Colima, Colima a 26 de Febrero de 2014
Un Clima de tensión y amenazas ha provocado intencionalmente la Delegada en Colima de la Procuraduría Agraria María Elena Díaz Rivera quien desde hace 30 días en un derroche de impotencia, soberbia y autoritarismo frente a la frustración de no poder imponer la minería en Zacualpan ha impulsado en contra de integrantes de Bios Iguana A.C. azuzando a los promoventes de la mina en el poblado de Zacualpan a que la acompañen en una guerra sucia de linchamiento social, acusaciones sin prueba y lanzar como efecto una ola de amenazas de muerte contra miembros de Bios Iguana A. C., excediéndose de sus funciones.
Este clima hostil contra los miembros Bios iguana A.C., transita desde acusaciones dolosas y discriminatorias de María Elena Díaz Rivera quien acusa a Bios Iguana de cometer ilícitos en la comunidad aunque no precisa cuáles “yo no he visto” menciona; “Les exigen dinero y les traen gente de afuera para armar ahí sus escándalos”, “son asuntos judiciales” y “son delincuentes que ya la Procuraduría de Justicia debe entrarle, que ya debe entrarle el gobierno del estado para salvaguardar la comunidad” hasta insinuar públicamente “Lo que pasa es que les afecta a las organizaciones que uno tenga que hablar sobre qué es lo que sí están haciendo, qué es lo que ellos ocultan. Ellos lo que no quieren es que yo me presente a ver ciertos sembradíos en lugares específicos que ellos tienen, a ellos les afecta” ; “Yo denuncio a las autoridades porque es mi obligación denunciar la delincuencia y los delitos que se estén cometiendo, que en este caso les afecta los sembradíos y cuestiones de intereses de ellos”; y amenaza “Porque si los Bios Iguana son entrones, yo también. A eso vengo a defender al campesino, a actuar con justicia”, Ninguna de las supuestas acusaciones han sido probadas por la delegada y son justamente la antesala de una cadena de amenazas directas que se materializaron a partir del pasado viernes 21 en que se realizó una protesta de habitantes de Zacualpan frente a las instalaciones de la Procuraduría Agraria, en el que resultaron agredidos y amenazados de muerte el abogado Jonathan Ochoa Hernández y Alejandro Bueno, integrantes del equipo técnico de Bios Iguana A.C. agredidos físicamente e intimidados por Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria y familiar directa de la delegada María Elena Díaz de Soule (nombre de casada), mientras otra integrante de Bios Iguana fue agredida verbalmente en el estacionamiento y vía publica frente a elementos de la seguridad pública del estado por Verónica Casas, personal de la Procuraduría Agraria Delegación Colima.
Al día siguiente por la noche, el abogado fue nuevamente alcanzado en una calle del primer cuadro de la ciudad por Carlos Soule, quien iba acompañado por dos personas, y fue amenazado “ya estoy advertido, que me va a matar si sigo participando en las protestas contra la Procuraduría Agraria, que ya me deje de mamadas”.
Este lunes 24 un día después de que fue destituido el presidente de bienes comunales Carlos Guzmán por la asamblea de comuneros de Zacualpan, en la ciudad de Colima afuera de las oficina de la comisión estatal de derechos humanos, al toparse con Alejandro Bueno Salazar integrante de Bios Iguana, Rubén Guzmán Aranda, hijo del depuesto presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán Teodoro, lanzo amenazas y agresiones verbales contra integrantes de Bios Iguana: “Ahora me vas a conocer, y a patadas te voy a sacar de Zacualpan, a próxima vez que te vea a ti y a tus amigos, tú y los Bios Iguana ya se los cargó con sus sembradíos de marihuana; Te metiste a mi casa, se metieron a mi casa sin permiso y ahora sí a chingadazos los vamos a sacar. Ya te cargó la verga porque si no aprendiste por la buena, ahora vas a aprender por la mala, te vamos a enterrar a ti y a tus compañeros”.
Vemos con preocupación que La delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, está pavimentando el camino para criminalizar la lucha social en el estado
María Elena Díaz Rivera hace declaraciones situaciones falsas para enrarecer la lucha social y que sin razón pide la intervención de la policía y el ejército para reprimir las manifestaciones, bajo el argumento de que en Zacualpan se pretende organizar una autodefensa similar a las que han surgido en Michoacán, porque según ella hay ciudadanos de ese estado infiltrados entre los opositores a la mina.
María Elena Díaz Rivera en el caso de Zacualpan se está tomando un asunto público como algo personal, se extralimita en sus funciones y solicita “refuerzos”, para que otras autoridades intervengan como si fuera una guerra contra la delincuencia organizada.
Ante el rechazo público a la mina, a la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, del Congreso del estado, ciapacov y otras instituciones que no ven bien la mina en Zacualpan, a la delegada no le ha quedado más que aceptar estar contra la Mina, aunque esa no sea su competencia, sin embargo promueve la violencia institucional y no formal contra la participación ciudadana que disiente de sus intenciones.
Este ambiente de violencia se revive después que en diciembre pasado Jesús Santos Quirino, uno de los comuneros que encabezan la oposición a la mina, también denunció agresiones y amenazas de muerte por parte del propio Guzmán Aranda y del empresario local promotor de la mina. Y el 6 de diciembre, mientras realizaba preparativos para la proyección de un video en la plaza principal de Zacualpan sobre los efectos contaminantes de las minas, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, fue detenido temporalmente por policías municipales, por órdenes del comisario municipal Enrique Carpio Rincón, quien le advirtió “que no se metiera en los asuntos de ese pueblo”.
Estos sucesos de intimidación, amenazas de muerte y violencia directa han sido documentados en quejas presentadas en la comisión estatal de derechos humanos como en denuncias correspondientes en el ministerio publico la procuraduría de justicia.
Estas prácticas de intimidación y acusaciones sin pruebas hacia Bios Iguana A.C. no son las únicas, si recordamos que durante el proceso de análisis y discusión de la MIA de la ampliación portuaria de Manzanillo de 2004 y del que finalmente por acciones de Bios Iguana se canceló la MIA por insuficiencia técnica, los ataques por parte de la SCT a través del Titular de la API de aquel entonces, duraron prácticamente 3 años. Posteriormente en el proceso de discusión de la MIA de la Terminal de Gas Licuado Manzanillo en 2007 en el que por insuficiencia técnica fue cancelado, el propio exgobernador Silverio Cavazos Ceballos usando toda la administración pública estatal lanzo una guerra sucia contra Bios Iguana A.C. intentando confundir a la opinión pública con supuestas acusaciones de “soborno al gobierno” o incluso por medio del entonces procurador Arturo Díaz Rivera (hermano de la actual delegada de la procuraduría Agraria) quien sostuvo sin pruebas que integrantes de Bios Iguana pertenecían a grupos guerrilleros internacionales sin poderlo demostrar nunca.
Bios Iguana A.C. es una organización dedicada a la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos desde hace 20 años
Responsabilizamos de cualquier agresión física a miembros de Bios Iguana A.C o integrantes derl Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan que se oponen a la mina, a la Delegada de la Procuraduría Agraria delegación Colima y exhortamos a su Titular de la institución Lic. Cruz López Aguilar, Procurador general Agrario que intervenga para garantizar la seguridad de la comunidad de Zacualpan y su derecho a ser asesorados, así como la integridad física de los miembros de Bios Iguana A.C
Solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las medidas cautelares que garanticen la seguridad de la población y Bios Iguana.
FIRMA LA ACCIÓN URGENTE:
Difamaciones y amenazas a defensores y defensoras en Colima
Con información proporcionada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)