Por Jen Moore

El Estado canadiense respalda a la industria minera globalizada de distintas formas, y facilita las actividades de las empresas de minería canadienses en América Latina y el Caribe, a la vez que tolera y contribuye a violaciones sistemáticas de derechos humanos individuales y colectivos.

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Entre otras cosas, el gobierno canadiense extiende préstamos y seguros a través de Export Development Corporation sin transparencia ni disposiciones legislativas en materia de derechos humanos; ofrece una amplia gama de servicios diplomáticos a empresas, omitiendo considerar sus antecedentes o el potencial perjuicio que pueden causar sus proyectos; y envía al extranjero fondos de asistencia canadiense al desarrollo para mejorar la reputación de proyectos extractivos y promover reformas a los códigos de minería que favorecen los intereses de las empresas y, a su vez, limitan derechos de comunidades indígenas y otros derechos colectivos.

Recientemente, el gobierno destinó $25 millones CAD a la asistencia al desarrollo en el extranjero. Estos fondos han sido administrados por tres instituciones académicas canadienses agrupadas bajo el Instituto Internacional Canadiense para el Desarrollo de Recursos (Canadian International Resources Development Institute, CIRDI), llamado inicialmente Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo (Canadian International Institute for Extractive Industries and Development, CIIEID). La función del CIRDI es contribuir con los intereses de política exterior y de la industria extractiva canadienses influyendo en las políticas y lasinstituciones  que regulan los recursos naturales de otros países[1].

Un ex ministro de desarrollo internacional canadiense señaló en declaraciones ante el sector minero que la CIRDI sería su “principal y mejor embajador”[2].

Tal vez el ejemplo más ilustrativo del modo tendencioso en que el Estado canadiense apoya a las inversiones mineras del país en el extranjero es el rol que cumplen los representantes de sus misiones diplomáticas. Los funcionarios de las embajadas canadienses tienen acceso privilegiado a información acerca de qué está sucediendo en comunidades afectadas por la minería y siguen de cerca la definición de políticas relevantes en los países donde tienen presencia. Su comportamiento muestra de manera perturbadora cómo el gobierno canadiense tolera y acepta violaciones de derechos indígenas y de derechos humanos con el fin de respaldar los intereses exclusivos de las empresas canadienses, mientras a la vez afianza el modelo neoliberal de minería.
Blackfire Exploration y la embajada canadiense en México

Recientemente, MiningWatch Canada, United Steelworkers y Common Frontiers, junto con Otros Mundos-Chiapas y la familia de Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, en México, pudieron acceder a importantes datos sobre uno de los ejemplos de esta relación. Lo consiguieron a través de un pedido de información planteado ante el entonces Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (Department of Foreign Affairs and International Trade, DFAIT, actualmente DFATD) de Canadá. Las 960 páginas de correos electrónicos de la embajada, notas informativas y contenidos de medios obtenidas 18 meses después, permitieron reconstruir la relación entre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, con sede en Calgary, cuya mina de extracción de barita Payback en Chicomuselo, Chiapas, estuvo en funcionamiento durante casi dos años, en 2008 y 2009. Según revelan los documentos, desde antes de que la mina entrara en funcionamiento hasta que fue cerrada por motivos ambientales a fines de 2009, la embajada canadiense en México prestó apoyo incondicional a Blackfire, incluso tras el brutal homicidio del activista comunitario Mariano Abarca y la aparición de evidencias contundentes de que la empresa sobornó al presidente municipal de Chicomuselo[3].

Un análisis conjunto de estos documentos permite ilustrar cuatro aspectos de la relación del Estado canadiense con la empresa minera: 1) cómo la embajada posibilitó que esta pequeña empresa de capital privado instalara y pusiera en funcionamiento la mina, a pesar de señales evidentes de potenciales conflictos,
2) cómo la embajada se ocupó de evitar conflictos a la empresa, 3) la predisposición de la embajada a ignorar las graves amenazas a activistas locales, y 4) su determinación de defender los intereses de la empresa, incluso cuando todos los indicios, y también todos los presuntos autores del homicidio de Abarca, señalaban a la empresa.

En primer lugar, diversos documentos gubernamentales revelan que la embajada logró que Blackfire pusiera en funcionamiento la mina presionando al estado de Chiapas, a pesar de que no había un claro consentimiento de la comunidad para que se desarrollara el proyecto y la empresa tenía problemas con sus permisos de funcionamiento. Entre 2007 y 2008, personal de la embajada se trasladó en dos oportunidades a Chiapas, y prestó apoyo a la empresa. La importancia de estas acciones de lobby fue expresada en un mensaje de correo electrónico enviado por un representante de la empresa a un asesor político de la embajada en México D.F. en septiembre de 2008: “Todos en Blackfire apreciamos verdaderamente lo que ha hecho la Embajada al ejercer presión sobre el gobierno del estado para conseguir que avancen las gestiones en nuestro favor. No podríamos haberlo hecho sin su ayuda”[4].

En segundo lugar, la embajada se mostró dispuesta a ayudar a Blackfire a superar la situación cuando se intensificaron las protestas contra la mina. La embajada seguía de cerca estas protestas, e incluso hizo caso omiso de amenazas de muerte contra activistas locales. En julio de 2009, el líder comunitario local Mariano Abarca viajó con una delegación a México D.F. y dialogó con un funcionario de la embajada canadiense, durante un encuentro sobre el cual hay registros de video. Señaló que la empresa había incumplido promesas, que la mina estaba provocando daños ambientales y que había trabajadores armados que lo intimidaban a él y a otras personas que se oponían a la explotación. Pocas semanas después, Mariano Abarca fue detenido en la vía pública mientras intervenía en los preparativos de un encuentro local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo. La embajada tenía conocimiento de que Abarca había sido detenido sobre la base de señalamientos falsos planteados por la empresa contra él. A pesar de ello, y del testimonio de Abarca con respecto a la presencia de trabajadores armados, además de 1.400 cartas enviadas a la embajada en las cuales se manifestaba profunda consternación por la vida de Abarca, la respuesta de la embajada se centró en asegurar la continuidad de las actividades de la empresa[5].

Seis semanas después Abarca fue asesinado, la mina se cerró por factores ambientales y se supo que la empresa había efectuado pagos directos en la cuenta bancaria personal del alcalde local para acallar las protestas. Hasta hace poco[6], las evidencias de corrupción que surgieron en ese momento estaban siendo investigadas por la Real Policía Montada Canadiense, al amparo de la Ley sobre Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros (Corruption of Foreign Public Officials Act) de Canadá[7].

Incluso entonces, la embajada siguió defendiendo los intereses de la empresa. Para empezar, la embajada no se distanció de la empresa, sino más bien de la investigación sobre el homicidio, al negarse a reunirse con organizaciones comunitarias de damnificados, y al no tomar las medidas necesarias para que los funcionarios del gobierno canadiense que visitaron Chiapas en ese entonces reclamaran una investigación exhaustiva e imparcial del homicidio de Mariano Abarca.

Aproximadamente dos meses después, la embajada finalmente envió una delegación investigadora a la comunidad para que dialogara con los grupos afectados. El informe del agregado político se refiere a promesas incumplidas, falta de apoyo de la comunidad, daño ambiental y prácticas corruptas; este documento fue enviado a las más altas reparticiones del gobierno canadiense. No obstante ello, apenas cinco días después de que el informe se distribuyera, la embajada volvió a asesorar a Blackfire con respecto a estrategias para demandar al estado de Chiapas en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por haber clausurado la mina[8].

Estos hallazgos se publicaron en 2013 y, unos pocos meses después, el hermano de Mariano Abarca, Uriel, y uno de sus hijos, José Luis, llevaron el informe a la embajada canadiense en México para exigir una respuesta[9]. Lo que obtuvieron fue el discurso que el gobierno de Canadá repite sistemáticamente a quienes cuestionan su política exterior con respecto a la minería canadiense en el extranjero. El representante de la embajada dijo a Uriel y a José Luis que el gobierno canadiense insta a las empresas del país a respetar la legislación local y mantener altos estándares de responsabilidad social empresarial. La embajada se negó a reconocer que su apoyo activo e incondicional podría haber disuadido a Blackfire de cumplir con la legislación local y con las normas internacionales.

Cuando Uriel y José Luis pidieron a la embajada canadiense que no ignorara las amenazas a otros líderes comunitarios en México que son perseguidos y criminalizados habitualmente debido a que defienden su tierra, agua, medios de subsistencia y medioambiente, el funcionario de la embajada subrayó que esto equivaldría a una intromisión en la soberanía mexicana. No obstante, este mismo funcionario no consideraba que interceder ante el gobierno del estado de Chiapas para lograr que la mina de Blackfire comenzara a funcionar implicara una intromisión en la soberanía de México.

Para complementar estos hallazgos, MiningWatch Canada confeccionó una lista de otros trece ejemplos de casos en los cuales la embajada canadiense intercedió en representación de empresas mineras afectadas por conflictos[10]. Pero, seguramente los ejemplos son muchos más, y es probable que estos sigan en aumento en el futuro. Sobre todo porque, desde que se publicó el informe sobre la embajada canadiense en México y Blackfire Exploration, el gobierno de Canadá ha adoptado la política de destinar el 100 por ciento de su cuerpo diplomático a respaldar intereses privados, y se refiere a esta estrategia como “diplomacia económica”. En su Plan de Acción para los Mercados Globales 2013, el gobierno se refirió a la diplomacia económica en los siguientes términos: “todos los recursos diplomáticos del Gobierno de Canadá se emplearán en representación del sector privado para alcanzar los objetivos declarados con respecto a mercados extranjeros clave”[11], incluidos países como México, Chile, Brasil, Colombia y Perú. Ante la prevalencia de la inversión exterior canadiense en el sector globalizado de la minería y la falta de garantías para asegurar que las misiones canadienses en el exterior otorguen prioridad al respeto de los derechos humanos e indígenas individuales y colectivos, esta política sin duda reforzará el apoyo a empresas mineras, mientras que comunidades y trabajadores siguen expuestos a riesgos, como ser demonizados, criminalizados, amenazados y asesinados por reivindicar sus derechos en defensa de su vida, sus medios de subsistencia, sus recursos hídricos y sus tierras.

En conclusión, el Estado canadiense comparte responsabilidad por el neocolonialismo, los conflictos, los abusos y la impunidad que caracterizan actualmente a la industria minera canadiense globalizada. Por tal motivo, resultó alentador que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al término de su período de sesiones de otoño de 2014, instara a Canadá a actuar para que las empresas rindan cuentas por violaciones de derechos humanos e indígenas que involucraran a sus actividades en el extranjero, y además a “adoptar medidas a fin de evitar las múltiples violaciones a los derechos humanos”[12] ocurridas en relación con sus actividades. Esto demandará nada menos que un cambio radical en la política exterior canadiense y en el programa económico que ésta promueve y sostiene. Para ello, es vital continuar denunciando la complicidad del Estado canadiense en los abusos del sector de la minería, y trabajar junto a quienes defienden su tierra y luchan por la autodeterminación, la preservación del agua y un medioambiente sano.

NOTAS:
[1] MiningWatch Canada. (2014, 4 de marzo). New Federally Funded Academic Institute a Tool to Support Mining Industry, disponible en http://www.miningwatch.ca/news/new-federally-funded-academic-institute-tool-support-mining-industry
[2] Mackrael, K. (2013, 19 de junio). ‘Huge opportunities’ for Canadian mining industry to work in developing countries. The Globe and Mail, disponible en http://www.theglobeandmail.com/news/politics/huge-opportunities-for-canadian-mining-industry-to-work-in-developing-countries/article12670581/
[3] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy, disponible en http://
www.miningwatch.ca/news/report-reveals-how-canadian-diplomacy-supported-deadly-blackfire-mining-project
[4] Solicitud de acceso a información A-2010-00758/RF1, p. 000185, citada en Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[5] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[6] Fundación Ambientalista Mariano Abarca, Otros Mundos, A.C. y Red Mexicana de Afectados por la Minería/Chiapas (REMA Chiapas). (2015, 11
de marzo). Red Mexicana Deplora el Resultado del Gobierno Canadiense sobre el Caso Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. MiningWatch, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/news/red-mexicana-deplora-el-resultado-del-gobierno-canadiense-sobre-el-caso-blackfire-en-chicomusel
[7] Common Frontiers-Canada, Council of Canadians, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2011, 29 de agosto). La sociedad civil canadiense expresa su agrado ante el allanamiento de las oficinas de Blackfire Exploration. MiningWatch, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/news/la-sociedad-civil-canadiense-expresa-su-agrado-ante-el-allanamiento-de-las-oficinas-de
[8] Common Frontiers, MiningWatch Canada y United Steelworkers. (2013, mayo). Corruption, Murder and Canadian Mining in Mexico: The Case of Blackfire Exploration and the Canadian Embassy.
[9] Moore, J. (2013, 4 de septiembre). Embajada canadiense desaíra a la familia de fallecido activista mexicano. Programa de las Américas, disponible en http://www.cipamericas.org/es/archives/10572
[10] MiningWatch Canada. (2013, 8 de octubre). Antecedentes: Cambiar las políticas públicas y las prácticas mineras para asegurar la salud de individuos, comunidades y ecosistemas, disponible en http://www.miningwatch.ca/es/article/antecedentes-una-docena-de-ejemplos-de-la-
diplomacia-minera-canadiense
[11] Foreign Affairs, Trade and Development Canada. Global Markets Action Plan, disponible en http://www.international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/plan.aspx?lang=eng
[12] CIDH. (2014, 7 de noviembre). CIDH culmina 153 Período de Sesiones. CIDH, disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2014/131.asp

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Vía Movimiento M4

Chicomuselo, sede del Tercer Foro en Defensa de la Madre Tierra, sigue luchando contra la minería

Marie-Pia Rieublanc / Otros Mundos A.C.

El 12 de noviembre de 2014, el pueblo de Chicomuselo, ubicado entre las montañas de la Sierra Madre de Chiapas, fue la sede del Tercer Foro en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra. El evento, organizado por la Parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo (Diócesis de San Cristóbal de Las Casas) y su Comité para la Promoción y Defensa de la Vida «Samuel Ruíz», y al cual participó Otros Mundos A.C., reunió a más de 3000 personas provenientes de varios ejidos y comunidades del municipio, de otras partes de la entidad y de otros estados. Este encuentro se había llevado a cabo en el ejido Costa Rica (Frontera Comalapa) en 2011, y en el ejido Santa María (Chicomuselo) en 2012.

Este año, los y las organizadores y participantes se enfocaron en «la Defensa de los recursos naturales» que urge en Chicomuselo como en todo el país ante la llegada masiva de empresas extractivistas extranjeras, en particular mineras canadienses, favorecida por las últimas reformas constitucionales diseñadas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto.

>VIDEO: El Tercer Foro en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

>VIDEO: El Tercer Foro en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

No al despojo legalizado por la Reforma Energética !

«Estas nuevas reformas, lo que legalizan es lo que ya estaba ocurriendo: el robo de los recursos de la nación, el despojo de los territorios, el desplazamiento forzado, la contaminación de los ríos, de los suelos, del aire, del agua, de la vida de las comunidades y de la agricultura», denunció el primer poniente, Álvaro Salgado Ramírez, del Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (CENAMI).

«¿Porqué hay que defendernos del modelo (extractivista) ? Porque básicamente toca los centros de la vida de las comunidades. Y uno de los más importantes es el agua. El agua es un bien natural que el modelo ve como un recurso y no hay mina en el mundo que no utilice una gran cantidad de agua para hacer todo el proceso vinculado a la extracción de los metales», añadió Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de Procesos Integrales por la Autogestión de los Pueblos y representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) en Guerrero. Citó el ejemplo de la mina de oro Los Filos en el ejido El Carrizalillo (Guerrero), explotada por la empresa canadiense Goldcorp, que «utiliza 250 millones de litros de agua diarios».

>> DESCARGAR: La ponencia de Álvaro Salgado Ramírez en audio (MP3)

Homenaje a Mariano Abarca, asesinado por resistir a la minería

La lucha contra la minería ocupa una parte muy importe de la recién historia del municipio de Chicomuselo. El 27 de noviembre de 2009, el señor Mariano Abraca Roblero, un hombre muy respetado en su pueblo, miembro de la REMA y ferviente opositor a la empresa canadiense Blackfire que explotaba una mina de barita en el ejido de Grecia, fue asesinado por sicarios mandados por dicha compañía. La mina cerró poco después del terrible acontecimiento, pero esta victoria no compensa la vergonzosa impunidad en la cual este crimen quedó.

Mientras sus familiares, sus compañeros y compañeras de lucha y el pueblo de Chicomuselo están a punto de conmemorar el quinto aniversario de la muerte de Don Abarca, ningún de los culpables materiales ni intelectuales se encuentra en la cárcel. Tampoco fue condenado el ex presidente municipal de Chicomuselo, Julio César Velázquez Calderón, que recibió dinero de la empresa Blackfire directamente en su cuenta bancario cuando estaba en el ayuntamiento, en cambio de su cooperación. Una petición dirigida a las autoridades mexicanas y canadienses reclamando justicia para el luchador social está circulando hoy en la web y recibió firmas provenientes de México, Guatemala, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, o incluso Grecia. Ustedes también la pueden firmar allí.

Durante el Foro se dio un homenaje a Mariano Abarca, cuyo busto sigue cuidando al pueblo de Chicomuselo en medio del Parque Central. «Que muerte tan desgraciada cometieron los mineros, mientras se van al infierno y Don Mariano al cielo», cantó uno de los participantes ante la audiencia.

>> FIRMAR: A 5 años del asesinato de Mariano Abarca por su resistencia contra la minera Blackfire, demandamos justicia

Concesiones de minas de oro y barita siguen amenazando Chicomuselo

De hecho, la lucha contra la minería en Chicomuselo no se apagó con la muerte de Mariano Abarca. El 11 de noviembre, un día antes del Foro, varias organizaciones locales, incluso la Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), dirigida por el hijo de Mariano, José Luís Abarca Montejo, también miembro de la REMA, organizaron una marcha en el pueblo y un mitin frente al Palacio Municipal, donde declararon Chicomuselo «territorio libre de minería», exhortando a las autoridades a no entregar más concesiones mineras.

>> LEER: Declaración de Chicomuselo Territorio Libre de Minería (comunicado de REMA Chiapas)

A pesar del cierre de las operaciones de la minera Blackfire en el ejido de Grecia, la amenaza del despojo minero permanece en el municipio. «La concesión existe todavía. Es una concesión de 50 años y sabemos que en cualquier momento cualquier otra empresa o la misma empresa puede volver a reabrir sus actividades», comentó el hijo de Mariano para Otros Mundos A.C. en margen del Foro. «Y hay otras concesiones mineras en el municipio. En el ejido de Monte Sinaí, hay una concesión de mina de oro por ejemplo. Hay también una concesión de mina de barita como la de Blackfire, en la localidad de Santa María», añadió José Luís Abarca.

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Les compartimos el:

Pronunciamiento Final del Tercer Foro en Defensa y Cuidado de la Madre Tierra

Chicomuselo, Chiapas. 12 de noviembre de 2014.

AUDIO de la DECLARACIÓN

Las y los participantes,  hombres y mujeres del pueblo creyente, organizaciones campesinas, Ong´s, maestros, estudiantes,  Comisariados Ejidales y personas de buena voluntad, provenientes de distintos municipios del estado de Chiapas y del país,  asistentes al Foro por la Defensa de la Madre Tierra.  Después de haber compartido nuestras experiencias de despojo, corrupción, inseguridad, violencia y omisión del Estado Mexicano, ante estos hechos, nuestra palabra se levanta para pronunciarnos en contra del actual sistema político y económico que incita al despojo del territorio, la tierra y la vida en todo país, a través del ajuste y apropiación a modo de las reformas estructurales que en nada benefician a los pueblos campesinos e indígenas y la población en general, que legalizan el derrame de substancias tóxicas como ha sucedido recientemente en Sonora y Sinaloa, así como la escandalosa participación del estado en la desaparición forzada de 43 estudiantes, además de los 6 asesinados en Iguala, Guerrero. Así como estos hechos, cada vez son más los casos de violencia, corrupción gubernamental e impunidad en la que el estado de la mano del crimen organizado opera contra las mujeres y hombres que salimos de nuestro marasmo a reclamar nuestros derechos, a reclamar justicia, a reclamar de forma pacífica y organizada.

Ante este contexto nacional,  los y las  asistentes  a este Foro  coincidimos que las Reformas estructurales en México en nada benefician a los pueblos campesinos e indígenas de nuestro país ya que estas buscan facilitar aun más el despojo de nuestros bienes naturales y empobrecernos cada vez más con dichas políticas con el fin de que los pueblos  dependamos de las grandes empresas del país y  trasnacionales a quienes no les importa la vida y lo único que les importa  es aumentar su capital  económico.   Declaramos que nos encontramos en resistencia contra nuestros gobernantes y sus políticas depredadoras; declaramos que continuaremos organizándonos para contrarrestar los megaproyectos que el sistema neoliberal; y lo estaremos haciendo hasta restablecer mecanismos que hagan realidad la  justicia  y la paz entre nuestros pueblos y de esta manera recuperar el  tejido social que el sistema está tratando de desaparecer.
Desde este espacio  compartimos  los sueños, luchas  y esperanzas de aquellos hombres y mujeres   que desde otros pueblos de México y del mundo ofrendan su  vida por conquistar otro mundo posible 
Por esta razón hacemos un llamado urgente a todos y todas a despertar nuestras conciencias para ver y actuar ante este sistema de opresión, imposición y violación de los derechos humanos,  no debemos seguir bajo el sistema que solo nos deja muerte y destrucción de nuestra Madre Tierra.  Continuemos informándonos  y no dejarnos engañar por los proyectos de los políticos que lo único que les interesa es el bienestar personal más no el bien de la nación.
A los distintos niveles de gobierno les decimos que no permitiremos que continúen facilitando el ingreso de cualquier empresa que pretenda destruir nuestra Madre Tierra, que la cuidaremos y defenderemos usando nuestra sabiduría y  experiencias de organización como pueblos y comunidades.
Desde este espacio saludamos solidariamente a otras luchas y alianzas locales y nacionales, por un México dónde se viva la Paz con Justicia y Dignidad. Que sus luchas y dolores las hacemos nuestras con la intención de reconstituirnos como comunidades, pueblos y nación.
Rechazamos los proyectos de exploración y explotación mineras, concesionados en el subsuelo.
Rechazamos los proyectos eólicos, como los del Istmo de Tehuantepec y de Tonalá, Chiapas..
Rechazamos los proyectos de infraestructura, como supercarreteras, gasoductos, hidroeléctricas
Rechazamos los programas gubernamentales que limitan el uso y disfrute de nuestros territorios, como los programas de conservación de áreas naturales protegidas y servicios ambientales.
Rechazamos el acoso de diversos programas gubernamentales que imponen decisiones en dinámicas comunitarias de salud, educación y vivienda.
Condenamos la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de 6 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero.
Firmamos más de 3,500 asistentes de diversos municipios del estado, refrendamos este pronunciamiento con la esperanza de que desde la sabiduría de nuestros pueblos sabremos detener este proceso de despojo y saqueo a la nación.

ATENTAMENTE
Parroquias de Trinitaria, Comalapa, Chicomuselo, Santo Domingo, Venustiano Carranza, Simojovel, Margaritas, Bella Vista, Arriaga, Misión de Guadalupe,  Siltepec, el Porvenir, Chiapas. Organización Campesina Emiliano Zapata CNPA UMOI MLN,  Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas,  Organización TOTIC. Comisariados Ejidales. Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, PROMEDIOS AC.; Otros Mundos A.C.

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Al cumplirse 5 años de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por su muerte. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ y adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas  y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente.

Al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto
Al Gobierno del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello
Al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam
Al Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva
Al Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, John Baird
Al Ministro de Relaciones de Comercio Exterior, Ed Fast
Al Ministro de Justicia de Canadá, Peter MacKay
A la Embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky

El 27 de noviembre de 2014 se cumple el quinto aniversario de la muerte de Mariano Abarca Roblero, asesinado por su resistencia contra la minera canadiense Blackfire, por los daños sociales y ambientales que se estaban generando en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, México. Todos los detenidos y castigados por su muerte tenía una relación con la empresa minera canadiense Blackfire. Jamás se llevó a cabo una investigación plena e imparcial para identificar y castigar a todos los responsables por su muerte. Blackfire también está bajo investigación por corrupción del presidente municipal por haber estado dando pagos directos a su cuenta bancaria personal para que controle la creciente protesta social en contra de sus operaciones. La mina de Blackfire se clausuró después de apenas dos años de operación por daños ambientales.

Pese a que la Embajada de Canadá en México conocía el caso y el inminente riesgo por las amenazas contra Mariano Abarca, no actuó para proteger la vida de Mariano, ni para asegurar que la empresa canadiense no viole las leyes en México ni siquiera las leyes de Canadá – en particular la Acta en Contra de la Corrupción de Funcionarios Públicos (CFPOA por sus siglas en ingles) – sino que se distanció de la investigación, defendió la reputación de la empresa y asesoró a la trasnacional sobre cómo podría demandar al estado mexicano a través del Capitulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto según el informe Minería Canadiense en México; Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá – Un Caso de Corrupción y Homicidio, producto de una investigación exhaustiva hecha por tres organizaciones canadienses en 2013.

Los procesados por el asesinato de Mariano han sido liberados de la cárcel, mientras las responsabilidades de otras personas vinculadas a la empresa y al estado que pudieron haber sido involucrado en su asesinato nunca fueron investigados con cabalidad. Se señaló que por lo menos 13 personas – todas vinculadas con la empresa – deberían de haber sido incluidas en tal investigación. La demanda presentada en la Contraloría del Estado de Chiapas en 2010, contra el entonces Presidente Municipal de Chicomuselo, por recibir recursos económicos de la empresa canadiense sin comprobar su destino, no ha sido respondida.

En marzo de 2010, nueve organizaciones canadienses interpusieron una queja bajo CFPOA y ante la policía federal de Canadá por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. En julio de 2011 la policía federal canadiense (RCMP por sus siglas en inglés), basado en la evidencia conclusiva presentada, allanó la oficina de Blackfire en Calgary. Pero después de tres años y media la investigación sigue abierta.

Ante esta situación, demandamos respuesta a las autoridades mexicanas y canadienses para ejercer justicia por la muerte del Sr. Mariano Abarca Roblero y por corrupción del presidente municipal de Chicomuselo. Además, exigimos que el gobierno canadiense deje su política de la tal llamada ‘diplomacia económica’ que canaliza 100% del cuerpo diplomático de Canadá para promover los intereses privados y que en su lugar se adopte una política basada en el respeto para los derechos indígenas  y humanos, y para la protección de las defensoras y los defensores de sus territorios y el medioambiente. La RCMP tiene a mano todo lo necesario para concluir con la investigación de soborno por parte de Blackfire y para mandar sus conclusiones a la oficina del Fiscal de Canadá. Demandamos que esta oficina se pronuncie cuanto antes sobre el caso. Ambos países, Canadá como México, han suscrito instrumentos en materia de Derechos Humanos por lo que exigimos una respuesta de procuración de justicia.

Atentamente,

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NOTA RELACIONADA:

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Con Jenn Moore en la movilización en memoria de Mariano Abarca, víctima de la minería canadiense en México

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Mariano Abarca, habitante de Chicomuselo, en el estado mexicano de Chiapas, fue asesinado en diciembre de 2009 tras liderar la resistencia de su comunidad a la minera canadiense Blackfire. Su familia y decenas de organizaciones y redes mexicanas que resisten la minería realizaron este martes 20 y miércoles 21 de agosto un homenaje a su memoria con un panel en la sala “Digna Ochoa” de la Comisión de DDHH del DF mexicano y frente a la embajada canadiense, repectivamente.

En ese contexto, que incluyó la presentación del informe “Minería canadiense en México: blackfire exploration y la embajada de canadá, un caso de corrupción y homicidio”, la colaboradora de Radio Mundo Real en México e integrante del colectivo Hijos de la Tierra entrevistó a Jennifer Moore, de Minnig Watch Canada quien reflexionó sobre el informe y sobre el curso de las investigaciones sobre el asesinato de Mariano en su país.

“Obtuvimos documentos desde 2007 hasta 2010 y en ellos se ve que la embajada jugó un rol facilitador hacia la empresa desde el inicio de sus actividades hasta el cierre de la mina. Pese a que la embajada sabía de los problemas en torno a esa empresa con las comunidades”, señala la activista canadiense en la entrevista.

Después del asesinato y del cierre de la mina, agrega, “la embajada aún daba servicio a la empresa sobre cómo se podría demandar al estado de Chiapas. Realmente nos indignó bastante la información encontrada pero nos ayudó a entender la profundidad del respaldo y la facilitación que está haciendo la embajada canadiense a favor de empresas como Blackfire”.

En la elaboración de ese informe, en colaboración con Otros Mundos-Amigos de la Tierra Chiapas, participaron Minning Watch Canada, Fronteras Comunes Canadá y el sindicato de metalúrgicos United Steelworkers Canadá (USW).

“Estamos pidiendo un cambio regulatorio total para la minería canadiense hacia fuera del país”, señala Jennifer en el diálogo para Radio Mundo Real.

Foto: Mónica Montalvo

Próximos 20 y 21 de agosto

INFORME “MINERÍA CANADIENSE EN MÉXICO: BLACKFIRE EXPLORATION Y LA EMBAJADA DE CANADÁ, UN CASO DE CORRUPCIÓN Y HOMICIDIO”

20 de agosto de 2013:

Con la participación de: la Familia de Mariano Abarca (asesinado en noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas), Sergio Aguayo, Gustavo Castro (Rema Chiapas), Jennifer Moore (Mining Watch Canadá), COMDA; enlaces en vivo con Maude Barlow (Council of Canadians), Rick Arnold y  Raúl Burbano (Fronteras Comunes Canadá), Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL Canadá), United Steelworkers Canadá (USW), Red de Solidaridad de la Región Atlántica de Canadá (ARSN), Comité para la Justica Social de Montreal y demás organizaciones solidarias y prensa de Canadá.

Lugar: Sala “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Horario: 15:30 a 19:30
Fecha: 20 de agosto de 2013
Dirección: Av. Universidad 1449, col. Florida, pueblo de Axotla, delegación Álvaro Obregón, 01030 México Distrito Federal.
Entrada Libre

Con la transmisión en vivo de Hijos de la Tierra desde Los Tejemedios

CONVOCAN: FAMA A.C.; OTROS MUNDOS AC/ AMIGOS DE LA TIERRA MEXICO; REMA-CHIAPAS CONFERENCIA DE PRENSA Y ALTAR LUCTUOSO FRENTE A LA EMBAJADA DE CANADÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

21 de agosto de 2013:

Con la participación de: la Familia de Mariano Abarca (asesinado en noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas), David Bahena, Francisco López Bárcena, Gilberto López y Rivas, Jennifer Moore (Mining Watch Canadá), Gustavo Castro (Otros Mundos AC/Chiapas); COMDA, COCYP, CNPA; Revuelta Verde, Global Anti-Incinerator Alliance (GAIA); PIAP-Rema Guerrero, LaVida-Rema Veracruz, Bios Iguana-Rema Colima; Unitierra y Tiyat Tlali-Rema Puebla, FAMA-Rema Chiapas, entre otros.

Lugar: Embajada de Canadá en México
Dirección: Schiller 529, Col. Bosque de Chapultepec (Polanco); Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Horario: 10:30 a 13:30

Te esperamos!

Con la transmisión en vivo de Hijos de la Madre Tierra desde Los Tejemedios