Campesinos mexicanos contra las compañías mineras canadienses

Por David Bacon
Por décadas en muchas partes de México, las grandes corporaciones–la mayoría de dueños extranjeros asociados con mexicanos acaudalados–han desarrollado enormes proyectos en áreas rurales. Llamados mega-proyectos, para extraer los recursos minerales y otros recursos naturales aprovechan las reformas económicas en México y los tratados como el Tratado de Libre Comercio de Norte América.

Los gobiernos mexicanos desde 1970 han priorizado la inversión extranjera como política de desarrollo, aún a costo de la destrucción ambiental y el desplazamiento de la gente. Cuando el Partido Acción Nacional derrotó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2000, este modelo de desarrollo de económico no cambió. El PAN tomó en sus manos la administración de las mismas políticas, y hasta lo aceleraron, mientras que en la legislatura los dos partidos cooperaron para avanzar sus metas.

Pero mientras estos proyectos gozaban del padrinazgo en lo alto, invariablemente incitaron la oposición local sobre la posible o actual amenaza de desastres ambientales.

La destrucción ambiental, acompañada por cambios económicos, causa desplazamiento de gente. Las familias en comunidades afectadas por el impacto a menudo se ven obligados a migrar. Sin embargo, los proyectos reciben apoyo oficial, y son defendidos por el gobierno federal contra las protestas de los pobres campesinos y pobladores.

Las elecciones presidenciales del primero de julio de este año ofrecieron la posible oportunidad de modificar el modelo económico en México, con la presencia de un partido comprometido a proveer a las comunidades pobres indígenas con empleos y servicios sociales, para aumentar el ingreso rural, y para proteger los derechos laborales y sociales. Este era el programa puesto por Andrés Manuel López Obrador, el candidato del Partido por la Revolución Democrática (PRD.)

Pero las campañas de las elecciones mexicanas del 2012 se veían como las de los EU, en donde los dos partidos conservadores, el PRI y el PAN, eran avivados por las enormes contribuciones hechas por corporaciones. Promoción masiva en los medios televisivos por las dos compañías que controlan los medios excluyeron la izquierda, mientras las “encuestas imparciales” anunciaban el inevitable regreso del PRI. Al final, un circo en los medios sobre la onda de compra-de votos.

El regreso del PRI al poder no cambia la realidad de la sociedad mexicana, especialmente la política de desarrollo dominada por las grandes corporaciones. El costo de esta política es muy obvio, y los conflictos sobre eso son las más agudas, que las comunidades rurales enfrentan con grandes proyectos mineros. Bajo la administración del nuevo PRI, estos conflictos por muy seguro van a extenderse, particularmente dado el historial del partido sobre el uso de la fuerza contra los movimientos populares.

En Oaxaca y el sur de México, el crecimiento de movimientos en contra de las minerías en Oaxaca, donde en una comunidad indígena los lideres han sido asesinados y los pobladores divididos desde el comienzo de las operaciones mineras. Las compañías y sus defensores han prometido empleos y desarrollo económico. Pero las comunidades afectadas dicen que mas personas han perdido sus empleos y su forma de vida debido a las consecuencias económicas y el impacto negativo ambiental.

En Oaxaca, la empresa basada en Vancouver, Fortuna Silver, Inc., comenzó a hacer perforaciones en un área de San José del Progreso previamente minada. San José es una pequeña población en el municipio de Ocotlán, a una hora de la capital del estado. Sus 1200 residentes hablan Zapoteca, un lenguaje indígena que ya tenia siglos antes que los europeos colonizaran México.

Fortuna Silver comenzó sus exploraciones en el 2006, y cinco años después pasó a producción completa. De acuerdo a Flavio Sosa Villacencio, un diputado estatal del Partido del Trabajo, (PT), la empresa le dijo que en el 2012 Fortuna esperaba producir 1.7 millones de onzas de plata y 15,000 onzas de oro. Sosa Villacencio dice que las ganancias anuales de la mina podrían llegar hasta los 468 millones de pesos o $39 millones.

San José del Progreso se encuentra en un valle lleno de pequeños pueblos, muchos de los cuales han perdido más de la mitad de su población a la migración. En un ambiente de desesperación económica, el dinero de la mina tiene un gran impacto.

Bernardo Vásquez, un opositor de la mina y director de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) explicó a la periodista canadiense, Dawn Paley, que algunos de los residentes gozan de los beneficios, mientras que los opositores organizaban demostraciones de protesta. El pueblo está dividido. Vásquez dice que la división se extiende a las escuelas, centros de salud y las oficinas municipales.

En el 2009 300 personas bloquearon la mina por un mes. Lo doble de eso fueron los policías que eventualmente descendieron contra los manifestantes con perros, gas lacrimógeno y un helicóptero. Las personas fueron golpeadas y dos docenas fueron arrestadas. En otra confrontación un año después el alcalde fue muerto. Entonces en enero del 212 un grupo de opositores confronto a una cuadrilla de trabajadores instalando líneas de agua, acusándolos de construir un sistema de agua para la mina. Otra vez se le llamo a la policía, y esta vez ellos le dispararon y mataron a Bernardo Méndez, uno de los líderes de COPUVO. Después de esto el alcalde huyó causando el cierre de las oficinas municipales.

Los representantes de COPUVO, Jorge Sánchez y Eustasio Vásquez, dijeron que la muerte había sido el trabajo de los “guardias blancas” o paramilitares apoyados por la compañía.

“Hemos visto que les dan dinero a las persona en la comunidad para que estén en nuestra contra, y crear un grupo llamado “Protegiendo Nuestros Derechos.” Estas personas ahora tienen autos nuevos, cuando antes no tenían nada. Ellos son los guardias blancas que matan y amenazan.” Fortuna negó responsabilidad. El gerente de la compañía, Jorge Ganoza le dijo a los medios canadienses, “Nosotros, como la compañía, y nuestro equipo en Oaxaca le entristece esto actos de violencia sin sentido en el pueblo de San José, referente a la continua lucha por el poder político local. De ninguna manera está relacionado con nuestras actividades o está nuestro personal involucrado”.

Las organizaciones comunitarias y sociales de Oaxaca condenan los asesinatos. Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA) dice que la violencia es una consecuencia de las políticas de desarrollo del gobierno.

Declararon que Oaxaca se ha convertido en una arena de experimentación con la imposición de mega proyectos a cualquier costo. “Las ganancias multimillonarias de las grandes compañías mineras, y el costo human y social, será pagado como siempre por los ‘Indios que les gusta el conflicto,’ como despectivamente se les llama a los defensores de sus comunidades.”

La muerte de Bernardo Vásquez también fue reprobada por los lideres de otro pueblo oaxaqueño que ha resistido los proyectos mineros, Capulalpam de Méndez en la región zapoteca, región de la Sierra Juárez.

En marzo del 2012, sus lideres municipales demandaron el fin a las actividades mineras en el área de la mina Natividad, y la cancelación de las concesiones dada a sus dueños, otra compañía canadiense llamada Continuum Resources. Entre el 2004 y el 2006 Continuum Resources se le dieron concesiones por 50,000 hectáreas en la Sierra la mayoría cubriendo tierras comunales.

La mina ha tenido un gran impacto ambiental. La mina Natividad abrió sus puertas en el 2002. Justo cuatro años después en el 2006, los problemas del agua era tan malos alrededor de la mina que el Procurador de la Protección Ambiental ordenó un alto a todos los trabajos en la mina. Los lideres comunitarios acusaron a la mina de causar daños a los acuíferos de los que dependen, y 13 manantiales desaparecieron. “Una comunidad sin agua no tiene vida en la cual sus futuras generaciones puedan depender,” un acuerdo comunal fue declarado.

El agua que corre en los ríos es amarilla y tiene un terrible olor, de acuerdo a los residentes de Capulalpan. El secretario del Servicio Comunal, Javier García Juárez, dijo que en el 2011 algunas de las presas con estanques tenían residuos tóxicos de operaciones mineras del pasado cuando se derrumbó. Toneladas de tierras comunales contaminadas perteneces al pueblo, y los arboles en la foresta local estaban manchadas de gris con los químicos que se han usado para separar el oro y plata del oro extraído de la mina.

El impacto particularmente mas devastador para Capulalpam, que fuere declarado “un pueblo mágico” por la Secretaria de Turismo del gobierno federal. En la Sierra de Juárez existen mas de 200 especies de orquídeas, incluyendo unas en más peligro de extinción. La gente todavía ve jaguares, mientras los monos, pericos y tucanes, además de pumas, venado cola-blanca y la urraca enana.

A pesar de la biodiversidad, en el 2011 otra compañía minera, Minera Teocuitla, llegó a la comunidad acompañada por agentes del departamento de Reforma Agraria. Minera Teocuitla es una subsidiaria de Sundance Minerals, cuyo modelo de negocio envuelve desarrollar minas junto a otros proyectos mineros, aun los cerrados. La empresa propone un proyecto de exploración llamado Geranio, con lideres comunitarios a autorizar un contrato nuevo de exploración.

Sin embargo en abril 10 del 2011, cuando la asamblea general de la comunidad Zapoteca anunció que no apoyaría el proyecto. “La comunidad de Capulalpam, ejerció sus derechos como una municipalidad agricultora indígena, reusando darle permiso a las compañías Natividad, Minera Teocuitla, Continuum Resources, Arco Exploración o cualquier otra compañía usando otro nombre a llevar exploraciones o explotaciones de minerales en nuestra tierra.”

En Veracruz, una corporación canadiense, Goldcorp Resources, inició exploraciones a mediados de los 2000 para hacer dos masivas excavaciones entre la capital de Jalapa y la costa del Golfo. La compañía, con sus oficinas en Vancouver y su subsidiaria mexicana, Mineral Cardel, SA de CV, virtualmente recibió la concesión de 20,000 hectáreas por el gobierno federal.

Edgar González Gaudiano publico un análisis de la mina en el periódico local La Jornada Veracruz, en la cual estimaba que la mina producirá 100,000 onzas de oro al año, con un valor de $1,660 la onza con precios del 2012, o $166 millones. Goldcorp operará dos enormes minas. El mineral será tratado con cianuro, un fuerte veneno, usado para separar el metal. El cianuro se une al oro, esencialmente para disolverlo. Después el oro es separado, dejando una gran cantidad de agua de desecho contaminada con cianuro. Lo que corre está contenido en unos enormes tanques al aire libre.

El proceso de minar el oro con cianuro es muy peligroso, aun así el 90% de todo el oro extraído mundialmente cuenta con este uso. En Rumania en enero del 2000 una presa en un tanque parecido se rompió, y como 100,000 metros cúbicos de agua de desecho toxico y lodo se regaron al Rio Danubio. El despliegue de cianuro en la corriente de agua, bajo hasta Hungría y la antigua Yugoslavia, hasta el Mar Negro, matando todo lo que tocaba. Fue llamado la peor catástrofe ambiental desde el accidente nuclear de Chernóbil.

En Caballo Blanco, cada tonelada de hierro producirá media onza de oro, así es que montañas de desecho con partículas de cianuro rápidamente aumentaran alrededor de la mina y en los tanques agua de desecho. De acuerdo a el Diario de Jalapa, otro periódico local, filtrar el oro requiere de 1.12 millones de cúbicos cuadrados de agua por año, mermando el acuífero en el que las comunidades campesinas dependen.

Un peligro mayor puede venir de la única planta nuclear de México, Laguna Verde, a menos de diez millas de distancia. El fierro se desprenderá de la tierra virtualmente por las continuas explosiones, usando hasta cinco toneladas de explosivos a diario. Esta parte de Veracruz es una parte geológica de la región volcánica que incluye algunos de los mas famosos volcanes dormidos de México, incluyendo Orizaba, a menos de cien millas y de Cofre de Perote todavía mas cercano.

Las personas de los pueblos cercanos a la mina, Actopan y Alto Lucero, dicen sentirse amenazados a vender sus tierras a Goldcorp. Beatriz Torrez Beristain, una activista con la Asamblea de Veracruz y la Iniciativa en Defensa de el Ambiente (LA VIDA), reporto a La Jornada Veracruz que en una audiencia publica sobre el Proyecto “nos dijeron que tenían miedo, que los habían intimidado y que se sentían forzados a vender sus tierras. Definitivamente aquí existe la intimidación, y están criminalizando las protestas ambientales.

Goldcorp promete empleos, y dice que el ambiente será restaurado después que el oro y los metales sean extraídos. “Pero nosotros sabemos que eso no puede ser” Torres Beristain dijo al reportero Fernando Carmona. “Es imposible restaurar el ecosistema que ha sido dañado. Usted podrá cortar un árbol y plantar otro, pero usted no podrá restaurar la compleja cadena ecológica, con sus variedad de arboles, pájaros y agua.”

En febrero del 2012, el Pacto por un Veracruz Libre de Minería a Cielo Abierto fue firmado en la asamblea estatal por activistas ambientales, quienes se comprometieron a distribuir información correcta sobre las explotaciones de los recursos naturales, alertando a las comunidades sobre las posibles amenazas, iniciando acciones legales y organizando demostraciones pacificas. Otros grupos opuestos a la mina incluye REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería, y RMALC (Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio) también organizados en contra de Caballo Blanco.

Los daños ambientales provocados por las minas es tan grande que en febrero 28 el Gobernador Javier Duarte de Ocho anuncio que estaba opuesto a sus operaciones. Pero las municipalidades y los estados no hacen las básicas decisiones en México. El poder esta en mandos del gobierno federal. En marzo 13 del 2012, Goldcorp anunció su primer reporte ambiental de la Secretaria del Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un gran paso hacia la operación de la mina.
El gobierno federal sirve los intereses de las empresas mineras

El consentimiento federal dado a Goldcorp refleja la política de México durante las cuatro administraciones pasadas de virtualmente dar los riqueza de los recursos minerales. En 1992 el Presidente Mexicano Carlos Salinas de Gortari modifico las leyes mineras del país. Esto fue el mismo año que cambio las leyes de la reforma rural para permitir la venta de tierras comunales (ejidos). Ambos cambios fueron con la intención de permitir a corporaciones extranjeras ha invertir en enormes proyectos en México, y para proteger esas inversiones. Un año después antes de que el Tratado de Libre Comercio tomara efecto, el tope sobre la cantidad de inversiones extranjeras que podían ser permitidas en industria “estratégica” (como la minería) fueron eliminadas.

Los cambios continuaron durante la administración de Salinas y sus sucesores, con ambos del PRI de Ernesto Zedillo y del PAN Vicente Fox incrementaron las concesiones mineras dada a corporaciones extranjeras tales como Goldcorp y a enormes carteles mineros mexicanos tales como el Grupo México. Los impuestos en operaciones mineras fueron eliminados. Las compañía solo tenían que hacer un pago simbólico por cada hectárea de tierras otorgadas en sus concesiones.

De acuerdo a Carlos Fernández Vega cuya columna sobre negocios en “México USA” (“México, Inc.”) que corre en el periódico de la izquierda en la Ciudad de México La Jornada, la cantidad de concesiones otorgadas llego a las 25 millones de hectáreas al final de la presidencia de Fox en el 2006, y luego casi se dobló a 51 millones solo en los primeros cuatro años de su sucesor Felipe Calderón.

“En las dos administraciones del PAN alrededor del 26 porciento de el territorio nacional fue dado a consorcios mineros para su propio beneficio,” declaro. En el 2010, Fernández Vega explica, Calderón otorgo 4 millones de hectáreas en concesiones, a cambio por el cual el gobierno mexicano recibió $20 millones de dólares. Las corporaciones domesticas y extranjeras a las que se les otorgo hicieron $15 billones ese año (un incremento de 50% del año previo). Estas ganancias fueron 750 más veces que lo que pagaron en concesiones.

Fernando Vega bases para su columna son el estudio hecho por los académicos Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con base en Xochimilco, Llamado “Minerales o Vida.” La Constitución Mexicana con sus raíces en la Revolución de 1910-20 y el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas del final de 1930, coloca al frente las metas por la minería y otra actividad económica. Incluyendo a, López Bárcenas y Eslava Galicia dicen “usar los recursos naturales para el beneficio social, creando una distribución equitativa de bienes públicos, animando la conservación, y logrando un balance de desarrollo para el país lleva a mejorar las condiciones de vida para los mexicanos.” Sin embargo, las nuevas leyes mineras dicen que cualquier recurso potencial se debe utilizar, lo que da a la los recursos de explotación preferencia sobre otras consideraciones.

“Los que tienen las concesiones pueden demandar que la tierra que esta ocupada por un pueblo sea desalojada, para que puedan acabo sus actividades,” los dos académicos escriben. “Si la tierra es utilizada para cultivar alimentos, entonces tiene que terminar para que la mina continúe su trabajo. Bosques o desiertos corren el mismo riesgo. Este requisito legal también aplica a las personas indígenas. Su tierra ha sido usada para sus ritos y sacrificios, los cuales les ayuda a mantener su identidad, eso puede ser razado o destruido. Esta provisión viola la Convención OIT169 que protege los derechos indígenas.”

El lenguaje en las leyes mineras ahora dice que “prohíbe a los estados y las municipalidades de imponer cuotas en la actividad minera, y por consiguiente los despoja de cualquier ingreso de esas actividades que podrían beneficiarlos,” el estudio concluye, aun prohibiéndoles de cobrar cuotas por permitirles el uso de las tierras y los caminos.

Las minas prometen empleos, pero estas producen muy pocos, los activistas oaxaqueños declaran, mientras que su entorno ambiental y social es costoso. La minería la cual recibe enormes apoyos de el gobierno federal, emplea solo un 0.29% de la población en Oaxaca en edad de trabajar, de acuerdo al “Migración y la Pobreza en Oaxaca” un estudio hecho por Ana Margarita Alvarado Juárez en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Aun la Secretaria de Trabajo dice que el termino medio del salario mínimo de los mineros es 150 pesos ($12.50). Los salarios bajos reflejan el aumento del uso de contratos de trabajo, en los cuales los trabajadores son contratados por una agencia temporal para remplazar los miles de obreros que anteriormente trabajaron para las compañías mineras.

Por otro lado, la agricultura, la cual sostiene a mas de la mitad de la población de las familias en Oaxaca, recibe muy pequeños apoyos de parte del gobierno, y para los agricultores en pequeño casi ni existe. Los beneficios a los proyectos, sin embargo, no los residentes de las comunidades locales, sino los accionistas de las grandes corporaciones quienes ejercen enorme influencia hacia el gobierno federal.

Aldo González, un líder de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez en Oaxaca (UNOSJO), señala que proyectos de mega-desarrollo promovidos por el gobierno federal en lugar de crear empleos y aumentar el estándar de vida los debilita porque fueron diseñados por fuera, he impuestos en territorios indígenas con intención de beneficiar a los inversionistas en lugar de las comunidades.” Como resultado, dice “ellos han encontrado protestas por parte de la gente y las comunidades donde les han arrebatado su tierra y su agua.” Los lideres de las Frente de Organizaciones Indígenas Binacional afirman que esta clase de desarrollo económico no solamente no detiene el desplazamiento de las comunidades el hecho es que la acelera.

González y el los líderes del FIOB predicen mas esfuerzos a través de la comunidades rurales en Oaxaca y el resto de México a encontrar alternativas para el desarrollo basado en las minas y los proyectos mega corporativos. Con un gobierno federal comprometido a empujar estos proyectos hacia adelante, sin embargo, aun los conflictos más agudos son inevitables.

– David Bacon es un periodista y fotógrafo que regularmente contribuye al CIP Programa de las Américas. Este artículo está basado en el estudio hecho para su libro que está por salir el próximo año Beacon Press, The Right to Stay Home el cual examina el movimiento en México opuesto al desplazamiento y la migración forzada.

– Traducción por Elena Durán

Fuente: CIP Américas