Encuentran glifosato y OGMs en muestras de harina de maíz de Maseca

Comunicado de la Asociación de Consumidores Orgánicos – A 9 de octubre de 2018

Estudios de laboratorio sobre harinas de maíz blanco y amarillo de Maseca muestran que contienen residuos de glifosato. El glifosato fue clasificado como probable carcinógeno por la OMS.

 La Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) reportó haber encontrado niveles altos del químico glifosato y de AMPA -su metabolito principal- en muestras de harina de maíz blanco y amarillo provenientes de diferentes partes de México.

El glifosato es el principal componente del herbicida Faena o Roundup de la compañía Monsanto (Bayer), cuyo uso aumentó significativamente a partir de la aparición de los cultivos transgénicos.

Es muy alarmante que se encuentre glifosato en las harinas para la producción de tortillas y otros productos alimenticios. En marzo de 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el cáncer, un órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud trabajando con más de 17 expertos de once países, clasificó al glifosato de “probable carcinógeno”.

Los resultados de las muestras de laboratorio de harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca muestran concentraciones de glifosato que van desde 5.14 hasta 17.59 microgramos de glifosato por cada kilo de harina. Asimismo, la presencia de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) alcanza hasta 94.15% en una de las muestras, observando una clara correlación: a mayor porcentaje de OGM, mayor concentración de glifosato.

Las muestras fueron analizadas por los laboratorios del Health Reasearch Institute en Iowa, Estados Unidos, bajo el método de la FAO [1].

El glifosato se usa ampliamente en los campos agrícolas, pero su presencia es más intensa en los campos de monocultivos donde prevalecen los transgénicos. México es un país donde la producción de maíz transgénico está prohibida, con lo cual la presencia de altos índices de glifosato en maíz nos lleva a concluir que:

1. Maseca está importando maíz para la elaboración de harina para sus tortillas. Este maíz, que es importado principalmente desde Estados Unidos, se utiliza para alimento balanceado. En otras palabras, estamos importando el maíz que Estados Unidos utiliza para alimentar cerdos, y usándolo para elaborar las tortillas que consumimos.

Las secretarías de estado y órganos encargados de velar por la inocuidad y sanidad alimentaria y de la prevención de riesgos sanitarios (Sagarpa, Senasica y Cofepris) no respetan los derechos de las y los consumidores, tales como el derecho a la información o el derecho a la salud y a un ambiente sano al permitir la presencia de ingredientes transgénicos y herbicidas como el glifosato en los alimentos que son ampliamente consumidos en México.

2. México no está defendiendo efectivamente su cultivo principal, de subsistencia y soberanía, base de la dieta diaria de la población mexicana: el maíz.

3. Maseca está mezclando diferentes tipos de maíces en su harina, tal vez para reducir su costo de producción, pero esto a expensas de la calidad del producto final.

La ACO exige a Maseca -la principal productora de harina de maíz en México y principal exportadora hacia Centroamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo- que utilice maíces no transgénicos en la elaboración de sus harinas, y que transparente su proceso de nixtamalización.

Se hace un llamado a la población mexicana a que busque alternativas a Maseca en tortillerías locales, tianguis y mercados que usen maíces comprados a productores agroecológicos y que nixtamalicen. Además, se les pide que exijan a Maseca tortillas sanas, libres de agrotóxicos y elaboradas con maíz nixtamalizado.

Nota:

[1] Donde el glifosato residual es la suma de el peso del glifosato + 1.5 x y el peso de su metabolito AMPA.

Contactos:

Dra Mercedes López Martínez, 55 2529 4487
Mtra. Mariana Ortega Ramírez 775 128 8815

Más información:

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Informe: Treinta años de transgénicos en México

Este 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) presentó su informe “Informe: Treinta años de transgénicos en México” en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.

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Autor: Daniel Sandoval Vásquez

Revisión: Ana de Ita

Formación: Eva Sandoval Vásquez

Contacto: ceccam@ceccam.org – 5661 1925 – 5661 5398

Introducción:

En este documento hemos intentado reunir, por primera vez, los resultados más destacados al hacer el trabajo de indagar cuál ha sido, hasta el momento, el avance de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en México, a través de la localización geográfica de los sitios donde diversas instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de este tipo de cultivos al ambiente, con o sin ninguna medida de control.

El archivo cartográfico que nos ha servido para mostrar esta panorámica de los OGM a nivel nacional, fue construido tomando como base información oficial de prácticamente tres décadas, razón por la cual, nombramos este documento Treinta años de transgénicos en México. Para ello, hemos hecho uso de diversos informes con los ensayos autorizados para la siembra de OGM que, según esos documentos, dieron inicio en nuestro país en el año de 1988. Además, organizamos y procesamos la información contenida en parte de los dictámenes y registros con las solicitudes, que han sido presentadas por las empresas de transgénicos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), desde el año 2005, hasta agosto de 2017. Finalmente, complementamos la información con la revisión de un conjunto de comunicados, leyes, reglamentos, etc., que aportan al lector algunos aspectos básicos (términos, nombres de instituciones y sus funciones, entre otros) para permitir una mejor interpretación de los datos que aquí presentamos.

Esperamos que el contenido de este nuevo material se convierta en una aportación útil para la  discusión del tema, sobre todo, en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes de un grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos de académicos y científicos a nivel nacional e internacional, etc., siguen fundamentando por qué es necesaria e incluso decisiva la oposición a este tipo de proyectos.

Situación general del avance territorial de los cultivos transgénicos en México:

Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir su conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con OGM.

En México, la historia de la “liberación” legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta (en aquel entonces propiedad de la estadounidense Campbell’s) solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual le fue autorizada ese mismo año.

El mapa 1 muestra la ubicación de esa primera solicitud de 1988 y los 356 sitios solicitados para la liberación de transgénicos que le han seguido hasta agosto de 2017. Este mapa une de forma general la ubicación de todos los permisos para el cultivo de transgénicos en el territorio mexicano.

Periodo 1988 al año 2004

A principios de los años noventa, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un grupo interdisciplinario de científico que constituyeron el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), quienes definieron la política, con base en el “principio precautorio” y el establecimiento de la carga de la prueba a los productores de OGM y se elaboró la NOM 68 FITO (1994), antecedente de la NOM 056 FITO 1995, para el manejo de transgénicos [2].

En 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por seis secretarías de estado.

En 1993, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) solicitó la primera prueba de campo para maíz transgénico, a la que le siguieron otras del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).

Todos estos ensayos se realizaron en una escala mínima, nunca mayor a una hectárea y tomando medidas estrictas de control. Entre 1996 y 1998, ante el crecimiento de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico, el CNBA recomendó establecer una moratoria a su siembra, por ser país centro de origen y diversidad. La SAGARPA en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, que se mantuvo hasta el 2005. [3]

Entre 1998 y 2004, se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, 3 institutos de investigación, universidades, etc. para 26 cultivos experimentales de OGM en 48 sitios, de 17 estados del país. La superficie total sumó 667,510 hectáreas, casi el 90% de ésta para algodón, en fase experimental o piloto.

[1]. La empresa Sinalopasta fue adquirida en el año 2012 por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente.

[2]. Destaca que el 20 de diciembre de 1995, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995 , aprobado el 7 de noviembre de 1996 y, que desde ese momento, comenzarían a defi nirse de forma más específi ca qué características tendrían las medidas de control o requisitos establecidos por el gobierno mexicano, para la importación y liberación al ambiente de transgénicos. En cuanto al marco institucional, en el año 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por titulares de la SAGARPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

[3]. José Antonio, Serratos Hernández, “Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México”, en Revista Ciencias  92-93, UNAM, octubre 2008- marzo 2009, México p. 133-134.

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Este viernes 24 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito decidieron que sí se mantiene en México la prohibición de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional. Esta prohibición existe desde septiembre del 2013 gracias a los esfuerzos de la “Demanda Colectiva Maíz”. Se trata de un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto-, que pudieron ganar al obtener la implementación de una Medida Precautoria.

“Se mantiene esta suspensión” y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito “remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estudie la constitucionalidad del Código Federal de Procedimiento Civil”, informó el abogado René Sánchez Galindo, de la “Demanda Colectiva Maíz”, al salir de la sesión.

Desde el 2013, la prohibición se enfrenta a los constantes intentos del gobierno federal y de las transnacionaes de revocarla.”Les llamamos a seguir de cerca esta resolución ya que sabemos que hay un embate muy fuerte de (des)información en torno a los transgénicos que tenemos que aplacar desde la sociedad dando información verídica en nuestros centros de trabajo, en universidades”, agregó la Demanda en un mesaje video difundido en las redes sociales.

Compartimos el boletín de prensa de la Demanda Colectiva Maíz previo a la sesión del Tribunal de este viernes – México, A 22 de noviembre 2017

Primer Boletín de prensa extraordinario

  • A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México
  • Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
  • Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas

Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país.

La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales.

 

Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas.

México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros.

Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento de la alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado.

Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje.

Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas.

¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud?

Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248

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Boletín de prensa del colectivo MA OGM – Hopelchén, Campeche, A 23 de octubre 2017

Juez de Distrito de Campeche, encargado de vigilar la consulta sobre la soya transgénica, favorece los intereses de Monsanto

  • Después de un año y medio de consulta sobre soya transgénica, el Juez Segundo de Distrito de Campeche quiebra el proceso de consulta desde su raíz emitiendo un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en lugar de las 34 que lo habían acordado previamente.
  • Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Protesta de los defensores de Campeche ante el Juzgado Segundo de Distrito  Foto: Robin Canul

El Juez Segundo de Distrito de Campeche, el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, cedió ante la presión de Monsanto Comercial S.A. de C.V. y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta. El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna.

 

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las seis comunidades para llevar a cabo sesiones con cada comunidad. En las comunidades, los representantes y las autoridades les han informado que seguirán juntas como lo han establecido en los acuerdos iniciales del proceso de consulta porque ese es su derecho para que dicho procedimiento  sea culturalmente adecuada y acorde a su libre determinación.

Ninguno de los acuerdos anteriores del juez que obligan a la CIBIOGEM y la CDI a cumplir con los principios de buena fé y libertad se cumplieron por estas autoridades en ningún momento. Tampoco los acuerdos del juez de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendiera a las sesiones fue obedecido. Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que de nuevo ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas.

En las semanas y los meses anteriores, los miembros de las comunidades le habían solicitado al juez en diversas ocasiones obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta reconociendo a sus autoridades y representantes pero el Juez Novelo Pérez los ignoró. También se le solicitó que obligara al SENASICA a impedir la siembra de soya transgénica en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo hizo caso omiso a esta solicitud. Así también se le solicitó que los obligará a respetar los acuerdos logrados y a continuar con las negociaciones en el proceso de consulta pero nunca lo llevo a cabo. Sin embargo, cuando Monsanto le pidió que dividiera la consulta, lo acató sin dudarlo y sin tomar en consideración toda la evidencia que consta en los expedientes sobre la voluntad de los pueblos mayas de Hopelchén e ignorando los derechos colectivos de las comunidades de Hopelchén, actuando con criterios regresivos en perjuicio de sus derechos humanos.

Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del poder judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos. Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la CIBIOGEM, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20,000 personas.

Muchos pueblos originarios en México han optado por el uso de las vías legales y su continua lucha para poner en acción el estado de derecho a diferencia de otros actores en el país. Sin embargo, es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales. El 85% de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto. La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores. Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80% de sus colonias esta y la temporada pasada, y la SAGARPA y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya.

Sin embargo, desde el 2012 las comunidades indígenas de Hopelchén se mantienen sobre sus acuerdos y su unidad. Su organización ha crecido y hoy gozan de gran apoyo entre la población urbana y rural. La CIBIOGEM y la CDI y el gobierno federal son despreciados en las comunidades y gozan de poca confianza debido a la forma en la que se conducen con la gente. Con determinaciones como esta, el poder judicial federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento  hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país.

Firman: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes  / Greenpeace México / MA OGM Colectivo / Centro de Derecho Ambiental CEMDA

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Boletín de la Dirección General de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-DGCS-607) – A 18 de septiembre de 2017

    • Ha sido modificado básicamente para resistir plagas y tolerar el herbicida glifosato, recientemente clasificado como “probable cancerígeno para los seres humanos”
    • Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde EU deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, consideró Elena Álvarez-Buylla

El 90.4 por ciento de las tortillas que se consumen en México contienen secuencias de maíz transgénico, así como el 82 por ciento de las tostadas, harinas, cereales y botanas de este grano, revela estudio encabezado por Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología (IE) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM.

En México, lugar de origen y diversidad del maíz, en donde cada habitante consume en promedio medio kilogramo diario de ese grano, se ha encontrado el herbicida glifosato, “probable cancerígeno para el humano”.

En un artículo publicado en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, Álvarez-Buylla y sus colegas Emmanuel González Ortega, Alma Piñeyro Nelson, Elsa Gómez Hernández, Eduardo Monterrubio Vázquez, Marlenne Arleo, José Dávila Velderrain y Claudio Martínez Debat, hallaron en el alimento básico de la dieta nacional una presencia alarmante de transgenes, es decir, de genes que provienen de maíz transgénico, de plantas que han sido transformadas en laboratorios de Estados Unidos, principalmente.

Estos maíces han sido modificados básicamente para resistir plagas y para tolerar el herbicida glifosato, que ha sido recientemente clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probable cancerígeno para los seres humanos”.

Los científicos muestrearon prácticamente todos los alimentos hechos preponderantemente con maíz que se encuentran en el supermercado y las tortillas de tortillería. Los compararon con las tortillas aparentemente más artesanales, que son de maíz nativo y hechas por personas ligadas al campo. Estas últimas fueron positivas para transgenes con una frecuencia mucho menor, y no presentaron glifosato.

Más del 85 por ciento del maíz transgénico que se produce en Estados Unidos es tolerante al glifosato, que es rociado sobre los maíces transgénicos que lo toleran, penetra en las plantas y llega a los granos, pero no pensábamos encontrarlo en nuestras tortillas y otros alimentos hechos con maíz”, recalcó.

“No esperábamos estos datos tan impactantes, porque el maíz transgénico no está permitido en México a campo abierto, pues está en proceso una demanda colectiva que lo impide desde 2013, año en que se aplicó una medida precautoria que prohibía su siembra mientras duraba el proceso legal”, comentó.

Si el gobierno apoyara la agricultura campesina, tendríamos un campo fuerte, menor impacto ambiental por la producción de alimentos, comunidades campesinas íntegras produciendo y comercializando su maíz de alta calidad a precios justos, y los mexicanos gozaríamos de una mejor salud. “Es importante recuperar la soberanía alimentaria. Los mexicanos nos estamos quedando sin opciones en términos de productos de maíz libre de transgénicos”, remarcó la universitaria.

Los análisis de ADN recombinante de los laboratorios de la UNAM y la UAM que se encargaron del estudio fueron validados por un laboratorio Alemán certificado para estos análisis y con el más alto prestigio. Los análisis de glifosato fueron hechos en este mismo laboratorio Europeo.

Suficiencia nacional

Álvarez-Buylla detalló que México produce suficiente maíz para el consumo humano: nativo e híbrido no transgénico.En 2016 se produjeron 25.7 millones de toneladas de maíz, de las cuales 12.3 millones se vendieron para consumo humano, 4.2 millones para autoconsumo, 4.4 millones para el sector pecuario y 1.5 millones para exportación”.

Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde Estados Unidos deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, pero no para consumo humano, y menos si es grano contaminado con glifosato, sostuvo.

La doctora en ecología y genética molecular del desarrollo pidió que se apoye a la agricultura sostenible, agroecológica y campesina (que fortalecería al campo mexicano) para que este maíz nativo o criollo, de alta calidad nutricia, complementado con el híbrido, que se produce en el norte del país, cubra las necesidades nacionales.

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Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

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Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, “Nos mantendremos unidos, no nos callarán”, afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de “No nos callarán”.

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que “las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.” Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

[AUDIO] La lucha de MA OGM: de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial

Les compartimos el audio de la presentación de Eric Vides, estudiante en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), invitado del conversatorio de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra “Zumbidos de esperanza, resistencia a los transgénicos en la Península de Yucatán”, sobre la lucha del colectivo MA OGM contra los monocultivos de soya transgénica de Monsanto en su territorio, uno de los más importantes para la producción de miel orgánica a nivel nacional.

>> Escuchar y Descargar el audio completo en .mp3

>> Transcripción:

En México, hay más de 1800 especies de abejas. Los Españoles introdujeron la abeja de la miel, la que todos conocemos, la apis melifera, para la producción de miel y de la seda. México, desde que entró la apicultura, se volvió un país muy importante en la producción de miel. Actualmente, es el tercer exportador de miel orgánica del mundo.

Hasta hace muy poco, no se había puesto en riesgo como en otros países. Es lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa: el fenómeno del colapso de las colmenas por la exposición de las abejas a los plaguicidas, especialmente a los neonicotinoides, que son insecticidas muy usados en la agricultura.

En el 2012, se abrió el debate a nivel nacional, principalmente en la Península de Yucatán, porque la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) autorizó a Monsanto el permiso para comercializar semillas de soya transgénica. La cualidad que tiene por ser transgénica es que se vuelve resistente al FAENA, el herbicida más utilizado en el mundo (comercializado por Monsanto, que contiene glifósato).

Para este tipo de autorizaciones, de liberación de cultivos transgénicos a escala comercial, las instituciones tienen que pedir dictámenes a otras instituciones, en este caso a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Estas tres instituciones del gobierno hicieron dictámenes diciendo que era riesgoso, que no debería de otorgarse el permiso de siembra de soya OGM a nivel comercial. Sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como por arte de magia transformó estos dictámenes en favorables, y con base en eso, la SAGARPA autorizó la comercialización de soya transgénica en varios Estados de la República: los tres de la Península de Yucatán (Yucatán, Campeche, Quintana Roo), Chiapas, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Era muy triste porque es justo en los Estados de mayor importancia en la producción apícola de México: la Península de Yucatán produce como el 40 %, y Chiapas como el 15-20%.

Los Europeos no quieren consumir productos con contenidos transgénicos, entonces todos los acuerdos comerciales entre los exportadores de México y los importadores de allá exigen que la miel sea analizada para ver si tiene transgénicos. Eso supone un gasto para los apicultores y para las cooperativas de apicultores porque ahora, para poder enviar su miel, siempre tienen que pasar por el triple escaneo o triple análisis de transgenes.

Esto movilizó el debate y una de las grandes preguntas que se hacía era: ¿Qué tan factible era la coexistencia de la actividad apícola y la siembra de soya OGM? Como siempre, había dos bandos: AGROBIO México (asociación civil que agrupa a las principales empresas desarrolladoras de la biotecnología agrícola en México, cuya misión es “crear un ambiente favorable para el desarrollo de esta tecnología en el país”) hizo mucho lobbying, o cabildeo, y mucha propaganda, para decir que la apicultura y la producción de soya transgénica podían coexistir en los mismos territorios sin ningún problema de afectación, y que no había bronca porque las abejas no polinizan a la soya.

Nos dimos cuenta de que eso era mentira. Hicimos unos experimentos para ver qué tanto las abejas visitan las flores de soya y encontramos que hasta dos kilómetros de distancia las abejitas llegan a la soya, tanto convencional como transigénica. En este debate surge el colectivo MA OGM. Todos los miembros están en la Península de Yucatán. Agrupó a personas de diferentes perfiles, pero todas tenían que ver con el mundo de la apicultura: comercializadores, exportadores, abogados, gente que ha estado trabajando en ONGs durante muchos años en la Península de Yucatán, académicos, estudiantes, cooperativas, y apicultores y apicultoras. Las líderes del movimiento son mujeres.

En el 2012, cuando se otorgó el permiso, los apicultores, con ayuda de los abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y de Indignación, interpusieron amparos para decir que la siembra de soya OGM los ponía en riesgo, por la comercialización. También se denunció que no se había hecho la consulta previa libre e informada que se tiene que hacer a los pueblos originarios cuando se llevan a cabo megaproyectos en sus territorios, y que no se tomaron en cuenta los dictámenes desfavorables del INEC, de la CONABIO y de la CONANP.

Es una historia jurídica muy larga, pero al final el caso llego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los jueces otorgaron el fallo a favor de los apicultores utilizando como argumento el hecho de que no se realizó la consulta. No consideraron todas las otras irregularidades que ocurrieron durante el otorgamiento del permiso, sino que solamente la consulta.

En Yucatán y en Campeche se suspendió la autorización de siembra de soya OGM en el 2015. La recomendación de la SCJN fue que la SAGARPA, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) hicieran la consulta en ocho de los municipios quejosos de Campeche y en el Estado de Yucatán. Entones, una vez que se haga la consulta, si el pueblo maya dice que sí quiere que se siembra la soya OGM, se puede regresar al estado de legalidad de la siembra de soya transgénica.

Ahorita está ocurriendo la consulta. La sociedad civil se organizó y conformó la “Misión de Observación de la Consulta al pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada de la empresa Monsanto”, que está todo el tiempo en las diferentes fases de la consulta viendo que se haga todo de forma legal. Desde el principio ha encontrado un montón de irregularidades. Las autoridades trajeron a los promotores y a los agricultores a quienes les gusta sembrar la soya OGM (son prácticamente todos menonitas, otros son empresarios agrícolas del norte del país que han ido a Campeche a invertir en la agricultura porque Campeche tiene extensiones de planeadas con buenos suelos enormes que facilitan mucho el modelo agroindustrial). La Misión de observación constantemente ha ido reportando todas las irregularidades de la consulta. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Empezó hace más o menos un año y apenas está en la fase primera que es la fase de acuerdos previos.

A lo largo de todo este tiempo, desde el 2012 hasta el 2017, un problema que empezó como una preocupación comercial sobre si se va a poder exportar o no la miel ha llevado a los colectivos a un nivel de organización tremendo y a reflexiones que van mas allá de la comercialización de su producto.

Ahora, el debate dentro de los apicultores aborda temas de deforestación, de tenencia y de uso la tierra, y ahorita en el colectivo se está empezando a trabajar para tener estrategias de registro y de acción para cuando ocurren muertes de abejas por exposición a plaguicidas. Entonces, se nota cómo el colectivo va abordando cada vez más temas que son consecuencia de la expansión de la agroindustria.

Foto1: Eric Vides (crédito: Eric Vides)

Foto2: Acción de MA OGM en la Península de Yucatán (crédito: MA OGM)

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20 años de soja transgénico en el Cono Sur de América Latina, 20 razones para su prohibición definitiva

Justo cuando se está realizando la cosecha número 20 de la soja transgénica resistente al glifosato en todo el Cono Sur de América latina (aproximadamente 175 millones de toneladas), la ONG Grain publica este poster con 20 argumentos para su erradicación definitiva.

>> Descargar el poster de GRAIN

El ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas) acaba de publicar su informe anual en el que confirma que el Cono Sur de América Latina es la región donde se producen más transgénicos y con la mayor superficie cultivada con un solo monocultivo (más de 54 millones de hectáreas de soja transgénica en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur de Bolivia) de todo el mundo.

Lo que el ISAAA no informa, por ser un simple agente de propaganda de las grandes corporaciones biotecnológicas, es sobre los impactos que este modelo, implantado hace 21 años y que hoy está produciendo su cosecha número 20, ha tenido en toda la región y en el mundo.

GRAIN, junto a cientos de organizaciones, viene denunciando desde antes de la instalación de este modelo de agricultura industrial las consecuencias socioambientales del mismo.

>> 20 razones para prohibir los monocultivos de soja transgénica en el Cono Sur:

1- Su aprobación en Argentina fue absolutamente ilegítima, siendo autorizado por un organismo (la CONABIA, Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) conformado por las mismas corporaciones. Al mismo tiempo, su expansión en todo el Cono Sur fue intencionalmente ilegal sin que en ningún momento se haya generado un debate democrático sobre su autorización y cultivo. Su imposición en Brasil y Paraguay se dio a partir de la expansión de cultivos ilegales masivos.

2- Su imposición significó la creación de un desierto verde de más de 54 millones de hectáreas que en algún momento las mismas multinacionales bautizaron como La República Unida de la Soja.

3- Con la introducción de la soja transgénica, el uso de glifosato (recientemente reclasificado como probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud) en la región creció a más de 550 millones de litros por año con dramáticas consecuencias sanitarias en todos los territorios.

4- Millones de campesinos fueron desplazados en toda la región y miles de pequeños productores debieron abandonar la producción de alimentos locales ante la imposibilidad de convivir con la soja transgénica.

5- Cientos de campesinos fueron criminalizados, perseguidos y asesinados en su lucha por la tierra como fruto de la expansión del modelo sojero en los intentos de resistir su avance.

6- Se destruyeron millones de hectáreas de bosque nativos en todo el Cono Sur por el avance de la frontera agrícola.

7- Monsanto impulsó e impulsa en todos los países modificaciones a las leyes de semillas para poder controlar y monopolizar las semillas. En Argentina, desde hace casi 15 años, viene realizando un fuerte lobby político para lograr la modificación de la ley vigente y poder cobrar regalías a cada productor que guarda semillas para el año siguiente.

8- Las enfermedades y muertes a causa del incremento del uso de agrotóxicos se multiplicaron en todos los territorios despertando fuertes reacciones de los “pueblos fumigados”.

9- Los gobiernos que intentaron limitar el avance de la soja y los cultivos transgénicos se vieron jaqueados, siendo Paraguay un caso paradigmático en ese sentido.

10- Los suelos se han visto esquilmados por esta agricultura extractivista produciendo una destrucción de los mismos y una pérdida de nutrientes sin precedentes.

11- La tierra se ha concentrado en cada vez menos manos, siendo otra vez el caso de Paraguay ejemplar ya que un 0,4% de los propietarios acaparan el 56 % de la tierra.

12- La ganadería, anteriormente practicada en rotación con la agricultura, se vio desplazada hacia otros territorios con ecosistemas mucho más frágiles (Amazonia, Chaco paraguayo, humedales, etc) con consecuencias gravísimas sobre los mismos.

13- Se consolidó una alianza entre los grupos corporativos que impulsaron este modelo y los medios masivos de comunicación concentrados que impide cualquier tipo de debate o difusión de los impactos del modelo.

14- Los cultivos resistentes a herbicidas han fracasado desde el punto de vista agronómico con el surgimiento de decenas de malezas resistentes al glifosato y el consecuente crecimiento de su uso y el de otros herbicidas.

15- La ciencia que sostiene el desarrollo de los cultivos transgénicos es profundamente cuestionada por su mecanicismo y simplificación de la complejidad de los sistemas genómicos.

16- La productividad de los cultivos de soja transgénica es inferior a la de los cultivos de soja convencionales tal como se verificó en todas las investigaciones que realizaron estudios comparativos.

17- La seguridad de la soja transgénica en la alimentación nunca ha sido demostrada y las dudas que se presentan ante estudios sesgados por los intereses corporativos aún persisten, siendo cada día más difícil de sostener la falacia de la “equivalencia sustancial”.

18- La producción masiva de soja transgénica ha impulsado una expansión de la producción de carne de manera industrial con graves impactos ambientales, sanitarios, en el clima y en la salud a nivel global.

19 – La soja transgénica ha sido impuesta para su consumo a centenares de millones de consumidores en todo el mundo sin su consentimiento a través de su utilización en la producción de alimentos ultraprocesados.

20- Toda la cadena de producción de soja transgénica tiene un enorme impacto en el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero y la agudización de la crisis climática.

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Costa Rica: ecologistas demandan a la Oficina Nacional de Semillas por evadir controles legales

Artículo de Coeco Ceiba / Amigos de la tierra Costa Rica

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió a final de año una demanda presentada por la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON) contra la Oficina Nacional de Semillas (OFINASE) por el incumplimiento de la ley de Biodiversidad.

Las organizaciones denuncian a la OFINASE por otorgar “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” sin cumplir con el artículo 80 de la Ley de Biodiversidad, el cual exige una “consulta previa obligada” para esa entidad ante la Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO). El mismo artículo declara que “la oposición fundada de la Oficina Técnica impedirá registrar la patente o protección de la innovación”.

El artículo 80 de la Ley de Biodiversidad “busca resguardar el conocimiento tradicional de las comunidades locales campesinas e indígenas”, según lo dispuesto en esa misma Ley, así como en el Convenio de Diversidad Biológica. Además, es importante que se cumpla y se le consultara a CONAGEBIO pues es el órgano técnico especializado para determinar si una variedad vegetal, que se pretende registrar bajo derechos de obtentor, forma parte o no del conocimiento tradicional. Por ejemplo, determinar si las semillas son recogidas de una comunidad indígena o en un área silvestre protegida.

Las “certificaciones de protección de obtenciones vegetales” vendrían siendo una especie de patentes o mejor conocidas como “títulos de derecho de obtentor” otorgando protección de propiedad intelectual o industrial a las innovaciones mediante procesos que involucra elementos de la biodiversidad.

Esta certificación de protección de obtenciones vegetales que reconoce la propiedad intelectual de plantas fue una obligación del país tras la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. La agenda de implementación del TLC incluyó la adhesión al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales UPOV-91.

En 2008 ecologistas y distintas fuerzas sociales lograron juntar más de 100 mil firmas para someter a la consulta la aprobación del Convenio UPOV para solicitar un referéndum. Pero fueron obviadas por los diputados y la convirtieron Ley de la República, desechando la petición de referéndum. Pese a que UPOV contradice la Ley de Biodiversidad.

Esta contradicción entre la legislación nacional y el convenio internacional UPOV ha sido revisada por la Sala Cuarta por contener roces inconstitucionales. La Sala ha fallado a favor de la ley en el sentido de reconocer la potestad de la CONAGEBIO de negar permisos de obtentor debido a inconsistencias sobre permisos de acceso o de consentimiento libre e informado por parte de pueblos indígenas o campesinos a los que afecte dicho permiso de obtentor.

Entre junio de 2012 y enero de 2016, la OFINASE otorgó doce títulos de protección de obtenciones vegetales. En todos estos casos, dicha dependencia omitió consultar el criterio de la Oficina Técnica de la CONAGEBIO. Se trata de variedades de frambuesa, dracaena, banano, crisantemo, dos especies de arroz, café, tomate, melón y una papa desarrollada por la Universidad de Costa Rica.

Según la prueba aportada por Walter Quirós, director ejecutivo de la OFINACE, “UPOV es un convenio internacional y que no tenía que cumplir con una ley nacional”.  Esta interpretación errada es la base de la demanda pues la Ley de Biodiversidad es también parte de la implementación de otro convenio internacional llamado el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Según el funcionario el requisito establecido en la Ley de Biodiversidad, “queda tácitamente sin efecto” luego de que se promulgara la ley que concretó la adhesión al Convenio UPOV, “con rango superior a la ley, dentro de la jerarquía de las normas en Costa Rica”.

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Más de 160 organizaciones del mundo llaman a una moratoria sobre la nueva tecnología de “extinción genética” en la COP 13

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Boletin de prensa de más de 160 organizaciones del mundo – 5 de diciembre del 2016, Cancún, Quintana Roo, México

Esta semana, organizaciones sociales, ambientales y sindicales publicaron un llamado en el que conminan a los gobiernos reunidos en la decimotercera Conferencia de las Partes (COP 13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), del 4 al 17 de diciembre del 2016 en Cancún, Quintana Roo, México, a establecer una moratoria sobre la controvertida tecnología de extinción genética conocida como de impulsores genéticos (gene drives en inglés).

Los impulsores genéticos son una tecnología de edición genética experimental cuyo objetivo es la diseminación agresiva de un rasgo específico de ingeniería genética en una especie o población en la naturaleza. Si un impulsor genético fuese exitoso, los rasgos de diseño genético seleccionados se difundirían y se convertirían en dominantes en poblaciones silvestres en sólo unas cuantas generaciones de la especie, o podrían hasta provocar su extinción.

Más de 160 organizaciones de la sociedad civil de los seis continentes se unieron al llamado. Entre ellos, organizaciones ambientales que incluyen a Amigos de la Tierra Internacional, sindicatos como la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), que representa a más de 10 millones de trabajadores en 127 países; La Vía Campesina Internacional, la mayor organización global campesina, que representa millones de campesinos en todo el mundo; movimientos de agricultura sustentable como la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM); la organización internacional de pueblos indígenas Tebtebba; coaliciones de científicos como la Unión Europea de Científicos por la Responsabilidad Social y Ambiental (ENSSER), y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS, México), así como el Grupo ETC y la Red del Tercer Mundo.

 

No existe en este momento ni el conocimiento ni la compresión necesaria para liberar impulsores genéticos en el ambiente. Ni siquiera sabemos qué preguntas se deben hacer. Conducir a la extinción cualquier especie tiene serias implicaciones éticas, sociales y ambientales”, dijo la Dra. Ricarda Steinbrecher, que representa a la Federación de Científicos de Alemania. “Es esencial que hagamos un alto para que la comunidad científica, las comunidades locales y la sociedad en su conjunto puedan conocer, debatir y reflexionar. No podemos dejarnos llevar por esta riesgosa novedad tecnológica. Una moratoria es esencial.”

“Esta tecnología de extinción genética constituye una solución falsa a los problemas de conservación”, afirmó Dana Perls de Amigos de la Tierra. “Queremos apoyar los esfuerzos de protección de la biodiversidad realmente sostenibles y que vienen de las comunidades. Los impulsores genéticos pueden ser rápidamente adoptados por las empresas de agronegocios e intereses militares. Necesitamos una moratoria inmediata sobre estas tecnologías irreversibles e irresponsables que son los impulsores genéticos.”

“El tema de impulsores genéticos será uno de los debates más álgidos en el CDB este año”, aseguró Jim Thomas, del Grupo ETC. “El tema de alto impacto está avanzando velozmente en el mundo real sin regulación alguna. Hay inversiones de millones de dólares en el desarrollo de los impulsores genéticos, e incluso hay propuestas sin siquiera mínimas precauciones para liberarlos en el ambiente en los próximos cuatro años.”

“El CDB es el tratado internacional más importante para la protección de la biodiversidad y la vida sobre La Tierra”, dijo Lim Li Ching, de la Red del Tercer Mundo. “Por el mandato que tiene, el CDB debe adoptar esta moratoria, y los países que son parte del Convenio deben actuar ahora para evitar daños irreversibles.”

El llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos derivados de ingeniería genética sigue abierto a firmas de organizaciones. Para agregar la firma de su organización al llamado a moratoria, enviar los datos a trudi@etcgroup.org 

Texto del llamado (descargar):

Llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos (Gene-drives) derivados de ingeniería genética.

En vista de las significativas amenazas ecológicas, culturales y sociales que implican los impulsores genéticos producidos con ingeniería genética, que incluyen amenazas a la biodiversidad, a la soberanía nacional, a la paz y la seguridad alimentaria, los abajo firmantes llamamos a los gobiernos presentes en la 13a. Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, a que en base al principio de precaución, establezcan una moratoria sobre:

1) los desarrollos y las aplicaciones experimentales de sistemas de impulsores genéticos y

2) toda liberación en el ambiente de impulsores genéticos producidos con ingeniería genética.

168 firmantes:

Organizaciones internacionales y regionales:

African Biodiversity Network; Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe – ATALC; ECOROPA (Europa); European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility – ENSSER; ETC Group; Friends of the Earth Africa – Friends of the Earth Europe; Friends of the Earth International; Global Forest Coalition; GMO-Free Regions (Europa); GRAIN; Heinrich Böll Foundation; International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM; International Federation of Organic Agriculture Movements EU – IFOAM EU; International Forum on Globalization; La Via Campesina International; Millennium Institute; Mothers Across the World; Navdanya International; Participatory Ecological Land Use Management Association – PELUM (África del Este y del Sur); Red por una América Latina Libre de Transgénicos – RALLT (América Latina); The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Associations – IUF; The Pan African Institute for Consumer Citizenship and Development – CICODEV (África); Tebtebba – Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education; Third World Network; World Rainforest Movement

Organizaciones de África:

African Center for Biosafety – ACB (Sudáfrica); African Centre for Biodiversity – Acbio; Action for Sustainable Development – ASUD (Malawi); Biowatch South Africa; Commons for EcoJustice – EcoJustice (Malawi); Earthlife Africa Durban (Sudáfrica); Farm-Saved Seeds Network – FASSNET (Malawi); Food Sovereignty Ghana; Green Living Movement – GLM (Zambia); Growth Partners Africa – GPA; Health of Mother Earth Foundation – HOMEF (Nigeria); Kasisi Agricultural Training Centre (Zambia); Kenya Food Rights Alliance – KEFRA (Kenia); NeverEndingFood (Malawi); Participatory Ecological Land Use Management Association – PELUM (Kenia); Young Christian in Action for Development – YCAD (Togo); Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity Conservation – ZAABC

Organizaciones de Asia:

Consumers Union of Japan; Go Organic Davao City (Filipinas); Green Convergence for Safe Food, Healthy Environment, Sustainable Economy – Green Convergence (Filipinas); Interface Development Interventions, Inc. – IDIS, Inc; Kauban Movement (Davao City, Filipinas); KONPHALINDO (National Consortium for Forest and Natural Conservation in Indonesia); Luna Legal Resource Center for Women and Children, Inc. (Filipinas); Magsasaka at Siyentipiko para sa Pag-unlad ng Agrikultura – MASIPAG (Filipinas); Mamayan Ayaw sa Aerial Spraying (Philippines); No GMO Campaign (Japón); Philippine Misereor Inc. – Davao Region Cluster; Roots for Equity (Pakistán); Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment – SEARICE (Filipinas); Sustainable Davao Movement (Davao City, Filipinas); Tuburan Institute (Davao City, Filipinas)

Organizaciones de Europa:

Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft – AbL e.V. (Family Farmers Organisation) (Alemania); Attac France; Biofuelwatch (Reino Unido); Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V. – BÖLW (German Umbrella Organization of Organic Farmers, Processors, and Retailers) (Alemania); Bundesverband Naturkost Naturwaren – BNN e.V. (Alemania); Corporate Europe Observatory – CEO; Commité de investigacion e información independientes sobre ingeniería genética – CRIIGEN (Francia); Critical Scientists Switzerland – CSS; Ecologistas en Acción (España); Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature – FRAPNA; France Nature Environnement; Les Amis de la Terre – Amigos de la Tierra Francia; BUND – Amigos de la Tierra Alemania; Amigos de la Tierra Noruega; Amigos de la Tierra Rusia; Friends of the Siberian Forests; Gen Ethisches Netzwerk – GeN (Alemania); GeneWatch (Reino Unido); Groupe International d’Etudes Transdisciplinaires – GIET (Francia); GMWatch (Reino Unido); Initiative for GE-Free Seeds and Breeding (Germany); L’Association Sciences Citoyennes (France); La Confédération Paysanne (Francia); Pan-Africanist International (Bélgica); Pôle RISQUES (Francia); Réseau Semences Paysannes (France); Schweizer Allianz Gentechfrei – SAG (Suiza); Save Our Seeds (Alemania); Scientists for Global Responsibility (Reino Unido); TestBiotech (Unión Europea); Interessengemeinschaft gegen die Nachbaugesetze und Nachbaugebühren (Alemania); junge Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (jAbL); What Next Forum (Suecia);

Organizaciones de América Latina y el Caribe:

Acción Ecologica (Ecuador); Acción por la Biodiversidad (Argentina); Asociación de Consumidores Orgánicos (México); Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo – CENSAT Agua Viva (Colombia); BASE-IS, Paraguay; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano – Ceccam (México); Centro de Protección a la Naturaleza de Santa Fe (Argentina); CENTRO ECOLÓGICO (Brasil); CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador; Colectivo por la autonomía – COA (México); Confederación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – CONAMURI (Paraguay); Coordinadora Nacional Agraria de Colombia – CNA (Colombia); FDCL – Center for Research and Documentation (Chile/Alemania); Fundación Solón (Bolivia); Grupo Carta de Belém (Brasil); Grupo Semillas (Colombia); Guerreros Verdes A.C. (México); Movimiento Camponês Popular – MCP; Movimiento de Mujeres Campesinas – MMC (Brasil); Movimiento de Pequeños Agricultores – MPA (Brasil); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST(Brasil); Plataforma Ñamoseke Monsanto (Paraguay); Red de Guardianes de Semillas (Ecuador); Red Semillas Libres de Colombia; REDES – Amigos de la Tierra Uruguay; Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia (Brazilian Society of Ethnobiology and Ethnoecology); Unión de organizaciones campesinas regionales autónomas – UNORCA (México); Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad – UCCS (México); Vía Campesina Brasil; Red de Coordinación en Biodiversidad (Costa Rica); Federación Ecologista de Costa Rica – FECON;  Fundación Terram (Chile)

Organizaciones de América del Norte:

Alliance for Humane Biotechnology – AHB; Biodynamic Association – BDA; Canadian Biotechnology Action Network – CBAN; Canadian Friends Service Committee (Quakers); Center for Food Safety – CFS (Estados Unidos); Center for Genetics and Society (Estados Unidos); Center for International Environmental Law – CIEL (Estados Unidos); Community Alliance for Global Justice – CAGJ (Estados Unidos); BioScience Resource Project (Estados Unidos); Earth in Brackets (Estados Unidos); Fair World Project (Estados Unidos); Food & Water Watch (Estados Unidos); Food Democracy Now! (Estados Unidos); Food Secure Canada; Friends of the Earth US; Global Justice Ecology Project (Estados Unidos); GMO Inside/Green America (Estados Unidos); International Centre for Technology Assessment – ICTA (Estados Unidos); Institute for Agriculture and Trade Policy (Estados Unidos); Institute for Responsible Technology (Estados Unidos); Maine Organic Farmers and Gardeners Association (Estados Unidos); Moms Across America (Estados Unidos); Movement Generation (Estados Unidos); National Farmers Union (Canadá); National Family Farm Coalition (Estados Unidos); Organic Consumers Association (Estados Unidos); Organics Seed Growers and Trade Association – OSGATA (Estados Unidos); Pesticide Action Network North America; Rural Advancement Fund International – RAFI-USA (Estados Unidos); The Greenhorns (Estados Unidos); The Nature Institute (USA); USC Canada; Vigilance OGM (Quebec, Canadá); Winnemem Wintu Tribe (USA)

Organizaciones de Oceania:

FOODwatch (Western Australia); Friends of the Earth Australia; Gene Ethics (Australia); GM Cropwatch (Australia); GM-Free Australia Alliance Inc. – GMFAA; The Institute of Health and Environmental Research (Australia); MADGE Australia Inc.; Pesticide Action Group (Australia Occidental); SA Genetic Food Information Network – SAGFIN (Australia); Save Our Trees (Australia Occidental); Tanzania Alliance for Biodiversity – TABIO

Más información:

– Descargar el llamado a una moratoria global a los impulsores genéticos con lista completa de firmas y un resumen de antecedentes preparado por el Grupo de trabajo de la sociedad civil sobre impulsores genéticos: 

– El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) se reúne del 4 al 17 diciembre en Cancún, México. Están en debate, otros temas de biología sintética también.

– En septiembre de 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, (IUCN, por sus siglas en inglés) adoptó una moratoria de facto sobre investigación de impulsores genéticos para la conservación y otros propósitos.

– En junio de 2016, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos Publicó el estudio “Gene Drives on the Horizon”, que explora las preocupaciones ambientales y sociales relacionadas con los impulsores genéticos y aconsejó contra de la liberación en el ambiente de los mismos.

{YOUTUBE}HGKl4WL9Gd4{/YOUTUBE}

En la prensa:

– Advierten organizaciones sobre impulsores genéticos

– Organizaciones piden moratoria sobre tecnología de extinción genética en COP 13

– Organismos civiles del mundo exigen a la COP13 frenar la alteración permanente de especies