Compartimos el siguiente artículo publicado en MONGABAY – A 8 de septiembre de 2019
por Claire Asher en 8 septiembre 2019 | Translated by Yolanda Álvarez
Un estudio sociológico encuentra los pros y contras en un proyecto de REDD+ de créditos de carbono en la Amazonía brasileña que recompensa a los proveedores de servicios ambientales a pequeña escala en las comunidades locales.
Según un reciente estudio antropológico publicado en The Journal of Peasant Studies (La Revista de Asuntos Campesinos), un programa estatal de créditos de carbono con el objetivo de reducir la deforestación también genera beneficios económicos y sociales para algunas comunidades rurales pobres al eludir la burocracia de los derechos de tenencia de tierras que a menudo se necesitan para tales programas.
A pesar de la amplia deforestación en el Amazonas, el pequeño estado de Acre en el oeste de Brasil todavía es boscoso en casi un 90 % de su territorio. Para proteger los restantes 164 000 kilómetros cuadrados de bosques, el Sistema de Incentivos por Servicios Ambientales (SISA) del estado ofrece recompensas a las comunidades locales para buscar medios de vida que no degraden el bosque. Se financian gracias a la rentabilidad del carbono almacenado dentro de dicho bosque.
Maron Greenleaf, antropóloga de la universidad Dartmouth College en el estado de Nuevo Hampshire, entrevistó a residentes, funcionarios gubernamentales y accionistas locales, como el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), la Universidad Federal de Acre y el grupo agroforestal PESACRE, para averiguar cómo funciona el SISA sobre el terreno. Describe cómo la población rural más pobre no es excluida del programa de créditos de carbono debido a su falta de derechos formales de las tierras, pero advierte que también hay riesgos relacionados con este planteamiento, el cual da a los funcionarios estatales la capacidad de definir qué actividades son incentivadas.
Rentabilizar la captura de carbono
Aprobado por primera vez por el cuerpo legislativo estatal en 2020, el SISA es parte del REDD+, un programa de voluntariado negociado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC, por sus siglas en inglés) cuyo objetivo es generar incentivos de mercado para proteger bosques ricos en carbono en los países en desarrollo y tener un efecto socioeconómico positivo en las comunidades de los alrededores.
A menudo, “la única manera de que la población pueda ganar dinero del bosque es a través de la tala para aprovechar la madera y/o talarlo para crear espacio para la agricultura, el ganado u otros usos de la tierra”, dijo Greenleaf. Los programas de REDD+ intentan corregir esta desigualdad, a través de “intentar dar un valor monetario al ‘servicio’ del secuestro de carbono de los bosques, para que los bosques también tengan un valor que refleje —hasta cierto punto y en términos monetarios— su valor climático”, dijo.
El Banco de Desarrollo Alemán KFW ha comprado 25 millones de euros (28 millones de dólares) de créditos de carbono —valorando los bosques de Acre por el dióxido de carbono absorbido— a cambio de una reducción del 16,5 % en las emisiones de gas de efecto invernadero relacionadas con los bosques del estado entre 2011 y 2015. El SISA difiere de los modelos de compensación de las emisiones de carbono más tradicionales, donde la propiedad de las tierras forma las bases para distribuir los beneficios financieros de la protección forestal. En cambio, recompensa a aquellos individuos que han trabajado directamente en el campo en una manera que está clasificada como beneficiosa.
El SISA describe a los productores rurales de cultivos sostenibles y productos forestales (tales como legumbres, nueces de Brasil o caucho), y que evitan las actividades perjudiciales como la quema controlada, como “proveedores de servicios ambientales” y ofrece incentivos como servicios gratuitos, suministros agrícolas y subsidios por su trabajo constante. El programa fomenta actividades como la ganadería sostenible y la piscicultura en tierras previamente despejadas. 
Un programa REDD+ estatal parecido en el vecino estado de Amazonas, llamado Bolsa Floresta (PBF), ha estado funcionado desde 2007. Sin embargo, SISA fue el primer programa que fue aplicado a nivel estatal, en vez de a un número limitado de unidades de conservación específicas. El PBF ofrece un pequeño pago a los residentes que producen materias primas forestales sostenibles como el cacao, las bayas de açaí y el pez arapaima, o practican la agrosilvicultura o la gestión de los lagos, a cambio de comprometerse a alcanzar la deforestación cero y la participación en los programas ambientales educativos.
Greenleaf acredita lo que ella llama el enfoque “trabajo verde” del SISA para evitar asuntos complejos de derechos de tierras que son comunes en la zona rural de Brasil y otros países con bosques ricos en carbono, y para compartir algo del valor de carbono almacenado en sus bosques tropicales con parte de la población rural que viven en ellos o sus alrededores, en vez de compartirlo con los ricos terratenientes y los inversores extranjeros.
Al dar un valor de mercado al carbono secuestrado por los bosques, las iniciativas de compensación de carbono corren el peligro de promover la apropiación violenta de tierras sobre terrenos forestales, el sostenimiento de la desigualdad y recompensar solo a los más ricos. Por ejemplo, un estudio de 2008 encontró que las iniciativas de REDD+ en Brasil han tendido a incrementar la inseguridad de los residentes en cuanto a la tenencia de tierras. Pero implementadas de la manera correcta, las iniciativas de compensaciones también pueden actuar como una forma de bienestar estatal, que redistribuye la riqueza basándose en los objetivos medioambientales, dice Greenleaf.
Entre las personas que entrevistó había 30 acreanos rurales —agricultores a pequeña escala, ganaderos, cazadores y recolectores forestales de ascendencia mixta—. Históricamente, este es un grupo que a menudo ha sido incapaz de obtener derechos formales de las tierras, pero muchos dicen que han podido beneficiarse de la iniciativa del SISA a través de su contribución de trabajo verde.
Complejidades de los derechos de las tierras 
“REDD+ e iniciativas basadas en el comercio de carbono tienen el potencial de ser un importante punto de inflexión con respecto a detener la deforestación”, dijo Tom Martin, un especialista en carbono y biodiversidad terrestre con la organización internacional de investigación de la conservación Operación Wallacea. Sin embargo, a nivel mundial, “las iniciativas de REDD+ […] no han despegado tan rápidamente como la gente esperaba”, dijo y cita gobiernos desorganizados, mercados de carbono inestables y complejos sistemas de propiedad de tierras.
En muchos países con una importante densidad forestal, donde las iniciativas de compensación de carbono tienen el mayor potencial de beneficio, los derechos de las tierras en las zonas rurales no están claros, se superponen o son duramente disputados, entrelazados con problemas complejos de los derechos indígenas. Tales complejidades pueden crear incertidumbre sobre cómo un propuesto proyecto REDD+ puede ser implementado con éxito, lo que pone nerviosos a los posibles inversores y estanca las iniciativas de créditos de carbono antes incluso de que empiecen, dijo Martin.
Rodear la tenencia de las tierras con el fin de asignar los beneficios de las iniciativas de los créditos de carbono tiene claros beneficios, pero también ha sido criticado porque evita el difícil proceso de obtener los derechos de las tierras para las personas rurales e indígenas que se beneficiarían de la tenencia de la tierra de otras maneras. Sin embargo, históricamente, intentos de formalizar la tenencia de tierras rurales han tendido a favorecer a las élites acomodadas. Por ejemplo, Terra Legal, un programa nacional que otorga títulos de la propiedad a familias minifundistas en el estado de Amazonas, ha emitido menos títulos de lo que tenía planeado y tendía a favorecer a terratenientes ya existentes y a la agroindustria. Cualquier intento de redistribuir las tierras de una manera equitativa sería una ardua y larga batalla. En cambio, iniciativas como el SISA podrían actuar como un paso intermedio, sugiere Greenleaf: “Los beneficios del SISA podrían ser enumerados en esa lucha como prueba del reconocimiento del gobierno de los derechos de las tierras de la población rural”.
Aunque la iniciativa está teniendo unos claros beneficios para las comunidades locales, el efecto de las iniciativas del SISA en la deforestación es más difícil de ver. El índice de deforestación en Acre permaneció relativamente estable desde 2010 a 2015 —el periodo durante el cual el plan de crédito del SISA entró en vigor— a un ratio de entre 220 y 310 kilómetros cuadrados (85 y 120 millas cuadradas) al año, según datos del programa de vigilancia PRODES del Instituto Nacional Brasileño de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués). Sin embargo, Maron señala que muchas de las políticas financiadas por el SISA antecedieron al programa, lo que hace difícil de discernir su verdadero impacto en la deforestación.
El SISA también ha sido criticado por dar más poder a los funcionarios estatales para determinar lo que cuenta como trabajo verde, lo que deja a las comunidades rurales a merced de los caprichos políticos. El SISA ya ha tomado algunas decisiones polémicas, como clasificar las prácticas agrícolas intensivas y los estanques artificiales como servicios ambientales. Martin dijo que esto es un problema común. “Aunque se supone que las iniciativas REDD+ producirán beneficios sociales y a la biodiversidad, así como el secuestro de carbono”, dijo, centrarse en los mercados de carbono significa que “los beneficios a la biodiversidad a veces pueden quedarse atrás en las jerarquías de preocupaciones de los directores del proyecto”.
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Imágenes:
- Foto 1: Evidencia de la tala mecanizada en Feijó, Acre. Imagen de Maron Greenleaf.
- Foto 2: Ganado congregado delante de una escuela en Feijó, Acre. La ganadería es el principal impulsor de la deforestación en el estado y por todo Brasil. Imagen de Maron Greenleaf.
- Foto 3: Un árbol de nuez de Brasil queda en pie en lo que por lo demás es un campo en su mayor parte deforestado en Feijó, Acre. Imagen de Maron Greenleaf.
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