Participación de Miguel Ángel de los Santos (Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chiapas -UNACH), abogado de la familia del defensor Mariano Abarca asesinado en noviembre 2009, durante la conferencia de prensa que organizamos el 18 de mayo 2018 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para anunciar que acudimos a la Corte Federal de Canadá para exigir justicia.
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Foto: Miguel Ángel de los Santos durante la conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 18 de mayo 2018
«Mariano Abarca fue asesinado el 27 de noviembre del 2009. Desde entonces, la familia y las organizaciones civiles que la acompañamos iniciamos este largo recorrido en la búsqueda por la justicia que todavía no se alcanza. Nos ha llevado a tocar la puerta en reiteradas veces de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Nos ha llevado a la ciudad de Washington en Estados Unidos para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 contra el Estado mexicano. Y en febrero del 2018 nos ha llevado a Canadá para buscar que se haga justicia y cese la impunidad.
Hemos pedido a una instancia del gobierno de Canadá que se llama el Comisionado para la Integridad de la Admistración Pública de Canadá (CIAPC) que se revise la actuación de la misión diplomática canadiense en México en el caso de Mariano Abarca. El Embajador de aquel entonces y otros miembros de la misión diplomática estuvieron intercediendo a favor de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. Esta actividad a favor de la empresa implicó incluso visitas reiteradas al Estado para entrevistarse con el gobernador, con el secretario de gobierno de Chiapas. Generó un mayor riesgo para la vida de Mariano Abarca. Nosotros estamos convencidos de que esa conducta de la misión diplomática constituye una extra limitación de las funciones de la diplomacia canadiense en México y por eso pedimos que se investigara.
Mariano Abarca fue encarcelado en agosto 2009, unos meses antes de que lo asesinaron. Durante ese tiempo, los miembros de la Embajada canadiense en México estuvieron interviniendo no para defender a Mariano, sino para defender los intereses de la empresa canadiense. Podemos entender que el gobierno de Canadá tenga que proteger sus intereses económicos. Lo que no aceptamos es que se lleve a cabo esa actividad de privilegiar los intereses económicos de una empresa poniendo en riesgo la vida de un defensor de los derechos humanos y de los derechos ambientales. Cuando la vida de una persona se encuentra en mayor riesgo derivado de la actividad diplomática, esas conductas no pueden estar permitidas. Creemos que las leyes de Canadá lo prohiben, y por eso hicimos ese planteamiento al CIAPC.
No obstante, la respuesta de CIAPC fue bastante contradictoria con sus políticas y con sus leyes. Negó llevar a cabo esta investigación porque según ellos las acciones llevadas a cabo por la diplomacia canadiense a favor de la empresa no constituye una conducta que deba ser investigada. Creemos que la decisión es equivocada y merece ser revisada por una autoridad federal, en este caso la Corte Federal de Canadá, porque estamos convencidos de que sí hay elementos para que el CIAPC lleve a cabo una investigación sobre las acciones de la diplomacia canadiense en México.
La idea de acudir a los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico de Canadá atiende también a otra necesidad que tenemos, que es agotar los recursos legales en ese país para posteriormente presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado canadiense. El camino por la justicia es largo y nos ha llevado por diferentes lugares pero confiamos en que al final la justicia se va a imponer y la impunidad sea erradicada en este caso.
A la par, estamos por supuesto insistiendo en que la Fiscalía General del Estado continúe con la investigación ministerial porque esa investigación sigue abierta. A pesar de que haya pasado casi nueve años, no se han esclarecido los hechos ni llegado a los autores materiales e intelectuales del crimen. Hemos señalado en varias ocasiones que el asesinato de Mariano Abarca obedeció a intereses de carácter político-económico que involucró no solo la acción de un autor material que accionó un arma, sino la decisión de otras personas que se beneficiaron con la muerte de Mariano.
El mensaje que se quiere dar siempre que se asesina a una persona dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales es inhibir la acción de todas las personas y organizaciones que trabajan en ese campo. El mensaje es que si ustedes siguen con eso, les puede pasar lo mismo. Hay autores intelectuales en este caso y queremos que la investigación hasta ese nivel. Han declarado ya algunas personas como exfuncionarios del gobierno de Juan Sabines y al exalcalde de Chicomuselo, entre otros, pero la investigación todavía no concluye.»
Más información sobre nuestra denuncia ante el Comisionado:
Conozca nuestra denuncia ante el Comisionado
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Descarga el texto completo de nuestra denuncia administrativa (26 páginas)
Descarga la respuesta decepcionante que recibimos del Comisionado en abril (4 páginas)
Más información sobre el caso Mariano Abarca:
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> Firma: Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca <