Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.

“Es una tragedia que lleva veinte años”

FOTOGRAFIA › LA SERIE EL COSTO HUMANO DE LOS AGROTOXICOS, DE PABLO PIOVANO, GANO DOS PREMIOS

Las imágenes captadas por el fotógrafo de Página/12 representan un testimonio potente y conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades del Litoral y el Norte argentino.

Por Andrés Valenzuela, Página/12

“Para mí este trabajo es, sobre todas las cosas, un acuerdo con la tierra”, plantea el fotógrafo de Página/12 Pablo Piovano. Su serie de fotos El costo humano de los agrotóxicos ganó esta semana dos premios internacionales. En el de la agencia FID Prensa se impuso por sobre más de 1300 participantes. Además, obtuvo el tercer lugar en el Premio Carolina Hidalgo Vivar de Medio Ambiente, una de las categorías de Pictures of the Year Internacional, en la sección iberoamericana. La serie de doce fotos presenta un testimonio conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades de las provincias del Litoral y el Norte argentino. “Me fui dos veces a recorrer más o menos 6000 kilómetros en cada viaje porque veía cifras que eran alarmantes y no había ningún tipo de información seria, no se visibilizaba un asunto que es un genocidio por goteo”, cuenta Piovano.

Los datos que aporta apabullan: un tercio de la población Argentina está afectada directa o indirectamente por el glifosato. Son 13.400.000 personas que viven en los alrededores de la zona tratada con estos agroquímicos. En 2012 se utilizaron 370 millones de litros de agroquímicos sobre 21 millones de hectáreas sembradas con semillas transgénicas, es decir, sobre el 60 por ciento de la superficie cultivada del país. En la última década se triplicaron los casos de cáncer infantil y las malformaciones congénitas se cuadruplicaron. Aunque cuesta zanjar la cuestión entre informes científicos de uno u otro bando, para el fotoperiodista la causalidad es clara. Por eso, advierte que el glifosato y otros agroquímicos están prohibidos en 74 países.

“Me resultaba increíble, por eso salí a constatarlo, a documentarlo –continúa–; la primera vez me acompañó Arturo Avellaneda, un militante, y fue simplemente para hacerme compañía, para bancarme.” Las escenas que presenciaban eran tan duras que Avellaneda lloraba tres veces por día, revela Piovano. “El tiene una conciencia biológica muy fuerte, es un tipo muy instruido, y se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero en Chaco me dijo que no daba más, y seguí solo hasta Misiones.” Para Piovano su material es “muy fuerte”. Y no exagera nada: se queda corto.

El segundo viaje también lo hizo de forma independiente, como una suerte de misión personal. Para esta segunda experiencia sumó al periodista Carlos Rodríguez –también de Página/12–, para que pudiera plasmar un testimonio escrito de lo que comprobaban. “Para mí la causística que hace que una persona tenga una enfermedad, una malformación, un cáncer, una columna bífida o hidrocefalia, tiene que ver con que se haya fumigado durante las primeras temporadas de embarazo, o que sus padres hayan trabajado toda su vida ahí o los niños hayan nacido en ese contexto”, señala. Las fotografías de la serie revelan ese impacto en la salud de las poblaciones rurales. “En un pueblo de Chaco tienen un pozo común que abren dos horas al día, esa agua es fumigada y lo doloroso es ver cómo ese agua de consumo familiar se carga en los bidones recién vacíos de glifosato.”

“Este trabajo tiene la intención de ser un trabajo documental de largo aliento –plantea Piovano–. Es distinto a mi tarea de todos los días, al retrato de alguien del mundo de la cultura, quizás; aquí enfrente hay víctimas, están el dolor y la enfermedad.” El fotógrafo se siente también obligado hacia las 70 familias que le abrieron las puertas de sus casas para que los retratara. “Esto es una tragedia que lleva 20 años, cuando ya en el ‘96, siendo (Carlos Saúl) Menem presidente, Felipe Solá como ministro de Agricultura firmó un acuerdo con Monsanto, con folios en inglés y sin constatar con científicos nacionales e independientes. Este es el costo humano de este nuevo sistema agropecuario, que produce una rentabilidad enorme, pero también un daño irreparable.” El trabajo continúa. Los premios internacionales que ganó, confía, serán puertas para abrir al mundo un tema crucial que los medios concentrados no abordan.

Algunas de sus fotos en el Suplemento RADAR.

por Raúl Zibechi, en cipamericas.org

Campaña Paren de Fumigados

En los pequeños pueblos de la pampa argentina, las fumigaciones con glifosato enferman a la población y contaminan la vida. La resistencia al modelo de agricultura industrial crece día tras día.

“Estoy aquí porque enterré a cuatro familiares”, dice Raquel en un tono casi inaudible. “Mi papá, mi primo y un hermano de mi papá que trabajaban fumigando, además de mi hermano que trabajaba en una escuela rural”. Raquel es maestra y vive en Elortondo, un pequeño pueblo de seis mil habitantes a 300 kilómetros al sur de Santa Fe, donde reinan la soja y las enfermedades provocadas por las fumigaciones.

“El 80 por ciento son gente de campo”, agrega.

 

Raquel carga una pesada carpeta con trabajos de sus alumnos de 7° grado, casi todos de 13 años. Con ellos hicieron una amplia encuesta para conocer la realidad sanitaria de la población. La escuela está pegada a las vías del tren y frente a los silos secadores de soja. Casi todos los encuestados por los niños, sus vecinos y familiares, tienen conciencia de los problemas de salud que provocan las fumigaciones.

“Para llegar a la escuela hay que pasar cerca de los silos y no se puede respirar. Los niños que salen a la calle mientras funciona la secadora quedan con la ropa blanca, que es el polvillo que sale de los silos que se difumina en la escuela y en todo el pueblo”, explica la maestra. El proyecto que encabeza Raquel se llama “Somos lo que respiramos”, pero las autoridades les impidieron concursar ya que aborda un tema “polémico”.

Se pone triste y apaga aún más la voz cuando relata la indiferencia de las personas que podrían implicarse en la defensa de la salud. Es común que en los pueblos el presidente comunal, la directora escolar y la cooperadora con la escuela tengan algún tipo de relación con los plantadores de soja. “Vine porque en el pueblo queremos formar un grupito, para hacernos sentir”. Con esa intención llegó al 17° Plenario de la Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia de Santa Fe.

Los pequeños grandes avances

Carlos Manessi y Luis Carreras, dos de los militantes del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), sienten que el muro de silencio se va resquebrajando por las dos noticias que se difundieron en las semanas anteriores a la celebración del plenario, a cuya organización dedicaron muchas horas de trabajo al “viejo estilo”: dedicar todo el tiempo posible a la causa.

La primera es que la Organización Mundial de la Salud declaró el 20 de marzo que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y que el mismo herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”. El periodista ambiental Darío Aranda escribió que “el glifosato desde hace más de diez años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas” (MU, 22 de marzo de 2015).

En Argentina hay 28 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón) sobre los que se riegan 300 millones de litros de glifosato cada año. Pero también se utiliza en frutales, girasol, pasturas, pinos y trigo. Aranda explica que en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, uno de los espacios de la OMC, 17 expertos de once países trabajaron durante un año para llegar a la conclusión de que el glifosato es cancerígeno.

El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo, tanto en productos de aplicación agrícola como en espacios urbanos y en el hogar. El producto de Monsanto se comenzó a usar masivamente con el desarrollo de los cultivos transgénicos. En 1996 en Argentina se usaban 11 millones de litros de glifosato, pero ese año se aprobó la soja transgénica y la Red de Médicos de Pueblos Fumigados estima que ahora se utilizan 320 millones de litros.

En 2009, Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet) advirtió que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios. Como recuerda Aranda, “debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos”.

Carrasco abrazó la causa de los afectados por el glifosato, apoyó incondicionalmente a las poblaciones de los pueblos fumigados como las Madres de Ituzaingó[1], afirmaba que “la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas”. Falleció en mayo de 2014, semanas después de participar en la escuelita zapatista y hoy es un símbolo de la lucha contra los agrotóxicos.

La segunda resolución que anima a Luis y Carlos es la reciente del Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe, del 25 de marzo, que prohíbe la aplicación del potente tóxico 2,4-D en toda la provincia y restringe severamente la aplicación aérea y terrestre. En adelante sólo podrá usarse en aplicaciones aéreas a más de 6.000 metros de las poblaciones y en las terrestres a más de 1.000 metros de los centros poblados (http://www.cepronat-santafe.com.ar/, 31 de marzo de 2015).

En junio de 2014 Cepronat había presentado un expediente solicitando la prohibición o restricción del 2,4D, el agrotóxico que es el segundo herbicida más usado por la agricultura en la Argentina y el tercero en Estados Unidos. De este modo, la provincia se convierte junto a Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba, en una de las primeras en adoptar restricciones.

38 años resistiendo

Cepronat participa en la Campaña Paren de Fumigarnos, nacida en setiembre de 2006 en las provincias más afectadas del país. Santa Fe es junto a Córdoba y Buenos Aires una de las tres principales provincias sojeras. Sólo en Santa Fe la campaña reúne organizaciones y personas de cien localidades que, como señala uno de sus documentos, “veían deteriorar su calidad de vida y cambios en la forma de enfermar y de morir”.

La campaña cuenta con el apoyo de organizaciones barriales, culturales y sindicatos, como el de los maestros que cedieron el camping a 15 kilómetros de la ciudad para albergar al medio centenar de participantes del plenario. En la ronda de presentaciones se nombran unas 20 organizaciones de varios pueblos, algunos de los cuales se definen como “refugiados ambientales”, que serían hasta 250 mil en la provincia.

Una decena de militantes (del Cepronat y de otras organizaciones que integran el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente) preparan el espacio del encuentro, registran a los asistentes y colocan carteles. Ezio, el “presidente” de Cepronat, transpira bajo el fuerte sol del mediodía junto a la parrilla donde prepara la comida. Luis no para de trajinar, con sillas, con cajas y botellas, de trepar para colocar pancartas. Carlos abre el plenario y explica los modos de trabajo. Un equipo de gente sencilla, entregada a la lucha por la vida.

Cepronat nació en 1977, en plena dictadura militar, dos meses antes que la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Todos los meses publican el boletín El Ambientalista (que ya lleva 284 ediciones) con informaciones sobre los pueblos fumigados, denuncias de productos que dañan la salud y de cualquier iniciativa que destruya el medio ambiente.

El Centro de Protección de la Naturaleza “es la primera organización no gubernamental formada por ciudadanos preocupados por el ambiente en el interior de la Argentina”, que ya en 1978 se involucró en frenar las fumigaciones de mosquitos en Santa Fe, realizó cientos de plantaciones de árboles autóctonos en la ciudad y fue una de las primeras organizaciones en oponerse a la IV Central Nuclear y conseguir la ordenanza que declara “Santa Fe No Nuclear” (El Ambientalista N°283, marzo 2015).

En la década de 1990 promovió el rechazo a una represa en el Paraná Medio. Desde que comenzó a implementarse el nuevo modelo agrícola a mediados de la década, se encuentran en una encrucijada que los lleva a abordar los dos problemas principales: las aspersiones con agrotóxicos y la defensa de los espacios públicos urbanos. Es una misma lucha o, mejor, la resistencia a un mismo modelo.

Luis relata con inocultable pasión una de las últimas batallas en la que estuvo empeñado Cepronat: la defensa del parque Alberdi, un emblemático espacio verde en el corazón de la ciudad, muy cerca del río Paraná. El gobierno de la ciudad decidió remodelar el parque que alberga más de cien árboles, con menos verde, más cemento y la concesión a una empresa privada.

Lo que más rechazo generó fue la decisión de construir 300 plazas semisubterráneas para coches porque cambia la fisonomía del parque, mientras los empresarios privados que la construyen tendrán la explotación por 30 años, abonando un canon de poco más de cien dólares mensuales. La comuna les entrega un espacio público de 15 millones de dólares cuya inversión recuperarán en los primeros cinco años.

Cuando comenzaron a talar los árboles cientos de vecinos ocuparon el parque, el 14 de junio de 2014, instalaron tiendas y durmieron allí durante varios días. Crearon la Asociación Ciudadana en Defensa de lo Público y los días 14 de cada mes retornan en grupos al parque recordando la fecha de la toma. La privatización y especulación con los espacios públicos es parte del mismo modelo extractivo que los monocultivos de soja y la minería a cielo abierto.

Enfermedad y dominación

La ronda empieza los debates. Luego de las presentaciones de rigor, Carlos recuerda que la Campaña Paren de Fumigarnos lleva más de seis años recorriendo pueblos, realizando tres plenarias provinciales cada año y que ahora cuenta con la presencia del grupo de médicos de la Universidad de Rosario y de un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, además de un grupo de la vecina Paraná.

Entre los testimonios de los afectados, destaca –además de Raquel de Elortondo- el de Roberto, de Ceres, una ciudad de 15 mil habitantes a 260 kilómetros al noroeste de la capital. Tiene 38 años y trabajó nueve como aplicador de agroquímicos manejando un “mosquito” hasta que comenzaron los dolores de estómago. Hace varios años que no puede trabajar porque perdió movilidad en los brazos. En el hospital le recetaron medicamentos psiquiátricos porque creían que mentía. Muchos médicos son cómplices del modelo y se resisten a aceptar la realidad de las fumigaciones.

Daniel Verzeñassi, bioquímico e integrante del Foro Ecologista de Paraná, advierte que “no sólo nos fumigan a través del aire sino del agua contaminada”. Explica que el agua de lluvia arrastra los tóxicos hasta las capas subterráneas de las que se saca el agua para consumo humano. “Los 800 o mil metros que exige el movimiento de distancia de las fumigaciones del lugar de residencia, es necesario pero insuficiente. Somos todos pueblos fumigados”, concluye.

En la ronda, alguien dice una frase densa, de esas que golpean como piedras: “Cuando predomina la enfermedad perdemos libertad”. Luego explica que la enfermedad se construye como dependencia del enfermo, anulando su autonomía. En los tres grupos que se formaron para profundizar el debate, salieron casi todos los temas centrales: desde el miedo que existe en los pequeños pueblos, que impide la denuncia y la organización, hasta la necesidad de estudiar y formarse para luchar mejor.

Alguien se pregunta “¿cómo cambia la gente?”. En el intercambio hay unanimidad en evaluar que mientras trabajaron contra las fumigaciones y los cultivos de soja, no conseguían remover la indiferencia. Pero cuando decidieron centrarse en la salud y las consecuencias sanitarias del modelo, la gente comenzó a denunciar los casos de cáncer, leucemias y malformaciones.

El médico Damián Verzeñassi recordó que de los cien mil productos liberados al ambiente desde el fin de la segunda guerra mundial (1945), “sólo dos o tres mil fueron evaluados desde el punto de vista cancerígeno”. Sostiene una tesis polémica pero que debemos contemplar: los alimentos forman parte de un proyecto geopolítico de control de la población mundial. ¿Exagerado? Días después del plenario de la Campaña, dos científicos mexicanos del Instituto de Ecología de la UNAM recordaron que “Monsanto y el gobierno de Estados Unidos conocían de la toxicidad del glifosato desde 1981” (La Jornada, 17 de abril de 2015).

Por su parte, el sindicato de maestros AMSAFE (Asociación de Magisterio de Santa Fe) destacó que en toda la provincia hay 800 escuelas rurales y periurbanas en las que trabajan dos mil maestros. El sindicato recibe muchas denuncias de maestros que enferman de cáncer y de escuelas que cierran los días de fumigaciones. Muchos directores de escuelas tienen miedo a denunciar. Para visibilizar la situación se proponen convocar un Congreso Provincial de Escuelas Fumigadas.

Campamentos sanitarios

La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, la mayor ciudad de la provincia y la tercera del país, vivió un viraje político en 2007, con el triunfo de una corriente que realizó cambios de fondo en la carrera. Uno de esos cambios fue la introducción de los “campamentos sanitarios” que son “un dispositivo creado en el año 2010, como Evaluación Final Integradora del Ciclo de Práctica Final de la Carrera de Medicina, que integra evaluación, investigación, docencia y extensión”, según lo define Damián Verzeñassi, responsable académico de esa materia.

Sostiene que los campamentos son una herramienta de análisis epidemiológico de las comunidades y que un estudiante no debe terminar sus estudios sin tener una experiencia que le deje en claro que obtuvo su título gracias a los aportes de toda la población y no sólo por méritos personales. Los campamentos duran cinco días y participan entre 90 y 150 estudiantes de la misma cohorte, por lo cual se realizan campamentos cada tres meses.

La facultad firma un acuerdo con el municipio, que debe ser de menos de 10 mil habitantes. Al campamentos acuden los docentes, entre diez y quince, la facultad se encarga del traslado y los equipos y el municipio del alojamiento (duermen en colchones en el suelo en escuelas o polideportivos) y la alimentación. En los tres meses anteriores los estudiantes preparan el campamento, ya saben a qué localidad van a ir y todo lo que tienen que hacer durante los cinco días que estarán en el pueblo.

A cada estudiante se le adjudica una manzana para que lunes y martes visiten todas las casas y encuesten a todas las personas. La encuesta busca una caracterización socioeconómica del grupo familiar y los principales problemas de salud que han padecido, en el último año y a su vez en los últimos 15 años. “Conseguimos una cobertura del 76% de la población en los 21 campamentos realizados”, explica Verzeñassi.

El miércoles construyen un perfil sanitario de la población. “Los docentes evaluamos el trabajo de los estudiantes, su capacidad de entrevistar, de generar empatía con el sujeto, de construir una hipótesis de diagnóstico y de identificar los elementos determinantes de la situación de salud de la familia. Además convierten transformando las escuelas en un gran hospital de campaña, donde hacen un examen físico y control de salud de los niños, controlando crecimiento, desarrollo y las posibles patologías.

El jueves hacen talleres de promoción de salud y prevención de enfermedades en las escuelas primarias y secundarias, pero también en las plazas y centros sociales, “porque los médicos tienen que tener la capacidad de compartir con la comunidad sus saberes para construir una comunidad más saludable. De ese modo podemos evaluar al estudiante en la práctica concreta con la gente que es lo que va a hacer cuando trabaje como médico”.

El viernes los docentes hacen la evaluación de los estudiantes y por la tarde convocan a todo el pueblo para hacer la devolución de los resultados. Luego en la facultad comparan los resultados de las diferentes comunidades a lo largo de estos años que llevan haciendo campamentos, fijando la atención en la evolución de las enfermedades en los últimos 15 años.

“Hemos comprobado que ha existido un crecimiento del cáncer que oscila entre cuatro veces y media y hasta siete más que en el primer quinquenio. Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos nos da incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué hay en común en todos ellos y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos”, señala indignado.

Una guerra química

En 2008 en Argentina había 206 casos de cáncer cada 100 mil habitantes. En algunos pueblos encontraron hasta dos mil casos, casi diez veces más. En cuanto a las malformaciones, se llega a seis niños en algunos pueblos de 4.000 habitantes cuando la prevalencia es de un caso por millón. Pero lo que más les llama la atención es que no aumenta el mismo tipo de cáncer que había antes sino que aparecen nuevos: linfomas, leucemias, cáncer de tiroides, páncreas y mamas.

Un estudio que se divulgó en el Plenario de Paren de Fumigarnos, realizado por la Universidad de La Plata a pedido de las autoridades de Monte Maíz (un pueblo agrícola de 8.200 habitantes en la provincia de Córdoba) descubrió que hay tres veces más cáncer que el promedio del país. La tasa de abortos espontáneos asciende a 9,9% de las mujeres embarazadas, frente al 3% de media nacional.

La hipótesis de “una guerra química” que busca controlar a los pueblos cobra vigor si tenemos en cuenta que empresas multinacionales y autoridades tienen perfecta conciencia de las consecuencias esperables cuando liberaron los plaguicidas.

Sin embargo, algunas cosas están cambiando, como lo demostró el encuentro de la Campaña Paren de Fumigarnos. En los pueblos existe una clara conciencia de lo que está sucediendo, como demuestra la encuesta escolar de Raquel en Elortondo. De ahí a organizarse, hay un paso: perder el miedo. Pero ese paso lo están dando cada vez más personas en más lugares.

La segunda, es que hay cambios en la academia. Verzeñassi nos recuerda que a comienzo de los campamentos había mucha resistencia entre docentes y alumnos que decían, “no querían trabajar gratis”. Pero de los diez últimos campamentos siete se hicieron a pedido de un médico del pueblo que era un graduado que había participado en los campamentos”. Este cambio en los médicos, y en los docentes –que son figuras claves en los pueblos rurales- puede torcer la balanza contra el modelo de agricultura industrial.

Sin duda la situación es bien diferente a la que existía en 2006 cuando comenzaron la campaña. La campaña contra las fumigaciones no conoce pausas. En junio se realiza en Rosario el 3er. Congreso de Salud Ambiental y el 1er. Encuentro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de América Latina. Se inaugura el 16 de junio, fecha del cumpleaños de Andrés Carrasco, símbolo de ese compromiso.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org)

[1] Ver “El modelo extractivo rechazo en las calles”, en http://www.cipamericas.org/es/archives/10888

Cinco millones de personas fallecen cada año por su exposición a sustancias químicas

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Fernando Bejarano González
Desde antes de nacer hasta nuestra muerte vivimos expuestos a cientos de sustancias químicas tóxicas como nunca antes en la historia de la humanidad. Pueden estar en los productos que usamos todos los días: en la pasta de dientes, los plásticos, los muebles, el ordenador, en nuestro trabajo, y en el ambiente: en el agua, aire, suelo o los propios alimentos. Muchas veces estamos expuestos a esta contaminación química sin darnos cuenta, de manera que no lo perciben nuestros sentidos, en pequeñas dosis pero de manera crónica y múltiple. Sin embargo, la regulación y control de estos productos no es proporcional a su peligrosidad

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Por: Juliana Fregoso. Revista SinEmbargo.mx

En México están registrados comercialmente 186 plaguicidas altamente peligrosos que contienen sustancias cancerígenas, han sido prohibidos en Europa o bien, no se venden en otros países porque las empresas que los comercializan se negaron a seguir invirtiendo en pruebas que dejen claro cuáles son sus efectos, según un comparativo de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“En México hay, por ejemplo, 85 ingredientes activos de plaguicidas que se comercializan en cientos de formulaciones que no están autorizados en la Unión Europea debido a sus efectos en la salud y/ o el medio ambiente, o porque las empresas transnacionales decidieron retirarlos del mercado europeo porque no quisieron invertir en presentar las nuevas pruebas exigidas por las autoridades europeas sobre su impacto a la salud y ambiente”, alertó Fernando Bejarano, director de la Red.

Destacó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) tiene autorizados, según su base de datos aproximadamente 782 ingredientes activos usados como plaguicidas en un poco más de 5 mil 600 formulaciones comerciales (esto incluye no sólo los de síntesis química, sino aceites y extractos vegetales y organismos vivos, aunque estos últimos son la minoría).

Los datos precisos sobre el uso de plaguicidas, su cantidad y el lugar donde se aplican “sigue siendo una información confidencial de las empresas que lo comercializan; no hay un registro de uso de acceso público, es un derecho público no reconocido”, mencionó Bejarano.

Puede considerarse plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destine a controlar una plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas y de animales, así como las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal.

En México están autorizados 62 ingredientes activos altamente tóxicos para abejas (según la clasificación de la EPA de Estados Unidos) para uso agrícola y algunos de ellos están prohibidos en Europa como fipronil, y el imidacloprid.

“Muchos plaguicidas pueden representar un riesgo a los seres humanos. Por otro lado, en la mayoría de los casos, la cantidad de estos plaguicidas a los que se encuentra expuesta la gente es muy pequeña como para representar un riesgo”, considera por su parte el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en su página de Internet.

Entre la sociedad civil ha surgido la preocupación por el uso de estas sustancias, ya que no hay existe la certeza de que no afecten a la salud o al medio ambiente, especialmente los plaguicidas de síntesis, de moléculas químicas diseñadas en el laboratorio. Lo que se conoce son las características de su peligrosidad en muchos de ellos y se pretende controlar su riesgo si se usa un equipo de protección adecuado y se siguen las instrucciones de las etiquetas; pero en climas tropicales es inviable el usar trajes de protección, por tanto, para los habitantes de estas zonas, tienen una mayor toxicidad aguda, y las etiquetas advierten generalmente de los efectos tóxicos a corto plazo pero no de los efectos crónicos.

“Los que más nos preocupan son los plaguicidas altamente peligrosos que se definen porque tengan uno más de los siguientes efectos: una alta toxicidad aguda, o toxicidad crónica en humanos (cáncer, mutagénesis, daño reproductivo, o ser perturbadores endocrinos); los que están incluidos en algún convenio ambiental, y los que tienen una toxicidad ambiental relevante (muy persistente o bioacumulativa en agua y/o sedimentos y altamente tóxico para abejas). En México hay 160 ingredientes activos que son plaguicidas altamente peligrosos autorizados para uso agrícola según los criterios descritos anteriormente; entre ellos 31 ingredientes activos que están clasificados como probables carcinógenos en humanos según el Sistema Global Armonizado que adopta la Unión Europea”, explicó el representante de RAPAM.

Distintos estudios, citan por su parte, el ejemplo del herbicida paraquat prohibido en 36 países, comercializado por la suiza Syngenta como Gramoxone y autorizado en México junto con otras empresas en 38 registros comerciales; el herbicida atrazina prohibido en Europa por el riesgo de contaminación de mantos acuíferos subterráneos y con 32 registros comerciales autorizados en nuestro país, incluido Syngenta.

Otros ejemplos de plaguicidas altamente peligrosos no autorizados en la Unión Europea son el insecticida carbofurán de alta toxicidad aguda, considerado un perturbador endocrino y de alta toxicidad para las abejas; los insecticidas dicofol y metamidofós (con 27 registros comerciales en México, incluido Tamarón de Bayer) que están bajo evaluación por el Comité de Examen del Convenio de Estocolmo por su toxicidad, persistencia y bioacumulación para su posible prohibición mundial.

LA PREOCUPACIÓN ES QUE NO PREOCUPA
De acuerdo con lo expresado por el director de Rapam, en el país se le ha dado poca importancia al tema y, hasta ahora, las autoridades no reconocen que hay un problema nacional y que es necesario un cambio de política.

Quienes comercializan estos plaguicidas son las mismas trasnacionales que dominan el mercado mundial: Bayer, Syngenta, Dow, BASF, Monsanto más algunas empresas mexicanas como Agricultura Nacional y otras.

En este sentido, José Alberto Lara Pulido, maestro de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, destacó que para desincentivar el uso de plaguicidas que provoquen daño a la salud o que sean agresivos con el medio ambiente, la Reforma Fiscal aprobada el año pasado contempla impuestos adicionales a las sustancias que, se considere, afectan al medio ambiente o a la salud, mismo que deben asumir las empresas o el consumidor final.

La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) contempla tasas que van del 9 al 6 por ciento, dependiendo del grado de toxicidad, mismo que contempla en cinco categorías.

“Lo relevante es que a la hora de comprar vas a tener un costo que no tenías, entonces eso va a obligar a los consumidores a seguir comprando el producto o a cambiarlo por otro más amigable, y en el caso de las empresas, las va a orillar a transformar sus sistemas y tecnologías de producción en algo que sean más benéfico para todos”, expresó el académico.

El representante de RAPAM dijo por su parte que si bien es cierto que la Cofepris, de la Secretaría de Salud niega los permisos de importación del endosulfán a partir del primero de enero de 2013 para agotar las existencias actuales, y estableció como fecha límite de venta el 31 de diciembre de 2014; no informa a la población de los riesgos a los que se expone si entra en contacto con este plaguicida que, por su toxicidad, persistencia y bioacumulación forma parte de la lista del Convenio de Estocolmo para su eliminación.

“Se sigue una política neoliberal productivista, creyendo que será el mercado y las empresas transnacionales los que traerán los cambios necesarios, no se reconoce el grave peligro de salud pública y ambiental que ocasiona su libre uso y esto se va agravar con la idea de promover más los cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas como soya tolerante a glifosato o maíz transgénico tolerante al herbicida glifosato y /o glufosinato de amonio”, expresó.

“No hay un riesgo aceptable si se puede evitar” declaró Fernando Bejarano, y añadió “es hora de cambiar la política neoliberal que privilegia los intereses mercantiles y fomentar alternativas agroecológicas en una política de sustitución paulatina de plaguicidas altamente peligrosos para reducir riesgos a la salud y el medio ambiente en cumplimiento del Convenio sobre el Enfoque Estratégico de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM, por su sigla en inglés)”.

LOS MÁS AFECTADOS

Sin mencionar cifras, el INECC reconoce que la gran mayoría de los casos de intoxicación por plaguicidas afectan a agricultores y trabajadores del campo, ya que estos últimos son los que están en contacto directo con estas sustancias químicas, al aplicarlas a los cultivos y trabajar en las tierras o en los huertos donde se utilizan.

Las familias de los campesinos, en particular los niños y los lactantes, también están expuestos a los plaguicidas. En muchos países, los niños participan en las actividades agrícolas de la familia, en las que se utilizan plaguicidas, o transportan productos tratados con plaguicidas para el comercio local.

En los casos de intoxicaciones con plaguicidas la vía principal de entrada es la piel. Sin embargo, las intoxicaciones que ocurren durante el desempeño del trabajo, también pueden ocurrir por la inhalación de gases y partículas, por vía oral y a través de los ojos.

Una incompleta y envenenada Historia

Gustavo Duch Guillot
Fuente: http://gustavoduch.wordpress.com/2010/08/25/una-incompleta-y-envenenada-historia/

Una parte de la historia no se cuenta en los libros de escuela. Las bibliotecas se olvidaron de ella y sólo llena las páginas de los registros de defunciones. Las corporaciones responsables de ellas –fábricas de agrotóxicos- están cómodas en la distracción. Sus pócimas para el cultivo de alimentos son irrespirables y… sin respirar no se vive.

Guerra Civil en los EEUU. La mayor suministradora de pólvora al ejército de la Unión fue DuPont. Dupont, coinventora de los CFC (sustancias dañinas para la capa de ozono) hoy sigue en negocios químicos: es dueña de Pionner una de las impulsoras de semillas transgénicas resistentes a agroquímicos, especialmente el glifosato.

Segunda Guerra Mundial. El gas Zyklon B que se utilizaba en las cámaras de exterminio nazi, era un insecticida fabricado por IG Farben. Lo supieron millones de seres humanos. La herencia de IG Farben se repartió entre Bayer, BASF y Hoechst. Todo, excepto las responsabilidades penales.

1945. Mientras la bomba atómica mutilaba Hiroshima un barco americano viajaba también hacia Japón. En sus bodegas transportaba agrotóxicos. La guerra para estrenarlos tuvo que esperar. El ‘agente naranja’ destruyó millones de hectáreas de bosques y cultivos en la guerra del Vietnam (1956). Sólo los soldados americanos afectados por los efectos cancerígenos del veneno de Dow Chemical o Monsanto recibieron indemnización.

1979. Estados Unidos prohibió el uso del agrotóxico Nemagón. Dow Chemical, su productora, sabia de sus efectos sobre la salud de las personas que lo utilizaran. Pero alargaron la venta en las plantaciones de Centroamérica. Sólo en Nicaragua han muerto más de 1.400 trabajadores y trabajadoras expuestos al veneno.

1984. La fábrica de pesticidas de Unión Carbide en Bhopal, India, escupió veneno y más de 10.000 personas murieron en pocos días. Otras 15.000 personas han fallecido en los años siguientes y más de 100.000 continúan con problemas de salud. Dow Chemical, que compró la Unión Carbide, tenía aprendido el negocio: la transacción no incluye responsabilidad sobre lo sucedido.

2010. Se cierra el círculo. Una revista científica publica un estudio que demuestra que malformaciones observadas en humanos son compatibles con la exposición al glifosato durante el embarazo. Pero sigue en expansión la soja transgénica devota del glifosato de compañías como Monsanto, DuPont o Bayer.

Los banquillos de la justicia [des]esperan.

La contaminación de la tierra y el agua en Chiapas por el uso de tanto agroquímico es alarmante. Los índices de cáncer y enfermedades en las comunidades indígenas y campesinas van en aumento. Algunos ríos presentan ya índices graves de contaminación causados por las plantaciones de monocultivos (hule, palma africana, eucalipto, etc.) o por los ingenios azucareros. Esta contaminación se agrava más con la que se acumula en las presas de la entidad. Ante esta situación, muchas comunidades de Chiapas de la región Selva, Norte, Altos y Fronteriza se han sumado a las campañas contra el consumo de agroquímicos e iniciado la búsqueda de alternativas orgánicas.

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El Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI) informó que la población rural de Chiapas ha disminuido del 76.9% al 54.3%. Y es que la situación en el campo chiapaneco no es para menos. El maíz natural ha disminuido y a su vez ha aumentado la importación de maíz patentado proveniente de los Estados Unidos. Las empresas no compran a los indígenas y campesinos a menos que siembren las marcas de las grandes trasnacionales. El gobierno federal y el estatal les insisten que ya no siembren maíz. También los monocultivos han aumentado y con ello el desplazamiento de la población rural. La crisis del campo se va agudizando aceleradamente y con ello la migración. Los militares y paramilitares siguen a la par que los desplazados.

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Afecta al sistema nervioso central y provoca vómitos y diarrea seguido de convulsiones si tan sólo nos exponemos a él unas cuantas horas. Se acumula en la grasa, en los riñones y el hígado causándoles severos daños, al igual que al sistema reproductor. Los niños y las niñas son más susceptibles a los efectos tóxicos del lindano, sobre todo cuando es usado para eliminar los piojos del cabello en las comunidades rurales, como se hace también aplicando el insecticida “Baygon” de la empresa Bayer en la zona norte de Chiapas. En la Zona Altos el lindano también es frecuentemente usado por los promotores de la Secretaría de Salud para la aplicación en niños y niñas hasta de cuatro meses de nacidos para combatir los piojos del cabello. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) señala que ha habido informes sobre inflamación del tracto digestivo, hemorragia, coma y muerte por el envenenamiento con lindano. La IARC como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) han clasificado al lindano como un posible carcinógeno humano.

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