Artículo del periodista Giorgio Trucchi, publicado en la Agencia latinoamericana de Información (ALAI) el 6 de agosto 2018
Del 10 al 28 de septiembre se llevará a cabo en Honduras el debate oral y público contra ocho personas acusadas de participar en la preparación y ejecución del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres. Entre ellas figuran ex militares y militares activos, así como directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), titular de la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Durante años, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -organización de la cual Cáceres fue coordinadora- ha luchado con ahínco para frenar el intento de DESA y de la empresa estatal china de construcción Sinohydro de realizar el proyecto. Una obra que nunca fue socializada con las comunidades de la zona y que generaría graves impactos ambientales, en especial al río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca.
El largo conflicto generó enfrentamientos y divisiones. La zona de Río Blanco, Intibucá, fue repetidamente militarizada y miembros de las comunidades lencas locales fueron perseguidos y reprimidos, sufrieron atentados, su lucha fue criminalizada y judicializada. Los ataques contra el Copinh dejaron un saldo de varios activistas heridos y asesinados.
Fue en este contexto de defensa del territorio y los bienes comunes, de persecución y represión, que Berta Cáceres fue asesinada en la noche entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por un comando armado.
Faltan los autores intelectuales
Tanto el COPINH como los familiares de la dirigente indígena asesinada aseguran que aún no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.
Durante una entrevista con Radio Mundo Real, Bertha Zúñiga, actual coordinadora del COPINH e hija de Berta Cáceres, habló de la importancia del juicio. «No es el juicio que nosotros queremos porque no juzga la autoría intelectual del crimen. Más bien es un gesto que el gobierno quiere hacer hacia la comunidad internacional que está exigiendo justicia. Pese a eso, va a ser algo histórico que va a dar una señal importante contra la injusticia. Queremos -continuó Zúñiga- que este juicio no sea solo ‘justicia para Berta’, sino que contribuya a producir cambios estructurales en el país. Que sirva a denunciar y transformar situaciones de fondo que ocurren en Honduras, como asesinatos, persecución y represión que quedan en la impunidad”, manifestó durante la entrevista.
Lamentablemente, no parecen ser estos los planes de las autoridades hondureñas. Antes bien, en los últimos meses se ha desatado una ofensiva mediática tendiente a denigrar tanto la figura de Berta Cáceres, como el trabajo investigativo independiente. Tampoco puede ser considerado casual que dicha ofensiva se esté dando a un mes del inicio del juicio en contra de los acusados del asesinato de la lideresa indígena.
Como distorsionar la realidad
Amsterdam & Partners LLP, bufete de abogados defensores de la empresa DESA, contrató recientemente al reconocido penalista canadiense Brian Greenspan para que elaborara un informe donde se desacredita el trabajo investigativo sobre el asesinato de Cáceres realizado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE). El objetivo sería sembrar dudas sobre la posible vinculación de la empresa con el brutal asesinato.
La investigación del Grupo de expertos internacionales concluyó que existían pruebas irrefutables de que altos ejecutivos y empleados de DESA, junto con agentes estatales, estaban involucrados en la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato.
Pese las fuertes acusaciones y a la decisión de los bancos europeos FMO de Holanda y FinnFund de Finlandia, de retirarse del proyecto Agua Zarca, la empresa prefirió no cerrarlo definitivamente, optando por suspenderlo temporáneamente. Lamentablemente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene su financiamiento de 24 millones de dólares a DESA.
«DESA mantiene la ilegal concesión de 50 años sobre el río Gualcarque, lo que significa que el proyecto no se cierra, sino que está en suspensión esperando que pase el tiempo para reanudar sus operaciones. Ratificamos nuestra lucha permanente por la expulsión definitiva del proyecto Agua Zarca, y denunciamos a la empresa criminal DESA que carga en sus hombros la sangre de nuestras compañeras y compañeros asesinados«, explicó el COPINH en un comunicado.
La decisión de no cerrar el proyecto hidroeléctrico y de contratar a un experto penalista internacional para deslegitimar el trabajo del GAIPE sería parte de una ofensiva mucho más amplia, «que incluye pseudo biografías de Berta Cáceres y textos que tienen el propósito de distorsionar hechos y crear nuevas y espurias líneas de investigación«.
Tampoco ha parado «el trabajo de manipulación y ataque contra las comunidades de Río Blanco«, así como «el fortalecimiento de estructuras comunitarias paralelas» para dividir a la población y mantener vivo el conflicto, señala el COPINH en la nota.
La organización indígena lenca alertó también sobre el reiterado incumplimiento de parte del Ministerio Público (MP) de entregar la información del caso a los representantes legales de la familia de Cáceres. En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar dicha información. «La falta de acceso a la información se utiliza para ocultar verdades, para beneficiar a los culpables de la muerte de nuestra compañera Berta. Se utiliza para manipular la verdad y evitar que los máximos responsables de su muerte enfrenten a la justicia», denunció el COPINH el 3 de agosto.
La información que el MP sigue ocultando es la que fue recabada en los allanamientos a la empresa DESA, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el COPINH. También oculta la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
El mismo año en que asesinaron a Berta Cáceres, Honduras fue señalado por la organización británica Global Witness como el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.
Negocios que matan
Dos años después, el nuevo informe de la organización británica «¿A qué precio?» señala que en 2017 fueron 207 las personas asesinadas por defender la tierra y los bienes comunes en el mundo. Se trata de la cantidad más alta jamás registrada. Cifras escalofriantes que, incluso, ocultan un considerable subregistro de casos debido a la dificultad de detectar, identificar y denunciar asesinatos.
La agroindustria resulta ser el sector de negocios más vinculado a los ataques, seguido por la minería y la industria extractiva. También hubo un aumento considerable de los asesinatos múltiples (masacres). Casi una cuarta parte de las personas asesinadas en 2017 se oponían a proyectos agrícolas. Esto representa un aumento del 50 por ciento respecto del año anterior.
América Latina es la región más peligrosa. El 60 por ciento de las muertes ocurrieron en esta región. Brasil (57), Filipinas (48), Colombia (24), México (15) y Congo (13) encabezan la trágica lista de asesinatos. México fue el país que registró el mayor aumento del número de víctimas mortales en comparación con el 2016.
Asimismo, cientos de personas en el mundo fueron atacadas, perseguidas, amenazadas, estigmatizadas, criminalizadas y judicializadas por tener la valentía de hablar abiertamente y denunciar los ataques contra sus comunidades, su forma de vida y su ambiente.
En el caso de Honduras, el informe de Global Witness evidencia una disminución de los asesinatos. «Cinco personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con las 14 asesinadas en 2016. Sin embargo, en general, la represión de personas defensoras de derechos humanos ha empeorado, y las y los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, brutalidad policial y homicidios durante las protestas. La corrupción sigue siendo un problema, en medio de indicios de que la evidencia en el emblemático caso de Berta Cáceres fue ignorada por los fiscales”, se lee en el informe.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (Oea), está investigando vínculos sospechosos entre los miembros del oficialista Partido Nacional y empresas que ganaron licitaciones para desarrollar proyectos hidroeléctricos, incluido Agua Zarca. El informe señaló también que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras documentó 1.232 ataques contra personas defensoras de derechos humanos en ese país en 2016 y 2017, un aumento significativo en comparación con años anteriores, advirtió Global Witness.
Negocios irresponsables
Para la organización británica, los gobiernos y las empresas han fracasado en actuar con responsabilidad, éticamente o, al menos, de acuerdo a la ley, lo que les convierte en un factor generador de la letanía de crímenes contra activistas el año pasado. «Cuando bosques tropicales son arrasados para sembrar monocultivos, cuando se explota la tierra para la minería, cuando se acapara la tierra, se pone en riesgo el futuro de las comunidades cercanas. Se trata de negocios e inversores irresponsables, empeñados en satisfacer la demanda de los consumidores y maximizar los beneficios que, junto con los gobiernos corruptos o negligentes, hacen que todo esto sea posible», increpó.
Gobiernos cómplices
La colusión o la inacción de los gobiernos ha permitido la impunidad sistémica en los delitos cometidos contra defensores y defensoras. Impunidad que alienta más violaciones de derechos humanos. «Los gobiernos suelen ser cómplices de los ataques. Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria», señala el informe.
Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos, y a fuerzas no estatales con al menos 90 casos más. «A medida que la cantidad de asesinatos aumenta, algunos gobiernos, empresas y organizaciones intergubernamentales han empezado a reconocer la gravedad de la situación. Pero su discurso y sus promesas aún no se ha traducido en políticas convincentes y cambios concretos».
Ante esta situación, Global Witness pidió a los diferentes actores abordar las causas fundamentales de la violencia contra personas defensoras, entre otras, la falta de consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades.
También exigió apoyo y protección para defensores y defensoras en riesgo, así como garantizar la investigación, captura y castigo para los responsables de los ataques. «Instamos a las poderosas instituciones y organizaciones que amenazan los intereses de las personas defensoras, sus comunidades y el planeta, a que reconozcan su responsabilidad, a que usen su poder para ser una fuerza de bien. Los gobiernos y las empresas tienen el poder (financiero, legislativo y ejecutivo, así como el deber legal) de marcar una gran diferencia”, concluye el informe «¿A qué precio?».
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