intentaba irrumpir en ese paraíso de barrancas y campos de cultivo.
No hubo consulta previa, libre e informada; el propio Manifiesto de Impacto Ambiental revelaba la peligrosidad de construir un gasoducto en la zona del volcán; se pretendía invadir tierras sin más y, en conjunto, se violaba toda una gama de derechos de los habitantes de la zona.
El gobierno de Felipe Calderón quería construir dos termoeléctricas que se alimentarían con gas procedente de San Martín Texmelucan, Puebla, por medio de un gasoducto que recorrería las faldas del Popocatépetl, a través de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las turbinas serían enfriadas con el agua del Valle de Cuautla.
Aunque antes hubo presión del gobierno federal y del gobernador Marco Adame, aquel septiembre, su sucesor, el flamante mandatario estatal Graco Ramírez, dio el anticipo de lo que sería su gestión enviando a la policía estatal a desalojar a los vecinos de Huexca, principalmente mujeres, a las que sólo les quedó colocarse, lastimadas, a la orilla del camino, observando el avance de la maquinaria enviada por las trasnacionales Elecnor, Enagás, Bonatti y Abengoa.
Golpear, encarcelar, disparar, amedrentar, hostigar y amenazar fue la forma de imponer los proyectos ahí y en el resto de los estados donde había oposición a los caprichos voraces por la infraestructura. Campesinas golpeadas en Tlaxcala; una comisariada ejidal, Enedina Rosas, y Juan Carlos Flores, presos en Puebla de Moreno Valle, episodio este tan penoso que la detención ocurrió cuando él interponía una queja ante el ombudsman local por la detención de ella.
Como de manual, los gobernadores Graco Ramírez y Rafael Moreno Valle, empleaban el recurso de la represión, acompañando una política clientelar de división en los pueblos: de la nada aparecieron liderazgos con dinero suficiente para repartir migajas fragmentando las oposiciones que pronto se tornarían amenazantes y violentas, grupos de choque muy próximos al paramilitarismo.
Ya para 2014, Amilcingo era el reducto de aquello: había represión policial, como ocurrió el 13 de febrero de 2014, cuando llegaron las trasnacionales con sus contratistas bajo vigilancia custodiados por policías, desatando la violencia, deteniendo a seis personas y dejando un herido de bala. Luego, la mano del Estado se mimetizaba en gente de los alrededores, civiles violentos que agredieron a Samir el año pasado.
El campamento impidió el paso de maquinaria para la obra que conduciría el agua del Valle de Cuautla, bajo embestida policial y ataque a tiros al bisnieto de Emiliano Zapata, porque ahí los Zapata se oponían al PIM. Las represiones se iban acumulando y, si bien en todos los movimientos morelenses y poblanos se resentían, era notable la prisión sobre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTAMPT).
Por las condiciones que el Estado impuso en Amilcingo, Samir era por demás visible en su oposición al PIM. Además, era un comunicador en forma, dada su labor de radiodifusor comunitario, fundador en 2013 de Radio Amiltzinko, en donde recibió amenazas desde entonces en una zona donde ambas actividades son de alto riesgo, pues a las agresiones expuestas se suma el desmantelamiento violento de las radios comunitarias de Tlaxcalancingo y Zacatepec, en agosto de 2014.
El FPDTAMPT y las comunidades tuvieron una esperanza. En 2014, Andrés Manuel López Obrador expresó su apoyo al movimiento, e inclusive, dijo que “sólo a un loco se le ocurriría” construir el PIM. Pero ya Presidente, todo cambió, pues el argumento presidencial es que hay mucha inversión y se generará la electricidad en todo Morelos por lo que realizaría una consulta, ante la protesta por el anuncio en Cuautla, el 10 de febrero, cuando el mandatario consideró a los opositores, entre los que estaba Samir, como “radicales ultraconservadores”.
La consulta se realizaría este fin de semana, pero no conforme a estándares internacionales. Las consultas de López Obrador tienen su propio estándar y en este caso, planteó preguntar a todo el estado de Morelos su opinión sobre el PIM, mientras él mismo lo promueve, y no sólo a las comunidades afectadas, lo que oportunamente le reclamaron e hicieron saber desde el FPDTAMPT.
Entonces, vino la ejecución de Samir, que hundió en dolor y coraje a los miembros del FPDTAMPT enturbiando más la consulta y colocando al mandatario en una posición difícil, entre acusaciones de sus críticos por la muerte de otro opositor y las del movimiento social por haber generado con su narrativa las condiciones para que eso ocurriera.
La herida abierta desde 2010, cuando se quiso imponer el PIM, se profundizó. Para solucionarlo, un mínimo indispensable está en suspender el proceso, rectificarlo y para despejar cualquier duda, resolver satisfactoriamente, quién mató a Samir Flores Soberanes.
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