COMUNICADO DE PRENSA
Amigos de la Tierra Internacional
10 de junio de 2014
GINEBRA (SUIZA) 10 de junio de 2014 – Los defensores del medioambiente enfrentan a menudo graves consecuencias por causa de sus acciones, sufriendo violaciones de sus derechos y siendo víctimas de violencia, según un informe de Amigos de la Tierra Internacional que se publicará el 26 de junio durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a realizarse del 10 al 27 de junio. [1]
«Recibimos en promedio una denuncia por semana de casos de violencia contra defensores de derechos ambientales y violaciones de sus derechos, y esto es tan sólo la punta del iceberg», dijo Lucia Ortiz, Coordinadora del Programa Internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.
Amigos de la Tierra Internacional documentó más de 100 incidentes de violencia contra defensores de derechos ambientales y violaciones contra sus derechos en 27 países en el período entre noviembre de 2011 y octubre de 2013, según el informe.
Más de la mitad de los asesinatos registrados por Amigos de la Tierra Internacional entre noviembre de 2011 y octubre de 2013 fueron asesinatos premeditados de dirigentes campesinos y muertes de campesinos durante enfrentamientos violentos por conflictos de tierras vinculados muchas veces a la defensa de territorios campesinos contra proyectos de desarrollo contaminantes, tales como represas hidroeléctricas, plantaciones de monocultivos o la extracción de petróleo, gas y minerales.
El nuevo informe exhorta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un tratado internacional para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas transnacionales. [2]
«Los defensores ambientales que defienden el derecho de las comunidades a decidir su propia senda de desarrollo frente a mega proyectos agenciados por empresas transnacionales son blanco de muchos tipos de violaciones de los derechos humanos, a menudo cometidas por empresas o en su nombre», dijo Lucia Ortiz, coordinadora del programa de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional.
Amigos de la Tierra Internacional forma parte de la Alianza del Tratado, una alianza decidida a ponerle punto final a las violaciones de derechos humanos perpetradas por las empresas transnacionales, que urge a los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos a que respalden una resolución que garantice el establecimiento de un sistema jurídicamente vinculante para que las empresas transnacionales respondan ante la justicia por sus violaciones de derechos humanos, y que ofrezca reparación y justicia para los pueblos y personas afectadas. [3]
«Necesitamos urgentemente un tratado internacional para hacerle frente a las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales. Si reconocemos el activismo ambiental en todas sus expresiones como una defensa legítima de los derechos humanos, podremos contribuir a la lucha de los defensores de los derechos ambientales y mantenerlos a salvo», dijo Alberto Villarreal, activista de campaña sobre comercio e inversiones de Amigos de la Tierra Uruguay.
Los siguientes defensores ambientales estarán presentes en Ginebra del 23 al 27 de junio:
1) Micaela Antonio González de Guatemala y Víctor Barro de Amigos de la Tierra España denunciarán las violaciones de derechos humanos perpetradas por la empresa española Hidralia en Guatemala.
2) Abeer Al Butmah de Amigos de la Tierra Palestina denunciará las violaciones de derechos humanos perpetradas por la empresa de agua israelí Mekorot en Palestina.
3) Godwin Ojo de Amigos de la Tierra Nigeria y Paul de Clerck de Amigos de la Terra Europa denunciarán las violaciones de derechos humanos perpetradas por la gigantesca empresa petrolera Shell en el Delta del Níger.
4) Alberto Villarreal denunciará las violaciones del derecho humano a la salud que representa la demanda de Philip Morris International contra las leyes de control del tabaco aprobadas en Uruguay.
Amigos de la Tierra Internacional objeta los «mecanismos voluntarios» como el Pacto Mundial y los Principios Rectores de Ruggie sobre Empresas y Derechos Humanos, ambos de la ONU, y considera que estos mecanismos no han logrado disminuir los ataques contra los defensores de derechos humanos, y sostiene por lo tanto que son insuficientes para proteger los derechos humanos.
NOTAS:
[1] El nuevo informe «Defendemos el medioambiente, defendemos los derechos humanos» se encuentra disponible en: http://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/human-rights-defenders-publications/we-defend-the-environment-we-defend-human-rights/
[2] El 7 de mayo de 2014, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil conocida como la Alianza del Tratado (Treaty Alliance), que representa a más de 500 grupos, exhortó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que apoyen en junio una iniciativa que daría inicio a un proceso para establecer un tratado internacional para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales. Por más información: http://www.foei.org/es/prensa/archivo-por-tema/justicia-economica-resistencia-al-neoliberalismo-prensa/groups-call-for-un-treaty-to-tackle-corporate-human-rights-violations/
[3] En el Consejo de Derechos Humanos, un grupo de 84 países propuso en septiembre de 2013 el establecimiento de un marco normativo y de aplicación que sea jurídicamente vinculante para las empresas, lo cual representa un reclamo histórico de los movimientos de derechos humanos y Amigos de la Tierra Internacional.
La Corte de Apelaciones de Comayagua, localidad hondureña, revocó una decisión judicial de septiembre que determinaba prisión para la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Bertha Cáceres, y medidas sustitutivas para sus compañeros Tomás Gómez y Aureliano Molina.
Nosotros, los abajo firmantes, miembros de la Campaña Global Desmantelemos el Poder de las Corporaciones y Paremos su Impunidad compartimos la preocupación expresada por muchas organizaciones y movimientos sociales sobre la disolución de Fundación Pachamama, y urgimos al Presidente Correa y al Estado del Ecuador a reconsiderar su decisión, así como considerar rever el Decreto 16 que justifica tal decisión.
Como una Campaña conformada por movimientos y organizaciones sociales resistiendo a los abusos de las Corporaciones Transnacionales alrededor del mundo, consideramos extremadamente preocupante que una organización social, como la Fundación Pachamama, que tiene una historia
La larga saga de acusaciones contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras el COPINH, llegó el pasado viernes a un punto clave cuando el Ministerio Público y la empresa DESA solicitaron medidas de prisión para su coordinadora, Berta Cáceres y medidas sustitutivas para otros dos integrantes de dicha organización.
Denunciamos que hoy a las 03 de la mañana, miembros de la Policía Nacional irrumpieron en la comunidad de la Tejera, Río Blanco, imponiendo terror, haciendo disparos, y violentando la casa del compañero Encarnación Méndez, amenazando a los 14 miembros de la familia -entre ellos 6 niños y niñas-. Estos policías de manera agresiva procedieron a registrar la casa, a sustraer pertenencias como celulares, focos, entre otros objetos, y luego sin presentar ninguna orden judicial, se llevaron secuestrado al compañero Desiderio Méndez, a quien amenazaban de torturar para “que hablara”, desconociéndose el rumbo en que lo llevaron. Cabe mencionar que el compañero Desiderio fue baleado en la represión contra el COPINH del 15 de julio, y es uno de los testigos de los hechos ocurridos.
Nuestras Compañeras y Compañeros del Ejido Puebla (Chenalvo’o, Chiapas) de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal están saliendo de la colonia por temor a su vida. Salen de sus casas caminando rumbo a una comunidad vecina en donde una Caravana de la Sociedad Civil conformada por 11 camionetas de organizaciones, colectivos y medios de comunicación independientes, los encontrarán para buscarles resguardo, en lo que es el segundo intento de la semana de dicha acción. Las familias del Ejido Puebla denuncian que el gobierno no está haciendo nada por evitar el desplazamiento ni por asegurar la integridad física de las 32 familias católicas de la comunidad.
Mariano Abarca, habitante de Chicomuselo, en el estado mexicano de Chiapas, fue asesinado en diciembre de 2009 tras liderar la resistencia de su comunidad a la minera canadiense Blackfire. Su familia y decenas de organizaciones y redes mexicanas que resisten la minería realizaron este martes 20 y miércoles 21 de agosto un homenaje a su memoria con un panel en la sala “Digna Ochoa” de la Comisión de DDHH del DF mexicano y frente a la embajada canadiense, repectivamente.