Dentro de las acciones de la Jornada por el Día del Maíz compartimos este vídeo y el siguiente artículo publicado en El País que hablan sobre el Glifosato – A 4 de septiembre 2019

Niños orinan herbicida glifosato en Autlán, Jalisco

{YOUTUBE}XhnZRh2N80U{/YOUTUBE}

Un día los niños de una escuela reportan dolores de cabeza y de estómago; al día siguiente alguien más vomita durante el almuerzo. Exámenes de orina demuestran que el 100% de los niños han estado en contacto con el glifosato, un poderoso herbicida que requiere portar equipo especial a la hora de aplicarlo, pero que en Autlán, Jalisco, se aplica en parcelas a lado de una escuela. #Glifosato #Herbicida #Jalisco

Plumas Atómicas es un colectivo de periodistas que lanza contenidos, tanto audiovisuales como escritos, capaces de incidir en el la agenda y la discusión pública. Desde el margen buscamos incidir en el centro de la discusión. Somos armas de discusión masiva. Nuevos videos de lunes a jueves a las 6 pm y sábados a las 10 am hora de México.

Alemania prohibirá el glifosato en 2023 para proteger a los insectos

Ana Carbajosa Berlín 4 SEP 2019 

31 de diciembre de 2023. Esa es la fecha a partir de la cual el gifosato estará prohibido en Alemania, según los planes del Gobierno presentados el miércoles. El polémico pesticida tiene también fecha de caducidad prevista en la Unión Europea, donde hasta el momento solo cuenta con autorización hasta finales de 2022.

El pasado julio, Austria se convirtió en el primer país en prohibir el popular herbicida que, según sus detractores tiene consecuencias nocivas para la salud y según Bayer, su fabricante, no hay suficientes evidencias científicas que lo corroboren. En 2015, el grupo de investigación sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el IARC la Salud, clasificó el glifosato como “posiblemente cancerígeno para humanos”.

La prohibición del glifosato se enmarca en Alemania en una campaña del Ministerio de Medio Ambiente de lucha contra la extinción de los insectos. La biodiversidad y la protección de los insectos, sobre todo de las abejas se ha convertido en una fuerte preocupación para muchos alemanes.

El uso de pesticidas como una de las principales causas de mortandad de los insectos, es uno de los aspectos que desarrolla el paquete de medidas del Gobierno alemán. El objetivo es “reducir sistemáticamente” a partir de 2020 el uso de productos que contengan glifosato en parques y jardines privados y en los campos antes de las cosechas y “eliminar totalmente” su uso un año más tarde. El Ministerio de Medio ambiente indica que los herbicidas de amplio espectro como el glifosato eliminan no solo las llamadas malas hierbas, sino también plantas de las que dependen especies de insectos para su alimentación.

Protección de insectos

El Gobierno alemán destinará 100 millones al año para la promoción de medidas de protección para los insectos dentro y fuera del territorio agrícola así como para investigación. Muchos municipios de Alemania ya trabajan en la creación de áreas sembradas de flores que permitan por ejemplo la conectividad de los insectos polinizadores.

La empresa Monsanto comercializó inicialmente el polémico herbicida bajo el nombre de Roundup, convertido en la bestia negra de los grupos ecologistas. Bayer compró Monsanto el año pasado y se enfrenta a demandas millonarias por supuestos efectos en la salud humana. El uso de este herbicida, uno de los más extendidos en todo el mundo, lo comercializan ahora también otras empresas agroquímicas.

Desde Bayer, criticaron la decisión, por considerar que no responde a la evidencia científica. “No estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno alemán de prohibir el glifosato a finales de 2023. Esta decisión ignora décadas de evaluaciones científicas de agencias reguladoras independientes […] el glifosato es seguro cuando se emplea correctamente”, indicó Liam Condon, presidente del departamento de cultivos de Bayer en un comunicado. La empresa asegura que las ventas de glifosato en Europa representan menos del 10% de las ventas del compuesto químico en todo el mundo. Bayer confía en que la Unión Europea renueve a partir de 2022 la licencia para su herbicida.

Más información:

Por Gabriela Martínez, La Jornada Baja California

Ensenada, 21 de julio.- Mientras permanece hincada sobre los campos de cultivo, María se talla los ojos enrojecidos. El sudor cae de su rostro como si fuera lluvia y desde hace unos años un dolor agudo no se le quita de las manos, pero eso no evita que por lo menos seis días a la semana arranque miles de fresas del rancho donde trabaja de jornalera, una por una, aunque la piel de las manos se le caiga a pedazos.

No sabe de qué, ni por qué se enfermó, solo tiene la certeza de que su condición empeoró hace unos cinco años; no lo entiende, dice que siempre ha hecho lo mismo. Despierta de madrugada, se dispara hacia el trabajo y antes de que salga el sol se lava las manos en agua carbonatada; luego, cuando es tiempo de fumigar, respira el aire tóxico de los pesticidas.

“Me arde como si me estuviera quemando”, dice mientras levanta las manos despellejadas; “tengo que hacerlo, los patrones cuidan más las plantas que a uno”.

Dice que mientras recoge las fresas, a su alrededor se forma una neblina blanca, casi imperceptible para los recolectores, de no ser por el olor a metal que emana y el ardor que provoca en el cuerpo.

Como si estuviéramos malditos, todos enfermamos

María apenas tiene 31 años; es menudita como si fuera una niña, pero tiene el rostro cansado. Aunque no mide más de metro y medio, es capaz de cargar hasta 20 kilos de fresas. Dice que las fuerzas se le han acabado poco a poco, pero no puede darse el lujo de no trabajar, porque es el único sustento de sus cuatro hijos y su madre, enferma de cáncer.

“Es como si estuviéramos malditos, todos nos enfermamos”, dice mientras saca una fotografía de su bolsa y clava la mirada en las caras de dos adolescentes. “A mi mamá le dio cáncer y ya no pudo seguir en el campo; toda su vida la pasó entre cultivos, a mí no me falta tanto tiempo y ahora, miro a mis hijas y tengo mucho miedo”.

Ángela es una adolescente de 15 años. Es hija de María y, al igual que ella, tiene el cuerpo color chocolate. Vista de espaldas aparenta menos edad, pero el tiempo se le viene encima en las manos y en el rostro; su camino es idéntico al de su madre.

Convulsiones y sicosis

Los tanques de pesticidas están bajo resguardo de los capataces y mayordomos del rancho. Rara vez los campesinos se asoman por el cuarto donde los tienen almacenados, pero en esta ocasión la curiosidad le ganó. José, uno de los jornaleros, fotografió los envases: bromuro de metilo + cloropicrina, dice sobre las etiquetas.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ambos pesticidas son considerados tóxicos y dañinos para la salud. Una de las exigencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es que periódicamente se deben realizar pruebas neurológicas y neurosicológicas a los trabajadores expuestos a estas sustancias.

La recomendación obedece a que se detectó una relación entre el contacto de personas con ambos fumigantes y daños en el sistema nervioso, que se traducen en convulsiones o sicosis.

En el caso de la cloropicrina, tiene fuerte olor y efectos irritantes. Principalmente se utiliza junto con otros fumigantes líquidos como “agente de alerta”, pero, al igual que el bromuro de metilo, tiene efectos negativos en la salud; por ejemplo, causa irritación severa en el tracto respiratorio superior, los ojos y la piel. Puede esperarse que la ingestión cause una gastroenteritis corrosiva.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que la exposición puede generar neuropatías periféricas, dificultad para hablar y secuelas neurosiquiátricas como dificultad en el andar, movimientos involuntarios de los ojos, temblores, contracciones musculares involuntarias, ataques, disminución de las habilidades mentales y desórdenes severos mentales, las cuales pueden desarrollarse hasta semanas después de la exposición y pueden persistir indefinidamente.

Trajes viejos para las inspecciones

José cuenta que bomberos protegidos con trajes herméticos llegan periódicamente para fumigar la tierra; es una escena que no comprenden porque, mientras, cientos de campesinos permanecen arrodillados entre las legumbres o las frutas, unos pizcando u otros regando. El gas tóxico los invade de pies a cabeza.

–¿Llevan algún tipo de
protector?

–No, ninguno. Bueno ellos, los bomberos, sí, pero nosotros no.

–¿Guantes, cubrebocas, trajes… algo?

–Nada… Sí, tienen algún equipo de esos viejos y cuando vienen las inspecciones, pues sí arman todo y nos dan las cosas, pero muy pocas veces los usamos.

Campesinos y familiares de los trabajadores han comenzado a reunirse para contar los casos de padecimientos cancerígenos, enfermedades crónico-degenerativas o incluso nacimientos de niños con malformaciones. Ninguno de ellos tiene la certeza de que las enfermedades estén plenamente relacionadas con los plaguicidas, pero exigen la intervención de las autoridades para investigarlo. 

Mujeres, las más vulnerables

En la familia de María existen al menos dos diagnósticos de cáncer: el de ella y el de su madre. Tiene cuatro hijos, dos son mujeres y teme por ellas; piensa que, como ha ocurrido, el nombre de esa terrible enfermedad también las puede alcanzar. Aunque quisiera sacarlas del trabajo del campo, la realidad es que su economía no les permite pensar en esa opción.

La investigadora Gabriela Muñoz, del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), explica que existen estudios de organizaciones internacionales que relacionan enfermedades como el cáncer y malformaciones con pesticidas y fumigantes, particularmente en los casos de la mujer.

Señala que los compuestos de estas sustancias tienen moléculas orgánicas y otras que además son tóxicas, las cuales al tener contacto con las personas se almacenan en los tejidos adiposos. En este caso, dice, las mujeres quedan en desventaja, ya que su anatomía las hace más vulnerables: “senos, caderas, muslos o incluso el trasero.

“Hay estudios de organizaciones internacionales que confirman la relación entre los pesticidas con la leche materna. Es decir, tendríamos que pensar, bajo el supuesto de que las empresas no usan medidas preventivas, que las mujeres embarazadas que tuvieron contacto con los fumigantes están gestando a sus hijos en condiciones tóxicas, pero que además, al nacer, se van a llevar una inyección de químicos con la leche materna”, advierte.

Pero esta no es la primera vez que el mundo pone los ojos en el uso de sustancias químicas para fumigar campos agrícolas, dice Muñoz. Desde hace más de 30 años surgieron las voces de especialistas que denunciaron el impacto de los gases en la salud de los campesinos que periódicamente mantenían contacto.

Una de ellas fue la bióloga Rachel Carson, quien desde 1960 sostenía que los pesticidas y los fumigantes dañaban la capa de ozono, además de ocasionar la muerte de la flora y fauna, y de generar enfermedades entre los trabajadores que eran expuestos. Lo anterior, dice la investigadora, desató una polémica que terminó con la creación de un marco legal para el uso de estas sustancias, pero a casi medio siglo, parece no haber muchos cambios:

“México es la pluma más rápida del Oeste; firma acuerdos internacionales hasta parece que con la convicción de cumplirlos, pero no es así. Tenemos un marco legal y siguen proponiendo más leyes; primero hay que cumplir con las que ya tenemos. Mejorar va a depender de que las personas exijan sus derechos, el gobierno vigile y las empresas cumplan”, señala.

Para Muñoz la exposición de los trabajadores, no solo las mujeres, a los pesticidas es una bomba de tiempo. En México las autoridades todavía no ponen la suficiente atención no solo para regular el uso, sino garantizar el cumplimiento de las empresas agrícolas en las medidas de prevención para evitar daño en la salud de los campesinos.

Incumple protocolo para eliminar el bromuro de metilo

Desde el 1º de enero de 2014, México se declaró libre del bromuro de metilo de acuerdo con el Protocolo de Montreal que firmó. Los estragos causados al medio ambiente por esta sustancia utilizada normalmente por las agroempresas fueron la causa de este pacto de colaboración entre diferentes países.

“El bromuro de metilo es un plaguicida muy eficiente utilizado en la fumigación de suelos agrícolas… sin embargo, es una de las sustancias más dañinas para la capa de ozono. En la Reunión de las Partes del Protocolo de Montreal de 1992 se reconoció al bromuro de metilo como una de las sustancias responsables del deterioro ambiental”, se lee en una de las publicaciones del protocolo.

El doctor en ciencias químicas de la Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería Rubén Sepúlveda, y ex director de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se pregunta si el bromuro de metilo es dañino para el medio ambiente “¿qué podría causar con trabajadores que están expuestos a esta sustancia diariamente y por largos
periodos?

Con su firma, el Estado mexicano se comprometió a dejar de utilizar los pesticidas y los fumigantes con bromuro de metilo en los campos agrícolas del país. Se presumieron diferentes programas de capacitación para los empresarios sobre otras opciones para fumigar la tierra; sin embargo, la realidad es que no existen garantías sobre el cumplimiento al 100 por ciento del tratado. Ni siquiera de las normas ambientales locales.

Sepúlveda señala que, para determinar el impacto por el contacto con tóxicos, primero se debe analizar el tiempo de exposición, las barreras físicas y la distancia. Para disminuir el riesgo, en el caso de los ranchos agrícolas, las autoridades contemplan el uso de equipo de protección, así como la aplicación de protocolos de seguridad, que no siempre se cumplen.

“Pienso en los campesinos; por ejemplo, con ellos estas barreras se derrumban fácilmente. Fumigan y esparcen las sustancias mientras ellos trabajan; ellos no pueden controlar el tiempo de exposición, pero si, además, ni siquiera les entregan equipo de resguardo… eso definitivamente es poner en peligro su vida”, lamenta.

Por Juan Luis García Hernández, sinembargo.mx

El glifosato es el herbicida de uso más generalizado en el mundo y este mes la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer (IARC) entregará un reporte que lo califica como “probable cancerígeno en humanos”. Mientras que otros países, como Francia, pretenden poner un alto a esta patente de la transnacional Monsanto, en México, su uso está permitido.

De acuerdo con Sandra Laso Jácome, vocera de la campaña de transparencia “Comida Sana, Tierra Sana” de Greenpeace, apuntó que en México hace falta una regulación por parte de las autoridades sobre el uso de agrotóxicos.

“Si consideramos que el catálogo de plaguicidas no ha sido actualizado en los últimos 10 años, y que ha salido a lo largo de este periodo sobre la toxicidad, que algunas de estas sustancias como recientemente fue el glifosato, fueron catalogadas como probables cancerígenas”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Hasta hoy, el catálogo oficial de plaguicidas de la Secretaría de Salud maneja dos categorías de efectos a la salud por exposición al glifosato: aguda y crónica. En la primera específica “ligero irritante dérmico y oral. Severo irritante de los ojos”, y en la segunda, se limita a informar “no se han encontrado efectos en los estudios realizados en animales”.

El 22 de marzo la IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS), adelantó, antes de publicar una monografía sobre el glifosato este mes, que nuevas sustancias químicas utilizadas para la agricultura entraron en la lista de “probablemente cancerígena para humanos”, entre ellas los insecticidas malatión y diazinón; y el popular herbicida glifosato, comercializado como Roundup y conocido en México como Aquamaster.

Las razones de la IARC para sustentar la nueva categoría de este herbicida estuvieron basadas en la evidencia “de estudios de exposiciones [de humanos a la sustancia], principalmente agrícolas, en los Estados Unidos, Canadá y Suecia, publicados desde el 2001”, citó la agencia de investigación en un comunicado.

Asimismo, la IARC se basó en investigaciones sobre tumores en ratones. De acuerdo con la IARC, la propia Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, por sus siglas en inglés) clasificó en un inicio al glifosato como “posiblemente cancerígeno” en 1985, pero se desdijo seis años después.

Datos de Greenpeace sostienen que en México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas y el glifosato sería uno de los más aplicados.

Por otra parte, activistas denuncian que el Gobierno mexicano se ha visto incapaz de desmarcarse de los productos de Monsanto que son aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

“Colombia, Ecuador y Perú, están tomando decisiones para prohibir el glifosato, que es altamente utilizado en el combate de la Coca, presionados por el Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), que agrupa a 60 mil productores de maíz, durante una conferencia en defensa de ese cereal esta semana.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de Colombia resolvió, en mayo, reducir a la mitad el uso de glifosato para atacar las plantaciones ilegales de coca, la cual sirve para obtener el estupefaciente cocaína. Por lo que Suárez Carrera pidió al Gobierno mexicano hacer un posicionamiento claro en contra del plaguicida.

Más recientemente, en Francia, la Ministra de Ecología Segolene Royal anunció la prohibición de la venta libre del Roundup, del cual su principal componente es el glifosato.

La Ministra habló en televisión nacional sobre “encabezar una ofensiva”contra los pesticidas tóxicos y pidió “a las tiendas de jardinería que retiren de la venta” los productos con dicho componente.

En contraste la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, no ha establecido un pronunciamiento luego de los hallazgos de la IARC.

GLIFOSATO Y AUTISMO

Antonio Turrent Fernández es miembro de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y tiene una larga trayectoria en la investigación de temas agrícolas. Turrent recalca que además de cáncer, a la patente de glifosato de Monsanto se la han acuñado otros males como el autismo y el daño a la microbiota intestinal.

“En Estados Unidos desde 1990 para acá se ha vuelto transgénico en todo, pero en los ochentas antes de la era transgénica, ya había, la frecuencia de niños con autismo, era de uno por cada 2 mil 500 niños, pero todo esto empezó a crecer, y en la actualidad es uno de cada 68 nacimientos”, dijo Turrent a SinEmbargo.

El autismo es un problema complejo y multicausal. Sin embargo, en el 2012 la investigadora Stephanie Seneff of the Massachusetts Institute of Technology (MIT), hizo una correlación entre el glifosato y dicho trastorno.

“Ella dice que el glifosato, es una antibiótico. Cuando se le da a las plantas inhibe uno de los ciclos, que produce tres aminoácidos esenciales para la planta pero también para nosotros”.

Seneff señaló la correlación entre el incremento de los plaguicidas en el cultivo agrícola con glifosato y los altos índices de autismo.

De acuerdo con la investigadora, el principal problema de las regulaciones de los Estados Unidos es que son ciegos frente a que el glifosato incrementa la toxicidad de otros químicos como el aluminio y la glutamina. Esto hace que se eliminen las bacterias buenas para el organismo, relacionadas con la digestión y la microbiota intestinal.

“Si yo ingiero glifosato se va a mi flora intestinal y mata mis bacterias que son susceptibles, y las que son tolerantes se quedan, pero, ya no son las que yo necesito para funcionar”, aseveró el doctor Turrent.

Si no hay nada más rico que la Nutella, no hay nada más raro que un país serio como Francia le declare la guerra. Pero tienen razón. Es porque utiliza aceite de palma y sus plantaciones son una amenaza al medio ambiente por la deforestación y por la irresponsabilidad de empresas como Repsa, que hace dos meses aceptó que estaba contaminando el río La Pasión, como consta en un documento al que tuvieron acceso Nómada y CMI.

Por Rodrigo Véliz Y Gladys Olmstead
Nomada.gt

(Primera parte de la investigación.)

El ecocidio desde el 6 de junio en el río La Pasión impactó a Guatemala y al mundo. Las imágenes de miles de peces y algunas tortugas muertas no se irán de la memoria colectiva. Y cada vez queda menos espacio para esconder la responsabilidad de la empresa que lo causó.

Repsa lo niega. Una y otra vez. Difunde versiones de que fueron las comunidades o alguna perversa oenegé. O los narcos. El 11 de junio publicó un comunicado en el que dijo que “en 15 años no ha sido responsable de ningún daño a las fuentes acuíferas de la localidad”. Pero es mentira. Los periodistas que escriben este reportaje tuvieron acceso a un documento entregado por Repsa al Ministerio de Ambiente a inicios de mayo, en donde acepta que sus lagunas de oxidación (donde se retiene el agua con pesticidas usada en sus cultivos) se rebalsaron debido a lluvias 38 días antes del gran ecocidio.

En el documento número GAC-0026-2015-gac, Repsa explica que la noche del martes 28 y el miércoles 29 de abril se registraron lluvias más fuertes de lo normal, lo que provocó que los riachuelos que corren en los márgenes de la laguna de oxidación 10 se saturaran, inundándola y ensuciando parte de su caudal. La corriente siguió por el Arroyo San Ignacio, desembocando en el Río La Pasión. Repsa aceptó por escrito que no tuvo capacidad de reacción. En el documento al que tuvieron acceso Nómada y CMIguate.org, Repsa escribió el jueves 30 de abril que tuvo noticias de peces flotando con síntomas de asfixia.

Luego de tomar muestras del río, Repsa las envió a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos, que el 1 de mayo confirmó, como se publicó en este reportaje de Luis Solano, que el agroquímico utilizado era Malatión, letal para cualquier ecosistema.

Repsa ha negado responsabilidad en los hechos. Y no meten las manos al fuego por ella otras empresas, pero sí lo hacen desde el gobierno del PP o desde el partido Líder.

Consultados sobre el asunto, las cámaras donde está agremiada Repsa prefirieron no opinar. Grepalma dijo a estos periodistas que “cada empresa maneja sus propios controles agroquímicos”, y la Cámara del Agro fue de la misma opinión.

Pero el Estado de Guatemala parece no tener ningún poder sobre Repsa. Las instalaciones de su planta procesadora en Sayaxché fueron allanadas por el Ministerio Público y el juzgado tercero ordenó el cierre temporal de la planta, a lo que Repsa se ha negado porque dice que es inocente.

El Gobierno de Otto Pérez y el partido Líder, de Manuel Baldizón, parecen hacerle hacen caso. Benedicto Lucas, del Consejo de Áreas Protegidas (Conap), y el diputado petenero de Líder, Manuel Barquín, dijeron a la prensa que narcotraficantes del área podían estar entre los implicados, eximiendo de responsabilidad a la empresa.

Aunque la relación entre palmeros y narcos no es tan conflictiva. Una investigación de Plaza Pública en 2012 denunció que le alquilaban propiedades al capo Ottoniel Turcios.

Se pidió la opinión de varios representantes de Repsa sobre estas acusaciones, pero no respondieron. Se les preguntaría no sólo sobre este documento en el que asumieron responsabilidad, sino también sobre sus compradores. Investigaciones académicas han publicado que venden en su mayoría a empresas multinacionales con sede en México y exportan también hacia el puerto europeo de Rotterdam, el más grande de ese continente. Empresas intermediarias a las que les compran fábricas como la de Nutella.

Cómo sigue el río ahora que ya no hay peces muertos (ni vivos)

Con 353 kilómetros de largo (casi la distancia entre Ciudad de Guatemala y Sayaxché) el río La Pasión alberga al menos 14 comunidades en sus orillas. Pequeñas sociedades, con unas 10 mil personas, viven de las aguas de su caudal. O por lo menos lo hacían hasta hace 18 días.

El 6 de junio la vida se trastornó para miles de animales y árboles, pero también para miles de personas en Sayaxché, Champerico, El Pato, Semuy, Flor de Selva, el Colorado. El agua para tomar, para lavar, para bañarse y pescar, ahora es una corriente que despide un olor desagradable y miles de moscas. El río ya no es lo que era antes, aseguran sus habitantes.

La comunidad de El Pato es la primera a la que llegaron estos periodistas en las orillas del río La Pasión. La mitad de la población trabaja para Repsa, con la que colinda. Ellos reciben el agua que viene del río Sebol. Y el caudal se alimenta de diversos riachuelos hacia el río Usumacinta. En medio de la comunidad sale un arroyo conocido como San Ignacio. El mismo que ahora funciona para marcar el antes y el después.

En la primera mitad de la comunidad El Pato, las mujeres bajan al río a lavar, los niños salen a nadar, y la vida es lo que se espera que sea a la orilla de un río. Pero acercarse al arroyo San Ignacio es otra historia. El olor dentro de esta ramificación del río es insoportable. El agua tiene un color oscuro y se puede ver aceite en su superficie. Estos periodistas vieron un pez agonizando el sábado pasado. “Las lagunas de oxidación están cerca de aquí, pero ya no se puede pasar, eso sólo lo puede ver si viene desde adentro”, explica el conductor de la lancha y residente de El Pato.

Los nombres de los comunitarios que hablaron para este reportaje no se publicarán para evitar represalias de la empresa. HAME es el nombre del consorcio de Repsa y de su dueño, Hugo Alberto Molina Espinoza. Mientras se hacía este reportaje, un picop con las siglas HAME fue visto por estos periodistas vigilando a las comunidades y con quiénes hablaban sus vecinos.

Avanzando sobre al río La Pasión, las plantaciones de palma africana son imponentes. Hay kilómetros de kilómetros de kilómetros de palma sembrados a la orilla, y luego una tubería sobresale del agua. “De ahí sacan los desechos”, asegura el guía.

Luego se observa el ferry privado de Repsa. También hay camiones esperando a ser cargados y un depósito de agua. En el que se lee OLMECA. Sí, de los aceites, que se sacan de la palma. A la par, hay grandes pipas industriales de las que sale humo negro. “Ellos siguen trabajando (a pesar de la orden del juzgado). Ya desde hace días que se escuchan las máquinas arrancadas”, dicen algunos vecinos.

Aquí empezó a sentirse el desastre. “Ese día, navegando adentro del río se sentía un olorcito que qué pestilencia. Había un aceitaje sobre el agua, que era toda la shuquedad saliendo del arroyo”, dice un vecino. Pero a esa altura del río en ese primer momento no vieron ni un solo pez muerto. Porque todos los que se murieron ahí fueron arrastrados por la corriente, río abajo.

Fueron a caer a la comunidad de Champerico. Sus vecinos recuerdan que trabajadores de Repsa dieron la alarma. “Ellos nos llamaron y nos dijeron que se estaban muriendo los peces, que bajáramos a la orilla a ver. Cuando llegamos aquí se venían a morir algunos y otros saltaban afuera del agua, como buscando vida, pedían auxilio”, asegura el alcalde auxiliar de Champerico, Domingo Chop.

En este poblado, el agua sí quedó totalmente restringida. Por lo que representantes de la comunidad decidieron hablar con Repsa y solicitar agua y una pileta para poder tener una reserva. La empresa aceptó, a cambio de que se le eximiera de responsabilidad por escrito, en un documento firmado el 15 de junio. “Las autoridades no nos escuchan y nuestra gente está pasando penas. Si la palmera me escucha y me responde, yo voy pedirle cosas a la palmera”, explica un comunitario.

Estas alianzas de algunas comunidades con Repsa dividió a los vecinos del municipio de Sayaxché. En un documento al que tuvo acceso Nómada, la mayoría pidió a la alcaldía de Sayaxché que anulara ese acuerdo del 15 de junio, exigiera a Repsa que se comprometiera a a cumplir con sus compromisos con las comunidades y dejara sin efecto el documento firmado por algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes).

Entre los grupos que aceptaron una alianza con la empresa palmera, se encuentra también la Cooperativa de Pescadores de Sayaxché. El presidente, Evaristo Calvenate, explica sus razones. Los pescadores no tienen otros trabajos. Su vida la dedicaron a la pesca, y ahora se quedaron con equipo y deudas. “Yo lo que pedí fueron entre Q20 mil y Q30 mil para cada pescador. Pero no es para que paguen sus deudas, sino para que puedan empezar otro proyecto que pueden ser: gallinas ponedoras, tener alguna cosecha, cuidar ganado o seguir con la pesca en otros ríos”, dice Calvenate.

El ecocidio podría ser más grave y permanente

La magnitud de este desastre ecológico es imposible de medir. Sus efectos no se limitan a la mortandad de los peces. Los químicos que el río lleva en sus aguas podrían afectar a todas las especies alrededor de la cuenca (incluída la especie humana). Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, considera que “cayó una sustancia con una demanda de oxígeno muy grande, lo que dejó a los peces sin la capacidad de respirar, por lo que murieron de asfixia”.

Maas asegura que los animales que murieron son los que cuentan con respiración acuática. Y es por esta razón que se encontraron muy pocas tortugas muertas y ni un solo cocodrilo. “Lo importante en este caso es conocer el cóctel biocida que fue vertido en el agua. Me refiero a una sustancia que seguramente está compuesta por diversos químicos y es la causante de la contaminación”.

El investigador asegura que no es posible calcular el tiempo para que este problema se resuelva y que la biodiversidad regrese a ser lo que era. Y explica que “habían peces en peligro de extinción, especies consideradas endémicas como el pez blanco y la pigua”. El daño que se le ocasionó al río es prácticamente irrecuperable: un ecocidio.

Los trabajadores defienden a Repsa

En este panorama, sólo los trabajadores de Repsa la defienden. Uno de ellos dice que trabaja en una oficina allí. Con un horario de 12 horas diarias. “De 12 a 12”. Con salario mínimo de Q2,500. “Pero con las horas extra podemos llegar hasta a Q6,200”, asegura el empleado.

–¿Qué pasaría si Repsa no asume su responsabilidad una vez declarada culpable? ¿Buscarían justicia para su comunidad?
– Yo no sé qué haríamos, porque nosotros ¿de qué vamos a vivir? Millones de personas se quedarían sin trabajo, y eso no le conviene a nadie, ¿o sí?

(La palma africana, de hecho, es la agroindustria que menos mano de obra usa en el país.)

–Pero el agua contaminada tampoco le conviene a nadie, ¿buscarán presionar desde adentro?
– Es nuestra comunidad. Pero toda la gente ya vendió sus terrenos a la perforadora. Si ellos se van o cierran, nosotros de qué vamos a vivir.

Una perforadora de palma que produce 80 toneladas por hora, 960 cada 12 horas, 1,980 toneladas por día en una de las dos fábricas que tiene en la región. Ha dicho a sus empleados que podría cerrar. Ellos defienden su trabajo y no confían en las personas de afuera.

La no-vida en la cuenca

Los trabajadores son los únicos que la defienden. Los demás vecinos le tienen miedo a la empresa. Tanto que piden que no se publiquen sus nombres como condición para hablar con los periodistas.

La vida en Sayaxché es poca vida. “Los pescadores estamos como caballos desbocados, sin riendas ni rumbo”, dice uno de ellos. Sin la posibilidad de salir a pescar para traer insumos a la casa, no tienen nada qué hacer. Nada. “Si viene cualquier día aquí a la casa, nos va a ver igual, sin hacer nada”.

La esposa de otro pescador dice que de sus cuatro hijos, “tres son profesionales y todos salieron de la pesca; sólo falta la última”. A la que intentará ayudar a estudiar con su negocio de tortillas. “Yo le digo que no se preocupe, aunque de la tortiada la verdad es que no se saca mucho”.

“Es una gran crisis, tenemos el río vedado por los de Conred”, añade otro. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres cuenta con un equipo en la zona para monitorear el agua e informar a los vecinos.

Y los vecinos la están pasando mal. Otro de Sayaxché había logrado graduar a seis hijos con su trabajo en la pesca. Ahora está sin nada para trabajar. “De brazos cruzados, porque yo pescaba y mi esposa vendía el pescado”. Pero además de la falta de empleo, se le suma una deuda en el banco por Q150,000, de la que tiene ya un mes atrasado. “Hipotecamos la casa porque necesitábamos el dinero para arreglarla, estábamos confiados del trabajo que teníamos”, asegura el pescador, que fue uno de los que Repsa contrató para recolectar los peces muertos. “No se puede decir quintalería sino toneladas de peces eran”.

Conred le dijo a los vecinos que tal vez en cinco años se recupere el ecosistema. Por eso cuando se les pregunta cómo están responden que llorando el río. A un niño de cinco años, con el nombre inventado de Byron, se le preguntó si le gustaba nadar. “Ya no, ahí hay veneno”.

“Es una tragedia que lleva veinte años”

FOTOGRAFIA › LA SERIE EL COSTO HUMANO DE LOS AGROTOXICOS, DE PABLO PIOVANO, GANO DOS PREMIOS

Las imágenes captadas por el fotógrafo de Página/12 representan un testimonio potente y conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades del Litoral y el Norte argentino.

Por Andrés Valenzuela, Página/12

“Para mí este trabajo es, sobre todas las cosas, un acuerdo con la tierra”, plantea el fotógrafo de Página/12 Pablo Piovano. Su serie de fotos El costo humano de los agrotóxicos ganó esta semana dos premios internacionales. En el de la agencia FID Prensa se impuso por sobre más de 1300 participantes. Además, obtuvo el tercer lugar en el Premio Carolina Hidalgo Vivar de Medio Ambiente, una de las categorías de Pictures of the Year Internacional, en la sección iberoamericana. La serie de doce fotos presenta un testimonio conmovedor sobre el impacto de la fumigación masiva con agroquímicos, en particular el glifosato y el 2.4D, sobre las comunidades de las provincias del Litoral y el Norte argentino. “Me fui dos veces a recorrer más o menos 6000 kilómetros en cada viaje porque veía cifras que eran alarmantes y no había ningún tipo de información seria, no se visibilizaba un asunto que es un genocidio por goteo”, cuenta Piovano.

Los datos que aporta apabullan: un tercio de la población Argentina está afectada directa o indirectamente por el glifosato. Son 13.400.000 personas que viven en los alrededores de la zona tratada con estos agroquímicos. En 2012 se utilizaron 370 millones de litros de agroquímicos sobre 21 millones de hectáreas sembradas con semillas transgénicas, es decir, sobre el 60 por ciento de la superficie cultivada del país. En la última década se triplicaron los casos de cáncer infantil y las malformaciones congénitas se cuadruplicaron. Aunque cuesta zanjar la cuestión entre informes científicos de uno u otro bando, para el fotoperiodista la causalidad es clara. Por eso, advierte que el glifosato y otros agroquímicos están prohibidos en 74 países.

“Me resultaba increíble, por eso salí a constatarlo, a documentarlo –continúa–; la primera vez me acompañó Arturo Avellaneda, un militante, y fue simplemente para hacerme compañía, para bancarme.” Las escenas que presenciaban eran tan duras que Avellaneda lloraba tres veces por día, revela Piovano. “El tiene una conciencia biológica muy fuerte, es un tipo muy instruido, y se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero en Chaco me dijo que no daba más, y seguí solo hasta Misiones.” Para Piovano su material es “muy fuerte”. Y no exagera nada: se queda corto.

El segundo viaje también lo hizo de forma independiente, como una suerte de misión personal. Para esta segunda experiencia sumó al periodista Carlos Rodríguez –también de Página/12–, para que pudiera plasmar un testimonio escrito de lo que comprobaban. “Para mí la causística que hace que una persona tenga una enfermedad, una malformación, un cáncer, una columna bífida o hidrocefalia, tiene que ver con que se haya fumigado durante las primeras temporadas de embarazo, o que sus padres hayan trabajado toda su vida ahí o los niños hayan nacido en ese contexto”, señala. Las fotografías de la serie revelan ese impacto en la salud de las poblaciones rurales. “En un pueblo de Chaco tienen un pozo común que abren dos horas al día, esa agua es fumigada y lo doloroso es ver cómo ese agua de consumo familiar se carga en los bidones recién vacíos de glifosato.”

“Este trabajo tiene la intención de ser un trabajo documental de largo aliento –plantea Piovano–. Es distinto a mi tarea de todos los días, al retrato de alguien del mundo de la cultura, quizás; aquí enfrente hay víctimas, están el dolor y la enfermedad.” El fotógrafo se siente también obligado hacia las 70 familias que le abrieron las puertas de sus casas para que los retratara. “Esto es una tragedia que lleva 20 años, cuando ya en el ‘96, siendo (Carlos Saúl) Menem presidente, Felipe Solá como ministro de Agricultura firmó un acuerdo con Monsanto, con folios en inglés y sin constatar con científicos nacionales e independientes. Este es el costo humano de este nuevo sistema agropecuario, que produce una rentabilidad enorme, pero también un daño irreparable.” El trabajo continúa. Los premios internacionales que ganó, confía, serán puertas para abrir al mundo un tema crucial que los medios concentrados no abordan.

Algunas de sus fotos en el Suplemento RADAR.